viernes, 27 de octubre de 2017

Trabajadores de FRIPUR

CONTRA LA CORRIENTE

Trabajadores de FRIPUR dos años después del cierre de la empresa

Casi mil personas perdieron su empleo cuando la pesquera cerró, la gran mayoría mujeres. A pesar del tiempo transcurrido, la pelea de los trabajadores, que entonces ocuparon la fábrica, aún no termina. Ahora preparan una demanda para vincular a los antiguos propietarios con otros negocios y poder cobrar lo que se les debe, y además reclaman la puesta en marcha de la planta de producción, en manos de la canadiense que compró la pesquera. En tanto, muchos siguen en busca de trabajo
Mariana Abreu - Brecha, Montevideo, 20-10-2017
La selfie que se tomó Beatriz Argimón junto a las trabajadoras de la planta sigue colgada en la página web del Partido Nacional. La integrante del Directorio blanco, como tantos otros representantes de partidos políticos de diferentes colores, había visitado FRIPUR durante la ocupación que los trabajadores mantuvieron al cierre de la fábrica, hace más de dos años. Alrededor de mil personas perdieron su fuente laboral en aquel entonces, la mayoría mujeres jefas de hogar.
—Argimón se quedó a comer tortas fritas con nosotras. Dijo: ‘Me llaman cuando precisen lo que sea’”, recuerda Marlen Marrero, una de las ex trabajadoras de la pesquera.
—Venía algún político que otro a sacarse fotitos; que fotito para acá, que fotito para allá. Vino un grupo de mujeres del Palacio (Legislativo), eran como 20, las esperamos con pizza. Pero a nadie le importó un carajo nada. Todo el mundo se colgó de la teta de la vaca para decir que estuvo, nada más. En definitiva, ¿en qué terminó esto? Todos sin laburo, la cooperativa no salió, la planta se la vendieron –bah, se la regalaron– a una empresa canadiense…”, dice, pasando en limpio, con la perspectiva que sólo da el tiempo.
Durante la ocupación, teniendo en mente el antecedente de otra fábrica cerrada tiempo atrás, Marlen y sus compañeras idearon un plan para presentar a CUTCSA. Proponían que la empresa empleara a las mujeres mayores que habían perdido el trabajo a pocos años de jubilarse, con un futuro laboral desalentador a causa de la edad y de no tener experiencia en otras tareas, luego de haber dedicado la mayor parte de su vida a FRIPUR. Ante la consideración de Argimón, que enviaba mensajes de WhatsApp a las trabajadoras, consultándolas acerca de su situación y poniéndose a las órdenes, las mujeres decidieron pedirle ayuda para llevar adelante su proyecto. Cuenta Marlen que en la reunión que mantuvieron con la nacionalista, para tal fin, ésta tomó nota de lo planteado y aseguró que se comunicaría con la Bancada Bicameral Femenina y con el presidente de CUTCSA, de quien afirmó ser “muy amiga”.
—¿Y qué pasó?
—Todavía estoy esperando.
—¿No llamó más?
—Nunquita más, ni siquiera me contestaba los mensajes de WhatsApp
—Empezás a descreer. No querés saber más nada, porque sentís que te están usando, responde Marlen a la pregunta de si la propuesta fue presentada a otros políticos, precisamente a los del Frente Amplio, en vista de los pegotines que lucen los vidrios de su casa, con las caras de algunos de sus dirigentes. “Los blancos, los colorados y también los frenteamplistas fueron a la planta para decir que estuvieron ahí. Creo que todos los gobiernos del Frente Amplio, los tres, pensaron: ‘No hay que darles mucha bola, son una manga de ignorantes, toda la vida trabajaron adentro de FRIPUR, ¿qué sabrán éstas?”

Viento y Marea

El reciente estreno de Pecera, /1 un documental independiente filmado entre fines de 2015 y principios de 2016 durante la ocupación de FRIPUR, transporta a los espectadores al fervor de una lucha con la que se solidarizó un sinfín de personas y organizaciones, y les lanza la pregunta: ¿qué fue de todo aquello.?
La misma Marlen, protagonista de la película, expresaba entonces su esperanza de que la pesquera reabriera, y a lo mismo aspiraba su compañero, Ramón Donino, que mantenía “las expectativas de seguir trabajando” en el lugar. Otra escena registra una asamblea en donde se debatía sobre la cooperativa formada por los trabajadores para llevar adelante la fábrica, bastante antes de que un fallo judicial inclinara la balanza en favor de Cooke Aquaculture, la empresa canadiense que adquirió finalmente FRIPUR. La posición de la firma, sostenía el fallo, resultaba “notoriamente superior” en cuanto a “solvencia y certeza” /2 a la de los antiguos empleados.
Pero no sólo el anhelo de autogestión se frustró, también la idea de que gran parte de los ex trabajadores de FRIPUR se emplearan en la nueva firma. La canadiense contrató a no más de una veintena de ellos para tareas de acondicionamiento y mantenimiento de las máquinas. A los pocos meses éstos volvieron a quedarse sin empleo, pues la planta de producción no está en funcionamiento.
En una primera instancia, los nuevos dueños, enfocados en la pesca del cangrejo, no tenían interés en reabrir la planta. Sin embargo, plantea José Umpiérrez, representante del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) y ex empleado de FRIPUR y de Cooke Aquaculture, el problema actual no radica en la voluntad de la firma –que estaría dispuesta a hacer una prueba para procesar merluza–, sino en que las autoridades municipales no otorgan la habilitación a la harinera del Cerro. En este establecimiento, comprendido en el paquete accionario adquirido por la canadiense, se procesan los desechos del pescado. Sin el permiso, afirma, a la empresa no le es redituable poner en marcha la planta de la calle Rondeau, que sí cuenta con habilitación por seis meses, porque se desperdiciaría parte de la pesca. “La habilitación de la planta de harina de pescado está trancada debido a la resistencia de los vecinos, que presionan por los olores. Pero existe infraestructura que la misma firma tiene en países como Chile para purificar las aguas y evitar el mal olor”, explica.
El Suntma planteó el asunto de los permisos hace tres meses ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, pero asegura que el reclamo continúa sin respuesta. El sindicato encuentra una contradicción en que se haya adjudicado la fábrica a los inversionistas para que éstos proporcionen fuentes de trabajo, y al mismo tiempo no habilitarlos a operar. En caso de que reabriera la planta, estima Umpiérrez, “habría 250 personas sólo en la producción, más los administrativos, el personal de la harinera, de servicios generales y de locomoción. No funcionaría en los niveles de antes, pero sí con una gran cantidad de trabajadores”.

Guerreras en pie

Miriam Rodríguez se mantiene atenta al teléfono. Espera que la llamen de algún trabajo, ahora que su nuera le creó una casilla de correo electrónico y pudo apuntarse en varias ofertas por Internet. “La edad no te ayuda”, dice a sus 57 años. Ya no puede contar con la plata que cobró del despido porque, en parte, fue a llenar las arcas de las casas de préstamos.
Su cuerpo también le ha pasado factura. Fueron 23 los años que la mujer trabajó en FRIPUR, soportando el frío y la humedad, de pie, durante 12 horas diarias continuas. Ahora tiene problemas en la columna, artrosis en las rodillas y las manos atacadas por una tendinitis feroz originada en los tiempos en que desprendía la carne de 40 pescados por minuto. Aun así, no cumple con los requisitos para jubilarse por enfermedad.
“En FRIPUR –afirma– nunca me mandaron al Banco de Seguros, si íbamos, terminábamos en la calle o no cobrábamos, era todo amenaza. Y me fui enfermando, por seguir laburando, porque quedé viuda con un hijo de 2 años y seguí luchándola hasta ahora.”
Miriam fue una de las que permanecieron en la planta hasta los últimos días, cuando le dijeron que los canadienses habían comprado y tenía que irse. Hasta comienzos de este año utilizaba, junto a un par de compañeras, las instalaciones de la fábrica vacía para hacer tortas fritas y destinar los pesos de la venta a mantener a su familia.
Explica que, formalmente, lo que llevaron a cabo los trabajadores en FRIPUR no fue una ocupación, por eso prefiere el término “vigilia”. “Era estar ahí para ver qué pasaba”, apunta. Señala que quienes se quedaron en la fábrica cuando recién cerró se contaban por decenas, aunque no todos lo hicieron día y noche. Después de algunos meses eran alrededor de veinte los trabajadores que iban y venían a diario y, algunos más, los días de asamblea. Con el paso del tiempo la vigilia se fue extinguiendo, el seguro de paro fue mermando y también la esperanza. Comenzaba a imperar la necesidad de buscar una changa en otro lado.

Cuentas sin saldar

De los cerca de 17 millones de dólares que pagó Cooke Aquaculture por la adquisición en bloque de FRIPUR, un 71 por ciento fue a cubrir parte de la deuda con los bancos República, Santander y de Previsión Social, principales acreedores de la pesquera quebrada. El 29 por ciento restante se destinó a los ex empleados y otros acreedores. El porcentaje que recibieron los trabajadores, equivalente a poco más de 3 millones de dólares, alcanzó a cubrir el 56 por ciento del despido y de la licencia que generaron desde que la empresa fue intervenida hasta que cerró. El dinero estuvo disponible para ellos recién en mayo de este año.
La deuda previa al concurso de acreedores, licencias o despidos anteriores, podrá ser cobrada sólo después de saldada la totalidad de la deuda posconcursal y en caso de que aparezcan bienes transables de los cuales obtener efectivo, algo que no es seguro que acontezca, al menos en el corto plazo.
Luego de la compra por parte de la canadiense se abrió una nueva etapa con relación al debe millonario del frigorífico pesquero. Algunos acreedores, entre los que se encuentran UTE /3 y los trabajadores, intentan conectar a FRIPUR con otros negocios de la pudiente familia Fernández, su antigua dueña.
“Plantaciones de soja, molinos de viento, cría de ganado, estancias turísticas, propiedades en Montevideo y en el Interior”, enumera Umpiérrez. Algunos de estos negocios son conocidos de primera mano por los trabajadores a los que se les debe, ya que eran contratados por los propios Fernández para realizar allí tareas de mantenimiento. Sin embargo, apunta la abogada del sindicato, Isabel Camarano, “una cosa es la realidad y otra es la figura jurídica que hay que probar”.
La defensa de los trabajadores prepara una demanda laboral para vincular a la empresa de energía eólica Kentilux con FRIPUR. Si se constata ese vínculo “caería el velo jurídico de las sociedades anónimas y todo vendría a ser lo mismo”. Para comprobar que ambas sociedades integran un solo conjunto económico, explica, no basta con mostrar que las mismas personas integran una y otra, hay que probar que los negocios se mueven con los mismos capitales.
El proceso será largo, la abogada prefiere no arriesgar un plazo estimado y tampoco asegurar cuál será el resultado. “Hay indicios de que se puede probar, pero no basta sólo con eso”, se limita a decir.

Tiempo de tiburones

Fue en 2001, poco antes de que estallara la crisis, que Jimena Peralta entró a la pesquera. Cuenta que en esos años, cuando en Uruguay faltaba empleo, en FRIPUR se trabajaba muchas horas por día y se ganaba bien. En aquel tiempo las exportaciones eran buenas e, incluso, los empleados recibían aumentos y premios. Diferente fue para quienes ingresaron a la firma poco después y debieron conformarse con el salario mínimo.
“Me costó asimilar lo que gano ahora, que no se compara con lo de antes. Me anoté en un montón de lados, pero lo que ofrecían era muy trasmano, sueldos muy bajos o el turno de la noche”, sostiene la mujer de 37 años, que actualmente trabaja en una empresa de limpieza.
Recién después de pasada la ocupación, cuando se quedó “quieta” en su casa, Jimena cayó en la cuenta de la situación en la que se encontraba y no pudo evitar deprimirse. A pesar de ello, asegura que su suerte era mejor que la de muchas de sus compañeras, que estaban solas, con hijos chicos, nietos y alquiler a cargo. Otras debían hacer frente a enfermedades, como el cáncer.
Quizá porque en los últimos años trabajar en FRIPUR no era para los uruguayos tan redituable como antes, la empresa se dedicó a contratar gran cantidad de personal dominicano, principalmente femenino. Cuando cerró, alrededor de una centena de ellos estaban empleados allí, varios volvieron a República Dominicana sin siquiera cobrar la parte disponible de sus haberes. “Las malas lenguas dicen que los propios Fernández traían a las dominicanas”, señala una de las ex trabajadoras, recordando a las mujeres bolivianas que hacían labores domésticas en condiciones que bordeaban la esclavitud, en la casa de Alberto Fernández, uno de los ex dueños de FRIPUR, y también en la de su hijo Javier.

Letra de maestra

Marlen trabajó 17 de sus 50 y pocos años en las líneas de producción de la planta. Coincide con Jimena en que “en su momento fue un trabajo bien pago, a pesar de todo lo que se vivía”. “En 12 horas tomaba un café con leche en polvo y comía un refuerzo”, resume, entre otros padecimientos a los que eran sometidos los trabajadores. Persecución sindical, maltrato psicológico, condiciones de trabajo precarias, vulneración de derechos, de los que este semanario ha dado cuenta en más de una ocasión.
Parte del dinero de su seguro de paro debió destinarlo a cubrir el préstamo de 30 mil pesos con el que pagó un curso de soldadura eléctrica. Había acordado con la empresa ingresar en el área de mantenimiento, pero la pesquera cerró a los pocos días de terminada la capacitación.
Después de permanecer día y noche durante casi cinco meses en la vigilia, Marlen comenzó a trabajar de forma honoraria en la dirección del Suntma. Allí tuvo que dar otra pelea: por el hecho de ser mujer fue difícil que algunos de sus compañeros varones respetaran su lugar. “En muchas cosas no tenía voz ni voto”, afirma.
Este año la llamaron para hacer una changa en la construcción luego de que enviara su currículum a donde decía el aviso del diario. Volvió a la búsqueda de una fuente de ingresos cuando la obra terminó, y hace poquitos días empezó a trabajar en una empresa de vigilancia.
“Fulanita, si sabés de algo…”, así cuenta que intentaron conseguir empleo varias de las trabajadoras de la línea, muchas de ellas sin haber tenido la posibilidad de estudiar o sin experiencia más allá de la pesquera. “Hay personas que entraron a FRIPUR a los 18 años, como Graciela, que ahora vende cosas en la feria los domingos. Y hay mujeres que tenían 50, 55, 58 años cuando cerró, todas las de la línea nueve.”
Haciendo costuras, limpiezas o tortas fritas. “Las mujeres siempre nos revolvemos de alguna manera”, dice la ex trabajadora del frigorífico pesquero, y sentencia que es más complicado para los hombres, varios aún desempleados, que no cuentan con esos saberes domésticos.
Marlen vuelve a alzar la voz contra la hipocresía de los políticos y otras miserias que el tiempo la ayudó a digerir: “Mucha gente adoptó la manera de ser de los mandos medios de la empresa, el maltrato. Hubo personas, entre los propios compañeros, que llegaron a robar los pollos que nos donaban para cocinar”. Pero tampoco olvida que hubo de lo otro, los ómnibus llenos de alimentos, la mano extendida de los sindicatos, donaciones que cruzaron fronteras, aportes de particulares y de diversas organizaciones, ayuda de los familiares de antiguos trabajadores de FRIPUR.
La mujer recuerda “el día que llegaron como diez ómnibus con cosas que enviaban los sindicatos de la enseñanza desde el Interior”, y abandona la comodidad del sillón para dirigirse a la heladera y arrancar el trozo de papel escrito a lapicera prendido con cinta adhesiva a la puerta. “Mirá, este es uno de los cartelitos que nos ponían las maestras en los paquetes de fideos, en las sopas-crema o el azúcar: ‘No pierdas la fe, ojalá que todo mejore para ti y tu familia. Una maestra’.” “Lo tengo ahí siempre, a veces lo miro y no puedo creer lo que pasó ahí adentro.”
Notas
1) Pecera. Uruguay, 2017.
2) El Observador, 1-III-16.
3) Sobre el juicio que prepara UTE véase “Perseverar”, Brecha, 1-IX-17.
En trámite
La Intendencia de Montevideo (IM) analiza la solicitud presentada en el mes de julio por la filial uruguaya de Cooke Aquaculture para operar la planta de harina de pescado en el Cerro. Según el expediente al que accedió Brecha, la comuna observó el planteo de la empresa en tres aspectos. El más problemático se relaciona con los “antecedentes de impacto negativo producto de las emisiones generadas por la planta y su afectación directa sobre el área residencial circundante (percepción de mal olor)”. La situación, sostiene el documento, responde a que la planta se ubica en una zona baja, al “mal manejo de la materia prima en el momento de ingreso a la planta” y a la “falla en el control de emisiones en el proceso”. Con respecto a esto último, la IM entiende que la tecnología que instaló la empresa “mejora sustancialmente la situación, pero no elimina definitivamente los olores”
El otro punto que destacó la Unidad de Estudios de Impacto Territorial municipal es el ingreso a la zona de la planta con camiones no autorizados. Para ello aconseja concebir alternativas en las rutas u horarios.
El expediente también afirma que “el impacto en el empleo no es significativo desde un punto de vista cuantitativo”. “Entre las consideraciones para el funcionamiento de la actividad se valoraron los efectos positivos del emprendimiento en cuanto al empleo de mano de obra (…) local, situación que no se ve reflejada en el informe presentado (por la solicitante)”, dice.
El 7 de setiembre la empresa respondió a la Intendencia, que “elevó” sus consideraciones. La firma aseguró estar trabajando para mejorar la operativa de la descarga y volcado de la materia prima para disminuir los malos olores, y consideró alternar el tipo de camiones que utilizará, así como realizar algunos traslados durante la noche. Según figura en el documento, estimó en 30 los operarios a contratar en la harinera y en 450 en la planta de La Aguada. Contando técnicos, administrativos y pescadores sumó alrededor de 600 trabajadores.

Consultado por Brecha sobre si la planta volvería a estar en marcha una vez que cuente con el permiso municipal, el gerente de operaciones de Cooke Uruguay, Alessandro Giardino, aseguró: “Eso está en estudio. Depende de qué calidad de habilitación nos dé, cuánto y cómo la vamos a poner a funcionar”. “Para los inversionistas no es seguridad tener una habilitación por seis meses”, agregó, aludiendo al permiso que concedió la IM a la planta de Rondeau. Éste está sujeto a que la empresa presente un estudio de impacto territorial a comienzos del año próximo.

festival



jueves, 26 de octubre de 2017

Un acuerdo a espaldas del País.

UPM

Un acuerdo a espaldas del País.
El gobierno avanza  en la firma del acuerdo marco con la multinacional UPM para la instalación de su segunda planta sobre el Rio Negro.  El acuerdo es secreto, se le ha negado a la oposición el acceso a este, lo cual muestra a las claras que estamos ante una relación de colonia con la empresa finlandesa. Desde que empezó la negociación Upm ha puesto sobre la mesa sus exigencias, desde las inversiones millonarias que tiene que hacer el Estado uruguayo hasta las exenciones impositivas. La  entrega del gobierno es tan alevosa que ha llevado a la renuncia de un peso pesado en el área económica como  Masoller en el MEF, un hombre de confianza del FA desde el 2005.
En medio de esta negociación se firmo un acuerdo laboral entre la empresa, el gobierno, el Pit Cnt y las cámaras del rubro( Construcción y metal). Esto deja claro el papel de la central apoyando la política de entrega  del gobierno que privilegia el agro negocio, el latifundio, la extranjerización y los beneficios obscenos en materia fiscal para los inversores extranjeros. 
El Pit acepta negociar condiciones especiales para la multinacional y se compromete a “establecer un mecanismo de prevención de conflicto que incluye la no adopción de medidas por las partes que afecten la regularidad del trabajo o el normal desarrollo de las actividades en la obra, antes de haber finalizado total o formalmente todas las instancias de conciliación y mediación previstas”. El PIT CNT se ofrece como bombero.
Con las condiciones fiscales que le da Uruguay a estas empresas, no queda un peso para el País. Estamos ante una recolonización del País.


curtidores en lucha

Trabajadores
curtidores en lucha
Los trabajadores de la Unión de Obreros Curtidores (UOC) desarrollaron paros parciales y movilizaciones contra la situación que atraviesa la industria curtidora, que incluye envíos masivos a seguro de paro 
Las acciones comenzaron el 28 de setiembre en el departamento de Paysandú. Cientos de trabajadores pararon las actividades en sus lugares de trabajo y participaron en una movilización que finalizó con la entrega de un documento al intendente Guillermo Caraballo, quien se comprometió a realizar gestiones ante esta situación.
El gremio también realizó un paro parcial con marcha el 3 de octubre en Montevideo donde reclamaron mayor responsabilidad empresarial para mantener una estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo y pidieron que la mala gestión empresarial no repercuta en el trabajador. A su vez, los trabajadores se reunieron con la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados para buscar una solución.
Durante la reunión, el sindicato de la UOC denunció que existe una grave situación en la industria curtidora, debido a que en los últimos meses enviaron al seguro de paro a 300 trabajadores aproximadamente de las empresas de todo el país, incluyendo Payceros y JBS Zenda. Esta situación se adentra en un contexto mayor donde en los últimos 9 años se perdieron más de 7000 puestos de trabajo.
“En el encuentro le planteamos a los diputados los problemas que tenemos en la industria del cuero, donde se están perdiendo miles de trabajos, y les manifestamos la importancia de que actúen los poderes del Estado. Destacamos que nos hicieron una propuesta inmediata”
comentó el dirigente sindical de la UOC, Carlos Bico.
La Comisión de Legislación Laboral les propuso establecer una nueva comisión entre los ministerios de trabajo, industria y economía junto a la cámara de diputados y el sindicato para buscar dar respuesta a las problemáticas que plantearon.



LEY DE RIEGO

LEY DE RIEGO
ACUERDO DE BLANCOS, COLORADOS Y FRENTEAMPLISTAS PARA PRIVATIZAR EL AGUA.
El proyecto de Ley de riego creado por el Banco Mundial e impulsado por el Ministro Aguerre, que es un gran productor de arroz, va camino a ser aprobado.
Como señalábamos en el número anterior, esta Ley avanza en la privatización del agua de la mano del nuevo panorama del agro en el País, con fuertes monocultivos de transgénicos y eucaliptus. No es casualidad que Aguerre en sus intervenciones haga una expresa reivindicación de la Ley Forestal de los 90 promovida por el gobierno blanco de Lacalle.
Uruguay, a partir de la Reforma Constitucional de 2004, cuenta con nuevas disposiciones incorporadas en el Artículo 47 de la Constitución de la República, producto de la pelea dada por el movimiento sindical, organizaciones sociales, organizaciones ambientalistas y movimientos sociales, esta nueva Ley desconoce la voluntad expresada por la población en dicha reforma.
La Ley del BM y el F.A, crea un mercado de aguas  donde privados terminan como dueños o gestores de los valiosos recursos hídricos poniendo de rehenes a los pequeños y medianos productores más desprotegidos.
Todo el proyecto es hermano y va de la mano del agro negocio sojero, de los grandes arroceros y de la minoría de grandes propietarios.
En los últimos 40 años la superficie trabajada con riego se ha multiplicado por 6, hoy son aproximadamente 350 mil hectáreas, entre el 70 y el 80% del área regada corresponde a los arroceros, que se llevan el 90% del agua utilizada. Los impulsores de la Ley (entre ellos el senador Berterreche, defensor de Botnia) ponen como ejemplo positivo el avance de la forestación, el peor ejemplo posible, este sector ha crecido sobre la base del subsidio del Estado a través de la renuncia a cobrar impuestos al sector, y que ha traído una degradación de los suelos, eliminación de pequeños productores, migración, crecimiento del latifundio, extranjerización, etc. Que es lo que reivindica el gobierno?
Está claro que hay un verdadero acuerdo nacional entre blanquicolorados y el Frente Amplio en torno al uso de la tierra, en torno a esta contra reforma agraria.

Mago.

FRIGORIFICO CARRASCO frimacar

 
FRIGORIFICO CARRASCO                                                                                                                                                  Desde que el frigorífico Carrasco cambio de dueño, hace más o menos dos años, la situación del trabajador se mantiene en estado de tensión, fluctúa demasiado el funcionamiento de la planta, generando un desgaste en la gente y una constante inestabilidad en los ingresos de los trabajadores que dependen en su mayoría de la producción del día.
Desde que llegó esta empresa, Minerva, una multinacional, hostiga al sindicato generando incertidumbre y acuerdos falsos, que no cumple, reprimiendo y jugando con su condición de endeudamiento para debilitarlo (estudia la situación personal de cada trabajador para contrarrestarlo con la postura gremial). Deriva su responsabilidad incompetente hacia el trabajador, que lo acusa frente al Ministerio de trabajo, como el principal responsable de la situación de inestabilidad laboral. 
Hoy en día hace casi tres meses que la empresa detuvo sus actividades y le pasa la pelota al Banco de previsión social (bps) metiendo al trabajador en una especie de embudo burocrático del cual no puede salir, ya que algunos ni siquiera han cobrado el subsidio correspondiente al mes de agosto, mientras que el Banco se escusa estar saturado de ingresos. 
Se burla del trabajador plantándolo en el Ministerio, no concurriendo a las reuniones agendadas previamente junto a mediadores ministeriales, que se presentan imparciales ante la irrisoria actitud de la empresa y sus absurdos descargos en perjuicio del trabajador. 
Ahora soborna al trabajador con una posible apertura de tareas pero sujeto a una simple condición, la de aceptar una reestructura en el sistema de trabajo, lo cual ha manifestado siempre que pudo y que consta de reducir la plantilla obrera al mínimo por sector y reducir la capacidad productiva. Sabemos muy bien que esta reducción recae para nosotros en una rebaja salarial y pérdida de la fuente laboral, maquillada por la empresa como necesaria, mientras sigue comprando frigoríficos en Uruguay, para mantenernos -en complicidad con el Gobierno- sujetos a la especulación financiera de los grandes capitales extranjeros. 
Desprovisto, parece estar el trabajador de leyes que impidan al inversor, mantener preso al trabajador a causa del desajuste comercial que ellos mismos crean y que la empresa muy hábilmente invierte para dejar expuesto al trabajador y como su propio verdugo. 
Estamos intentando mantener la fuente laboral de todos los involucrados pero a cambio de ello estamos dispuestos a reducir al mínimo nuestros ingresos para de alguna forma "repartirnos la miseria". Pero será esa la solución? Para el trabajador, cuál será el límite de su condición? Cuanto más debe resignar?


Trabajador del frigorifico

DESMANTELAN EL “BANCO PAIS”

DESMANTELAN EL “BANCO PAIS”
El sindicato de banca oficial (AEBU) viene denunciando el cierre de agencias y la progresiva privatización, llevada adelante desde el gobierno.
Según La Diaria “El 10 de octubre asistieron al Parlamento el vicepresidente del BROU, Leandro Francolino; la segunda vicepresidenta, Adriana Rodríguez; el gerente de Sucursales, Eduardo Barbot; el gerente de Relaciones Laborales, Gustavo Igarza; y el asesor en comunicaciones, Leonardo Dieste. Según la versión taquigráfica, Francolino dijo que no hay ninguna actividad ni ninguna parte de la empresa que sea traspasada del sector público al sector privado. Ni siquiera hay un fenómeno de tercerización, es decir, de actividades que antes eran desarrolladas por el banco y que ahora son desarrolladas por privados, como sí pasó con la limpieza o con la seguridad hace años, y como no pasó con la logística del dinero. Como estamos diciendo, el banco mantiene la gestión propia de la logística del efectivo”.
Aebu denuncia que las autoridades le mintieron al parlamento ya que está previsto el cierre de sucursales en el interior y la fusión de sucursales en Montevideo. Lorena Lavecchia, del Consejo del Sector Financiero Oficial, dijo, que tienen todas las pruebas de que se está trasladando el negocio hacia los bancos privados y los corresponsales (Abitab y Redpagos).

Toda la política de cierre de sucursales y achique tiene como destino cierto beneficiar a la banca privada y a las agencias de cobro.