Investigación judicial revela trama empresarial para defraudar en ASSE
Testigos relataron presiones de Alfredo Silva a jerarcas de hospitales. El jerarca declara nuevamente esta mañana ante la Justicia
Testimonios de cuatro funcionarios y exfuncionarios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) revelaron a El Observador el modus operandi por el cual se montó una ingeniería para imponer la contratación de una veintena de cooperativas, entre ellas La Buena Estrella, encargada de la limpeza del hospital Maciel, dirigidas por dirigentes sindicales de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP). Las maniobras ejecutadas permitieron defraudar al Estado en millones de pesos.
La modalidad básica de la estafa que se indaga era mediante el cobro de horas no trabajadas por las cooperativas, o porque se les pagaba un sobresueldo.
Entre los 26 indagados por la Justicia de Crimen Organizado figura el director de ASSE en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, y dirigente de la FFSP. Se indaga su vínculo con las cooperativas a raíz de testimonios de jerarcas de los hospitales que declararon que los presionó para que estas empresas fueran contratadas.
Según testigos que declararon en la indagatoria policial que estuvo a cargo de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol y que ayer lo ratificaron en el juzgado, Silva ejercía una presión permanente, sobre todo a través de sus asesores para que estas empresas fueran contratadas.
“Llamá a la contadora y decile que efectúe ya el pago a La Buena Estrella”, le decía el jerarca a su secretaria. Esto fue lo que declaró ayer Loreley Rodríguez, su exsecretaria, dentro del juzgado al juez y afuera a El Observador. Rodríguez también declaró que Silva y su abogado se reunían habitualmente con los responsables de la cooperativa.
La exsecretaria de Silva relató además que el jerarca le ordenaba con frecuencia llamar a directores de hospitales para amenazarlos. “Si no haces tal cosa, te saco”, era el mensaje que debía transmitir la secretaria. Ella se negaba a hacerlo y, como contrapartida, recibía insultos de parte de Silva. La mujer lo demandó por acoso y maltrato. Un juzgado civil desestimó su reclamo y ella apeló.
26 indagados
Por orden del juez Néstor Valetti, 20 indagados pasaron la noche detenidos e incomunicados en la dependencia policial de la calle Maldonado esquina Paraguay. Entre ellos, está Silva, quien declarará hoy por primera vez ante la justicia de crimen organizado.
Otros seis indagados quedaron en libertad sin perjuicio de que la Justicia los vuelva a citar. Se trata de los exdirectores del hospital Maciel, el hospital de Rivera, el Centro Auxiliar de Pando y el Instituto Nacional del Cáncer (INCA); del actual director del INCA y de la exadministradora del hospital Maciel, que fue a declarar ayer en calidad de testigo y quedó como indagada. La jerarca fue trasladada del Maciel, luego de que se probara a nivel administrativo la sobrefacturación a favor de La Buena Estrella, hacia el INCA, donde la cooperativa también estaba contratada.
El juez Valetti le tomó declaración ayer además a otros 11 testigos. Además de la exsecretaria de Silva, declararon subdirectores, gerentes financieros y administradores de los centros de salud que recibían presiones de dirigentes de la FFSP para sellar los contratos con determinadas empresas o agilizar los pagos.
Por su parte, los exdirectores de los hospitales responsabilizaron a estos mandos medios de la contratación de las empresas cuestionadas.
El juez tiene plazo hasta hoy a la hora 17, cuando se cumplan las 48 horas de detención de los indagados, para resolver a cuántos indagados procesa y qué delitos les tipifica. Según dijeron fuentes del caso la indagatoria gira en torno al delito de estafa cometido a través de la sobrefacturación pero también por coimas y en el caso de Silva se indaga si cometió conjunción del interés personal con el público, dado su vínculo con los cooperativistas a quien facilitaba la contratación en virtud del cargo que ocupa en ASSE.
Sindicalista cobraba coimas
En total, hay seis integrantes de la FFSP indagados. Uno de los dirigentes del sindicato, que está muy comprometido en la causa judicial, es el encargado de la Comisión de Tercerizados de la FFSP. Según las fuentes, el hombre era “la cara visible” del director de ASSE y de la maniobra que se investiga.
Este dirigente sindical viajaba de hospital en hospital “promoviendo” y “presionando” para que los directores eligieran los servicios de las organizaciones apadrinadas por la FFSP, que según una fuente son más de 20 aunque la investigación obtuvo pruebas de corrupción sobre La Buena Estrella y cuatro empresas más dedicadas a servicios de limpieza y seguridad. Seis representantes de La Buena Estrella y los responsables de las otras cuatro empresas están entre los detenidos.
En el caso de este sindicalista hay pruebas contundentes de que cobró coimas de parte de las empresas. Escuchas telefónicas con los empresarios y con la oficina de la contaduría de ASSE y giros de dinero prueban la corrupción.
La indagatoria de la maniobra comenzó centrada en el hospital Maciel, tras probarse que La Buena Estrella cobró allí $ 2,5 millones por horas no trabajadas, se amplió luego a otros hospitales como el hospital de Rivera, el Centro Auxiliar de Pando y el INCA, donde la cooperativa también fue contratada. En el caso de Pando para encargarse de la seguridad, sin estar habilitada para esa tarea.
En el caso del INCA contrató a Buena Estrella a mediados de 2011, cuando el director era Mario Varangot. Según fuentes de ese centro especializado, la subdirectora Lilián Aristimuño fue quien eligió a la empresa junto a una “comisión asesora” integrada por dirigentes de la FFSP que no trabajaban en el INCA, entre ellos, el encargado de Tercerizados.
A sugerencia de esa comisión, Aristimuño optó por La Buena Estrella a pesar de que cobraba por el servicio un 50% más que otros oferentes. El argumento, de acuerdo a las fuentes de El Observador, fue que había “un tema social a tener en cuenta”: la empresa se comprometía a capacitar a su personal en cuestiones de limpieza, dado que la mayoría no tenía el título de auxiliar de servicio.
La falta de formación de los trabajadores de las empresas tercerizadas contratadas por ASSE ha sido una constante, según surge de los testimonios. El Observador comprobó que en los reglamentos internos del prestador de salud estatal, así como en los textos de las licitaciones, establecen expresamente que todo el personal debe contar con el título de auxiliar de servicio habilitado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Un exjerarca de un hospital del interior dijo que en ese centro de salud se contrató a una empresa dependiente de La Buena Estrella tras la actuación del mismo dirigente que actuaba presuntamente en nombre de Silva. Ninguno de los 26 trabajadores de esa empresa era auxiliar de servicio. La fuente relató que el contador del hospital insistió en optar por ellos, a pesar de los reparos del resto del equipo de gestión. “Eso (la falta de títulos) ya está arreglado a nivel de ASSE central”, argumentó el profesional según relató la fuente.
El acuerdo implicaba un compromiso de la empresa de capacitar al personal, pero eso, aseguró, nunca ocurrió. Además, cada vez que se evidenciaba que alguien no era idóneo para el puesto, “significaba un conflicto sindical en puerta” porque la gran mayoría de los tercerizados están afiliados a la FFSP.
“Los médicos esquivamos esa parte burocrática (de elegir la oferta ganadora). Cometemos el error de firmar cosas consumadas por los administrativos. Cuando tenés 500 temas, priorizás lo asistencial”, reconoció a El Observador un médico que formó parte de la dirección de otro hospital público. Lo habitual es que las licitaciones las resuelvan los contadores o administradores de los centros aunque lleven la firma del director del hospital, agregó el profesional.
Un cuarto testimonio reveló que en otra dependencia de ASSE hubo “presión” de la dirigencia de la FFSP para conseguir un salario superior al establecido en una licitación. Los involucrados en esa instancia fueron dos adjuntos a la dirección de Silva, dijeron fuentes del organismo. Ambos “presionaron” a un jerarca para aumentar el valor hora del personal de una empresa tercerizada que ya había sido contratada. Argumentaron que los trabajadores estaban muy sumergidos salarialmente. A pesar de eso, el jerarca no cedió y alegó que la discusión salarial debía darse en los Consejos de Salarios y no modificando ilegalmente una licitación.
La modalidad básica de la estafa que se indaga era mediante el cobro de horas no trabajadas por las cooperativas, o porque se les pagaba un sobresueldo.
Entre los 26 indagados por la Justicia de Crimen Organizado figura el director de ASSE en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, y dirigente de la FFSP. Se indaga su vínculo con las cooperativas a raíz de testimonios de jerarcas de los hospitales que declararon que los presionó para que estas empresas fueran contratadas.
Según testigos que declararon en la indagatoria policial que estuvo a cargo de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol y que ayer lo ratificaron en el juzgado, Silva ejercía una presión permanente, sobre todo a través de sus asesores para que estas empresas fueran contratadas.
“Llamá a la contadora y decile que efectúe ya el pago a La Buena Estrella”, le decía el jerarca a su secretaria. Esto fue lo que declaró ayer Loreley Rodríguez, su exsecretaria, dentro del juzgado al juez y afuera a El Observador. Rodríguez también declaró que Silva y su abogado se reunían habitualmente con los responsables de la cooperativa.
La exsecretaria de Silva relató además que el jerarca le ordenaba con frecuencia llamar a directores de hospitales para amenazarlos. “Si no haces tal cosa, te saco”, era el mensaje que debía transmitir la secretaria. Ella se negaba a hacerlo y, como contrapartida, recibía insultos de parte de Silva. La mujer lo demandó por acoso y maltrato. Un juzgado civil desestimó su reclamo y ella apeló.
26 indagados
Por orden del juez Néstor Valetti, 20 indagados pasaron la noche detenidos e incomunicados en la dependencia policial de la calle Maldonado esquina Paraguay. Entre ellos, está Silva, quien declarará hoy por primera vez ante la justicia de crimen organizado.
Otros seis indagados quedaron en libertad sin perjuicio de que la Justicia los vuelva a citar. Se trata de los exdirectores del hospital Maciel, el hospital de Rivera, el Centro Auxiliar de Pando y el Instituto Nacional del Cáncer (INCA); del actual director del INCA y de la exadministradora del hospital Maciel, que fue a declarar ayer en calidad de testigo y quedó como indagada. La jerarca fue trasladada del Maciel, luego de que se probara a nivel administrativo la sobrefacturación a favor de La Buena Estrella, hacia el INCA, donde la cooperativa también estaba contratada.
El juez Valetti le tomó declaración ayer además a otros 11 testigos. Además de la exsecretaria de Silva, declararon subdirectores, gerentes financieros y administradores de los centros de salud que recibían presiones de dirigentes de la FFSP para sellar los contratos con determinadas empresas o agilizar los pagos.
Por su parte, los exdirectores de los hospitales responsabilizaron a estos mandos medios de la contratación de las empresas cuestionadas.
El juez tiene plazo hasta hoy a la hora 17, cuando se cumplan las 48 horas de detención de los indagados, para resolver a cuántos indagados procesa y qué delitos les tipifica. Según dijeron fuentes del caso la indagatoria gira en torno al delito de estafa cometido a través de la sobrefacturación pero también por coimas y en el caso de Silva se indaga si cometió conjunción del interés personal con el público, dado su vínculo con los cooperativistas a quien facilitaba la contratación en virtud del cargo que ocupa en ASSE.
Sindicalista cobraba coimas
En total, hay seis integrantes de la FFSP indagados. Uno de los dirigentes del sindicato, que está muy comprometido en la causa judicial, es el encargado de la Comisión de Tercerizados de la FFSP. Según las fuentes, el hombre era “la cara visible” del director de ASSE y de la maniobra que se investiga.
Este dirigente sindical viajaba de hospital en hospital “promoviendo” y “presionando” para que los directores eligieran los servicios de las organizaciones apadrinadas por la FFSP, que según una fuente son más de 20 aunque la investigación obtuvo pruebas de corrupción sobre La Buena Estrella y cuatro empresas más dedicadas a servicios de limpieza y seguridad. Seis representantes de La Buena Estrella y los responsables de las otras cuatro empresas están entre los detenidos.
En el caso de este sindicalista hay pruebas contundentes de que cobró coimas de parte de las empresas. Escuchas telefónicas con los empresarios y con la oficina de la contaduría de ASSE y giros de dinero prueban la corrupción.
La indagatoria de la maniobra comenzó centrada en el hospital Maciel, tras probarse que La Buena Estrella cobró allí $ 2,5 millones por horas no trabajadas, se amplió luego a otros hospitales como el hospital de Rivera, el Centro Auxiliar de Pando y el INCA, donde la cooperativa también fue contratada. En el caso de Pando para encargarse de la seguridad, sin estar habilitada para esa tarea.
En el caso del INCA contrató a Buena Estrella a mediados de 2011, cuando el director era Mario Varangot. Según fuentes de ese centro especializado, la subdirectora Lilián Aristimuño fue quien eligió a la empresa junto a una “comisión asesora” integrada por dirigentes de la FFSP que no trabajaban en el INCA, entre ellos, el encargado de Tercerizados.
A sugerencia de esa comisión, Aristimuño optó por La Buena Estrella a pesar de que cobraba por el servicio un 50% más que otros oferentes. El argumento, de acuerdo a las fuentes de El Observador, fue que había “un tema social a tener en cuenta”: la empresa se comprometía a capacitar a su personal en cuestiones de limpieza, dado que la mayoría no tenía el título de auxiliar de servicio.
La falta de formación de los trabajadores de las empresas tercerizadas contratadas por ASSE ha sido una constante, según surge de los testimonios. El Observador comprobó que en los reglamentos internos del prestador de salud estatal, así como en los textos de las licitaciones, establecen expresamente que todo el personal debe contar con el título de auxiliar de servicio habilitado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Un exjerarca de un hospital del interior dijo que en ese centro de salud se contrató a una empresa dependiente de La Buena Estrella tras la actuación del mismo dirigente que actuaba presuntamente en nombre de Silva. Ninguno de los 26 trabajadores de esa empresa era auxiliar de servicio. La fuente relató que el contador del hospital insistió en optar por ellos, a pesar de los reparos del resto del equipo de gestión. “Eso (la falta de títulos) ya está arreglado a nivel de ASSE central”, argumentó el profesional según relató la fuente.
El acuerdo implicaba un compromiso de la empresa de capacitar al personal, pero eso, aseguró, nunca ocurrió. Además, cada vez que se evidenciaba que alguien no era idóneo para el puesto, “significaba un conflicto sindical en puerta” porque la gran mayoría de los tercerizados están afiliados a la FFSP.
“Los médicos esquivamos esa parte burocrática (de elegir la oferta ganadora). Cometemos el error de firmar cosas consumadas por los administrativos. Cuando tenés 500 temas, priorizás lo asistencial”, reconoció a El Observador un médico que formó parte de la dirección de otro hospital público. Lo habitual es que las licitaciones las resuelvan los contadores o administradores de los centros aunque lleven la firma del director del hospital, agregó el profesional.
Un cuarto testimonio reveló que en otra dependencia de ASSE hubo “presión” de la dirigencia de la FFSP para conseguir un salario superior al establecido en una licitación. Los involucrados en esa instancia fueron dos adjuntos a la dirección de Silva, dijeron fuentes del organismo. Ambos “presionaron” a un jerarca para aumentar el valor hora del personal de una empresa tercerizada que ya había sido contratada. Argumentaron que los trabajadores estaban muy sumergidos salarialmente. A pesar de eso, el jerarca no cedió y alegó que la discusión salarial debía darse en los Consejos de Salarios y no modificando ilegalmente una licitación.
ASSE en silencio hasta que hable la Justicia
A través de un comunicado, ASSE aseguró que garantiza "que los Equipos de Salud en los centros de todo el país cumplen en todos sus términos con su misión de atender a la población usuaria", y advirtió que no se pronunciará sobre el caso "hasta tanto no concluyan todos los procedimientos judiciales en curso".
El organismo indicó también que colaborará con la Justicia "con todo aquello que se le pida, siempre sujeto a las normas vigentes".
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