viernes, 18 de agosto de 2017

Centro Juvenil" La Frontera"

Los abajo firmantes pertenecemos al Colectivo de Trabajadores dependientes de la OSC Educación Solidaria.
Agradecemos difusión a la situación que denuncia mediante comunicado de prensa el
Centro Juvenil" La Frontera",ubicada en la localidad de Empalme Nicolich en el departamento de Canelones.
Hace ya tiempo que los distintos núcleos venimos denunciando irregularidades de todo tipo por parte de la mencionada OSC.
Pasamos por varios ámbitos de negociación y el 2 de agosto se hicieron las denuncias de todos los centros en el MTSS.
Ante esto la situación no ha cambiado no cumpliendo con los acuerdos colectivos así como tampoco con los tiempos legales en los pagos de salarios en forma reiterada.
Estamos frente a una muy mala gestión de fondos públicos que son surgen de los aportes de todos y todas los/las trabajadores/as que son brindados por medio de MIDES e INAU.

ATTE.

SOCAT Piedras Blancas - Punta de Rieles
SOCAT Cerro Oeste
SOCAT Cruz de carrasco
ETAF Maracana- Paso de la arena
ETAF Suarez- Toledo
CAIF Suarez
CAIF Aprendiendonos 
CAIF Entretodos
CAIF Las Luciernagas 
CAIF Andares
Programa Uruguay Trabaja
Centro Juvenil La Frontera

SINTEP-SUTIGA

PIT CNT

jueves, 10 de agosto de 2017

coimas de ODEBRECHT a través de Uruguay

En Argentina también lavaron las coimas de ODEBRECHT a través de Uruguay


Desde dos guaridas fiscales transfirieron al menos USD 11 millones de Odebrecht a empresa uruguaya instalada en Zonamérica. Además exfuncionario del gobierno usó una SA fantasma
Pablo Alfano y Fabián Werner (*) Sudestada 6/8/17
La constructora brasileña Odebrecht pagó coimas millonarias a funcionarios y jerarcas argentinos de los ministerios de Planificación Federal y de Transportes, así como de la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA). A cambio obtuvo jugosos contratos para construir un sistema de potabilización en Paraná y el Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento en Buenos Aires.
En el primer caso, el de AYSA, lo hizo utilizando al menos cinco empresas offshore que depositaron 11,2 millones de dólares en un banco panameño y otro de Antigua y Barbuda que, a su vez, trasegaron ese dinero a la SA uruguaya Sabrimol Trading. Esta sociedad fantasma funcionaba en Zonamérica, la zona franca de Montevideo, en el kilómetro 17.500 de ruta 8, según la documentación oficial que obtuvo Sudestada
Esta empresa fue creada el 6 de diciembre de 2007 como una sociedad anónima con acciones al portador y con un capital inicial de 2,1 millones de pesos. En el Banco Central del Uruguay figuró al menos hasta 2013 como una sociedad anónima emisora de acciones al portador.
Hasta ahora no se sabía nada de esta empresa creada por el abogado uruguayo Carlos Dentone, quien cesó su actividad laboral a fines de 2014, justo cuando el escándalo de Lava Jato estaba metiendo tras las rejas a una buena parte del sistema político y empresarial en varios países latinoamericanos.
Sabrimol Trading SA operó con el RUT número 215997030012 durante cerca de siete años, aunque ahora figura como “contribuyente clausurado” por la Dirección General Impositiva.
Uno de los "doleiros" que se acogió al beneficio de la delación premiada en Brasil, Olivio Rodrigues Junior, más conocido como "Gigolino", comenzó a explicar a la Justicia de su país una intrincada red de sociedades fantasmas. Así fue cómo se llegó a Sabrimol Trading SA, una de las empresas uruguayas que era la destinataria del dinero para el pago de coimas de la constructora Odebrecht.
En la mayoría de los casos el dinero que los "doleiros" (cambistas ilegales en la jerca brasileña) trasegaron desde Panamá y Antigua y Barbuda hacia Sabrimol se hizo a través de la cuenta 1223640 del Banco Itaú de Uruguay

La ingeniería del lavado

La primera offshore Select Engineering Consulting and Services en realidad se trataba de la casilla de correo 3174, de la Palm Chambers, en el número 197 de la Main Street de Road Town, en las Islas Vírgenes Británicas
Esa empresa fantasma utilizó una cuenta del Credicorp Bank de Panamá, administrada por Eduardo Lucio Patrao, para realizar transferencias con destino a Uruguay. En total fueron siete transferencias: la primera el 26 de junio de 2012 por medio millón de dólares y la segunda el 29 por 488,500.
La tercera se realizó el 16 de agosto de aquel año por 200 mil dólares y la cuarta el 18 de octubre por 186.200 dólares, siempre desde la cuenta 4990000581 del Meinl Bank de Antigua a la cuenta 1223640 del Banco Itaú de Uruguay
La quinta transferencia se realizó el 13 de noviembre por 100 mil dólares y la sexta un mes después, por 499.975 dólares. La última se registró el 19 de marzo de 2013 y fue por 198 mil dólares
A esta primera empresa offshore se sumó poco después Klienfeld Services Ltd, con la cuenta número 244001 que operó desde la filial del austríaco Meinl Bank en Antigua y Barbuda que compró Odebrecht para realizar toda su operativa de lavado de dinero y envío de coimas
A través de esta offshore se realizaron 16 transferencias hacia Uruguay por un total de 4.858.419 dólares, entre el 6 de agosto de 2012 y el 22 de setiembre de 2014. La transferencia más modesta fue de 59 mil dólares mientras que la más cuantiosa fue de 500 mil dólares
También hubo envíos de dinero desde Sabrimol hacia Klienfeld. En total fueron cinco transferencias que totalizaron 1.765.115,84 dólares, pero los motivos se desconocen.
La tercera empresa que engordó la cuenta de Sabrimol se llama Trident Inter Trading Ltd y utilizó la cuenta 244003 del Meinl Bank, en Antigua y Barbuda, para transferir 315 mil dólares hacia la empresa ubicada en Zonamérica el 15 de enero de 2013, de acuerdo a la documentación a la que  se accedió
La cuarta offshore, Innovation Research Engineering and Development Ltd, creada en Antigua y Barbuda, también usó una cuenta en el Meinl Bank desde donde transfirió en nueve pagos un total de 1.537.417,50 dólares hacia la empresa uruguaya entre el 25 de abril de 2012 y el 11 de setiembre de 2013.
La quinta offshore que detectó Sudestada es la panameña Magna International Corporation que realizó dos transferencias hacia Sabrimol SA: una de 100 mil dólares el 6 de agosto de 2012 y otra de 151 mil dólares el 27 de noviembre de 2012.

Dentone y el "Corcho" Rodríguez

El empresario Jorge "Corcho" Rodríguez es el dueño de Sabrimol Trading SA, según confirmó el ex administrador de sus bienes en Uruguay, el abogado Carlos Dentone, al diario argentino La Nación
El profesional de 79 años ahora está jubilado y asegura que cerró el estudio contable y legal DMP, que integró con sus socios Molinolo y Pereyra, pero recuerda con precisión múltiples detalles de la operativa de Sabrimol Trading SA, que abrió en Zonamérica en diciembre de 2007 y cerró a fines de 2014
Dentone integró el directorio de Sabrimol a pedido de "Corcho" Rodríguez, recordado en Uruguay por su vínculo sentimental con la conductora de televisión Susana Giménez entre 1998 y 2003
El abogado confirmó que la empresa tenía la cuenta 1223640, que operó en el Banco Itaú de Uruguay y aclaró que sólo fue su contador. Por su parte, según La Nación, "Corcho" Rodríguez negó que Sabrimol Trading SA fuera suya y aseguró que Dentone fue su contador "y el de mucha otra gente" en Uruguay
El estudio de Dentone figura en los Panamá Papers como intermediario de cinco sociedades offshore de Islas Vírgenes y Panamá: Timken Finance Ltd, Britania Group SA, Belle Mare Group SA, Ralto Trading Ltd y Norwood Pacific Ltd, todas creadas para empresarios argentinos con la finalidad de conseguir beneficios tributarios.
Dentone fue uno de los abogados que asesoró a los abogados del empresario Francisco "Paco" Casal, Leonardo Costa y Oscar Brum, en el litigio contra el Estado que quería cobrarle 10 millones de dólares por una presunta evasión tributaria del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (ICIR) y el Impuesto a la Renta de Actividades Económicas (IRAE) por la transferencia de jugadores entre 1998 y 2007. El caso fue cerrado cuando en noviembre de 2013 el entonces presidente José Mujica firmó una resolución que establecía la clausura del expediente

Pribont, la SA en el escritorio fantasma

El escritorio 410 de la calle Rincón 610, en la Ciudad Vieja de Montevideo, se hizo conocido hace tiempo en el opaco mundo de las empresas offshore.
Ya se  informó de su “existencia” cuando dio cuenta del uso de la empresa uruguaya Wircel por parte de la brasileña Odebrecht para pagar las coimas que permitieron realizar en Perú la obra de “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco”)
Quien aparece como presidente de Wircel es el uruguayo Néstor Gustavo Cardozo García, un conocido creador de offshore al servicio del blanqueo internacional de capitales. Cardozo García figura también como presidente en dos sociedades panameñas: Touquet Inversiones y Dunsink.
En Touquet Inversiones compartió sesiones de directorio con el abogado Fernando de Posadas Trambauer, sobrino del exministro Ignacio de Posadas, y con Alejandro Carlos Young Sierra, un uruguayo directivo de 158 empresas y perseguido en Argentina por fraude. También aparece el abogado Juan Deffémiis Paiva, otro integrante del estudio Posadas & Vecino, que en este caso le cedió la presidencia del directorio a Cardozo García.
En la sociedad anónima Dunsink, mientras tanto, Cardozo García tomó la posta de la presidencia del directorio de manos del abogado
Luis María Piñeyrúa Pittaluga , renombrado en estos días en Brasil y en Uruguay por su participación en el lavado de dinero del expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil Eduardo Cunha. Quien aparece como secretaria de la reunión en la que se produjo el pasaje de manos fue Lucía Pfeiff Ham, quien no aparece en el staff del bufete pero envía correos electrónicos para Posadas & Vecino desde la dirección lpfeiff@pvci.com.uy.
Esa misma oficina “fantasma” de la calle Rincón también figura como el domicilio de la empresa Pribont Corporation SA, una sociedad de papel que recibió entre el 26 de mayo de 2009 y el 29 de abril de 2010 siete transferencias por un total de 700 mil dólares en la cuenta del First Caribbean International Bank desde la offshore panameña Constructora Internacional del Sur.
En la cuenta de Pribont también se recibieron 80 mil dólares el 19 de octubre de 2010 a partir de la cuenta 1414631 que la conocida Klienfeld tenía por ese entonces en el OAB de Antigua. Según conversaciones de correo electrónico citadas por el Ministerio Público Federal de Brasil en un documento al que  se accedió, ese dinero tenía como destinatario al argentino Manuel Vázquez, asesor del ex ministro de Transportes Ricardo Raúl Jaime
En ese mismo documento las autoridades consignan la sospecha de que ese dinero fue enviado como soborno por el otorgamiento de la obra de Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, obra que fue concedida a la constructora Odebrecht.



* Esta nota forma parte de las investigaciones de la Red de Periodismo de Investigación Estructurado, compuesta por periodistas de IDL-Reporteros, de Perú; La Nación, de Argentina; La Prensa, de Panamá; Armando Info, de Venezuela; y Sudestada, de Uruguay.

miércoles, 9 de agosto de 2017

Hospital de Clínicas.

RESOLUCIÓN DEL CDC CON RESPECTO A LA REFUNCIONALIZACIÓN DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Punto 5
011000-001368-17 - VISTO: a) La resolución N° 5 del CDC de fecha 11 de julio de 2017, en particular sus considerando D y E;
b) La necesidad de continuar avanzando en los procesos tendientes a mejorar la inserción del Hospital de Clínicas en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS);
CONSIDERANDO: 1. Que la Universidad encargó a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración la realización de los estudios de Pre-Factibilidad, Factibilidad y Valor por Dinero que establece la Ley N° 18.786;
2. Que el estudio de Pre-Factibilidad presentado a este Consejo ha sido ampliamente discutido en los Servicios y Órdenes y del mismo se desprende que los contratos a firmar bajo el mecanismo de Participación Público Privada para ser viables deberían ser de al menos 25 años y que los mismos implican importantes pagos anuales por los conceptos de pagos por disponibilidad y pagos por servicios transferidos;
3. Que dicho estudio señala que esta forma de financiamiento de las obras y el mantenimiento no representa una ventaja significativa en lo económico con respecto a las vías tradicionales de financiación de obra pública;
4. Que para hacer frente a un contrato de Participación Público Privada, de acuerdo al artículo 60 de la ley 18.786 los pagos correspondientes a dicho contrato deberían incluirse en el Inciso 24 Diversos Créditos y deducir el equivalente del crédito de inversiones del Inciso contratante. Por lo cual, si no es aumentado el crédito en inversiones en ese monto, los costos del contrato provendrían del presupuesto universitario en forma exclusiva por lo que la Universidad quedaría endeudada por muchos años sin garantía de que los fondos para pagar dicha deuda no comprometan al conjunto del presupuesto universitario;
5. Que este problema es particularmente difícil de resolver porque los plazos involucrados exceden ampliamente un período de gobierno, siendo esta dificultad común a cualquier vía de financiamiento que no sea por Rentas Generales y que esta dificultad se agrava en lo relativo al mantenimiento en la medida que el presupuesto del Hospital no está separado del resto de la Universidad;
6. Que dichas asignaciones deben realizarse una vez firmado el contrato que marca la ley N° 18.786 y solo pueden hacerse en el marco de las leyes de presupuesto y sus posteriores rendiciones de cuentas. A su vez, previo a la firma del contrato, la Administración Pública Contratante (en este caso la UdelaR) debe presentar la consistencia de los desembolsos futuros vinculados al Contrato con sus previsiones presupuestales. Por lo que no es posible que las actuales autoridades puedan asegurar esa asignación y por lo tanto que no se va a comprometer el presupuesto de la Universidad de la República;
7. La necesidad que el país y el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) cuente con un Hospital Universitario que lidere la formación de los recursos humanos para la salud, la innovación y la investigación clínica en coordinación estrecha con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y otros efectores públicos y privados que participan de la enseñanza y generación de conocimiento en el área de las ciencias de la salud;
8. La decisión del Hospital de Clínicas, la Facultad de Medicina y la Universidad de la República de avanzar en un proceso de reconversión profunda del Hospital con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia, la enseñanza y la investigación, lo cual se manifiesta en los documentos elaborados por la Comisión de Líneas Estratégicas, en particular el resumen ejecutivo de Junio de 2015 aprobado por la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas;
9. Que la refuncionalización del Hospital implica transformaciones profundas en su organización, estructura docente y no docente, programa asistencial y dimensionamiento, impulso de la investigación -en particular la investigación clínica-, diversificación de las fuentes de financiamiento, determinación de las posibilidades de satisfacer las necesidades de salud del sector público, además de la readecuación de su planta física y equipamiento;
10. Los avances alcanzados en el objetivo de concretar la inserción del Hospital en el SNIS a través de resoluciones adoptadas oportunamente por la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (RIEPS) y el convenio celebrado entre el Poder Ejecutivo y la Universidad en el marco de complementación con ASSE del 14 de diciembre de 2016;
11. Que más allá de los avances establecidos en el punto anterior para lograr la integración del Hospital de Clínicas al SNIS, la misma aún no se ha concretado de manera efectiva;
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA resuelve:
A) Agradecer a los equipos técnicos que elaboraron los importantes estudios de Pre-Factibilidad, Factibilidad y Valor por Dinero que establece la Ley N° 18.786.
B) Suspender los trámites de aplicación de la modalidad de Participación Público-Privada en el marco de la Ley 18.786 para el proyecto de refuncionalización del Hospital de Clínicas.
C) Mantener la búsqueda de alternativas de financiamiento para llevar a cabo la totalidad del proyecto de refuncionalización del Hospital de Clínicas.
D) Solicitar que se tomen medidas legislativas que posibiliten que la reforma y mantenimiento del Hospital de Clínicas no comprometan el resto del presupuesto universitario y que los servicios asistenciales del Hospital de Clínicas sean complementados con aportes de los fondos nacionales de salud.
E) Solicitar a la Dirección del HC que en un plazo no mayor a 90 días presente a este organismo una propuesta de Integración al SNIS utilizando como insumo los avances elaborados por la Comisión de Líneas Estratégicas aprobados por el Hospital de Clínicas en Junio de 2015 y lo oportunamente presentado y avalado ante la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud, con su correspondiente actualización. En dicho plan deberán considerarse específicamente:
a) Determinación conjuntamente con las autoridades sanitarias nacionales de las demandas del sector público que debería satisfacer el Hospital de Clínicas, establecer el paquete de prestaciones para las cuales el Hospital será referencia regional o nacional para usuarios de ASSE u otros efectores.
b) Propuesta de prioridades de inversión en planta física y equipamiento a ejecutarse en el corto plazo.
c) Informe detallado de los avances en la mejora de la gestión y propuesta de reglamentación de la nueva ordenanza.
F) Cometer al Señor Rector la comunicación de esta resolución al Poder Ejecutivo.

SUNCA


Trabajadores de la Dirección Nacional de Cultura.

Montevideo, martes 8 de agosto de 2017
A quien le importe la Cultura y el Trabajo
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CULTURA OCUPAMOS
Una vez más denunciamos la emergencia laboral que vivimos los trabajadores y trabajadoras de la Dirección Nacional de Cultura del MEC, y esta vez, queremos llamar a las cosas por su nombre. Porque la precarización laboral llevada adelante con tercerizaciones, contratos flexibles y de poca duración, reducción de la plantilla y crecimiento de las tareas tiene un nombre: neoliberalismo. Y porque cuando esta política de Estado es fruto de un gobierno de izquierda, solo podemos hablar de hipocresía.
Vale la pena recordar que la Dirección Nacional de Cultura no carga con ninguna herencia maldita, fue creada en 2007. Esta es la institución que se vanagloria de promover el derecho a la seguridad social de los artistas al mismo tiempo que contrata trabajadores de forma ilegítima.
¿Cómo es posible que las autoridades anuncien un Ministerio de Cultura cuyo fin sea garantizar los derechos culturales de la ciudadanía cuándo sistemáticamente violan los derechos laborales de sus trabajadores? El mismo programa de gobierno del Frente Amplio lo señalaba, los Derechos Humanos son indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Se avanza en su conjunto, o se retrocede en su conjunto. Por eso la otra cara de esta emergencia laboral es el desmantelamiento de diversos programas: Ciudadanía Cultural, Talleres de Inclusión Socio-Cultural, Territorio o Boliches en Agosto.
Somos trabajadores del MEC, funcionarios del Estado de hecho, pero no de derecho. Trabajamos sin estructura, contratados con modalidades diversas, muchas de ellas precarias y mentirosas. Ejercemos como técnicos, administrativos, comunicadores y gestores culturales pero nuestros contratos dicen que damos clases. Todo esto implica a igual tarea desigualdad salarial, imposibilidad de crecimiento en la Administración, salarios sumergidos, y violación del principio de continuidad, —dado que constantemente caen y se renuevan nuestros contratos sin posibilidad de generar antigüedad—. Esto se llama inseguridad laboral.
Donde no hay estructura no hay organización del trabajo. La Dirección Nacional de Cultura no cuenta con un organigrama. Esto se traduce en un estado constante y colectivo de desorden, distribución arbitraria de tareas, abusos de poder, amenazas y reparto de compensaciones discrecionales. Lo vivimos a diario, se llama acoso moral laboral. Si en 10 años no se ha logrado regularizar esta institución —creando un organigrama—, a pesar de que las autoridades han declarado que era una tarea imprescindible e impostergable, debemos hablar de falta de voluntad política y de ineptitud.
Las consecuencias de esta situación se ven en la frustración y la desmotivación de los trabajadores, en las renuncias periódicas, en las oficinas que van quedando reducidas o vacías. En los últimos dos años y medio se ha ido, por su cuenta, un 15% de la plantilla de trabajadores: 46 personas, según nos anunció el director hace poco. Y se siguen yendo. Para los que permanecemos en la institución las tareas se duplican, crece el desorden. Es un círculo vicioso.
Reiteramos, en estas condiciones no se puede hablar de derechos culturales, de políticas a mediano y largo plazo, de desarrollo, de planes nacionales de cultura. Y agregamos, no somos una isla de la precarización. Esta situación campea por todo el Ministerio de Educación y Cultura, la padecen compañeros de Secretaría, de Educación, los del Clemente Estable, Patrimonio, CECAP, Dirección de Innovación, los museos y el Archivo General de la Nación.
¡Basta de hipocresía, falta de voluntad política, ineptitud e inseguridad laboral! Pedimos la renuncia del Director Nacional de Cultura, Sergio Mautone, como una medida necesaria aunque no suficiente. Reclamamos a las autoridades la regularización de todos los contratos precarios. El Ministerio de Educación y Cultura es un ministerio con sueldos miserables. Exigimos mejora y equiparación salarial. Demandamos una mesa de negociación por estructura real, con agenda y plazos.
Ya es hora de que este gobierno garantice los derechos de los trabajadores y consolide realmente la institucionalidad cultural del país.
Trabajadores de la Dirección Nacional de Cultura.
ATEC - COFE - PIT-CNT

lunes, 7 de agosto de 2017

EL AJUSTE

RENDICION DE CUENTAS
EL AJUSTE  EN DISCUSIÓN
Entre tires y aflojes dentro del partido de gobierno se termina de definir la rendición de cuentas. Como ya señalamos es de ajuste del gasto público como reclaman los organizamos de crédito y las calificadoras que mantienen la calificación a cambio de este severo ajuste.
En la rendición anterior, ya se habían aumentado los impuestos al trabajo, el IRPF y el IASS  sobre jubilaciones y se habían establecido recortes en el gasto, postergando para el 2018 unos 2588 millones de pesos. Distribuidos en 455 millones de pesos para salud (350 para la Administración de Seguros de Salud del Estado ASSE, 55 para el Hospital universitario y 50 para las unidades docentes asistenciales), 200 millones para Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU y 1437 millones para educación (793 para la Administración Nacional de Educación Pública ANEP, 100 para la Universidad Tecnológica UTEC y 544 millones para la Universidad de la República UDELAR).
Dentro del ajuste se implementaron subas en las tarifas públicas.
Mientras se ajusta el gasto en educación y salud  se mantienen los beneficios fiscales al capital, fundamentalmente a través de las exoneraciones a las inversiones extranjeras, la renuncia fiscal equivale a 2500 millones de dólares al año. Al mismo tiempo hay un crecimiento del endeudamiento, mientras en 2014 el pago de intereses de deuda equivalía al 2.8 % del PBI, en 2015 trepo a un 3.6 % y en 2016 al 3.3%.  Este año se terminaran pagando unos 3000 millones de dólares por intereses de deuda. Estos números dan un mentís a quienes argumentan que no hay plata y que solo inventando impuestos se puede lograr más dineros.  Dentro de esta línea buscan desesperadamente donde colocar nuevos impuestos, viendo a Netflix como posible victima.
El Rector de la Universidad, Markarian ha señalado que  con los recursos que tiene la institución destinados en la Rendición de Cuentas, “ingresa a un período de inestabilidad muy grande” y agrego que: “Lo que va a disminuir es la eficacia del sistema de apoyo que no es exclusivamente becas sino también comida y transporte”.
El pasado 20 de Julio se llevo adelante el paro general del Pit Cnt, con alto acatamiento aunque la central no lo convirtió en un paro activo disminuyendo su impacto. Los gremios de la educación están dando respuestas dispares, mientras algunos están paralizados, el gremio de los funcionarios de la Universidad (AFFUR) está llevando adelante la ocupación de las distintas facultades. Este es el camino si se quiere torcer el brazo al gobierno.





sábado, 5 de agosto de 2017

CHANTAJE LEGULEYO

CHANTAJE LEGULEYO: NUEVO ACTO DE PIRATERÍA DE ARATIRÍ

La demanda internacional anunciada por Aratirí contra el estado uruguayo por una supuesta violación del Tratado de Protección y Promoción de Inversiones con el Reino Unido carece de sustento legal por varios motivos, pero puede ser un chantaje para lograr resarcirse e incluso obtener una ganancia de sus andanzas en Uruguay.

Por el Código de Minería uruguayo (Ley 15.242), las concesiones de prospección y exploración no generan el derecho a la explotación del yacimiento, solo dan prioridad al titular para solicitar la autorización siguiente, la concesión para explotar "si formula su petición en tiempo y forma" (Art. 100). Por lo tanto, los gastos de una minera en esas etapas previas corren absolutamente por su cuenta y riesgo.

Por la Ley de Minería de Gran Porte (Ley 19.126), para otorgar la concesión para explotar de un proyecto incluido en ese marco debe firmarse un Contrato para el cual estableció las condiciones y los plazos de negociación (Art. 24). A pesar de haberse votado una ley que le otorgó una prórroga de un año, Aratirí agotó todos los plazos sin cumplir los requisitos y traspasó sus derechos a Invertexi.

Invertexi fue una firma comprada por Aratirí para alargar algo más esa negociación que igual culminó sin la firma del contrato. Aratirí no obtuvo la autorización ambiental y no presentó nunca las garantías financieras exigidas por la Ley 19.126 para obtener la concesión para explotar. Al culminar los plazos legales, los títulos mineros de Aratirí caducaron y pasaron al Registro de Vacancias (Art. 25, Ley 15.242).

Aratirí apela a las declaraciones de miembros del gobierno a favor del proyecto y al compromiso de cederle un terreno para el puerto en La Angostura. La minera intervino en la elaboración de la Ley 19.126 buscando su conveniencia y el gobierno hizo otro tanto. Las declaraciones y acciones de las partes durante una negociación no tienen ningún valor legal si no se llega finalmente a firmar el contrato.

Por lo tanto, no hay contrato y, si no hay contrato, no existe el "Proyecto de mineral hierro Valentines", como dice Aratirí en su comunicado. Ese proyecto quedó en el papel, no adquirió ninguna existencia legal como para sostener que fue una inversión frustrada que podría estar sometida a las reglas del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido y Uruguay.


Aratirí pretende usar uno de los 30 tratados bilaterales de protección de inversiones firmados por Uruguay. Estos tratados lesionan la soberanía al habilitar la solución de conflictos en tribunales internacionales donde empresas privadas son equiparadas a los estados. Por lo demás, no faltan escritorios de abogados especializados en esos tratados que ofrecen sus servicios para litigar contra un pequeño país.

Para justificar su demanda, Aratirí sostiene que el gobierno uruguayo "no cumplió con sus promesas ni sus obligaciones" (sic). Las promesas no configuran una obligación legal si no se encuentran registradas en un documento reconocido por ambas partes. No se puede creer que Aratirí y la firma de abogados contratada desconozcan estas reglas. Entonces, ¿cuál sería el objetivo real de esta demanda?

Todo indica que la demanda de Aratirí es otro acto de piratería especulativa, similar al proyecto minero que pretendió imponer en Uruguay. No pasaría de una maniobra para que el gobierno le haga un pago por las actividades exploratorias realizadas a cambio de renunciar al litigio. La presión está determinada por el hecho de obligar al gobierno a enfrentar los costos de un litigio de esas características.

Al fin y al cabo, otro acto de piratería y chantaje de una firma sin antecedentes mineros que no debió ser aceptada como interlocutor en un proyecto de ese tipo. Aratirí mintió desde el inicio presentándose como una empresa familiar de la India, cuando la sede estaba en la Isla de Jersey, paraíso fiscal de la Corona Británica. Seguramente, ahora fijará domicilio en Londres para acogerse al Tratado invocado.

Pramod Agarwal, el magnate indio dueño de Aratirí, cuyas hijas demandan ahora a Uruguay, antes que un minero enamorado del país, como declaró a la prensa, es un especulador financiero que dejó una secuela de desastres sociales y ambientales en Brasil, seguida de juicios por el no pago a contratistas y trabajadores, como ocurre hoy aquí, sin haber iniciado la actividad minera propiamente dicha.

Nada de esto es una novedad para el gobierno uruguayo. Desde hace tiempo, Aratirí amenazaba con un juicio de estas características y fue inflando la estimación de sus gastos, mientras algunos miembros del gobierno admitían esa posibilidad y llegaron a manejar cifras aún mayores que la minera. Se podrá verificar ahora si el gobierno está dispuesto a enfrentar esos propósitos o a ceder ante ellos.

El Artículo 19 de la Ley 15.242 establece que: "La actividad minera, cualquiera sea su modalidad, y todas las controversias, reclamaciones y peticiones, referidas a la misma, quedan sometidas, sin excepción alguna, a la legislación y jurisdicción de la República Oriental del Uruguay". El gobierno uruguayo no puede por lo tanto participar en ningún litigio de esta naturaleza que se pretenda fuera del país.

Para reforzarlo, el mismo artículo agrega: "Todo pacto o convenio en contrario es nulo. Esta disposición es de orden público y será incluida obligatoriamente en todos los contratos que otorguen derechos mineros". La Suprema Corte de Justicia ratificó en 2015 (fallo N° 247) que el Artículo 19 es aplicable a todos los proyectos que caigan bajo las disposiciones de la Ley de Minería de Gran Porte.

Ante el solo anuncio de la demanda de Aratirí y la presencia de una firma de abogados extranjeros, algunos se apresuran a admitir la validez del litigio y darlo por perdido. Sin entrar en otras consideraciones sobre esta triste experiencia, existen sólidas razones para rechazar estas pretensiones. Solo perderemos sContaai el estado uruguayo no defiende como corresponde la soberanía y las leyes nacionales.

URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA
24 de julio de 2017.