martes, 17 de enero de 2017

Reprimen a comunidad mapuche

CINCO HERIDOS DE BALA

En favor de Benetton

La incursión de las fuerzas de seguridad contra la comunidad Pu Lof en Resistencia, Depto. Cushamen en la provincia de Chubut dejó como saldo cinco heridos de bala en la noche del 11 de enero. Nueve personas habían sido detenidas luego del primer embate represivo, ocurrido aproximadamente 48 horas antes.
El territorio en el que ingresó la Gendarmería había sido recuperado en 2015 por la Lof (comunidad) en Resistencia Cushamen, de manos de Luciano Benetton (dueño y fundador de la trasnacional), que se apoderó del mismo en forma ilegal y sería dueño de un millón de hectáreas en la Patagonia.
Se trata de un vasto operativo, para el cual la Gendarmería cortó varias rutas y que había contado también con la participación de la Policía Federal y la de Chubut. Una mujer de la comunidad volcó en declaraciones radiales las explicaciones dadas por las fuerzas represivas: “Todo esto es ‘supuestamente’ para que pase un tren (en referencia a La Trochita, un antiguo ferrocarril de la zona), un tren que no tiene ninguna función social, un tren que sólo le deja dinero al director de la Corporación de Fomento del Chubut y al gobernador Mario Das Neves”. El plan de un allanamiento violento ya había sido denunciado por la Red de Apoyo a Comunidades en Conflicto - MAP hace una semana, cuando trascendió que el jefe de Gendarmería había consultado en el hospital de la localidad cercana de El Maitén “si sus instalaciones estarían en condiciones de recibir heridos de gravedad” (Página/12, 9/1).
“‘Mujeres y niños estamos en la ruca -vivienda tradicional mapuche- mayor, nos tiene rodeados la Gendarmería e Infantería. No vamos a dejar que nos saquen, antes nos prendemos fuego. De acá salimos vivos o muertos’, fue el mensaje que trasmitieron desde la comunidad a las organizaciones que apoyan su reclamo” (Tiempo Argentino, 10/1).
En un mensaje en las redes sociales de la Red previo al operativo, los luchadores mapuche responsabilizaron “al gobierno nacional, al gobierno provincial, a la Policía de Chubut, Gendarmería, el Grupo Especial de Operaciones Policiales, a la Infantería y a los responsables de La Trochita, de cualquier daño físico o psicológico, y de la vida de hombres, mujeres y niños, que viven en la comunidad Lof de Resistencia Cushamen”.
El 11 de enero, organismos de DD.HH. y fuerzas de izquierda marcharon en Capital Federal en apoyo a los mapuches.
Como en Jáchal (San Juan) con La Alumbrera y en El Bolsón con el empresario Joseph Lewis, el Estado actúa en defensa del acaparamiento capitalista de la tierra, operando como un ariete contra la resistencia popular. ¡Inmediata libertad a los detenidos! ¡Juicio y castigo!

ZENDA DESPIDE


100 trabajadores de la curtiembre Zenda  fueron despedidos. La Unión de Obreros Curtidores (UOC) asegura que la decisión fue tomada sin conversarlo previamente con el sindicato
El jueves 15 el sindicato asistió a una instancia en el Ministerio de Trabajo para discutir el levantamiento de las sanciones que había realizado la empresa de forma arbitraria. Ese día los trabajadores recibieron de manera sorpresiva la noticia de que la empresa iba a realizar 100 despidos.
Las autoridades de la compañía aseguraron que la decisión fue resultado de una supuesta reestructura en la fábrica. Del total de despedidos, un 60% pertenecen al sindicato, entre los que se encuentran mujeres y hombres, muchos de ellos con más de 25 años de antigüedad laboral.
“El comité de base paró durante 2 días y hubo movilizaciones en Montevideo en la zona de Nuevo París. Denunciamos la actitud de la empresa de haber tomado ésta medida sin consultar al sindicato. En el convenio colectivo hay una cláusula que dice que cualquier medida tiene que ser dialogada previamente con el sindicato”, explicó uno de los dirigentes de la UOC, Carlos Bico.
Los despidos se efectuaron en la planta de Nuevo París, la cual emplea aproximadamente a 800 trabajadores. La curtiembre uruguaya Zenda es propiedad del grupo estadounidense-brasileño JBS. La firma exporta cueros procesados hacia Sudáfrica y México, e importa cueros desde Brasil y Europa.




USTED PIDE MUCHO (UPM) De EL telescopio


Por Raúl Viñas, en El Telescopio 3/1/2017.

Por estos días, las tratativas o negociaciones entre el gobierno y la empresa UPM para que esta instale una segunda planta de producción de celulosa en Uruguay ocupan amplios espacios en la prensa y en los tiempos de nuestros gobernantes. Así, varios grupos de trabajo de nivel ministerial estarían analizando diferentes factores como la infraestructura, temas ambientales y condiciones financieras. Además, en los primeros días de febrero el Presidente Vázquez viajará a Finlandia.

Tanto es así que un observador externo podría pensar que lo de UPM es la única opción de crecimiento a la que apuesta el gobierno.

Toda esta efervescencia local no se refleja en las comunicaciones oficiales de UPM que en Julio solo decía estar estudiando la posibilidad a largo plazo de aumentar su capacidad de producción en Uruguay y que en su último informe a los accionistas de octubre no agrega nada nuevo repitiendo que:
“In Uruguay we are continuing negotiations on prospects for long-term development.”

Eso, mientras esos mismos reportes anuncian inversiones en Polonia y Finlandia por algo más de 200 millones de dólares para 2017 y 18.

Está claro que hasta la fecha UPM no se plantea plazos para ampliar su capacidad en Uruguay, mientras que aquí se habla del año 2018 y el 2019 para la construcción de la planta.


Tampoco ha especificado UPM ningún monto para su potencial inversión, que aquí se dice estaría en el orden de los 4.000 millones de dólares, tal como se publicó en este medio en agosto.

Apenas se comenzó a hablar de este tema, en julio de 2016, se hizo evidente que el mayor interesado, el gobierno uruguayo, estaba dispuesto a facilitar la instalación de esa planta, incluso aceptando la realización de obras de infraestructura por 1.000 millones de dólares para hacer posible la operación.
Eso hace que, tomando como buena la cifra de 4.000 millones de dólares de inversión de UPM, Uruguay participe con al menos el 20% de la inversión sin reclamar participación en las ganancias.
Por supuesto que esa casi patológica ansiedad no pasó desapercibida para la empresa, la que sin comprometerse ha logrado varias cosas. La primera y fundamental fue que de entrada desde la presidencia de Uruguay se asegure su instalación en régimen de Zona Franca.

Eso, que evidentemente incrementa las ganancias de la empresa, y lleva a cero los beneficios económicos a Uruguay de la producción de celulosa a partir de la madera que las plantas compran en nuestro país, solo fue tímidamente discutido por algunos integrantes de la bancada oficialista en diciembre  y no he podido encontrar ninguna mención a esto como problema, duda o motivo de preocupación por parte de los legisladores de los demás partidos políticos.

Teniendo prácticamente asegurado ese punto, la empresa informó de entrada que nuevas rutas, vías férreas y acceso al puerto de Montevideo eran condiciones indispensables para considerar su instalación.

Hasta hoy la planta de UPM en Fray Bentos lleva en barcazas la pasta de celulosa al puerto de Nueva Palmira. Desde allí la envía a sus compradores, principalmente en China y los Países Bajos.

El uso del puerto de Montevideo permitiría la carga más completa de los barcos por tener mayor calado (profundidad), abaratando los fletes.

Además está implícito que la empresa en caso de instalarse y tal como lo hace hoy en su planta de Fray Bentos, tendrá acceso gratuito al agua en este caso del Río Negro.

Eso queda en evidencia, incluso en la tentativa selección por parte del gobierno, pero sin que la empresa haya comprado un metro de tierra en la zona ni comenzado trámite alguno de la autorización ambiental, de una zona sobre el Río Negro aguas abajo de la presa Gabriel Terra y Paso de los Toros.

La lista de pedidos de UPM parece bastante extensa y sobre todo costosa, con grandes ventajas para la empresa. Pero sin embargo sus requerimientos lejos de limitarse parecen haberse incrementado e incluyen ahora además que el gobierno garantice la “paz laboral” incluso con modificaciones legales al derecho de huelga.

Eso sin contar con la exigencia de una “carta de entendimiento” firmada por el gobierno nacional a fin de facilitar que UPM pueda salir al mercado internacional a la búsqueda de financiamiento para la hipotética nueva planta.

Cualquier parecido de esta carta de entendimiento con el descarado e ilegal  intento de Aratirí en 2014 de que se le firmara un contrato de explotación previo al otorgamiento de las autorizaciones ambientales a fin de permitirle obtener la financiación internacional de su proyecto, lo que estuvo a punto de ser aceptado por el gobierno, NO son pura coincidencia.

Ambos caso reflejan la necesidad de financiamiento que, salvando las distancias, tenía Minera Aratirí SA y que tiene UPM. Nos muestran además la importancia en el mercado financiero del respaldo o al menos la aceptación por parte de los estados nacionales.

Todo esto debiera de ser suficiente para entender que las empresas necesitan tanto o mas de los estados de lo que los estados pueden necesitar de ellas y discutir las condiciones de instalación en pié de igualdad.

Hoy la manifiesta voluntad del gobierno para ”lograr la instalación” de otra planta de UPM indicando que se “procurará darle todo lo posible”  hace a las negociaciones todo menos balanceadas.
En este punto sería fácil parafrasear a Artigas sobre el vil precio de la necesidad, pero quizá sea mejor repasar que nos ofrece UPM con la nueva planta.

Lo primero, un gran BOOM, durante los 2 años de la construcción de la planta, que el gobierno ubica en 2018 y 2019, con picos que en un principio se estimaron en 6000 trabajadores pero que algún tipo de “inflación laboral” ha elevado hoy a 8000.
¿8000 qué? ¿Empleos? O más bien changas y trabajos temporales.
Seguramente algo muy parecido al baño del papa en una “remake” de lo que ya vimos en Fray Bentos primero y en Conchillas después.
Pasado ese corto período, lo que queda es una planta operando en régimen de zona franca, por lo que no paga impuestos, haciendo que los beneficios económicos para el país de la cadena forestal terminen efectivamente en la puerta de la fábrica. Eso salvo por los sueldos del personal de la planta que no superaría las 500 personas, o sea un número similar a los que empleaba FANAPEL en Juan Lacaze y que hoy están en el seguro de paro.  Como beneficio colateral y tomando en cuenta lo que Uruguay le exporta hoy a las zonas francas de Montes del Plata y UPM, podríamos esperar además una compra de insumos para la nueva planta por unos 20 millones de dólares anuales, la mitad de ello en forma de Fuel Oil que las plantas le compran a ANCAP.
Nada más. 
Se me ocurren un par de preguntas  ¿Vale la pena ceder tanto para recibir tan poco por la producción de una materia prima en la que tenemos ventajas comparativas?
¿Cómo se justifica otorgar los beneficios de zona franca a una industria hoy altamente rentable y que hace uso directo de recursos nuestros, que no abundan en el mundo?
Ni siquiera se habla de exigir que el proceso de producción de la celulosa sea libre de cloro como se hace en Chile o que el uso del agua sea en circuito cerrado atendiendo a que el Río Negro tiene un caudal 7 veces menor que el Uruguay.

Sin embargo, a pesar de todo lo que haga desde aquí para facilitar que una nueva planta se instale en Uruguay, algo que la empresa se había negado a considerar en 2014, cuando visitó Finlandia el entonces Presidente José Mujica, (10) la instalación dependerá de las condiciones del mercado mundial en términos de producción, demanda y precios ya que la empresa debe rendir cuentas a sus accionistas.
Veamos que en 2016 la capacidad mundial de producción de pasta de celulosa se incrementó en 2.7 millones de toneladas, casi un millón de toneladas más que el incremento del consumo. Solo en Brasil se espera se aumente la producción anual de los 7.4 millones de toneladas anuales de hoy a mas de 20 millones en pocos años.
En algunos ambientes ya se prenden luces amarillas ante la posibilidad de una sobreproducción que pudiera afectar los precios hoy controlados por un pequeño grupo de megaempresas, entre ellas UPM.
Justamente, esta UPM que nos Pide Mucho,  pero que plantea dejarnos muy poco.




–Trabajadores de los Supermercados

Fuecys 


La lección más importante es que hay que recuperar los sindicatos.
El gobierno y la dirección de Fuecys lograron desactivar las  medidas de fuerza, trancazos y paros, que se iban a desarrollar en los días previos a las fiestas.
Los trabajadores de los supermercados veníamos dando una gran lucha con cientos de movilizaciones en las puertas de súper y shoppings. Esta clara la voluntad de lograr el reclamo principal de 20 mil de mínimo.
Las grandes superficies han tenido un crecimiento brutal en el último periodo  inaugurando decenas de nuevas sucursales, además han sumado la política de combatir al pequeño comercio inaugurando en todos los barrios pequeñas sucursales (Devoto, Tata) lo que viene provocando cierres de comercios de barrio.
En los últimos días el poder Ejecutivo planteo una “salida” al conflicto que niega los 20.000$ de mínimo. proponiendo aumentos escalonados y otros beneficios ( incremento de los pagos mensuales adicionales por antigüedad y un punto porcentual adicional de ajuste a partir de julio de 2017 a la denominada "tercera categoría" ,correspondiente a los trabajadores que perciben alrededor de $ 22.000).que llevarían recién en 2018 a lograr unos 19.747$ incremento de los pagos mensuales adicionales por antigüedad y un punto porcentual adicional de ajuste a partir de julio de 2017 a la denominada "tercera categoría" (correspondiente a los trabajadores que perciben alrededor de $ 22.000)..
La dirección de Fuecys ha firmado que tira para adelante el reclamo central cambiándolo por migajas ,no es la primera vez , ya en el pasado conflicto habían hecho todo lo posible para desarmar la lucha. Despues de firmado el acuerdo las patronales de Tata y Multiahorro se han tomado “venganza” contra los trabajadores sindicalizados tomando represalias , como cambio de licencias ,rotacion de horarios ,etc . Los trabajadores contestaron con nuevas medidas de fuerza , trancando decenas de locales  .
El primer balance que debemos hacer es que se levanta la lucha cuando estábamos a punto de pegarle a las patronales donde más les duele ,trancando la venta en el momento de mayores ventas anuales ,teníamos en la mano la posibilidad de doblarle el espinazo a estas grandes superficies y la mayoría de Fuecys termina trabajando para el gobierno .
Está más claro que nunca que no hay salida para los trabajadores sino reconquistamos los sindicatos poniéndolos a nuestro servicio, con verdadera democracia sindical.

Nilo

Sintep

denuncia despidos
El Sindicato de los docentes de la educación privada denuncia despidos en cuatro colegios, el Varela, Elbio Fernández, Cervantes y Sagrada Familia.
En el caso del Varela, la crisis se arrastra del año pasado, donde este estuvo a punto de cerrar perdiendo parte de la matricula. En  las otras instituciones son afiliados y delegados los despedidos mostrando el carácter antisindical de las medidas.
El dirigente del sector, Sommaruga, declaro que: “la sociedad anualmente subsidia a estas instituciones privadas por un mínimo de 4.000 millones de pesos, por deducción del IVA de facturación y del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), y eso sin contar las tasas y contribuciones municipales que no pagan. La sociedad tiene derecho, a través de sus autoridades públicas, a poner en orden la situación, y acá la enseñanza privada está más irrestricta que Wall Street; acá cualquiera hace lo que quiere. Muchas instituciones no tendrían funcionamiento sin los subsidios pero después son la república independiente de las empresas privadas; entonces ¿hasta qué punto el Estado va a permitir que estas empresas sigan haciendo y deshaciendo sin control alguno?” (La Diaria 4/1).



Sobre las pruebas Pisa


Una pelea de tecnócratas y privatizadores.
Los resultados de las pruebas Pisa en Uruguay, han dado lugar a un largo debate entre diversos actores, desde el propio gobierno, la oposición  y alguna “fundación” formada por tecnócratas desplazados de cargos de dirección en el último periodo (eduy21 de Mir, Filgueira, etc).
Lo primero que hay que señalar es que la propia aceptación de las pruebas Pisa como método de evaluación, coloca a todos estos actores en el mismo campo. Las pruebas Pisa son mecanismos de evaluación creados por la Ocde, esta organización reúne a los países más ricos (principalmente USA y los europeos) y determina políticas para el llamado tercer mundo con el fin de preservar los intereses económicos de estas naciones, al igual que el FMI o el Banco Mundial.
Todos los planes y variantes de reformas educativas de Rama hasta hoy son impulsados por estos organismos internacionales, principalmente el Banco Mundial.
El informe de la OCDE sobre educación en Uruguay  (Revisión de recursos educativos) señala repetidamente como uno de los factores negativos en el sistema, la participación de los docentes en los ámbitos del gobierno de la enseñanza: “….Otra de las principales características de la gobernanza de la educación en Uruguay es la administración conjunta institucionalizada con los docentes, lo que plantea preocupaciones ya que, inevitablemente, actúan intereses creados”.  La OCDE recomienda eliminar la participación de los docentes, sumándose al coro, ya que tanto desde el gobierno, la oposición y los medios  de prensa se ataca continuamente a los docentes y sus gremios señalándolos como un “obstáculo” para los cambios.
Estos cambios que impulsan los organismos como el B.M o la OCDE impulsan una rebaja general de la calidad educativa, parte de esto ya se aplica cuando se impone como meta el eliminar la repetición  por la vía de flexibilizar las exigencias, es decir, mejorar los números sacrificando el conocimiento y aprendizaje.
El informe señala también que “La gobernanza educativa está, además, excesivamente centralizada en Uruguay, lo que permite muy poca autonomía tanto a nivel de los centros educativos como de los departamentos”, esta  autonomía que proponer esta vinculada a una diversificación de los planes según el sector social al que pertenezcan los estudiantes, permitiendo rebajar los programas, apuntando a una educación básica para los más pobres.

La privatización también está presente en el informe de la OCDE , se insiste en planteos que ya impulsaron Tabaré Vázquez y la iglesia católica ,un sistema de bonos o becas para que las familias “elijan” donde mandar a sus hijos ,es decir que el estado financie a los colegios privados ,en especial a los vinculados a la curia. Esto ya ocurre a través de beneficios fiscales o financiamiento de los promocionados liceos como el Impulso u otros.
Los docentes y sus sindicatos para defender la educación pública deben poner como norte la absoluta autonomía y cogobierno de la educación publica, esta no puede estar en manos de tecnócratas o políticos.







Guardavidas

  Canelones-                                                                                                                                                                        Como todos los años…
Tanto en Canelones como en Maldonado y Rocha cuando ya ha comenzado  la temporada de playa la situación de los salvavidas municipales es  complicada.
La falta de previsión de las autoridades municipales hace que los trabajadores bajen a la playa sin las condiciones mínimas, este año el problema repetido es la falta de casetas, el mal estado de otras y la falta de materiales.
Dialogamos con salvavidas de la zona quienes nos relataron que en algunas playas no tienen casetas lo que pone en peligro a los bañistas ya que los salvavidas carecen de visibilidad, en otras playas las que hay están en mal estado con peligro de derrumbe. Los peores casos están en Maldonado y Rocha.
También, a traves de la Federación nacional de Municipales han reclamado por la falta de implementos mínimos (patas de rana, filtro, etc.) así también por los problemas de tener un trabajo zafral.
Mientras se pregona en los medios el éxito del negocio turístico, se da la espalda a la seguridad del propio turista y el veraneante local.

L.R