jueves, 30 de enero de 2014

corte en los accesos


La IMM afirma que residen en un terreno inundable

Vecinos de Ruta 1 resisten el realojo

Un numeroso grupo de vecinos cortó en la tarde de ayer los accesos a la altura del arroyo Pantanoso en reclamo a una decisión de la Intendencia de Montevideo de realojar a 142 familias en viviendas de menor calidad que las que hoy viven.
30 ene 2014 - El País uy
Según los vecinos, el argumento de la comuna capitalina es que se trata de un sitio inundable, pero el plan de realojo no abarca a los rancheríos ubicados en ambas aceras de la ruta.
La mayoría de las 142 casas de residentes que la Intendencia piensa realojar son construcciones de buena calidad, que poseen techos de planchadas, cerámicas en los pisos, baños y cocinas, según una recorrida efectuada ayer por El País.
Esos vecinos señalaron que la Intendencia, a cambio de sus casas, les ofreció una vivienda en la misma zona pero con características muy inferiores: poseen techos livianos, las dimensiones de las habitaciones son muy inferiores, los pisos son de cemento lustrado y carecen de cerámicas en baños y cocinas.
Para aquellos vecinos que no quieran acceder a la casa ofrecida, la Intendencia propuso entregarles US$ 40.000.
"Sabemos que el terreno donde estamos es municipal. Pero no se inunda. Que no nos traten de delincuentes. Acá somos todos trabajadores", dijo la costurera María Cristina Ordeiz (62) a El País.
La empleada doméstica Claudia Porley construyó con su marido una coqueta casa de dos dormitorios, patio, barbacoa, garaje y un pequeño apartamento donde vivía su hijo fallecido. "Esta casa la hicimos con mucho esfuerzo durante 25 años de trabajo. Esto es una pesadilla. No respetan nada. Me dijeron que los muebles de mi hijo los podía vender en un remate", señaló.
El caso se asemeja al del edificio CH20 de la rambla y Paraguay, que el gobierno pretende demoler porque, asegura, hay peligro de derrumbe.
La Agencia Nacional de Vivienda les ofreció el realojo en otras casas pero quienes viven en ese edificio no quieren mudarse.

megamineria: recortes de prensa


Se intimó a la empresa en enero; citan a ministros al Parlamento

Dinama exige a Aratirí los informes ambientales

La Dinama intimó a Aratirí a presentar un estudio de impacto ambiental sobre su proyecto minero. Para la oposición no están dadas las condiciones para firmar el contrato con la empresa y convocará al Parlamento a Kreimerman y Beltrame.

A pocos días de que se cumpla el plazo previsto por el Poder Ejecutivo para firmar el contrato de inversión con la minera Aratirí (que inicialmente era el 20 de enero pero luego se postergó para los primeros días de febrero), la oposición salió a jugar sus cartas y advirtió que falta "información decisiva" que impediría dar ese paso.

La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) intimó a mediados de enero a Aratirí a presentar "un estudio de impacto ambiental completo" de su emprendimiento, según información que maneja el senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay).

"Hasta donde sabemos nosotros, la empresa no cumplió con ese requerimiento de la Dinama", dijo Pasquet ayer en conferencia de prensa.

Así, a juicio del legislador colorado, "faltando información decisiva" de parte de Aratirí "es más que claro que no puede firmarse el contrato".

Además, Pasquet señaló que sin la autorización ambiental y sin que la empresa haya aportado al Estado una garantía del 5% de la inversión (que en total es de US$ 3.000 millones) no es posible firmar el contrato, según lo que establece la ley de Minería de Gran Porte aprobada en septiembre de 2013.

"Acá no hay ni autorización ambiental previa, ni estudios de impacto ambiental y hasta donde sabemos nosotros tampoco se cumplió con la garantía", dijo Pasquet.

"Si la ley dice que el contrato debe ajustarse a los términos de la autorización ambiental y que solo puede firmarse previa constitución de garantía, esas normas legales no se pueden ignorar", agregó.

El senador colorado señaló que es "inadmisible" que el gobierno siga sin hacer público el contrato que prevé firmar con Aratirí. "Se insiste con mantener en reserva y sin difundir el texto de un contrato que nos interesa a todos", dijo.

Pasquet anunció que por eso, y para conocer los detalles del acuerdo, el Partido Colorado y el Partido Nacional plantearán la convocatoria a la Comisión Permanente del Poder Legislativo a los ministros de Industria, Roberto Kreimerman, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame.

"No entendemos cómo después del episodio de Pluna el gobierno insiste con el secretismo y estas actitudes que están colindando con la ilegalidad", sostuvo Pasquet en la conferencia de prensa que brindó ayer en el Palacio Legislativo.

El senador dijo que si finalmente el contrato con Aratirí se firma antes de que los ministros Kreimerman y Beltrame concurran al Parlamento, la oposición promoverá la interpelación de ambos para "reclamar la responsabilidad política de los ministros".
Aratirí prevé explotar cinco yacimientos mineros de hierro en la zona de Valentines y Cerro Chato.

El proyecto también implica la construcción de un mineroducto que llevará el hierro mezclado con agua a la terminal marítima en Rocha (también en trámites para su construcción) desde donde se exportará.

La empresa ha señalado que pretende extraer 18 millones de toneladas de hierro anuales durante un período de 30 años.

Agua.

Por otro lado, el Movimiento pro-Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto, conocido como "Uruguay Libre", denunció que la cuenca que OSE y la Dinama acordaron declarar como reserva hídrica alternativa para abastecer a los departamentos de Montevideo, Canelones y San José en caso de que colapse la potabilizadora de Aguas Corrientes, en el pasado reciente se ha explotado una mina de oro y ahora se han concedido al menos tres permisos para la futura explotación minera y otros para explotar cobre y hierro.

El movimiento anunció en conferencia de prensa una serie de acciones legales buscando evitar que el gobierno firme el contrato de explotación minera con la empresa Aratirí.

Se trata de la cuenca de los arroyos Casupá y El Soldado, que a la vez son afluentes del río Santa Lucía.

Para asegurarse la disponibilidad futura de agua, OSE se plantea armar dos embalses complementarios en el tercio superior del Santa Lucía, uno en cada arroyo mencionado.
"No hay una planificación territorial", advirtió Carol Aviaga, integrante de la comisión Uruguay Libre.

"Queremos exhortar a los ciudadanos a que se sigan informando y firmen para que haya un plebiscito para que todo el país tome la decisión", afirmó Aviaga.

Los tres emprendimientos autorizados están en la zona donde OSE piensa tener su reserva hídrica.

"Es todo sobre la misma cuenca. Las autorizaciones que dio la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) son a Bastia S.A., a Triselco S.A. y a otra donde se encontraba la mina Crucera", apuntó Aviaga.

A su vez, otro miembro de Uruguay Libre, Víctor Bachetta, advirtió que el Estado "quiebra su neutralidad al utilizar fondos públicos en una campaña de propaganda en defensa del proyecto Aratirí, que es un emprendimiento privado".

Bachetta destacó que el movimiento llevará adelante una acción de amparo preventiva para evitar la firma del acuerdo entre la empresa y el Poder Ejecutivo, y que si eso finalmente ocurre se presentará un recurso de revocación.

Aguerre dijo que Aratirí afectará predios rurales poco productivos

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, defendió la Ley de Minería de Gran Porte y el cuestionado emprendimiento de la empresa Aratirí que, dijo, abarcará entre 5.000 y 10.000 hectáreas pero en una zona donde la productividad es inferior a la media del resto del país."

¿Por qué está bien generar energía eléctrica sobre campos que antes fueron ganaderos y que hoy están tapados por represas y no usarlos para otro sistema productivo?", preguntó ayer Aguerre en el marco de una rueda de prensa en la que se le consultó sobre Aratirí.

Por otro lado, dijo que quienes tengan que dejar de ser productores porque la Ley de Minería de Gran Porte establece que el uso del subsuelo es propiedad del Estado, "deberán ser indemnizados". "Ese fue nuestro primer compromiso", subrayó el ministro.
"Los que tengan que dejar de ser productores, pueden optar por un sistema de rentas que puede ser de entre 7 y 15 veces por encima del valor del mercado", explicó Aguerre. La segunda opción para esos productores es vender sus predios al Instituto Nacional de Colonización, organismo que deberá relocalizarlos; y la tercera alternativa es "es hacerse socio de la minera, recibiendo el 2% de lo recaudado", señaló.

Fuente: La Diaria

Apuren el trámite

Dinama intimó a Aratirí a presentar análisis de impacto urbano, plan de cierre de minas y auditoría.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) intimó a mediados de enero a la minera Aratirí a que presente información faltante para evaluar la autorización ambiental. La información fue difundida ayer por el senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay) y confirmada a la diaria por la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Raquel Lejtreger.

“Una vez que se aprueba la Ley de Minería de Gran Porte, se establecen nuevos requerimientos. Se intimó a Aratirí a que presente esa información, adicional a lo que se exigía previo a la ley”, explicó la jerarca. La minera deberá presentar un análisis de impacto urbano y un plan de cierre de minas que especifique el conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos negativos de la actividad minera, incluyendo el reacondicionamiento del territorio. Aratirí ya había presentado un plan de cierre antes de que se aprobara la ley, pero la nueva norma “es mucho más exigente”, explicó Lejtreger.
La minera deberá presentar además una auditoría del estudio de impacto ambiental. Aratirí tendrá que proponer el nombre de la consultora internacional que realizará la auditoría, y le compete al ministerio aceptarlo o no. “En la auditoría, se pide que los términos de referencia tengan la aprobación del MVOTMA. Además, la empresa propone quién hace la auditoría y el MVOTMA tiene que avalarlo”, explicó Lejtreger.

La subsecretaria informó que la solicitud de esta información a Aratirí se realiza por primera vez y que desde el MVOTMA se pretende que “todos los pasos sean lo más claros posible”.

Ayer Pasquet dio una conferencia de prensa en la que reclamó que el contrato entre el gobierno y Aratirí, cuya firma está prevista para el 7 de febrero, respete la Ley de Minería de Gran Porte. “La ley establece exigencias muy claras. Dice que el contrato debe ajustarse a los términos de la autorización ambiental previa y dice además que el contrato sólo se firmará previa constitución de garantía por parte de la empresa. Hasta donde sabemos, no hay garantía constituida todavía”, señaló el legislador.

Advirtió que Aratirí aún no ha cumplido con lo exigido por la Dinama, y que “en estas condiciones, faltando el aporte de información decisiva por parte de la empresa”, parece “más que claro que no puede firmarse el contrato”.

Pasquet se mostró también preocupado porque el gobierno no da a conocer el texto del contrato. “Hay un incomprensible secretismo del gobierno, que no da a conocer lo que es de interés público. Queremos saber de qué se trata, cuáles son las cláusulas. Acá no estamos discutiendo que si el medio ambiente, que si el desarrollo. Estamos diciendo que se cumpla con la ley”, remarcó. “No entendemos cómo después de lo de Pluna el gobierno insiste con el secretismo y con estas actitudes que están colindando con la ilegalidad”, agregó.

En tanto, el gobierno interpreta que la ley no lo obliga a tener la autorización ambiental de Aratirí antes de la firma del contrato. Lejtreger admitió que este punto puede ser discutible, pero que lo que es “indiscutible” es que el contrato “debe adscribirse a la autorización ambiental” y que “no va a entrar en vigor hasta que no esté la autorización ambiental”.

Contras y pro

El Movimiento por un Uruguay Libre de Megaminería (Movus) también realizó una conferencia ayer, en la que advirtió que Aratirí no tendrá los efectos beneficiosos que el gobierno proclama, sobre todo en materia económica. En la misma línea que Pasquet, advirtió sobre las ilegalidades en las que incurriría el gobierno si firmara el contrato en estas condiciones (ver la diaria de ayer).

Por otra parte, Movus denuncia que existe una mina a cielo abierto de Orosur, en la cuenca del Santa Lucía, en Florida, que está en estado de abandono y a la que no se le aplicó el plan de cierre previsto en el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa. Desde la Dinama señalaron a la diaria que la mina tiene “todas las autorizaciones vigentes” y que “no está abandonada técnicamente”. Informaron que Orosur presentó en agosto del año pasado una nota en la que explicaba que hasta diciembre del año pasado la mina permanecería sin operar, para evaluar si continúan o no con la búsqueda.

En tanto, ayer el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, defendió el proyecto de Aratirí. Dijo que se afectarán territorios cuya productividad es inferior a la media nacional y que se indemnizará a los perjudicados. “Los que tengan que dejar de ser productores pueden optar por un sistema de rentas que puede estar entre siete y 15 veces por encima del valor del mercado”, aseguró. Otra opción que tienen es “vender el campo al Instituto Nacional de Colonización” o “hacerse socios de la minera, recibiendo 2% de lo recaudado”. Además, Aguerre consideró que el proyecto no tendrá un impacto significativo en materia de consumo de agua. “Se usará el equivalente a regar 1.000 hectáreas de arroz. No es nada”, valoró.

Natalia Uval

Fuente: El País

Fuerte crítica a las exoneraciones de impuestos

"En los primeros 8 años no pagará"

El integrante del movimiento Uruguay Libre Raúl Viñas rechazó las afirmaciones de miembros del Poder Ejecutivo en cuanto a que la explotación de Aratirí dejará al país una suma estimada en US$ 450 millones por concepto de pago de impuestos.

Según Viña, Aratirí podrá declarar los ingresos por renta que desee porque por un artículo de la ley de minería de gran porte podría, por ejemplo, trasladar costos hacia la terminal portuaria que será de su propiedad.

"Si el aporte de impuestos fuera realmente de US$ 450 millones, como ha dicho el ministro (Roberto) Kreimermann, al descontar la inversión que según la empresa será superior a US$ 3.000 millones, en los primeros ocho años Aratirí no pagará un solo peso de impuestos", aseguró Viña.

Y agregó que "a Aratirí no le cobrarán impuesto al Patrimonio, IVA, Imesi, y los aranceles de importación y exportación, así como la energía eléctrica provista por UTE".
También criticó al gobierno por afirmar que habrá 5.000 puestos de trabajo mientras dure la construcción del obrador y otros 1.000 en la actividad minera en sí misma. "Esto es más de lo que dice la empresa", dijo.

Ambientalistas ven riesgo por la búsqueda de oro

Advierten amenaza al Santa Lucía

Los impulsores del referéndum para prohibir la minería de metales a cielo abierto denuncian que la eventual explotación de oro en el oeste del departamento de Lavalleja, en la zona donde nacen el río Santa Lucía y el arroyo El Soldado, pondría en riesgo al abastecimiento de agua a Montevideo. En dicha zona OSE planea construir dos importantes represas para complementar la de Paso Severino e incrementar el abastecimiento de agua a la zona metropolitana.

El activista Raúl Viñas dijo a El País que hay muchos pedidos para explotar oro en la zona y que en su extracción, si se concreta, se utilizaría cianuro. Denunció, además, que la mina Crucera, en la zona este de Florida que explotaba la empresa Orosur, está inactiva y no se implementó allí el plan de cierre previsto. Por otra parte, hoy el senador colorado Ope Pasquet denunciará lo que considera irregularidades en el contrato que el gobierno se apresta a firmar con Aratirí, el grupo que pretende extraer hierro de la zona de Valentines y Cerro Chato, en Durazno, Treinta y Tres y Florida. También respecto a Aratirí, los impulsores del referéndum señalarán hoy en conferencia de prensa que la empresa invertirá menos de lo que anunció en un primer momento, adelantó Viñas.

Fuente: SUBRAYADO TV

https://www.youtube.com/watch?v=MXoVVxYp5b0
http://www.elpais.com.uy/informacion/ministro-aguerre-defendio-ley-mineria.html

Crqs, 

En el día de hoy se realizó una conferencia de prensa a la que asistieron 4 canales de TV (TNU, 10, 12 y VTV) y varios medios de prensa escrita. 

Divulgamos el comunicado que copio abajo y adjunto en formato pdf para que puedan reenviar a sus contactos.

Comunicado de prensa                                                                Montevideo, 29 de enero de 2014.

FALSEDADES Y CONTRADICCIONES DE LA CAMPAÑA OFICIAL
IMPUGNACIONES LEGALES DEL CONTRATO CON ARATIRÍ

Utilizando fondos públicos, el gobierno nacional ha emprendido una campaña de propaganda en defensa del proyecto minero de Aratirí y la ley de minería de gran porte (19.126) que lo beneficia en forma directa, quebrando la neutralidad que debe mantener el estado uruguayo ante cualquier emprendimiento privado y confundiendo a la población sobre sus propósitos.

Se están falseando, entre otras, informaciones sobre los posibles aportes económicos de Aratirí, sobre el empleo y la restauración de las áreas afectadas por este tipo de minería. Se autorizan proyectos de extracción de oro y cobre que no cumplen los requisitos exigidos por la Dinama y que ponen en riesgo áreas consideradas como reservas hídricas del país.

Falsedades

Por la ley 19.126, el IRAE se aplica sobre la renta efectiva y no la renta presunta, habilitando el traslado de costos para no declarar ganancias. Así, por el Artículo 42 de esta ley no se consideran actividades mineras el uso de terminales especializadas al interior de un puerto, lo que permite trasladar costos hacia la terminal portuaria que es propiedad de la misma empresa.

El Artículo 40 de la misma ley permite que los costos de prospección, exploración y los estudios de impacto ambiental anteriores a la firma del contrato puedan ser considerados pérdidas en los balances económicos de la empresa. La ley dispone asimismo que el Canon se descuente del Adicional del IRAE, lo que equivale a ceder a la empresa el 100% del valor del mineral.

Si el aporte de impuestos fuera realmente de USD 450 millones, como ha dicho recientemente el ministro Kreimerman, al descontar la inversión que, según la minera, será de más de USD 3.000 millones, en los primeros 8 (ocho) años Aratirí no pagará un solo peso de impuestos.

A lo anterior debemos agregar los impuestos que no le cobrarán a Aratirí: Impuesto al Patrimonio, IVA, IMESI y los aranceles de importación y exportación, así como la energía eléctrica provista por la UTE con el proyecto de la regasificadora. Esta inversión la pagaremos todos los uruguayos para venderle energía subsidiada a Aratirí por un tercio de la tarifa residencial.

Como resultado, el aporte económico de Aratirí será nulo o negativo.

Fuera de los dos a tres años de la obra inicial, se beneficiarán directamente unos mil trabajadores con sus sueldos y los comercios locales durante los 12 años de vida del proyecto. Esto implicará, al mismo tiempo, el desplazamiento de un número mayor de productores familiares y trabajadores rurales que no podrán volver a una zona que quedará irreversiblemente devastada.

El Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión, adonde irían los aportes económicos de la minería para las generaciones futuras, es entonces una cáscara vacía sin base real.

Contradicciones

Mientras la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) emite decenas de cedulones de prospección para la búsqueda de oro, hierro, cobre y otros minerales en las cuencas de los arroyos Casupá y El Soldado, afluentes del Río Santa Lucía, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) propone que esa zona rural del departamento de Lavalleja sea declarada reserva hídrica con vistas al abastecimiento de agua de la zona metropolitana.

El Plan de Acción para la Protección del Agua en la Cuenca del Santa Lucía declaró "reserva de agua potable" la cuenca hidrológica del Arroyo Casupá. Para asegurar la disponibilidad de agua, OSE se plantea la ejecución de dos embalses complementarios a Paso Severino en el tercio superior del Santa Lucía: uno en el Arroyo Casupá y otro en el Arroyo El Soldado.

Para saber lo que puede significar la explotación metalífera en la zona basta remontarse aguas arriba hasta el Arroyo Chamamé, un afluente del Casupá, y observar los cráteres y las pilas de estériles abandonadas por la empresa Orosur en la Mina Crucera. La actividad consistió en extraer y llevarse el mineral para separar el oro en Minas de Corrales.

La Autorización Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente decía que la explotación se realizaría en 5 (cinco) años, pero llevó un año y medio, sin realizar reparaciones ambientales de ningún tipo. Estas pequeñas explotaciones sirven a Orosur para prolongar la vida útil de sus instalaciones de separación de oro con cianuro en Rivera, donde las minas están prácticamente agotadas.

La explotación de minas metalíferas a cielo abierto en yacimientos de baja concentración, como los que posee nuestro país, es una actividad meramente depredadora. No proporciona ingresos económicos ni fuentes laborales duraderas y destruye el ambiente natural de tierras fértiles e irrigadas capaces de proveer alimentos y agua en forma sustentable.

Improcedencia

Por último, ante la reiteración por el gobierno nacional de la intención de firmar un contrato con la empresa Aratirí para llevar a cabo su proyecto de extraer a cielo abierto el hierro del yacimiento de Valentines, advertimos que se estarían violando disposiciones constitucionales y legales, así como el procedimiento de evaluación ambiental de estos proyectos, razón por la cual iniciaremos las acciones legales que corresponden para impedir o revocar dicho acto.

La ley 19.126 está siendo cuestionada por inconstitucional ante la Justicia pero, a su vez, la firma de un contrato ahora se haría sin la reglamentación de aspectos fundamentales de esa ley, tales como las mejores prácticas mineras del Artículo 5° o el plan de cierre del Artículo 13° y sin que se haya presentado la Auditoria del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto prevista en el Artículo 6°. Además, previo a esa firma y de acuerdo con el Artículo 27° de la misma ley, Aratirí debería gestionar un aval bancario u otra garantía por el 5% de la inversión.

No están dadas entonces las condiciones mínimas requeridas para la aceptación de proyectos de esta índole. Por esta razón, el Movimiento Uruguay Libre se encuentra abocado a una campaña de información transparente y a la recolección de firmas para que el pueblo decida, que la ciudadanía se pronuncie a través de un plebiscito nacional sobre una actividad extractiva que implica graves consecuencias económicas, sociales y ambientales para el país.

URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA


Contactos:

Raúl Viñas 099 648685
Carol Aviaga 099 844407
Víctor L. Bacchetta 098 935317

Agro - GANANCIAS (El País)

Aguerre dijo que Aratirí dará mejores ingresos que el campo

El ministro de Ganadería defendió la instalación de la empresa minera

Los productores cuyos campos sean utilizados para la explotación minera de Aratirí, tomen la decisión que tomen a la hora de ser indemnizados, pasarán a obtener mejores ingresos que lo que hoy les da el campo, destacó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre.

En una conferencia por la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, consultado sobre los impactos de dicho emprendimiento, informó que la ley de minería de gran porte prevé un régimen de compensación para quien deba dejar de producir allí.

Se puede optar por un sistema de renta, que puede ser de siete a 15 veces el valor de una renta de mercado, establecida por el MGAP. Dijo que “15 veces una renta de US$ 60 o US$ 70 es US$ 900 o US$ 1.000 por hectárea”, cuando esos establecimientos, según el tercil superior de las carpetas verdes del Plan Agropecuario, dan US$ 116 por hectárea, según el índice Coneat de esos campos.

Otra opción es vender el campo a Colonización, obligándose dicho instituto a pagar el precio de mercado, “más algo más”, y a relocalizar a los productores con menos de 200 hectáreas.

Otra es ser socio de la minera, participando del 2% del canon, instando Aguerre a calcular ese porcentaje en base a US$ 3.000 millones dividido en 10.000 hectáreas por año.

Aguerre, tras agradecer que se le haya preguntado por este tema, dijo que el proyecto considera una zona donde “la productividad es inferior a la media nacional” y que la existencia de una adecuada indemnización fue el primer compromiso que asumió, junto con el ministro (de Industria) Roberto Kreimerman, en una reunión en Valentines en la que expusieron ante gremiales de productores.

Añadió que la indemnización se dará además para los que no son superficiarios, aludiendo a los vecinos linderos y traslinderos.

Destacó que la ley establece que aproximadamente el 50% del valor de los recursos extraídos lo recauda el Estado, que en una visión estratégica se autolimita a no utilizar más que el 30% de esos recursos, creando el Fondo Intergeneracional de Inversión.

Sobre otros impactos, dijo que el agua que se utilizará equivale a regar 1.000 hectáreas de arroz. “No es nada que llame la atención a quienes manejan agua”, y está previsto reciclarla; que no es lo mismo extraer el hierro por procedimientos físico mecánicos –como lo contempla el proyecto– que con productos químicos; y que “todas las actividades económicas que realiza el ser humano tienen impactos ambientales”.

Aguerre agregó que el proyecto considera un área mucho menor a la que hubo que destinar en su momento para hacer la represa de Salto Grande, que produce el mayor porcentaje de la energía electrica al que hoy accede la sociedad uruguaya. La zona dejó de ser citrícola, arrocera, triguera, lechera o ganadera, acotó.

Y agregó que próximo a Montevideo hay “tremendos agujeros”, aludiendo por ejemplo a las areneras, que si se suman dan lugar a un área mucho mayor que la comprendida en el proyecto Aratirí.

miércoles, 29 de enero de 2014

Dos palabras - En vivo Parque roosevelt( Festival en defensa del Parque)

Arroyo Carrasco preparan denuncia contra Vivienda e intendencias Subra...

carta a Mujica

CARTA A JOSÉ MUJICA
del Dr. Ing. Quimico Ignacio Stolkin.

Dr. en ciencias técnicas Intituto Politénico de Zurich, ex profesor grado 5 Facultad de Ciencias de Uruguay, ex profesor grado 4 Facultad Química del Uruguay.

Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay
Don José Mujica Cordano
De mi mayor consideración:
Siguiendo el hilo de sus ideas, expresadas en muchas oportunidades, antes y después de haber sido electo, con respecto al presente y futuro de nuestro país, le solicito se sirva leer el siguiente texto y mucho me alegraría que me supiera contestar a mis interrogantes.
Si la idea central es avanzar hacia un país productivo:
¿Por qué desarrollar una industria extractiva que en los países del tercer mundo sólo produce subdesarrollo? (Malí, Guinea, etc.) y dependencia, dado que la falta de producción de plusvalía por elaboración de los minerales, conduce automáticamente a la falta de investigación y desarrollo y con ello a la debilidad del país extractor?
Si la idea es crear fuentes de trabajo de calidad:
¿Por qué fomentar una empresa, que según su propio EIA empleará a 1.500 personas sólo en trabajos de socavón e influenciará negativamente el trabajo de 3.573 personas directamente y 4.156 indirectamente siendo, por tanto, probable la pérdida de puestos de trabajo, y
Luego de 20 años, cuando se haya extraído todo el mineral, deje 1.500 desocupados en edades de entre 40 y 50 años que no podrán encontrar empleo por problemas de edad, de inexperiencia, dado el trabajo realizado y debido a posibles enfermedades pulmonares, de oídos y reumáticas? A ellas deben ser adicionadas las aproximadamente 5.000 puestos indirectos relacionados que se perderían.
Si la idea es fomentar la economía del País:
¿Por qué aceptar una empresa que al País le dejará, según su propio EIA, anualmente, 1.200 Millones de dólares americanos de pérdida? (Según el EIA se gastarán 400 Millones de dólares en plaza y se exportará por 1.600 Millones por año), mas los gastos de infraestructura que pagaremos todos y 470 Millones de Dólares que perderá UTE por la corriente que aporte a precio preferencial?
Si la idea es respetar el medio ambiente:
¿Cómo se justifica y el Estado lo acepte, que esta empresa emita durante 20 años, 30 Toneladas horarias de gases de invernadero y 232 Toneladas de óxidos de nitrógeno cada dos días debido a las explosiones y la consecuente lluvia ácida y la producción de ozono, que atacará, en especial, los pulmones de los trabajadores?
Lo mismo vale para las pérdidas de millones de metros cúbicos de agua al año y la contaminación con minerales solubles, especialmente sulfuros y nitratos, de las aguas de los arroyos y ríos, donde se verterán luego de ser usadas y decantadas.
Y en la misma dirección va la producción, durante 20 años, de polvos de diámetros menores a 10 micrómetros con posible contenido de asbestos, que no sólo afectará los pulmones de los trabajadores, sino que, según el propio EIA, alcanzarán distancias de 25 km. afectando todo ser viviente que allí se encuentre y
De ruido de las explosiones que a 40 km de distancia alcanzarán el valor patológico de 103 dB(A)?
En ese sentido, también llama la atención que se acepte que una institución privada produzca cambios destructivos del medio, de los cuales la propia compañía acepta que más del 50% de los mismos será irreversible y/o irreparable. Y que introduzca peligros potenciales de gran envergadura como roturas del mineroducto o de muros de contención en los depósitos de agua de los relaves y de reciclaje.
Si se desea traer inversiones al País estas deben ser confiables.
Entonces:
¿Cómo es posible aceptar una compañía que no sólo no brinda informaciones confiables sino que las está cambiando día a día, ya sean éstas informaciones técnicas o económicas y utiliza métodos no ortodoxos para presionar tanto a los habitantes de la zona de explotación, como al gobierno?
Si se deseara explotar el hierro:
¿Por qué valerse de una empresa intermediaria sin experiencia en minería (la única mina que abrió lo hizo en Brasil y a los 6 meses la vendió), con los riesgos y costos que eso significa?
¿Por qué no extraer el mineral pausadamente durante unos 100 años para ser utilizado totalmente en el País en una o varias cadenas productivas, especialmente de trabajo “fino” o “de punta” con capitales del Estado y controlada por delegados del gobierno, de los sindicatos y de delegados de organizaciones populares para garantizar la buena práctica?
Teniendo en cuenta los altos costos que significa extraer el mineral y convertirlo en hierro importando grandes cantidades de carbón, entre otros y, teniendo en cuenta que en la producción fina la materia prima no incide demasiado en el precio final:
¿No sería mejor que el Estado fomentara la misma, en el sentido de País productivo (como Suiza, Holanda, Bélgica, etc.), instalando una industria metalúrgica de calidad importando el hierro desde Brasil?
Y así podríamos continuar con muchos otros temas que darían razón para que la minera no se instalara por las consecuencias negativas que afectarían al Estado y contra las cuales ha Vd. luchado en un pasado que le ha valido los elogios de muchos ciudadanos del mundo.
En nombre de la justicia social y consecuente con la lucha que Vd. ha llevado a cabo, le solicito tenga a bien NO AUTORIZAR A QUE ARATIRÍ SE INSTALE EN NUESTRO PAÍS.
Atentamente
Dr. Ing. Quimico Ignacio Stolkin.

España en LUCHA


¿Fin de la privatización de la sanidad madrileña? El conflicto no debe cerrarse en falso


por CAS-Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad
Martes, 28 de Enero de 2014 03:48

La inmensa satisfacción que sentimos, tras el anuncio de la paralización de la privatización de la parte sanitaria de los seis hospitales madrileños y la dimisión de Lasquetty, no debe llevarnos a un exceso de confianza. Seguimos haciendo un llamamiento a la continuidad de la lucha.
La inmensa satisfacción que sentimos, tras el anuncio de la paralización de la privatización de la parte sanitaria de los seis hospitales madrileños y la dimisión de Lasquetty, no debe llevarnos a un exceso de confianza.
El gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ha causado ya un enorme daño a la calidad de la sanidad pública en la región. A nivel estatal, se han introducido medidas de copago, se ha excluido de la atención sanitaria a centenares de miles de personas y se siguen privatizando centros sanitarios.
Por ello, aunque nos unimos a la alegría que muchos usuarios nos están comunicando en la tarde de hoy, seguimos haciendo un llamamiento a la continuidad de la lucha, ya que no debemos olvidar que:
- Una parte importantísima de la privatización ya se ha llevado a cabo en Madrid durante los últimos meses: limpieza, lavandería, banco de sangre, ..
- Se mantienen abiertos los (3) cuatro hospitales 100% privados: Valdemoro, Torrejón y Móstoles, además del de Villalba; se ha entregado la salud de más de 400.000 madrileños y los ambulatorios públicos de Pontones y Quintana a la Fundación “privada” Jiménez Díaz; las pruebas analíticas de más de 1 millón de madrileños se realizan en el laboratorio privado de S. Sebastián de los Reyes; el Call Center sigue derivando los procesos rentables a la privada mientras se infrautilizan y desmontan los hospitales públicos; …
- Ninguna de las resoluciones del TSJM ha cuestionado la legalidad de la privatización –únicamente ha puesto en cuestión las irregularidades del proceso en relación con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas-. La privatización, tristemente, seguirá siendo legal mientras no se derogue la Ley 15/97.
- Debido a esa Ley se siguen transformando hospitales públicos en hospitales privados como los PFI de Madrid en otras Comunidades: Valdecilla (Cantabria), Can Misses (Baleares) y Xeral (Vigo), etc. En Madrid nadie más que CAS y grupos vecinales estamos reclamando la vuelta a manos públicas de los hospitales privatizados desde 2004 (en manos de empresas privadas constructoras, propietarias de los centros y de todo lo “no sanitario” durante 30 años): Vallecas, S. Sebastián de los Reyes, Parla, Coslada, Arganda, Aranjuez y Majadahonda.
Por la derogación de la Ley 15/97
Por la derogación del RDL 16/2012
Contra las Unidades de Gestión Clínica (verdadero Caballo de Troya en los centros sanitarios).
Por el cese de Ignacio González, políticamente “amortizado” y de todo el equipo directivo de la Consejería de Sanidad.
CAS Madrid, 27 de enero de 2014


Madrid renuncia a la privatización sanitaria tras el varapalo del TSJM

  • El presidente de la CAM, Ignacio González, deja "sin efectos" la externalización de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, del Sureste, del Henares y del Tajo
  • El anuncio se produce tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener la suspensión cautelar del proceso para evitar "graves e irreparables daños"
  • Los magistrados argumentan que los cálculos de ahorro de la Comunidad son "meramente estimativos e hipotéticos" y que "pueden no responder después a la realidad"
  • El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, presenta su dimisión tras el revés judicial. Será sustituido por Javier Rodríguez, portavoz del ramo en la Asamblea de Madrid
  • González afirma que no habrá más recortes, aunque "seguirá ajustando gastos"
AGENCIAS Madrid 27/01/2014 17:10 Actualizado: 27/01/2014 20:07 - Público
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado hoy la renuncia definitiva de su Gobierno a llevar adelante el plan para privatizar la gestión de seis hospitales públicos, una decisión que se ha cobrado la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.
En una convocatoria de prensa convocada esta tarde, González ha avanzado que su Ejecutivo deja sin efecto el traspaso de la gestión a las empresas Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo ante la "incertidumbre" generada por la sucesión de resoluciones judiciales sobre el proceso, cuya legalidad ha defendido.
El último de estos fallos judiciales ha tenido lugar hoy, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado mantener la suspensión cautelar del concurso que en agosto de 2012 adjudicó a las empresas los centros Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Tajo y del Sureste.
El titular del Ejecutivo madrileño ha indicado que la decisión de dejar sin efecto la externalización no supondrá nuevos recortes, aunque sí obliga a seguir ajustando los gastos y profundizar en las medidas incluidas en el plan sanitario aprobado en 2012 y ya puestas en marcha.
El presidente de la Comunidad de Madrid, que ha recalcado que sigue considerando "legal" y "posible" el modelo de externalización hospitalaria, ha rechazado que dejar sin efecto este plan suponga un "fracaso".
Según ha indicado, ha servido para "concienciar a toda la sociedad de la necesidad de hacer cada vez una gestión más eficiente" de los recursos públicos y del trabajo conjunto en la reducción del gasto "sin afectar" a los servicios "esenciales".
González ha precisado que las empresas a las que en agosto de 2012 se adjudicó la gestión de los hospitales deberán acatar también el fallo del TSJM y no ha aclarado si se les indemnizará por esta suspensión definitiva.
Igualmente, ha agradecido el trabajo del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, cuya dimisión ha aceptado y que después de casi tres años como responsable sanitario en la Comunidad de Madrid será sustituido en el cargo por el actual portavoz de Sanidad del PP en la cámara regional, Javier Rodríguez.
Lasquetty, que ha comparecido junto a González ante los medios de comunicación y mantendrá su acta de diputado en la Asamblea de Madrid, ha significado que su decisión obedece a su sentido de la responsabilidad y a que fue él quien propuso y puso en marcha el proyecto de externalización.
Tras la comparecencia de González, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha celebrado la paralización de las externalización y ha considerado que, tras un año "duro", ha merecido la pena "dar la batalla" por la sanidad pública.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado hoy la renuncia definitiva de su Gobierno a llevar adelante el plan para privatizar la gestión de seis hospitales públicos, una decisión que se ha cobrado la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.
En una convocatoria de prensa convocada esta tarde, González ha avanzado que su Ejecutivo deja sin efecto el traspaso de la gestión a las empresas Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo ante la "incertidumbre" generada por la sucesión de resoluciones judiciales sobre el proceso, cuya legalidad ha defendido.
El último de estos fallos judiciales ha tenido lugar hoy, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado mantener la suspensión cautelar del concurso que en agosto de 2012 adjudicó a las empresas los centros Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Tajo y del Sureste.
El titular del Ejecutivo madrileño ha indicado que la decisión de dejar sin efecto la externalización no supondrá nuevos recortes, aunque sí obliga a seguir ajustando los gastos y profundizar en las medidas incluidas en el plan sanitario aprobado en 2012 y ya puestas en marcha.
El presidente de la Comunidad de Madrid, que ha recalcado que sigue considerando "legal" y "posible" el modelo de externalización hospitalaria, ha rechazado que dejar sin efecto este plan suponga un "fracaso".
Según ha indicado, ha servido para "concienciar a toda la sociedad de la necesidad de hacer cada vez una gestión más eficiente" de los recursos públicos y del trabajo conjunto en la reducción del gasto "sin afectar" a los servicios "esenciales".
González ha precisado que las empresas a las que en agosto de 2012 se adjudicó la gestión de los hospitales deberán acatar también el fallo del TSJM y no ha aclarado si se les indemnizará por esta suspensión definitiva.
Igualmente, ha agradecido el trabajo del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, cuya dimisión ha aceptado y que después de casi tres años como responsable sanitario en la Comunidad de Madrid será sustituido en el cargo por el actual portavoz de Sanidad del PP en la cámara regional, Javier Rodríguez.
Lasquetty, que ha comparecido junto a González ante los medios de comunicación y mantendrá su acta de diputado en la Asamblea de Madrid, ha significado que su decisión obedece a su sentido de la responsabilidad y a que fue él quien propuso y puso en marcha el proyecto de externalización. Tras la comparecencia de González, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha celebrado la paralización de las externalización y ha considerado que, tras un año "duro", ha merecido la pena "dar la batalla" por la sanidad pública.


¡Sí se puede! Comunidad de Madrid retira planes privatizadores tras decisión del TSJM


por Kaos. Por una sanidad pública
Lunes, 27 de Enero de 2014 18:48

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunciará este lunes que dejará "sin efectos" la privatización sanitaria tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de mantener la suspensión cautelar del proceso. Lasquetty presenta su dimisión.
El gobierno de la comunidad de Madrid renuncia a sus planes de privatización después de perder en la calle y en los juzgados. La Marea Blanca ha demostrado que SI SE PUEDE y que la lucha esel único camino. La dimisión del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty por su rotundo fracaso en los negociados de la Sanidad no deben evitar una inmediata investigación acerca de su desempeño desde que ocupa el cargo. Finalmente ha corrido la misma suerte que los otros consejeros:  Lamela y Güemes, que hasta el momento no han sido investigados acerca de los resultados de su gestión.
Su sucesor,  Francisco Javier Rodríguez (Expedientado por las denuncias contra las urgencias del Gregorio Marañón en 1990),  tratará de seguir con las políticas de recortes, destrucción de la Sanidad Pública y de vulneración del derecho a la salud de las personas. Por lo tanto, esta es una victoria, clara victoria, pero no definitiva. Lasquetty dimite, le sucede Rodríguez,  pero la Comunidad de Madrid intentará seguir privatizando sigilosamente la sanidad pública, así como lo hace CiU en Catalunya.
A no bajar la guardia!!
Esta es la noticia publicada por agencias:
Agencias
El cambio de postura de la Comunidad se ha producido horas después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM haya decidido mantener la medida cautelar de suspensión de la denominada externalización sanitaria madrileña para evitar "perjuicios de imposible reparación".
Entre otros motivos, los magistrados argumentan que los cálculos de ahorro de la Comunidad son "meramente estimativos e hipotéticos que pueden no responder después a la realidad". Y añade que los perjuicios si la resolución impugnada se ejecutara y luego anulara "afectaría también al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid".
Y esgrimen también que el interés público exige "proceder con cautela para evitarle los graves e irreparables daños que se producirían en caso de que la resolución administrativa se ejecutara y después tuviera que anularse".
Asimismo, los magistrados niegan que la decisión de suspender el proceso suponga "un desapoderamiento al Gobierno de la Comunidad de Madrid de su competencia para aplicar en su ámbito territorial su político sanitaria y de implementar en unos concretos centros hospitalarios un determinado modelo de gestión".
Con la decisión de la Sección Tercera, el tribunal mantiene la medida cautelar que decretó la sección tercera de la Sala a raíz de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) por la corrección de errores que se hizo en los pliegos sobre las garantías exigidas a las empresas.
Concretamente, ese recurso de AFEM se sustentaba en que la corrección de los errores en los pliegos de la externalización de estos centros suponía una modificación sustancial del proceso, pues se pasaba de exigir a las adjudicataria el 5 por ciento del importe del contrato al 5 por ciento anual.
El 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria habilitaba la externalización de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, el Hospital del Sureste, el del Henares y el del Tajo.
En julio TSJM suspendió ya cautelarmente la externalización a petición del PSM aunque posteriormente levantó la paralización al considerar que los socialistas no tenían legitimidad para recurrir al no ser "parte interesada" en este proceso.
El 16 de octubre, el entonces presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán acordó la agrupación de todos los recursos presentados sobre la externalización, argumentando que con ello se evitaban posible contradicciones de las resoluciones por parte de diferentes salas. Luego, el 9 de enero, dicho Pleno se reunió y acordó devolver a las secciones de origen los recursos planteados.
DECISIÓN DEL TSJM
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha resuelto mantener la medida cautelar de suspensión de la denominada externalización sanitaria madrileña para evitar "perjuicios de imposible reparación", ya que a su juicio "afectaría también al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid" .
   Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la Sección Tercera acuerda desestimar un recurso de reposición presentado por la Comunidad de Madrid y las empresas adjudicatarias contra el auto de 11 de septiembre de abril de 2013 por el que la misma Sección, a petición de la asociación médica AFEM, acordó paralizar la ejecución de la citada resolución.
   La Sección se ha pronunciado así tras el Pleno de la Sala que acordó devolver a las secciones Tercera y Octava los recursos que tienen por objeto la impugnación de la resolución de 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
   Por la misma se hizo pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado 'Gestión por concesión del servicio público de la atención sanitaria especializada correspondiente a los Hospitales Universitarios Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo'.
   En el auto, los magistrados argumentan que los cálculos de ahorro de la Comunidad son "meramente estimativos e hipotéticos que pueden no responder después a la realidad". Y añade que los perjuicios si la resolución impugnada se ejecutara y luego anulara "afectaría también al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid".
   Y esgrimen también que el interés público exige "proceder con cautela para evitarle los graves e irreparables daños que se producirían en caso de que la resolución administrativa se ejecutara y después tuviera que anularse".
   Asimismo, los magistrados niegan que la decisión de suspender el proceso suponga "un desapoderamiento al Gobierno de la Comunidad de Madrid de su competencia para aplicar en su ámbito territorial su político sanitaria y de implementar en unos concretos centros hospitalarios un determinado modelo de gestión".
   Por otro lado, los magistrados que integran la Sección Tercera han declarado también la suspensión del proceso de externalización sanitaria, en otros dos recursos contenciosos, en esta ocasión a solicitud de la asociación médica AMYTS.
   En los autos, se acuerda acceder a la medida cautelar solicitada por AMYTS y, por tanto, se acuerda la suspensión del proceso. Contra estos autos, cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días una vez notificada la resolución.
   En uno de los autos, la Sala considera que, "sin verter consideraciones sobre el nuevo modelo", "la modificación del sistema de gestión en la atención sanitaria especializada de seis hospitales es de unas dimensiones cuantitativas extraordinarias". En su opinión, esa circunstancia "haría muy difícil, sino imposible, en caso de que no se accediera a la medida cautelar de suspensión, volver a la situación anterior".
   "La no adopción de la medida solicitada haría que el recurso pudiera perder su finalidad, creándose situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia que se dicte e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos", agrega el fallo.
   En esta situación, la Sala entiende que "procede acceder a la medida cautelar de suspensión, lo que tan solo supone mantener la situación existente hasta la fecha y que la prestación sanitaria se siga prestando provisionalmente en la misma forma en la que se hace".
   La Sección Tercera considera, en todos los casos, que dadas las circunstancias que concurren y que pormenorizadamente se exponen en las tres resoluciones, de no aceptarse la petición de medida cautelar de suspensión se podrían producir perjuicios de difícil o imposible reparación.
   Con la decisión de la Sección Tercera, el tribunal mantiene la medida cautelar que decretó la sección tercera de la Sala a raíz de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) por la corrección de errores que se hizo en los pliegos sobre las garantías exigidas a las empresas.
   Concretamente, ese recurso de AFEM se sustentaba en que la corrección de los errores en los pliegos de la externalización de estos centros suponía una modificación sustancial del proceso, pues se pasaba de exigir a las adjudicataria el 5 por ciento del importe del contrato al 5 por ciento anual.
   El 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria habilitaba la externalización de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, el Hospital del Sureste, el del Henares y el del Tajo.
   En julio TSJM suspendió ya cautelarmente la externalización a petición del PSM aunque posteriormente levantó la paralización al considerar que los socialistas no tenían legitimidad para recurrir al no ser "parte interesada" en este proceso.
   El 16 de octubre, el entonces presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán acordó la agrupación de todos los recursos presentados sobre la externalización, argumentando que con ello se evitaban posible contradicciones de las resoluciones por parte de diferentes salas. Luego, el 9 de enero, dicho Pleno se reunió y acordó devolver a las secciones de origen los recursos planteados.
LASQUETTY DIMITE
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha presentado este lunes su dimisión como responsable sanitario en la región y el presidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, la ha aceptado.
   Así lo ha explicado el dirigente madrileño en rueda de prensa convocada urgentemente en la Real Casa de Correos, donde González ha anunciado que deja "sin efectos" la externalización sanitaria tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de mantener la suspensión cautelar del proceso.
   González ha avanzado que Lasquetty será sustituido en el cargo por Javier Rodríguez, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y hasta ahora portavoz de Sanidad en el Parlamento madrileño


Los médicos celebran la retirada del proyecto de privatización sanitaria

Los facultativos ven con recelo al sustituto de Lasquetty, Javier Rodríguez Rodríguez

Consideran que es otro "gran defensor" del modelo recién anulado

La oposición destaca que la paralización supone un "triunfo ciudadano"

La Marea Blanca en una de las movilizaciones contra la privatización. / Claudio Alvarez
Hubieran preferido que las formas fueran otras, pero les convence el resultado. Médicos, personal sanitario y oposición han celebrado el anuncio de marcha atrás del proceso de privatización sanitaria que ha confirmado este lunes el presidente regional, Ignacio González. Lo consideran "un triunfo ciudadano" pero siguen expectantes. Tras la dimisión recién presentada del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, los médicos recelan del sustituto. Consideran que Javier Rodríguez Rodríguez, portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid, ha sido otro de los grandes valedores del plan que han acabado frenando los tribunales.
Es una pena que este anuncio haya tardado tanto
Fátima Brañas, portavoz de Afem
» Amyts. El secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), Julián Ezquerra, ha manifestado la "satisfacción plena" del sindicato médico mayoritario por "la retirada definitiva del proyecto de privatización" de los seis hospitales públicos. "Queremos entender, pese a que González no lo ha mencionado, que también desiste de privatizar los centros de salud como dijo que tenía previsto. Le pediremos que sea así”, ha añadido. Acerca de la dimisión del consejero, Ezquerra ha recordado que lleva meses pidiéndola, puesto que “ha demostrado sobradamente su incompetencia para llevar a cabo un proceso de diálogo con los profesionales”.
“Hay que darle tiempo”, ha afirmado sobre el sustituto de Javier Fernández-Lasquetty. “Javier Rodríguez al menos es médico y sigue activo en el hospital Gregorio Marañón. La faceta que yo conozco de él, la de portavoz de Sanidad en el Parlamento regional, es muy diferente a la de consejero. Lo que procede ahora es esperar a que se asiente en el cargo y ver qué primeros pasos da. Lo lógico sería que de forma inmediata restaure la comunicación con los profesionales”, ha añadido.
Ezquerra cree que en la decisión de González de suspender su plan ha pesado más la parte política que la judicial: “La decisión final de los tribunales llegará en plena precampaña o incluso campaña para las autonómicas de 2015. Creo que ha intentado evitar eso, puesto que sigue afirmando que su plan es bueno”.
» Afem.  "Es una pena que este anuncio haya tardado tanto cuando hace un año que les ofrecimos ayuda para gestionarlo de otra manera", ha señalado Fátima Brañas, vicepresidenta de Afem (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid). Ha considerado, además, "necesaria" la dimisión presentada por Lasquetty porque "su único interés era llevar a cabo un proceso de privatización al margen de cualquier otro argumento".
Brañas ha mostrado su sorpresa por el nombramiento del sustituto, Javier Rodríguez, porque se trata "de uno de los principales defensores del plan de privatización". La portavoz de Afem teme que sea una señal de que el Gobierno regional pretende retomar estos planes, algo que el presidente González no ha desechado explícitamente durante su intervención.
» ADSPM. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) ha manifestado, a su vez, que la retirada de la externalización es "una victoria de las movilizaciones sociales y profesionales, que llevan ya un año y medio", según el secretario de la asociación, Marciano Sánchez. Considera que "no hay que bajar la guardia, hay que continuar vigilantes, porque hay muchas cosas que se quieren privatizar, como la extracción de sangre y la lavandería central hospitalaria". La retirada del plan debe ser "motivo de optimismo para los que defendemos la sanidad pública", según Sánchez para quien "es la demostración práctica de que con movilizaciones mantenidas en el tiempo, sí se puede", ha dicho.
No hay que bajar la guardia, hay muchas cosas que se quieren privatizar
Marciano Sánchez, de la ADSPM
» SATSE. El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha mostrado su satisfacción por "mantener un modelo de gestión pública" de la sanidad madrileña, y ha manifestado que cualquier decisión que se tome sea de modo consensuado con las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial y los profesionales sanitarios.
» PSM. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, valora que, aunque ha sido un año "duro", ha "merecido la pena dar la batalla". Gómez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa convocada de urgencia tras la decisión de González de paralizar la privatización sanitaria.
"Han perdido en los tribunales y en las calles porque no tenían razón, la razón la tenía la sociedad madrileña", ha añadido, al tiempo que ha criticado al Ejecutivo madrileño por llevar los intentos "hasta las puertas de una campaña electoral".
Aún así, Gómez ha señalado que no confía en que esta paralización sea definitiva. "No creemos que el PP tire la toalla para siempre ni que vaya a renunciar a sus ansias privatización porque está en su ADN", ha dicho. Por ello, ha anunciado que el PSOE mantendrá el recurso que había presentado ante el Tribunal Constitucional, ya que "todas las cautelas y prevenciones siempre van a ser pocas".
El portavoz de Sanidad del PSM en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ha opinado a su vez que el proceso privatizador va a llevar al PP "a perder las elecciones" y ha sostenido que la Marea Blanca ha hecho que "los Gobiernos de otras comunidades, como Castilla-La Mancha, hayan puesto una barrera y hayan dejado aparcados algunos de los planes locos que tenían". "Las elecciones de 2015 las van a decidir la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. No van a ir de otra cosa", ha advertido.
» IU. El responsable de Sanidad de IU en la Asamblea de Madrid, Rubén Bejarano, considera que el presidente González no tenía "más opción" que retirar la privatización de los hospitales porque la decisión del TSJM le había dejado "solo y desautorizado". Según Bejarano, es "un triunfo de la movilización de los profesionales y de la ciudadanía". El diputado añade que "el método para solucionar los problemas económicos ha sido un fracaso".
» UPyD. El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, cree que el anuncio del Gobierno regional de paralizar el proceso de privatización sanitaria “es un nuevo fracaso" del Ejecutivo. Velasco destaca que González "no ha tenido más remedio que dejar sin efecto esta medida, a la vista del enorme malestar social en todos los estamentos de la sociedad madrileña, desde los médicos hasta los ciudadanos”. El veterano diputado le pide que "a partir de ahora" gestione un plan sanitario "con todos los sectores implicados", según recoge una nota remitida por la formación.

» CC OO. La secretaria de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid, Rosa Cuadrado, ha destacado que el proceso de privatización "ha estado plagado de irregularidades". "El que no se lleve a cabo [la privatización de la gestión de seis hospitales] es una garantía para todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid", ha añadido. Sobre el cese de Fernández-Lasquetty, Cuadrado ha recordado que el sindicato lo viene pidiendo desde hace tiempo y ha considerado que era "lo más consecuente" que podía hacer.
» UGT. El secretario del sector de Salud de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Madrid, Ignacio Hernández, ha considerado a su vez que la dimisión de Fernández-Lasquetty era "lo más justo" porque, en su opinión, "se ha equivocado desde el principio". Asimismo, Hernández ha sostenido que "se ha demostrado" que la Marea Blanca, en la que están los profesionales de la sanidad, los sindicatos y la ciudadanía, "tenía razón" cuando exigían la paralización de la privatización de los seis hospitales públicos.


Marchas de la Dignidad llegarán a Madrid el 22 de marzo

Se iniciarán entre el 8 y el 10 de marzo y desembocarán en la capital el próximo 22 de marzo con el objetivo de “realizar acciones con repercusión” que visibilicen a los culpables de la crisis: “los banqueros”.

España | Cuarto Poder / Tercera Información | 05-01-2014

Por la reforma laboral. Por los recortes sociales que afectan a la mayoría social. Por el crecimiento de la pobreza extrema y la precariedad. Por la represión que “ya afecta a más de mil activistas y sindicalistas” y por la corrupción que “afecta a todas las instituciones de parados”. Pero sobre todo porque “no es tiempo de lamentos” sino de “lucha”. Estos son sólo algunos de los motivos por los que varias columnas de parados y excluidos del sistema económico provenientes de todo el territorio estatal iniciarán entre el 8 y el 10 de marzo una marcha a Madrid que desembocará en la capital el próximo 22 de marzo para “realizar acciones con repercusión” que visibilicen a los culpables de la crisis: “los banqueros”.
“La convocatoria de la Marcha a Madrid se hace desde la perspectiva de la situación que sufrimos y la necesidad de establecer una respuesta, un calendario de acciones que articule una movilización continuada, unitaria, masiva y contundente que nos permita pasar de la resignación a la acción determinante y que se vaya instalando de forma mayoritaria en la sociedad la idea de que se pueden cambiar la cosas combatiendo a los poderes reales y al gobierno, su capataz”, anuncia el Frente Cívico, la organización fundada por Julio Anguita, en un comunicado difundido el jueves.
La convocatoria, que pretende aglutinar en Madrid a “cientos de miles de personas de todos los territorios del Estado” está siendo impulsada por organizaciones como el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), el propio Frente Cívico, los Campamentos Dignidad de Extremadura, Red Solidaridad Popular, partidos políticos como Izquierda Unida e Izquierda Anticapitalista y diferentes plataformas de convergencia como Alternativas desde Abajo y Suma, la gente primero.
“La nueva Ley de Seguridad Ciudadana convierte a España en una predictadura a la vez que los recortes sociales que está llevando a cabo el Gobierno de Rajoy, y que aún no han terminado, han dejado a la mayoría de la población en una situación de precariedad y desempleo dramática. Por ello, organizamos estas marchas que hemos bautizado como las marchas por la dignidad”, señala a cuartopoder.es José Coy, miembro de la Mesa Estatal del Frente Cívico.
“Pueblo a pueblo”
Hasta el momento hay ocho columnas de parados que han confirmado su asistencia a la marcha y que saldrán desde Alicante, Valencia, Murcia, Andalucía, Extremadura, Aragón, Asturias y Castilla y León. “También estamos organizando columnas en otros territorios como Galicia y País Vasco, pero aún no hay nada cerrado”, añade José Coy, que destaca que la idea es que “surja un movimiento estable entre los diferentes sectores y pueblos que participan en la marcha junto a otros movimientos sociales como las mareas ciudadanas en defensa de lo público.
Las marchas saldrán de sus respectivos lugares de origen entre el “día 8 y 10 de marzo” y llegarán a la Comunidad de Madrid “el día 20 o 21” del mismo mes. “Trataremos de recorrer los pueblos de Madrid en ese par de días para el día 22 hacer la entrada a Madrid donde esperamos poder celebrar una manifestación que una a cientos de miles de personas”, asegura Coy.
En el caso de Andalucía, a falta de la confirmación oficial, que se producirá en la reunión estatal del próximo 18 de enero, la columna de parados partirá desde Córdoba el día 8 de marzo, tal y como señala a este medio Diego Cañamero, portavoz del SAT. “Queremos ir pueblo a pueblo, barrio a barrio, transmitiendo a toda la ciudadanía la importancia que tiene la movilización social en este contexto de recortes y desmantelamiento del Estado del Bienestar. Si queremos cambiar la realidad política, económica y democrática de este país la sociedad civil debe estar unida”, asegura Cañamero, que añade que espera que 2014 sea el año de la unión de la sociedad civil.
Llegada a Madrid
Una vez las diferentes columnas hayan llegado a la Comunidad de Madrid, alrededor del día 20 de marzo, la idea actual es recorrer diversas localidades de la zona para realizar la entrada a la capital el día 22 de marzo. “Ese día celebraremos una manifestación que esperamos que sea multitudinaria y que sirva para visibilizar todos los males que recorren el país y a los culpables de esta crisis, que no son otros que los banqueros”, señala Coy, que recuerda que el Estado ha “regalado” 36.000 millones de euros a los bancos.
Todo lo que suceda a partir de ese momento es, a día de hoy, una incógnita. Aunque no se descarta la posibilidad de acampar en la capital, Cañamero señala que las marchas deben tener una mentalidad de “guerrilla” para “poder adaptarse a cualquier situación”. “Tenemos que tener capacidad de adaptación y actuar según sea mejor en ese momento. Nuestra intención es permanecer en la capital y seguir la lucha desde allí, pero se irá viendo cómo evolucionan los acontecimientos”, sentencia Cañamero.
Acta reunión estatal Marchas a Madrid contra el paro, la precariedad, los recortes y la represión.
Vallecas, 18 de septiembre de 2013
Asisten personas de los siguientes colectivos:
Ámbito estatal: FCSM, Red Roja, Izquierda Anticapitalista, Comité Confederal CNT-AIT, CGT, rebelion.org, cronicapopular.es, Alternativa desde abajo, Construyendo la izquierda, UJCE, Socialismo 21, IU
Andalucía: SAT, ATTAC Andalucía, Cobas Córdoba
Asturias: Adepavan (Asamblea de Parados del Nalón)
Castilla: Izquierda Castellana
Extremadura: Campamentos Dignidad, Murcia: marea por el Empleo, Plataforma de parados
Madrid: Plataforma Solidaria Antirepresiva, Madres contra la represión, Red Solidaria antirrepresiva de Madrid, Asoc. de Vecinos Parque Europa, Plataforma de Parados San Blas, Asamblea 15m San Blas Canilejas, Plataforma Hoy por Ti- Red Solidaria de Fuenlabrada, UPK, Sindicato Asambleario de Sanidad, FCSM Madrid centro, Movimiento contra el paro y la precariedad por la renta básica, CGT-SOV Alcazar de San Juan, Asamblea de IU Marx Madera, Unión Proletaria, Coordinadora 25S, Asoc. de Vecinos Alto del Arenal, Ateneo Popular de Solidaridad entre los Pueblos, Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, Plataforma de desempleados de Murcia, CNT-Comarcal Sur, CAC Madrid, Vallekas por la Huelga general, Fedreación Regional de AA.VV. de Madrid, Iniciativa Comunista, Comité de Empresa UPS-Vallecas (COBAS), Sindicato de Transportes de Madrid CNT, Grupo Anarquista Albatros – FAI, dignidad social- Murcia, Iniciativa de cooperación por la Renta Básica y el reparto de trabajo, Agrupación Republicana de Coslada, Parroquía San Carlos Borromeo, Asamblea de Parados de Fontarrón, Unidad Popular y de Clase, Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, Sindicato Ferroviario
Murcia: Marea por el Empleo, Plataforma de Parados, PAH Molina del Segura, Marcha por el Empleo y la Dignidad Social-Murcia
Pais Valenciá: Intersindical Valenciana, Asamblea Desempleados y precarios, Coordinadora de Plataformas en defensa de las personas desempleadas, Comité preparatorio marchas Valencia, CGT-PV, Asamblea contra la precariedad de L’ Horta- Sur,
ACUERDOS:
1º) Fecha de llegada a Madrid de las diferentes columnas:
22 de Marzo
El formato de marcha que se plantea, es no volver a los territorios el día después de las marchas, sino permanecer en Madrid, y realizar acciones con repercusión.
2º) Nombre que adoptamos:
MARCHAS DE LA DIGNIDAD MADRID 22 DE MARZO (Marchas contra el paro, la precariedad, los recortes y la represión)
3º) Movilizaciones previas:
NOVIEMBRE:
Semana de Lucha Social de ámbito estatal del 16 de noviembre al 23 de noviembre. Se realizarán acciones descentralizadas en los diferentes territorios centradas en la reivindicación de “trabajo digno o renta básica”. En el marco de esta semana, el 21 de noviembre se realizará una jornada de lucha estatal contra el pensionazo.
DICIEMBRE:
Jornada de Lucha en todo el estado con acciones descentralizadas en torno al 6 de Diciembre, contra la reforma del artículo 135, que obliga al pago de la deuda.
4º) Coordinación.
Se designa una comisión coordinadora formada por: José Caballero, Mari García Bueno, Manuel Cañada, Cándido Carnero, Vicent Mauri, José Coy, Paco Morote, Celes Navarro, Ginés Fernández, Enrique Santiago, Carlos Martínez, Pedro Montes, Rafael Juan Ruiz, Gema Palomo, Rafa Garzo, Marian García, Genaro Raboso, Nines Maestro, José León, Isabel Rodríguez, Juan Antonio Carnes, Javier García, Aurelio Martin, Tete (Antonio Alvarez), Sixto del Sind. Ferroviario, Victor Jiménez, Luis Miguel López, Antonio Guillen, María del Carmen Domínguez, Irene Nene
5º) Teleco.
Se designa una comisión para conformar un paquete telemático (facebook, twitter, listas de correo, blog, etc) formada por Tete, Celes y Javier.
6º) Reuniones próximas:
Reunión colectivos Madrid (Logística): 14 de octubre. En Vallecas (San Carlos Borromeo) 17.00 H.
Comisión coordinadora: miércoles 30 de octubre. En Vallecas (San Carlos Borromeo) 17.00 H.
Asamblea estatal: viernes 29 de noviembre. En Vallecas (San Carlos Borromeo) 17.00 H.

martes, 21 de enero de 2014

de exoneraciones


En 2012 representó 6,4% del PIB, más que en los dos años anteriores

Estado dejó de recaudar US$ 3.194: por exenciones

El Estado dejó de recaudar US$ 3.194 millones en 2012 (un 6,4% del PIB) por exoneraciones, deducciones y tasas reducidas de impuestos. Por cada $ 10 que recaudó el fisco ese año, resignó otros $ 3,50. La mayor parte fue por IVA.
Por el IRPF el Estado resignó unos US$ 314 millones de recaudaciones. Foto: Agustín Martínez
MARCELA DOBAL
Esas renuncias fiscales fueron estimadas por la Dirección General Impositiva (DGI) en su informe anual de gasto tributario finalizado días atrás y al que accedió El País. Ese gasto ascendió a $ 64.858 millones (unos US$ 3.194 millones al dólar promedio).
Esa resignación equivale a un 35% de los ingresos obtenidos en 2012 por los seis principales impuestos que administra el fisco, un nivel superior al alcanzado el año anterior (34,5%). También fue mayor en términos del Producto Interno Bruto (PIB), ya que subió de 6,31% a 6,40`% (ver tabla).
A mediados del año pasado, el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Jerónimo Roca, afirmó que -con una mirada a mediano plazo- se estaban estudiando propuestas sobre cómo generar espacio fiscal para avanzar más con las políticas en educación, salud y vivienda. Entre las opciones técnicas que consideraban figuraba revisar el gasto tributario o elevar la presión impositiva.
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El comportamiento del gasto tributario en 2012 fue dispar según el tributo. El del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) aumenta, mientras que el del Impuesto al Patrimonio y el del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) baja. En el caso del Impuesto Específico Interno (Imesi) y el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP), se registró el mayor valor del período analizado por el informe (desde 2010), luego de una leve caída en 2011.
Como es usual, la renuncia por IVA explicó la mayor parte de la pérdida fiscal en 2012. Fueron $ 25.317 millones (unos US$ 1.247 millones), que se explicaron principalmente por el costo de gravar determinados bienes y servicios a la tasa mínima (10%, en vez de la básica de 22%), las ventas de ciertos combustibles derivados del petróleo, los arrendamientos de inmuebles y los servicios de enseñanza (exonerados de IVA).
Le sigue en importancia el gasto tributario por IRAE, que ascendió a $ 16.807 millones (US$ 828 millones), lo que representa un 69% de la recaudación del impuesto ese año. Esto significa que por cada $ 10 que se recaudaron por IRAE, otros $ 7 se dejaron de recaudar por exoneraciones.
La mayor parte de esa resignación fiscal es por rentas generadas en zonas francas y proyectos de inversión que fueron promovidos por el Poder Ejecutivo, ya que representan un 25,4% y un 19,7% de la recaudación de IRAE, respectivamente. Aunque quizás algunos de los emprendimientos no se hubieran llevado adelante si no existiera este beneficio fiscal.
La renuncia asociada al Impuesto al Patrimonio fue la tercera más importante en 2012: $ 10.905 millones (unos US$ 537 millones). La cifra representa un 102% del dinero que ingresó ese año al fisco por ese impuesto. En otras palabras, por cada $ 10 que se recaudaron por Patrimonio, otros $ 10,20 se resignaron. Por tanto, es el impuesto "que tiene la mayor base exonerada".
La principal línea de gasto son los "activos exentos" (equivale a 56,5% de la recaudación del tributo) y luego el patrimonio en zonas francas y el agropecuario (este último perdió la exoneración en 2013).
El tercer impuesto con mayor gasto tributario fue el IRPF, que sumó $ 6.372 millones (unos US$ 314 millones), lo que equivale a 24% de su recaudación efectiva en 2012.
La mayor magnitud de esa resignación correspondió a los resultados obtenidos en los Fondos de Ahorro Previsional que administran las AFAP, que están exonerados del impuesto. Le siguió en importancia la deducción de 30% que se aplica a ingresos de trabajadores independientes para determinar la renta computable.
El informe destaca que "si bien el gasto tributario en el IRPF representa el 24,23% de la recaudación total del tributo", la categoría I (rentas del capital) "es superior": "representó el 129% de la recaudación total de la categoría I observada en el año 2012", mientras que en la categoría II (rentas del trabajo) la renuncia fiscal "representa el 6,6% de la recaudación de esa categoría".
En tanto, las pérdidas de recaudación en el Imesi sumaron $ 800 millones (unos US$ 39,4 millones). Las más relevantes corresponden al subsidio a la cerveza otorgado a los fabricantes. Ese subsidio implica $ 408 millones (US$ 20,1 millones).
La segunda línea de gasto tributario en Imesi fueron las "excepciones", que surgen de solicitudes otorgadas por la DGI y presentadas para el trámite de importación en Aduanas. El principal ítem en este grupo son los automóviles.
Finalmente, la renuncia fiscal en ITP -que se estimó por primera vez- fue muy baja en 2012: $ 41,4 millones (unos US$ 2 millones). Representó un 2,9% de la recaudación del impuesto ese año. El monto se explicó principalmente por las exoneraciones contenidas en el artículo 7° del título 19 del Texto Ordenado 1996 (por ejemplo, las enajenaciones de inmuebles realizadas por cooperativas de vivienda, fondos sociales y ciertas sociedades civiles).

Industria y comercio más beneficiados

La industria manufacturera y el comercio al por mayor y menor son los sectores de actividad que implicaron mayor gasto tributario en Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) e Impuesto al Patrimonio en 2012, según el informe de DGI.
La renuncia fiscal destinada a la industria fue de $ 6.007 millones (unos US$ 296 millones al dólar promedio de ese año). En tanto, la resignación del fisco que benefició al comercio sumó $ 5.863 millones (unos US$ 289 millones). En ambos sectores, la mayor parte del beneficio provino de las exoneraciones de IRAE.
El podio lo completó la "producción agropecuaria, forestación y pesca". A ese sector se destinaron $ 3.508 millones (cerca de US$ 173 millones) considerados gasto tributario. En este caso, por el contrario, la mayor parte se debió a la exoneración del Impuesto al Patrimonio (que dejará de tener en 2013). Lo mismo ocurrió con las "actividades financieras y de seguros", que significaron $ 2.598 millones (US$ 128 millones) en gasto tributario en 2012. El quinto sector más beneficiado fue "transporte y almacenamiento", que atrajo $ 2.144 millones de la resignación fiscal (casi US$ 106 millones). Le siguieron las "actividades inmobiliarias", que recibieron $ 1.157 millones (US$ 57 millones).

Las cifras

35%

Es lo que que representó el gastotributario en 2012 en relación a la recaudación de la Dirección General Impositiva de ese año.

1.247

Fueron los millones de dólares deresignación fiscal en el IVA, sobre todo por gravar bienes y servicios al 10% en vez de al 22%.

Promoción de inversión récord

En 2013 la Comisión de Aplicación de la ley de inversiones (Comap) recomendó al Poder Ejecutivo la promoción de proyectos de inversión del sector privado por US$ 2.931 millones, un monto récord desde que está vigente la ley 16.906. Los datos divulgados ayer muestran que en enero-diciembre fueron recomendados 622 proyectos, lo que implica un descenso frente a los 891 del año anterior. No obstante, el monto de inversión asociada creció un 24% hasta sumar US$ 2.931 millones. En el año se recomendaron 313 emprendimientos en el Interior, 291 en Montevideo y 18 en varios departamentos a la vez.
A cambio de los beneficios fiscales, los proyectos se comprometieron a aumentar su plantilla de trabajadores, elevar sus exportaciones, invertir en procesos de producción más limpia y en investigación, desarrollo e innovación. El año pasado también se usaron indicadores previstos en la nueva reglamentación del régimen (decreto 02/012), como la contratación de colectivos vulnerables (2 proyectos), la formación continua y capacitación (56 empleos) y mejoras en el nivel tecnológico del producto (35 proyectos).
En 2013 fueron 128 las empresas nuevas que obtuvieron recomendación de la Comap, con inversiones por US$ 1.896 millones. Si bien la cantidad de proyectos de empresas nuevas se mantuvo constante en términos relativos desde 2010 (en promedio, casi un 20%), los montos de inversión asociados han ido creciendo, siendo en 2013 un 80% mayor al año anterior y superando el monto de las empresas en marcha.