miércoles, 23 de noviembre de 2016

Andrzej Wadja


A los 90 años murió uno de los más destacados cineastas europeos. Su obra es el reflejo de la vida social y política de su Polonia natal, atravesada por ocupaciones, rebeliones, guerras y resistencias. Su propia vida está marcada directamente por estos hechos, siendo su padre victiman en la masacre de  Katyn cuando las fuerzas estalinistas eliminaron a miles de opositores. La resistencia a la ocupación nazi lo encontró entre sus filas y su obra estuvo al servicio de la lucha contra la dictadura de Jaruzelski, primer ministro polaco.
Su ultima candidatura al Oscar fue por su película “Katyn” donde relata aquella masacre donde mataron a su padre, oficial del ejército polaco.
Sus películas “El hombre de hierro”, “El hombre de Mármol” donde interpela directamente a la dictadura estalinista llevaran a que el régimen prohíba su obra.
En el surgir del sindicato “Solidaridad” y la figura de Walesa encontrara Wadja una fuerte inspiración, llegando a producir una película sobre el controvertido dirigente e incluso a ser senador por Solidaridad. Walesa aparece como líder de la resistencia a la dictadura, pero también como agente del Vaticano y Estados Unidos promoviendo la restauración “ordenada” del capitalismo en Polonia.
Ver la obra de Wadja, es ver la historia descarnada y sufrida del pueblo Polaco, desde los films anti bélicos en sus inicios, como “Generación “ o “Cenizas Y diamantes” hasta la última “Katyn”.
Recibió la Palma de Oro en Cannes en 1981 por “El hombre de hierro” y fue cuatro veces nominado al Oscar para ser finalmente premiado por su trayectoria en el año 2000.
De sus más de cuarenta películas destacan, además de las mencionadas, Cenizas y diamantes (1956), La tierra de la gran promesa (1975), Las señoritas de Wilko (1979) o Danton (1983). Ha dejado acabado pero sin estrenar comercialmente el biopic Powidoki, sobre el artista de vanguardia Wladyslaw Strzeminski, y que es la película elegida por Polonia este año para la carrera de los Oscar.

Mago

HOSPITAL DE CLINICAS

Convocatoria a Marcha y Declaración del
Movimiento Todos por el Clínicas, contra las PPP
“DECLARACIÓN DEL MOVIMIENTO TODOS POR EL CLÍNICAS, CONTRA LAS PPP”
El Hospital de Clínicas desde sus orígenes fue concebido como una propuesta profundamente transformadora del modelo asistencial, docente y administrativo existente hasta el momento en el país. Durante su proceso de creación generó profundos debates sobre el concepto hospitalario y de atención en salud, que resultó en la creación de un Hospital a cargo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
La pertenencia a la Universidad fue una lucha que se forjó desde el campo popular, y que se ganó en base a movilización, no fue un regalo del poder político, sino una victoria popular.
Su situación actual es crítica y se arrastra por décadas de subsistir con magros presupuestos recibidos y malas gestiones. Se funciona en pésimas condiciones sanitarias, de higiene, edilicias y de internación, vulnerando los derechos de los pacientes a una atención de calidad, así como condiciones laborales indignas para todos los trabajadores del hospital.
Durante el 2015 la Universidad solicitó dentro de su pedido presupuestal, montos para dar inicio a la refuncionalización del Hospital Universitario, pero esto fue negado por parte del gobierno, lo que se ha traducido en un impedimento de las mejoras necesarias en la atención a la salud, en las condiciones de estudio y de trabajo para quienes son día a día el sustento de nuestro Hospital. La reciente escasa asignación presupuestal empuja peligrosamente a profundizar el proceso de deterioro. La Universidad cuenta hoy con un proyecto de remodelación y mejora de la planta física del Hospital que genera un amplio consenso.
El proyecto implica un Hospital Universitario que contempla el componente asistencial y el componente docente, sin perder ese carácter, reagrupando las áreas asistenciales y docentes, de acuerdo a un nuevo modelo “docente-asistencial”, generando un nuevo modelo de áreas y circulaciones diferenciadas, públicas y restringidas.
El proyecto cuenta con un estudio de viabilidad de la ejecución de las obras manteniendo el Hospital en funcionamiento. La obra estimada para al menos 7 años de construcción tiene un costo total que ronda los 120 millones de dólares.
El Gobierno propone como único mecanismo de financiamiento la Ley de Participación Público Privada (PPP). Esta alternativa además de implicar un gasto total de dinero público mayor que el capital original de la inversión y sus intereses, requiere adaptar el proyecto académico asistencial a los objetivos de rentabilidad del inversor privado.
En este escenario el MEF ya ha sugerido que para lograr interés de los privados, el proyecto universitario debiera ser modificado, por ejemplo mediante la construcción de un nuevo edificio y la privatización de diversos servicios que conforman actualmente el funcionamiento del Hospital.
¿Qué son bien las PPP?
La versión moderna de la privatización - la PPP - fue aplicada por primera vez en Inglaterra en los años 1980 por el gobierno de Margaret Thatcher. La introducción de reglas fiscales neoliberales redujo el endeudamiento estatal, pero el gobierno estaba obligado a invertir en infraestructura, y este mecanismo se volvió en la solución política a las medidas de austeridad. En nuestro país la Ley 18.876, aprobada en 2011, permite que un privado financie, construya o gestione algún elemento del servicio público, y luego recupere la inversión mediante el pago de una cuota (canon) y mediante la privatización de algún área de la administración pública. La Ley prevé contratos de largo plazo (hasta 35 años).
En todos los casos los fondos con que finalmente se termina financiando el emprendimiento salen del Estado. En el caso del HC donde se privatizaría un servicio como la limpieza, el mantenimiento, etc., el dinero provendría del propio presupuesto universitario. El gasto total de dinero público termina siendo mucho mayor que el capital original de la inversión y sus intereses, y es allí donde reside el negocio lucrativo que atrae al capital privado hacia este tipo de obras.
Si bien a los inversores les gusta afirmar que las PPPs son una forma de recaudar financiación privada para respaldar proyectos públicos, los mayores flujos se producen exactamente al revés.
Las empresas privadas y los fondos de capital privados utilizan una pequeña cantidad de su propio capital como fondos, y consiguen recaudar una inversión de capital adicional de los financiadores internacionales, así como contraer una deuda que está garantizada por el sector público, o incluso proporcionada directamente por el sector público en forma de préstamo. En nuestro país, una posible fuente de financiación son los Administradores de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP)
En este tipo de asociaciones intervienen distintos grupos económicos, desde la empresa que se encarga del proyecto en un inicio, los bancos que aportan el capital inicial (nacionales o extranjeros), la compañía de seguros que absorbe riesgos del negocio, las empresas constructoras hasta aquellas que realizan las operaciones diarias (mantenimiento, limpieza, gestión, etc.). Las propias consultoras (p. ej. CPA Ferrere) obtienen beneficios de la labor jurídica y de asesoramiento que se deriva de los complejos procesos contractuales con las PPP. Cada uno de estos actores recibe una tajada que proviene del presupuesto nacional o de los propios usuarios.
Es por ello que estas iniciativas son fuertemente promovidas por los organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial, BID) a través de la introducción de legislación en los distintos países, el marketing y el lobby, y mediante la creación unidades de promoción y gestión de las PPP dentro de la propia administración pública. Estos mecanismos son también promovidos en los tratados secretos TISA, TTP y TTIP a impulso de las grandes multinacionales.
¿A quién está respondiendo
el gobierno con esto?
El motivo por el que el gobierno opta seguir este camino, responde a cómo se orienta la política económica, que se basa en fomentar la inversión privada y en reducir “el costo del estado”. En términos formales responde a una particular forma de contabilizar las inversiones públicas, resultante de un viejo acuerdo con el FMI en los años 80 (y que Uruguay no está obligado a mantener) y que indica calcular todo el gasto de una inversión a lo largo de un periodo de gobierno, poniendo todo el gasto en el primer año de ejercicio, lo cual implica que en ese primer año la cuenta de que se tiene un déficit fiscal grande, a pesar que el gasto real se haga a lo largo de varios años. Y a su vez el gobierno se impone como objetivo bajar el déficit fiscal, por lo que busca reducir los gastos en ese año inicial.
El gobierno usa entonces las PPP como una estratagema contable, una manera de sortear las propias restricciones del gobierno (impuestas desde el extranjero por las calificadoras de riesgo) sobre el endeudamiento público - y esto ha sido reconocido oficialmente - de forma de mantener el grado inversor que asegure la llegada de Inversión Extranjera Directa a nuestro país.
Hay que tener presente que estos lineamientos del FMI tenían como objetivo liberalizar las economías y privatizar las empresas estatales. Hoy el gobierno nacional continúa tomando las decisiones con esa regla y la solución parece estar en variadas formas de incentivar al sector privado, en particular la Participación Pública Privada (PPP), asociación que no sólo privatiza la inversión, sino también el funcionamiento.
Prioridades
Tomando en cuenta que en el 2015 según el informe del MEF el presupuesto nacional financió gastos por el 31,8% del PIB, aproximadamente 17 mil millones de dólares y que según el último informe 2015 del Banco Central del Uruguay la deuda bruta del sector público a diciembre de ese año era de 31.390 millones de dólares y la deuda neta de 12 513 millones de dólares. Entendemos que es posible invertir en la remodelación del Clínicas, ya que el dinero necesario para la remodelación del Hospital de Clínicas requiere una inversión del entorno de los 120 millones de dólares, distribuido en al menos 5 años, esto implicaría un gasto de unos 24 millones de dólares por año, lo que representa montos comparativamente pequeños en relación al gasto público (0,14%) y la deuda pública (0,38%).
Resulta evidente que para el gobierno nacional la remodelación del Hospital de Clínicas no es una prioridad, pues si así lo fuera financiaría la obra sin dar vueltas y sin chantajes
La orientación económica del gobierno ya no se observa solamente en los indicadores macroeconómicos, la extranjerización de los factores de producción, los niveles de dependencia, etc., sino que cada vez más tiene incidencia concreta en los asuntos cotidianos del pueblo: la salud y la educación pública son claros ejemplos de ello.
Porque si hablamos de prioridades públicas, el Hospital de Clínicas atiende usuarios del sistema público de salud y sin embargo no recibe un solo peso por FONASA, al que aportan todos los trabajadores y del que sí reciben cifras millonarias los privados.
El ahogo presupuestal al que se ha sometido al Hospital obliga a la Universidad de la República a ser la única fuente de financiamiento del HC, destinando más de la quinta parte de todo el presupuesto universitario.
Es importante entonces el reclamo de fondo, el Hospital de Clínicas debe recibir presupuesto acorde a la asistencia sanitaria que realiza y al imprescindible rol que tiene en la salud del país.
El desconocimiento descarado de esta realidad y la ausencia de dinero acorde es la base del problema del Clínicas, tratándose de una política deliberada de hundir presupuestalmente al Hospital, llegando este a tener múltiples carencias y a no contar con los fondos suficientes para remodelarse para luego ofrecer como solución la vía de la asociación con capitales privados. Unidos derrotaremos la privatización del Hospital del Pueblo
Quienes conformamos el Movimiento Todos por el Cínicas llamamos a todos los universitarios comprometidos y a la ciudadanía en general a defender la salud y la educación públicas, que son derechos humanos fundamentales cuyo ejercicio no puede quedar condicionado por el interés de los grandes capitales. Invitamos a todos a sumarse a este Movimiento por el Hospital de Clínicas, con el objetivo de frenar el avance de su privatización y de poner a nuestro hospital universitario a la altura que el país y su gente merecen.
La Universidad de la República no tiene simplemente la posibilidad de ser la que cierre la puerta a las privatizaciones: tiene el deber político de hacerlo. ? Cuando la PPP vuelva a estar sobre la mesa del CDC, serán los estudiantes, los trabajadores y los docentes que no hayan abandonados sus principios, quienes aportarán las reservas morales para combatir el avance de las privatizaciones en la educación y la salud
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Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas
17 de noviembre de 2016
A sindicatos, gremios y organizaciones sociales:
Compañeros y compañeras,
Como es conocido por todos ustedes, la Universidad con fecha 13 de setiembre de 2016 resolvió inscribir el proyecto de refuncionalización del Hospital de Clínicas en el registro de proyectos PPP.
La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas se ha manifestado en contra de esta propuesta pues consideramos que es una privatización no solo de la planta física sino de su gestión y operación. La Mesa Representativa del Pit-Cnt también ha tomado una resolución en ese sentido contra las PPP en la Salud y la Educación.
La UdelaR elaboró un proyecto propio arquitectónico el cual fue consensuado por todos los involucrados y los trabajadores agregamos una forma de financiación (exoneración del 50% a la universidad de los aportes patronales, que son actualmente de 19.5%) durante los años que demore la construcción. Esto bastaría para pagar las obras de refuncionalización, pero la propuesta fue rechazada por el Poder Ejecutivo. Entendemos que la Universidad cede al "chantaje" de "es esto o nada" lográndose en el CDC una votación a favor muy ajustada y que ha significado un quiebre en el demos universitario.
Consideramos que una resolución de esta envergadura no se puede dar por mayorías circunstanciales y ajustadas cuando significa un ataque a la autonomía universitaria.
Es en ese sentido que conformamos junto con el sindicato de AFFUR, la FEUU, grupo de egresados universitarios, compañeros de docentes universitarios, jubilados y otros agrupamientos sindicales y sociales un movimiento plural "MOVIMIENTO TODOS POR EL CLÍNICAS, CONTRA LAS PPP" para aunar fuerzas en un plan de acción.
En el marco de este plan es que estamos convocando a todos los sindicatos, gremios estudiantiles y organizaciones sociales a adherirse a la marcha que realizaremos el 22 DE NOVIEMBRE A LAS 18 HS. DESDE LA EXPLANADA DE LA UNIVERSIDAD HASTA LA TORRE EJECUTIVA
Solicitamos también ser recibidos por vuestras organizaciones cuando así lo dispongan para intercambiar sobre esta problemática que afectaría a los trabajadores, a los usuarios, a toda la universidad y a todo el pueblo trabajador.
Por secretaría de Relaciones UTHC: Gabriel Bebanz / Isabel Figari
UTHC
Hospital de Clínicas
Impulsan la entrega a privados.                                                                          Por nueve votos en 16, el CDC de la Udelar resolvió iniciar el procedimiento de PPP para la reforma del Clínicas
La decisión de utilizar la vía de las PPP ( participación publico privada ) se aprobó con los votos de Markarian , los tres representantes del orden docente y los decanos de Arquitectura ,Ingeniería , Odontología  ,Veterinaria y Agronomía , mientras votaron en contra los estudiantes  ,egresados y el decano de Medicina . También se manifestaron en contra (sin contar con voto) los trabajadores del Clínicas (UTHC) y los no docentes (AFFUR).
Los encargados de defender la privatización, utilizaron como argumento el chantaje, mostrando  el uso de la PPP como un mal menor, ya que era esto o nada. El gobierno rechazo el plan propuesto por la Udelar que permitía llevar adelante las obras necesarias .
El consejero egresado Federico Kreimerman dio en el clavo, al comparar los 20 o 30 millones de dólares anuales necesarios para la obra de revitalización del Hospital con los 30.000 millones anuales de la deuda pública, señalando que no era un problema de fondos, sino de prioridades (La Diaria).
El mecanismo de las PPP implica entregar la dirección del Hospital a las necesidades del inversor, priorizando las ganancias.
Los sucesivos gobiernos han negado recursos al Clínicas ,que sobrevive a duras penas y a pesar de la falta de dinero brinda una atención de calidad  siendo ,como hospital escuela, vital para la formación profesional.
Desde el gremio de trabajadores, la UTHC, se impulsa la formación de un comité de defensa del Hospital, llamando a todas las organizaciones sociales a integrarse, la privatización se puede parar derrotando a Markarian, el vocero del gobierno en la Universidad.


CUATRO TRABAJADORES MUEREN EN INCENDIO


Incendio en fábrica
La responsabilidad del Estado y la patronal en la muerte de cuatro trabajadores
El pasado 25 un incendio se desato en un depósito y fábrica de fuegos artificiales en Camino del Andaluz, próximo a Toledo. Tres jóvenes trabajadores murieron en el acto y un cuarto falleció días después en el Cenaque.
La empresa Trick Ltda. Inscripta como importadora, funcionaba en forma irregular al no contar con habilitación de Bomberos, tener en desuso las tomas de agua  y carecer de habilitación comercial. La Comuna conocía los hechos ya que en 2014 esta empresa había comenzado los trámites ante la propia Comuna, así como el trámite para la habilitación de bomberos. Todo para usar como depósito de artículos de bazar y otros que dicha empresa importa. En el caso de la fabricación y depósito de fuegos artificiales (marca Meteoro) se necesitan otras medidas de prevención así como la habilitación del servicio de material y armamento del ejército.
Está claro que las autoridades fueron omisas en el control de la empresa y tienen responsabilidad junto al empresario en la muerte de los cuatro compañeros.
Los familiares y vecinos se manifestaron reclamando justicia, esto es más que un accidente, es el resultado de la desprotección del trabajador por la inacción de los organismos que deberían garantizar las normas, desde el ministerio de Trabajo  hasta Bomberos.
Tincho

flor de maroñas

Desde siempre el barrio Flor de Maroñas cuenta con dos líneas del transporte capitalino. Desde que se inauguró el sábado 19 de noviembre el "Intercambiador Belloni", dichas líneas cambiaron su destino.
Una de ellas (Linea L41) tenía como destino la esquina de Comercio y Juanico. Ahora su desino es el intercambiador que se encuentra en la Curva de Maroñas.
Luego está la línea 115, cuyo anterior destino era el centro de Montevideo. Desde el sábado 19 los fines de semana su recorrido acaba en el intercambiador. Y entre semana desde las 08:55 hasta las 16:48 también.
Todo el barrio se ve afectado por esto. Ya que el 115 era un ómnibus directo que servía a muchos para ir a trabajar y/o estudiar. Con esta nueva medida nos obligan a bajarnos a la salida del barrio para hacer trasbordo siendo que si el coche continuara con su antiguo recorrido nos ahorraríamos muchísimo tiempo.
Lo que espero conseguir es que los ómnibus vuelvan a tener sus correspondientes destinos y se acabe con esta medida que obliga al pasajero a tener que hacer trasbordo.
Esta petición será entregada a:
  • Intendente Daniel Martínez
  • Cutcsa


    Marcelo Marchese


    Marcelo Marchese
    UyPress 21.11.2016
    En una reunión de veteranos el cantor empuñó la guitarra para entonar A desalambrar. El auditorio lo siguió a destiempo, desafinando y con emoción forzada.
    La escena era patética; cuanto más abandonaba este grupo sus sueños de juventud, más se aferraba a un símbolo del pasado. No los culpemos, el hombre suele enterrar sus sueños bajo los escombros que arroja, día a día, la experiencia. Ahora bien, y este es el quid del presente artículo, lo triste es que llamemos experiencia a la suma de nuestros fracasos.
    Antes de abordar las causas de este fracaso nacional, y en suma, antes de analizar qué ha impedido erradicar el cáncer del latifundio, debemos señalar un hecho singularmente irónico. Aquellos veteranos desconocían que, precisamente, el partido que habían votado con entusiasmo o bajo la consigna lo otro es peor, hoy lleva a cabo un proceso de desalambramiento de los campos comenzado con la apertura democrática.
    Expliquemos esto con mayor detalle. En los tiempos de Latorre, en la década del 70 del siglo XIX, se alambraba para controlar el ganado, para impedir que un toro de raza regara su semen por otros lares y para apropiarse de tierras ajenas. Si el medianero no podía pagar el alambramiento forzoso, forzosamente perdía su campo. Como no hubo necesidad de llevar a cabo una mensura, los latifundistas echaron mano a una masa indeterminada de tierra, incluyendo caminos fiscales. Para aproximar al lector a la entidad de este pillaje, hacia 1836, dos tercios de las tierras laborables del país eran terrenos fiscales. La ley del más fuerte determinó que los latifundistas arrojaron a cuarenta mil personas a los caminos, el 10% de la población rural. La génesis del latifundio en nuestro país, desde la colonia, está asociada al robo y a innumerables maniobras que rara vez incluyeron el desembolso de dinero, o al menos, eso dicen TODOS y cada uno de los textos que estudian su origen y no hay uno que diga lo contrario, pues a los guardianes del latifundio no les conviene siquiera mentar la infancia de la criatura. Prefieren, y hacen bien, correr un denso velo sobre el pasado ante los ojos de la República.
    Cien años después, a partir de las exoneraciones impositivas y demás estímulos a la forestación que desembocaron, misteriosamente, en la instalación de tres pasteras (pues estas gentes planifican las cosas) llegamos a que los monocultivos de eucaliptus y pinos ocupan un millón y fracción de las 16 millones de hectáreas laborables de nuestro país. Por su cuenta, la soja, la planta sagrada de Mujica, alcanza una superficie similar. Ocurre que estos cultivos no siempre precisan de alambrado (1) pues molestan a las grandes cosechadoras, por lo que, sin mentar a Viglietti, y a la sordina, se viene desalambrando a piacere.
    Desde la colonia hasta ahora habrá variado esto o lo otro, pero hay algo que se mantiene intacto: el latifundio que no para de crecer. Como normalmente aquello que se extiende lo hace a costa de otra cosa, año a año pierden sus campos mil cien productores rurales, cuyos terrenos caen en las bocas abisales del latifundio.
    En 1963 un 19% de la población vivía en el campo; en 1985 un 13%; para el 2004 bajamos al 8% y en el 2011 descendimos al 5%. Habida cuenta que no hay un pujante sector industrial que absorba esta mano de obra, con toda evidencia queda medrando en actividades no directamente productivas, en tanto en el medio rural se deteriora el tejido económico y social.
    La situación es un poco más funesta si pensamos que un porcentaje considerable de esas tierras está en manos de extranjeros. Digamos, un 25% (según fuente interna de una de las mayores empresas agrícolas que operan en Uruguay, el porcentaje es de un 40%). No podemos saber este porcentaje con precisión, cada vez que opera en la compra una sociedad anónima o un testaferro ¿Pero un gobierno, sea de izquierda o derecha, no se preocupa por la pérdida de soberanía que significa entregar el 25% o quién sabe cuánto del territorio a quién sabe quién?
    Se preocupa, sí señor. Hizo una ley que impide que las sociedades anónimas compren tierras. La ley fue redactada. El problema es que aguarda, en un cajón, y entre las polillas, a ser sancionada ¿Cómo es eso? Eso mismo le pregunto al lector, pero sigamos, que hay mucha cáscara para rascar sobre la llaga del latifundio. Si alguien duda de la magnitud de la entrega, que atienda a este dato aportado por el Instituto Nacional de Colonización: durante el 2010, el 83% de las hectáreas compradas en el país quedaron en manos de extranjeros
    En el 2011, y considérese que estas cifras ya quedaron atrás, ocho empresas forestales poseían 720.000 hectáreas: Montes del Plata 250.000 y UPM 200.000. Es de suponer que en un radio de 200 kilómetros de la tercera pastera, UPM haya comprado ahora considerables territorios. Montes del Plata y UPM controlaban el 50% de la superficie forestada y esta característica se extendía al resto de los principales rubros agrícolas. Mas, si la concentración de la tierra en manos de extranjeros es escandalosa ¿qué decir de la industrialización de los productos agrarios y su exportación?
    En el 2011 el 87% del procesamiento del arroz estaba en manos de brasileros. Los 10 frigoríficos más grandes concentraban el 70% de la faena y al menos 8 de ellos eran propiedad de extranjeros. En la madera, los extranjeros concentran la virtual totalidad de los dos procesos. En la soja, de la que sólo industrializamos un 5% (contra un 52 y un 71% que industrializan Brasil y Argentina) cinco empresas extranjeras concentran el 77% de las exportaciones.
    ¿Cuáles son los problemas derivados de la extranjerización de la tierra, la producción industrial y la exportación de los productos agrícolas? El primero de todos es la fuga de capitales. La renta resultante no necesariamente se reinvierte en el país, por lo cual podemos asistir a un crecimiento de "nuestras" exportaciones, pero ese crecimiento no significa desarrollo (dejemos de lado el problemita de las exoneraciones impositivas)
    Habría desarrollo si ese crecimiento generara un encadenamiento productivo, si ese crecimiento fuera dinamizador de nuestra economía. En síntesis, se produce aquello que es rentable para otros y no necesariamente lo que nos beneficia. La ganancia de esa producción vuela y además el productor extranjero no se preocupa por la erosión del suelo a largo plazo (menos aún si arrienda, algo común en la soja). Los países que han dado un salto desde una economía agrícola a una economía industrializada, han reinvertido su renta agropecuaria. Esos países no cargan la tara del latifundio, que en los países atrasados, como en Latinoamérica, es resultado, por un lado, del proceso de colonización de las potencias ibéricas, y por el otro, de la propia dinámica de la relación entre los países imperiales y los países dependientes, relación que fortalece al latifundista y le permite acrecentar su poder político. Los países imperiales nos venden productos industrializados, inclusive nos venden la soja procesada, y nosotros les vendemos bienes primarios, que constituyen el 75% de nuestras exportaciones.
    Pero al problema de la extranjerización de la tierra y su producción y exportación de bienes, agreguemos los propios problemas emanados del latifundio a secas.
    "La propiedad [de la tierra], en realidad, no debe ser de nadie; o más bien dicho, debe ser de todos, y la entidad que representa a todos es la sociedad". Acaso el lector se sorprenda si le digo que esta frase no fue lanzada al mundo por Vladimiro Lenin en la Rusia revolucionaria, sino por el Pepe Batlle en el país del latifundio. Basta comparar esta consigna de un colorado de principios del siglo XX con el actual discurso de la izquierda del siglo XXI, para medir el retroceso ideológico en nuestro país. La idea de la tierra como un bien público (así como el aire y el sol) la debemos tomar en un doble sentido. Primero, por lo que significa ante la inaguantable división de la riqueza, y segundo, en el sentido de considerar la tierra como un bien dinamizador de nuestra economía y de nuestra vida política. Un inteligente reparto de este recurso vital permitiría reinvertir la renta agropecuaria, alentaría la producción industrial reincorporando rubros abandonados y agregando nuevos, atenuaría la inflación galopante, poblaría el campo y restablecería su tejido social, crearía más y mejores puestos de trabajo, permitiría cultivos más orgánicos y menos dañinos para el agua y la tierra y la gente, aumentaría un mercado interno necesario para el desarrollo inicial de cualquier actividad industrial, brindaría más ingresos al Estado, volcaría a la Universidad a la necesaria tarea de aliarse con los productores rurales para mayor beneficio del país y al convertirse todo esto en una tarea nacional, activaría la dinámica republicana, y aquí llegamos a lo que apuntábamos en el principio del artículo: las causas de la derrota de aquella generación que luchó, con riesgo de su vida, por la reforma agraria.
    Aunque el FA haya erradicado de su discurso la imprescindible reforma agraria, hay algo todavía más grave: el tema no está a la orden del día; a la orden del día está esperar que todo este proceso de extranjerización de nuestras riquezas y ruina de nuestra soberanía en todos los sentidos, redunde en desarrollo, supongamos que para el día en que le crezcan pelos a los huevos. Los gobiernos responden, también, al orden de ideas que impera en una sociedad. El problema es el orden de ideas que impera en la nuestra; el problema es que no advertimos las consecuencias funestas del latifundio. Sin generar una masa crítica no saldremos nunca del pozo, y viviremos al vaivén del precio de las commodities. Poco importa quién acceda al gobierno; la clave está en la creación, primero, de esa masa crítica, tarea que superó a aquellos militantes por varios motivos, sea por una dictadura atroz, sea por la incapacidad de analizar con cabeza propia la realidad. Cuando uno no puede analizar los hechos, los hechos te sepultan como escombros que arrojan los días a modo de experiencia.
    Ya todos sabemos que en cuanto a ineficiencia y corrupción, nada separa al actual partido de gobierno de los anteriores (sin mentar el futuro gran papelón de la regasificadora, que superará a todos los demás). Ya todos sabemos que en cuanto a pensar un nuevo modelo educativo, nada separa al actual partido de gobierno de los anteriores. Lo mismo sucede con el problema de la seguridad y con la clave de las claves, emprender un modelo de desarrollo viable. Si el funcionario, o quien fuere, no está armado con un arsenal teórico independiente, se convierte en administrador de las teorías pensadas por otros. Si no elaboramos un modelo nacional, el modelo será impuesto desde afuera por las trasnacionales, que marcan el compás mientras se adueñan de nuestras riquezas. Si no transformamos estos escombros diarios en material de pensamiento de nuevas realidades, seguiremos vegetando a la sombra del latifundio.
    (1) ¿Quién va a entrar a robar ganado o a cazar una mulita allí donde, entre los eucaliptus y pinos, sólo habitan cotorras y serpientes?

    lunes, 7 de noviembre de 2016

    ENTREGA DE FIRMAS


    los trabajadores nos tenemos que ajustar el cinturon , mientras otros......


    Exoneraciones tributarias en 2016 beneficiaron a una tabacalera, a una AFAP privada y a la empresa Claro
    En 2007, el primer gobierno de Tabaré Vázquez reglamentó la Ley de Inversiones 16.906, que había sido aprobada en 1998. Se estableció como requisito para promover las inversiones mediante exoneraciones tributarias, entre otros, el cumplimiento de metas en materia de generación de empleo productivo, la mejora del proceso de descentralización, el aumento de las exportaciones, el incremento del valor agregado nacional, la utilización de tecnologías limpias y las inversiones en investigación. Un decreto posterior, en 2012, eliminó criterios que se consideraban de difícil medición, incorporó indicadores nuevos, como el de la calidad del empleo, y estableció beneficios para las pequeñas y medianas empresas. El concepto de “inversión” tiene un sentido amplio: incluye bienes corporales e incorporales, la realización de mejoras, plantaciones, etcétera.
    Para solicitar el beneficio, las empresas deben presentarse ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap). Un equipo de funcionarios de distintos ministerios resuelve si el proyecto presentado cumple con las condiciones establecidas en la normativa y eleva un proyecto de resolución al Poder Ejecutivo, que finalmente aprueba la inversión. La Comap dispone de 60 días para pronunciarse sobre el proyecto de inversión, y si no lo hace, se considera aprobado. El seguimiento de la inversión se realiza por medio de declaraciones juradas de los beneficiarios, y la Comap puede además efectuar controles en cualquier momento del proceso de ejecución del proyecto.
    Al analizar la evolución del monto destinado a exoneraciones tributarias en aplicación de la Ley de Inversiones entre 2005 y 2015 -las cifras figuran en dólares, y por lo tanto puede haber variaciones por el tipo de cambio- se observa un crecimiento en el volumen de dinero destinado a este mecanismo. En 2005 se destinaron 295 millones de dólares, y en 2015, 2.413 millones de dólares. En el período, hay dos saltos pronunciados: de 2007 a 2008 creció más de 100% el monto destinado a exoneraciones, y entre 2011 y 2012 también hubo un crecimiento marcado (ver gráfico).
    En cuanto a las exoneraciones por sector, puede observarse que en 2016, de los proyectos aprobados por la Comap, 73,3% se destina a la industria, 12,3% a los servicios, 8,9% al agro y 5,5% al comercio. No obstante, hay superposiciones y datos llamativos en la clasificación que hace la Comap de la inversión por sector. Por ejemplo, en las inversiones catalogadas como “industria” se pueden encontrar proyectos tales como “cría de ganado vacuno”, “venta de productos químicos”, “producción de huevos”, “alquiler de equipos de cine y video”, “almacenaje de granos”, “freeshop”, “consultoría informática”, “servicios contables”, “intermediación en compraventa y arrendamiento de inmuebles”, “comercio de juguetes”, “servicios jurídicos” y “call center”.
    En los restantes sectores parece más clara la clasificación. Dentro del sector de “servicios”, los proyectos presentados en 2016 incluyen una amplia variedad de actividades.
    En cuanto a las empresas beneficiadas por exoneraciones en base a la Ley de Inversiones en 2016, surge que los cinco proyectos con mayores montos de exoneración están destinados a la producción, transmisión y distribución de energía eléctrica (ver tabla). Si se toman los 20 mayores montos de exoneración, vemos que hay nueve empresas de generación de energía eléctrica beneficiadas. También entran en el ranking de los 20 proyectos más beneficiados tres empresas y un club conocidos: los supermercados Devoto, el operador portuario privado Montecon, la empresa de telecomunicaciones Claro -que está en juicio con el Estado- y el Club Nacional de Football.
    Este año, la Comap resolvió además que correspondía beneficiar tributariamente a la AFAP privada Integración, que compite con la estatal República AFAP, en un monto de 0,6 millones de dólares. La Compañía Industrial de Tabacos Monte Paz, productora de las marcas Nevada y Coronado, también resultó beneficiada, con una exoneración de 4,7 millones de dólares.
    Natalia Uval