sábado, 27 de junio de 2015

ARGENTINA

A 13 años de la Masacre de Avellaneda

por Frente Popular Darío Santillán- Corriente Nacional - 25/06/2015 - La Haine


Hoy Argentina no es la del 2002. Encabezados por el kirchnerismo, los sectores del poder lograron una indiscutible recomposición del sistema capitalista y sus instituciones
¡Darío y Maxi, presentes en nuestras luchas y nuestros sueños colectivos!
Seguimos exigiendo cárcel para los responsables políticos
Avanza junio y se acerca el 26. Un nuevo aniversario de la Masacre de Avellaneda. Trece años de aquel fatídico 26 de junio de 2002 en el que Darío Santillán y Maximiliano Kosteki cayeron asesinados por las bala de la represión policial. El piso de lo que hoy es la estación Darío y Maxi quedó regado por la sangre de estos queridos compañeros víctimas de la brutal cacería ordenada por el gobierno de Duhalde.
Aquel 26 de junio, en el marco de un vasto proceso de protagonismo popular, diversas organizaciones de desocupados/asnos movilizamos al Puente Pueyrredón para reclamar aumentos de salarios y subsidios, alimentos para los comedores, por el desprocesamiento de las y los luchadores sociales y solidaridad con la fábrica Zanón de Neuquén.
Durante los meses previos el descontento social había ido creciendo. El gobierno de Eduardo Duhalde venía proyectando, junto con las fuerzas de seguridad, un plan de acción para frenar la protesta popular. Ese día, el gobierno había diseñado un esquema de seguridad a cargo de la Policía Federal y Bonaerense, Gendarmería y Prefectura Naval. Finalmente, la represión desatada se llevó la vida de los dos compañeros, y además hubo más de 30 heridos/as con balas de plomo y decenas de detenidos/as.
Como luchadorxs, como militantes del campo popular, como trabajadorxs queremos recuperar en toda su dimensión ese momento tan importante de nuestra historia reciente. Rechazamos los “relatos” construidos desde los sectores de poder, relatos que pretender legitimar una realidad que sigue siendo esencialmente injusta. Apostamos a construir otro futuro y para ello debemos contar nuestra propia historia y ser cada día más protagonistas de nuestro presente.
Darío y Maxi son nuestros mártires pero, fundamentalmente, son una bandera a levantar, son ejemplo, son una guía indispensable para la acción. Ellos son la organización desde abajo, la lucha en las calles, la construcción de poder popular, la solidaridad hasta las últimas consecuencias. Claro que vale el homenaje a nuestros muertos, pero sabiendo que el mejor homenaje es recuperar su ejemplo, es continuar su lucha.
En estos 13 años el reclamo de justicia ha sido una constante. La lucha unitaria de un conjunto de organizaciones logró la condena de los autores materiales de los homicidios: el comisario Alberto Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta. Pero siguen impunes los responsables políticos de la masacre, empezando por el ex presidente Eduardo Duhalde y su ministro Aníbal Fernández (hoy Jefe de Gabinete del gobierno nacional y precandidato a gobernador de Buenos Aires por el kirchnerismo). La lucha por justicia y castigo a todos los responsables sigue plenamente vigente; se logró que el juez federal Ariel Lijo reabriera la causa por los responsables intelectuales y políticos de la masacre, pero mucho más habrá que avanzar contra una institucionalidad que defiende la impunidad de los poderosos.
Hoy la Argentina no es la misma que la del 2002. Encabezados por el kirchnerismo, los sectores del poder lograron una indiscutible recomposición del sistema capitalista y sus instituciones. Los sectores populares logramos recuperar algunos derechos pero perdimos protagonismo y fuerza en las calles. El horizonte de un “capitalismo serio” se asienta en el saqueo de los bienes comunes, la precarización laboral, salarios y jubilaciones miserables. A trece años de aquellas demandas, continuamos exigiendo trabajo genuino para todos/as, porque la “década ganada” es, principalmente, para los empresarios que “se la llevan con pala”.
En tiempos de elecciones, de disputas de grupos de poder, los candidatos que repiten eslóganes vacíos mientras preparan nuevos ajustes contra el pueblo. Entre ellos está Aníbal Fernández, uno de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda, reciclado desde hace más de 10 años por el proyecto K y ahora candidato en las próximas elecciones.
Ante este escenario que se preanuncia aún más duro para el pueblo, se vuelve indispensable sostener el camino que transitaron Darío y Maxi. El de construir una izquierda desde abajo, prefigurativa, con protagonismo popular, con la mirada en Latinoamérica y también en las diversas experiencias históricas de lucha de nuestro pueblo.
En el marco actual no desconocemos la instancia electoral; llamamos a participar de las elecciones votando a los candidatos del FIT porque entendemos que son los que expresan una perspectiva favorable a los trabajadores y trabajadoras. Pero tenemos claro que los cambios de fondo vendrán de la organización y la lucha colectiva. Nos sentimos parte de un proceso regional que tiene en Venezuela y en Bolivia sus expresiones más avanzadas. Y en este punto se agigantan las figuras de Darío y Maxi. Ellos viven en cada una de nuestras luchas: en el barrio, en los lugares de trabajo, en las escuelas y universidades, en la defensa del medio ambiente, en las luchas contra el machismo y el patriarcado y una vida libre de violencia. Ellos son un mojón indispensable en nuestro camino hacia el cambio social, en nuestra apuesta por el feminismo popular, en el diseño del buen vivir nuestroamericano, en el desafío por construir colectivamente el socialismo desde abajo.
Por todo esto, como cada año, este 26 de junio estaremos en las calles de todo el país recordando a nuestros cumpas, reclamando justicia, luchando, como nos enseñaron, con coraje, compromiso y vida.
Darío y Maxi presentes en nuestra lucha!!!
Castigo para los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda.
Cárcel para Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández, Alfredo Atanasof, Juan José Álvarez Felipe Sola, Luis Genoud, Oscar Rodríguez y Jorge Matzkin.
Como Darío y Maxi no negociamos nuestros sueños.
Por el socialismo, el feminismo y el poder popula

HONDURAS


Se suman más a huelga de hambre de los indignados

Wednesday, 24 June 2015 15:57 Administrador // Defensores en Línea
La cifra de indignados en huelga de hambre para conseguir la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), aumentó este miércoles, cuando varios jóvenes en Tegucigalpa y San Pedro Sula iniciaran un ayudo solidario.
El pasado lunes dos coordinadores de la marcha de las antorchas, Ariel Varela y Miguel Briceño, iniciaron una huelga de hambre en las cercanías de la Casa Presidencial, como medida de presión para que el Gobierno solicite la instalación en el país de la CICIH.

Desde hace un mes se realiza en el país las marchas de las antorchas, en memoria a las víctimas fallecidas por el saqueo del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) y para exigir un alto a la corrupción, a la impunidad y la instalación de la CICIH.

De Santa Bárbara y San Pedro Sula llegaron hasta la Capital, German Ayala y Gerson Suazo respectivamente, a sumarse al ayuno indefinido que sostienen desde el lunes Ariel Varela y Miguel Briceño en las cercanías de la Casa Presidencial.

A esta iniciativa, también se sumaron este miércoles varios miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) en San Pedro Sula, quienes se declararon en ayuno.

16 jóvenes, entre ellos  José Luis Cruz, diputado por el partido Libertad y Refundación por el departamento de Cortés, iniciaron un ayuno a inmediaciones de las instalaciones del Ministerio Público de San Pedro Sula, como una muestra de apoyo a los dos Indignados que están en huelga de hambre en Tegucigalpa.

En un comunicado el MADJ exige al presidente Hernández “solicite a las Naciones Unidas y garantice la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que venga a contribuir a los esfuerzos en la lucha contra la corrupción  y a la reorganización de la institucionalidad”.

Además, el día que Varela y Briceño iniciaron el ayuno indefinido, también se unieron a esta huelga de hambre Ariel Calero y Erlin Mejía, este último tuvo que abandonar el día siguiente  el ayuno, por recomendaciones de los médicos que están pendiente de la salud de los huelguistas.

El martes en horas de la noche, mediante una cadena de radio y televisión, el presidente Juan Orlando Hernández propuso la creación de un Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción (SIHCIC).

Los indignados en huelga de hambre rechazaron esta propuesta y señalaron que la condición para sentarse a dialogar con Juan Orlando Hernández es la instalación en Honduras de la (CICIH).

Miguel Briceño posteó un mensaje en su muro de Facebook, en el que dice estar “agradecidos con Dios y con todo el pueblo que está pendiente de nosotros, un fuerte abrazo y a seguir en la lucha, no hay dialogo. Si a la CICIH”.

Por su parte Ariel Varela indicó en su Facebook “que pena me da, que quien tiene la banda presidencial, le tema tanto a una investigación transparente e imparcial”.


Honduras. Tierras bañadas en sangre

Por Sasha Chavkin
Publicado en: 24 junio, 2015
Kaos en la Red
Glenda Chávez camina entre los naranjos de la huerta de su familia, acercándose a una cerca de alambre baja que separa su propiedad de la finca de la Corporación Dinant, en Paso Aguán. Al otro lado de la valla, filas de espinosas palmeras (palma aceitera) se esparcen por el paisaje verde del norte de Honduras. […]
Glenda Chávez, al lado de la tumba del padre, Gregorio Chávez, cuyo cuerpo fue encontrado en una finca de la empresa Dinant, en Paso Aguán, en julio de 2012. Foto: ICIJ
Glenda Chávez camina entre los naranjos de la huerta de su familia, acercándose a una cerca de alambre baja que separa su propiedad de la finca de la Corporación Dinant, en Paso Aguán. Al otro lado de la valla, filas de espinosas palmeras (palma aceitera) se esparcen por el paisaje verde del norte de Honduras. “Aquí,” dice ella con una voz suave, decidida, apuntando a un lugar en su lado de la valla, donde un equipo de búsqueda encontró los últimos trazos de vida de su padre.
Gregorio Chávez, pastor y finquero, desapareció en julio de 2012. Horas después, hombres de su comunidad campesina encontraron el aporcador que él había llevado para cuidar de sus hortalizas. También encontraron en la tierra marcas de alguien arrastrado en dirección a la propiedad de Dinant, dice Glenda.

Cuatro días después de la desaparición de Gregorio Chávez, el equipo de búsqueda encontró el cuerpo del pastor en la finca Paso Aguán, enterrado bajo una pila de hojas de Palma. Él fue asesinado a golpes en la cabeza y su cuerpo mostraba señales de que podría haber sido torturado, según un promotor especial del gobierno responsable de investigar el caso. Glenda y los otros residentes locales inmediatamente sospecharon que él había sido asesinado por hablar en sus predicaciones contra la Dinant, empresa opuesta a la comunidad en una batalla sobre la posesión de una tierra que la empresa había incorporado, hace mucho tiempo, en su vasta operación [para ampliar el área] de aceite de palma africana (dendê). “Estas fincas están bañadas en sangre”, dice Glenda Chávez. “No fue sólo mi padre. Más de 100 agricultores que han muerto en defensa de su la tierra”.
Según el procurador especial Javier Guzmán, guardias de seguridad contratados por la Dinant son “los principales sospechosos” en el asesinato de Gregorio Chávez, pero nadie ha sido acusado judicialmente en este caso. La compañía niega tener implicación en la muerte del pastor asesinado.
Según Guzmán, quien fue asignado por el gobierno para investigar la ola de violencia que ha afectado el Valle del Bajo Aguán, en Honduras, en los últimos años, el asesinato del pastor es uno de los 133 que están vinculados a los conflictos de tierras en la región. Las circunstancias de esas muertes permanecen en disputa en una lucha que ha puesto la Dinant y otras grandes corporaciones propietarias de tierras contra los campesinos, siendo que ambos lados están implicados en episodios de violencia con horribles consecuencias.
El conflicto ha atraído la atención internacional. Una de las razones es que Dinant, uno de los protagonistas claves de la historia, ha sido financiada por una agencia del Banco Mundial. La Dinant fue apoyada por la Corporación Financiera Internacional (IFC, sigla en inglés), un brazo del Banco Mundial que hace préstamos a las empresas privadas. La IFC financió a Dinant, uno de los principales productores de aceite de dendê y alimentos de América Central, en medio de los recientes conflictos de tierra. La Dinant recibió US$ 15 millones en 2009 y, en 2011, US$ 70 millones fueron enviados a un banco hondureño que es uno de los mayores financiadores de la empresa.
Al financiar a esta empresa, la IFC, se ha alineado con uno de los actores principales en un conflicto civil mortal, apostando su dinero y reputación junto a una corporación poderosa con una historia cuestionable. La IFC ha ignorado pruebas que podrían obtenerse fácilmente y que deberían haberla prevenido de hacer negocios con la Dinant, conforme la oidoría interna descubrió más tarde.
Mark Constantine, representante oficial de la IFC, responsable para gestionar riesgos sociales y ambientales, dice que la institución aprobó el préstamo a la Dinant antes de los episodios de violencia en el Bajo Aguán salieran de control. Según él, la IFC está cambiando sus políticas para hacer una mejor previsión de los riesgos a las comunidades locales. “Nosotros tomamos una fotografía en aquel momento y actuamos en base a eso”, explica Constantine. ¿”Deberíamos haber reconocido algunas de estas cuestiones históricas antes? Sin repuesta”.
apublica2
Niño carga pollos vivos en la comunidad Panamá, que bordea la finca Paso Aguán, de la Dinant. Foto: ICIJ
Con el creciente impulso a inversiones privadas en los países en desarrollo, la IFC se ha expandido rápidamente. Los préstamos anuales alcanzaron a US$ 17,300 millones en 2014, un aumento de 36% en comparación con 2010. A pesar del crecimiento – y reclamos en Honduras y en otros lugares por haber destinado dinero a compañías involucradas en el acaparamiento de tierras y violación de los derechos humanos -, la IFC permanece menos conocida que el Banco Mundial, su institución- hermana que hace préstamos a los gobiernos.
Grupos defensores de los derechos humanos y ex empleados del Banco dicen que la IFC asume riesgos mayores y es menos responsable que el Banco Mundial. Paul Cadario, ex gestor jubilado que trabajó durante 37 años en el Banco Mundial, dice que el Banco tiene “un ejército de científicos sociales”, que son sensibles a las reglas del Banco para proteger a las comunidades locales y al medio ambiente. Por otro lado, agrega que la IFC tiende a confiar en las garantías “de que nada va a salir mal”, dadas por sus clientes del sector privado.
Reclamos sobre los clientes de la IFC a menudo implican a poblaciones vulnerables que afirman estar siendo ignoradas y marginadas para abrir espacios a grandes proyectos. Desde 2004, la IFC ha aprobado más de 180 proyectos que pueden involucrar desplazamientos físicos o económicos, según un análisis de documentos de la propia institución realizado por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). En estos casos, las familias desplazadas pueden perder sus casas u otros bienes o sufrir daños en sus medios de subsistencia.
En el caso de la Dinant, la oidoría interna de la IFC concluyó que la falta de atención de la institución a los peligros de hacer negocios con la empresa ha generado serios problemas en la gestión de proyectos que resultan riesgosos. La cultura de la IFC es tan enfocada en los resultados finales que es posible encontrar el siguiente texto en un informe de diciembre de 2013: “es permitido alentar al equipo a ignorar, dejar de articular o incluso encubrir potenciales riesgos medioambientales, sociales y relacionados a conflictos”.
Muchas inversiones controvertidas de la IFC implican préstamos a intermediarios, como bancos, fondos de cobertura y empresas de capital privado. Manejando la financiación a través de estos intermediarios – en vez de prestar directamente a los clientes del sector privado – la IFC facilita que sus reglas sean ignoradas por los beneficiarios finales.
Desde 2014, 42% de las inversiones de la IFC pasaron a ser hechas a través de intermediarios financieros, según la oidoría de la institución. En una auditoría de inversión de la IFC en el Banco Ficohsa, el banco hondureño que fue uno de los principales financiadores de la Dinant, la oidoría describe las inversiones con intermediarios como una “exposición no analizada y no cuantificada de proyectos con impactos ambientales significativos”.
apublica3
Niño cosecha palmas aceiteras, en La Confianza. Foto: ICIJ
Según la oidoría, esas exposiciones son “realmente secretas”, dejándolos “privados de los sistemas diseñados para asegurar que la IFC y sus clientes sean responsabilizados”. Según análisis del grupo antipobreza Oxfam, desde 2012 solamente 6% de los destinatarios finales del dinero de los préstamos a intermediarios financieros que fueron clasificados como de alto riesgo por la IFC fueron revelados.
Desde 2011, seis comunidades en Asia, África y América Latina han denunciado a la oidoría proyectos apoyados por instituciones financieras pagadas por la IFC. Entre los afectados por estos proyectos están los residentes de Uganda que afirman que sus casas fueron incendiadas para dar paso a cultivos de pinos y eucaliptos, además de los finqueros en Camboya que tuvieron sus campos de arroz convertidos en plantaciones de caucho.
El caso Dinant se destaca porque se trata de una batalla de décadas sobre una tierra que ha pasado de mano en mano entre hacendados y agricultores – y también en razón de cantidad de cuerpos asociado con el conflicto.
La IFC dice haber tomado medidas para contrarrestar la violencia en el Bajo Aguán: la contratación de un mediador para manejar las negociaciones entre la Dinant, los agricultores de la región y las autoridades hondureñas y convencer la Dinant a renovar sus protocolos de seguridad, desarmar a los guardias encargados de las haciendas. La segunda parcela del préstamo de la IFC a la Dinant – US$ 15 millones – fue retenida debido a los problemas con la empresa.
La IFC reconoce que los préstamos en regiones conflictivas presentan riesgos, pero dice que su trabajo en estas áreas es esencial para su misión. Según funcionarios de la IFC, estas inversiones generan empleos y prosperidad, lo que puede ayudar a romper el ciclo de violencia.
En 2014, la IFC invirtió US$ 640 millones en “situaciones de fragilidad y afectadas por conflictos”. La institución se comprometió a aumentar en 50% las inversiones en estas regiones entre 2012 y 2016. “Eso no es para los débiles de corazón”, dice Constantine, gestor de riesgos de la IFC. “¿Si no fuéramos nosotros, quién lo haría?”
Señales de problema
La disputa de tierras en Bajo Aguán comenzó en la década de 70, cuando la ley nacional de la reforma agraria distribuyó la mayor parte del rico terreno del valle a organizaciones lideradas por campesinos. Fue una victoria para los agricultores más pobres y atrajo oleadas de migrantes a la fértil región del Aguán. La suerte de los campesinos cambió en la década de 90, cuando el gobierno de Honduras, aconsejado por el Banco Mundial, cambió radicalmente las reglas de propiedad de la tierra.
En marzo de 1992, Honduras aprobó una ley que por primera vez, permitió que las tierras pertenecientes a los agricultores fueran apropiadas y vendidas. El Banco Mundial apoyó el cambio, que hizo parte de una serie de reformas promovidas como parte de los esfuerzos para conducir a Honduras [más fuertemente] a una economía de mercado.
Después que la nueva Ley entró en vigor, zonas de propiedad colectiva pronto fueron pasadas a la Dinant y otras grandes corporaciones. Gran parte de la tierra se ha convertido en fincas de palma africana para la producción industrial de aceite de palma, utilizado para la fabricación de champús, helado, margarina y muchos otros cosméticos y alimentos. Los ambientalistas sostienen que el rápido crecimiento de la producción de aceite de palma llevó a la deforestación y expulsó a poblaciones vulnerables de sus tierras nativas.
Entre 1990 y 1994, un área de aproximadamente 21 mil hectáreas-74% de la tierra de los campesinos del Bajo Aguán – fue vendida, según un informe realizado en 2010 por una coalición de organizaciones de agricultores.
Constantine, de la IFC, afirma que las ventas manifestaron el fracaso del modelo colectivo creado con la reforma agraria. “Aquel experimento social no fue muy exitoso”, dice. “Los grandes propietarios de tierras han infringido las leyes y compraron las tierras de vendedores dispuestos a negociar”.
Los agricultores y sus abogados cuentan una historia diferente. Una vez que se podían vender las tierras colectivas, los campesinos pasaron a ser presionados por los hacendados para que dejaran a un lado sus derechos. Estos agricultores afirman que algunos de sus líderes, después de que se negaron a vender las tierras, fueron amenazados por matones y tuvieron sus casas atacadas por disparos.
Fraudes también fueron una práctica frecuente. Según los agricultores, facciones dentro de los propios colectivos firmaron ventas de tierra a cambio de pagos a individuales [a personas que no representaban a todo el colectivo].
En respuesta, los campesinos formaron organizaciones populares para cuestionar las ventas de tierras en los tribunales y ante el ejecutivo. Ellos exigieron que el gobierno devolviera las tierras que antes pertenecían a los colectivos.
En agosto de 2008, 12 personas murieron en un enfrentamiento entre terratenientes y agricultores que disputaban una tierra previamente utilizada como un centro de entrenamiento militar. En el mismo mes, un equipo de IFC visitó a Dinant para evaluar un posible préstamo.
Poco después, en diciembre de 2008, la directiva de la IFC aprobó un préstamo de US$ 30 millones a la Dinant. El crédito ha sido calificado como “Categoría B”, indicando que había baja posibilidad de que la inversión generara graves problemas sociales y ambientales.
Posteriormente, la oidoría de la IFC descubrió que las pesquisas hechas por el equipo de evaluación del Dinant eran fallas– la más grande propietaria de tierras en Bajo Aguán- y su propietario, Miguel Facussé, considerado por la revista Forbes uno de los multi millonarios más poderosos de Centroamérica.
Según informes de la oidoría, si el equipo hubiera hecho una simple búsqueda en internet, habría encontrado noticias que demuestran que Facussé fue acusado de estar implicado en el asesinato de un activista ambiental, recibió una orden de arresto por supuestos delitos ambientales y estuvo involucrado en una serie de disputas por la tierra.
La orden de detención de Facussé, acusado de permitir que una de sus unidades industriales derramaran toxinas en el agua potable [usada por la población] desde hacía dos décadas, fue revocada después de que la jueza que había expedido la orden, dejó el cargo. En 2003, un tribunal rechazó las acusaciones de que Facussé habría colaborado en el asesinato del ambientalista Carlos Escaleras. Facussé y la Dinant negaron cualquiera irregularidad en estos procesos judiciales.
La IFC y Dinant firmaron el acuerdo de préstamo en abril de 2009, cuando los agricultores todavía esperaban que las disputas de tierra en la región pudrieran resolverse pacíficamente. Manuel Zelaya, Presidente de Honduras en ese el tiempo, se ofreció a negociar con los movimientos de agricultores y hacendados en el Bajo Aguán un acuerdo político para devolver parte de la tierra en disputa a los campesinos. Luego, el giro político en el país terminó aumentando la violencia.
Un aviso del púlpito
En el verano de 2009, Glenda Chávez tenía una hija de 7 años de edad y estaba embarazada de su segundo hijo. Ella pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en su máquina de coser para ganar dinero. A finales de junio, soldados invadieron la residencia presidencial, sacaron Zelaya del poder y lo pusieron en un avión rumbo a Costa Rica. Glenda recuerda que su padre describió el golpe como “bárbaro”. Pero ella no se involucró en la creciente lucha que dividía el país. “Yo no me interesaba mucho en la política”, recuerda. El gobierno respaldado por militares que tomó el poder, dejó claro que no continuaría con la reforma agraria prometida por Zelaya.
Indignado por el golpe de estado y sin opciones políticas, el movimiento de los agricultores adoptó una nueva táctica – ocupar en masa las tierras en disputa. Los agricultores llaman esas acciones de “recuperaciones”. La Dinant la describe como “invasiones”. Muchas de las muertes en el Bajo Aguán ocurrieron durante estas ocupaciones.
La Dinant siempre contó con el ejército hondureño para expulsar a los agricultores pobres de las áreas disputadas. La empresa y el ejército sostienen que los ocupantes están armados y son violentos. “Los agricultores no entraron de forma pacífica”, argumenta el coronel René Jovel, comandante de la Operación Xatruch, una operación militar con órdenes de pacificar la región del Bajo Aguán. “Ellos entran con hachas, escopetas, pistolas, fusiles AK-47″.
Guzmán, el promotor especial, dice que en algunos casos los agricultores se mataran unos a los otros, contratando pistoleros para resolver luchas dentro del movimiento por el control de las lucrativas fincas que producen aceite de palma.
apublica4
El promotor especial Javier Guzmán. Foto: ICIJ
Los grupos campesinos sostienen que las afirmaciones son forjadas por la empresa y por el gobierno para justificar los abusos cometidos por soldados y guardias de seguridad de la Dinant. Un informe realizado en 2013 por el Permanent Human Rights Observer for Aguán, grupo de derechos humanos, vinculado a los movimientos agricultores, revela que de las más de 100 muertes violentas asociadas al conflicto de tierras, 89 eran de campesinos y 19 corresponden a guardias de seguridad, policías, militares o propietarios de tierras. Vitalino Alvares, portavoz del movimiento de los agricultores, dice que las ocupaciones no son violentas. Pregunta “¿por qué los lesionados son siempre los agricultores?”, pregunta.
En noviembre de 2010, cinco agricultores murieron durante un intento de ocupar la hacienda El Tumbador, de la Dinant. Aunque haya pocas dudas de que los guardias de la compañía hayan disparado los tiros fatales, la Dinant sostiene que ellos actuaron en defensa propia durante un ataque armado de más de 160 agricultores.
Francisco Ramírez, quien sobrevivió a la ocupación de El Tumbador, tiene una gran cicatriz atravesando su rostro, producto de una bala que entró por una mejilla y salió por la otra. Explica que estaba desarmado y caminando hacia la puerta principal de la finca con otro agricultor cuando guardias de seguridad de la Dinant, que estaban escondidos detrás de una colina, los sorprendieron con una lluvia de disparos. “Acá es donde ocurrió la emboscada”, dice Ramírez, señalando a una pequeña colina cubierto de árboles y vegetación densa, al lado de la carretera en El Tumbador. “Acá fue donde yo sentí el impacto de la bala en mi rostro”.
apublica5
Francisco Ramírez, un pequeño finquero, muestra la ruta de escape por donde corrió después de recibir un disparo en el rostro, durante un intento de ocupar la hacienda El Tumbador, de la Dinant. Foto: ICIJ
Roger Pineda, director de relaciones corporativas de la Dinant, dice que no hubo emboscada. Perturbado por las muertes en El Tumbador, el Presidente de la IFC pidió para la Dinant que se contuviera y solicitó al gobierno de Honduras encontrar una solución pacífica para el conflicto de tierras. Pero la violencia continuó, llegando cada vez más cerca de Paso Aguán y de la familia Chávez.
En mayo de 2011, un agricultor activista llamado Francisco Pascual Lopes desapareció cerca de la finca de Paso Aguán. Miembros de la comunidad encontraron rastros de sangre que conducían a la finca, según testifica Human Rights Watch.
En aquel mismo mes, el directorio de la IFC aprobó un préstamo de US$ 70 millones al Banco Ficohsa – una de las mayores instituciones financieras de Honduras, con el objetivo de “otorgar préstamos a las pequeñas y medianas empresas del país.” El conglomerado Dinant se encuentra entre los mayores clientes del Ficohsa, habiendo asegurado aproximadamente US$ 17 millones en préstamos de ese banco, en 2008.
Incluso una vez que segunda mitad del préstamo directo a la Dinant fuera retenida por la IFC, la institución no se negó a financiar la empresa a través de un intermediario. Dado que los préstamos del Ficohsa para la Dinant crecieron hasta 2010, el equipo de la IFC dispensó los límites de la institución referidos al monto que el banco podría prestar a un cliente, haciendo constar que la Dinant era una empresa “líder regional” y su dueño, Miguel Facussé, “un empresario respetable”;
Tres meses después del préstamo a Ficohsa haber sido aprobado, la Dinant informó haber sufrido un ataque mortal de campesinos durante un intento de recuperar la finca de Paso Aguán. Según Pineda, cuatro guardias y un funcionario de la Dinant fueron muertos y al menos uno de los guardias parecía haber sido ejecutado. El funcionario de Dinant fue torturado y sus orejas fueron cortadas, dice Pineda.
Glenda Chávez recuerda que, con la difusión de los conflictos, su padre comenzó a hablar en contra de la Dinant en sus predicaciones. Gregorio Chávez nunca fue afiliado a los movimientos campesinos, pero se quedó frustrado con la compañía a la medida que sus guardias se convertían en presencias intimidantes, imponiendo un toque de queda a las 18 horas. Él plantó palma aceitera en la propiedad de la familia, pero cuando salió a vender sus frutas, explica la hija, fue amenazado por guardias de la Dinant y por policías que asumieron que sus productos eran robados. “Él era un hombre que jamás se quedaba en silencio”, dice Glenda. “A él nunca le gustó la injusticia y no le gustaba que Miguel Facussé viniera a nuestra comunidad”.
La violencia que golpeó a otras partes del norte de Honduras aún no había llegado a la pequeña comunidad de alrededor de 450 familias llamada Panamá. Glenda recuerda que, en los últimos meses, desde el púlpito, su padre comunicó signos que prenunciaron su muerte violenta. “Él predicó: ‘Cuando ellos derramaren la sangre de uno de nosotros, la comunidad se va levantar”, recuerda Glenda.
Revueltas en Panamá
Glenda recuerda que, en la noche del 2 de julio de 2012, su madre vino a decirle que su padre no había vuelto a casa. “Fue cuando sentí en mi corazón que algo había pasado”, dice. La familia Chávez y sus vecinos comenzaron una búsqueda desesperada. Glenda llamó parientes y miembros de la iglesia alertaron la policía y los bomberos. Después que la policía encontró el hacha de Gregorio, la comunidad exigió el acceso a la finca de Paso Aguán.
Varios días pasaron antes de que el equipo de búsqueda consiguiera entrar en la propiedad. Grupo de policiales y campesinos comenzaron a recorrer las 1.200 hectáreas en busca de señales del pastor desaparecido. Al principio, regresaron con las manos vacías. Después, recuerda Glenda, los agricultores exigieron acceso a una sección inexplorada de la propiedad, conocida como Lote 8.
Los guardias de la Dinant dijeron que la zona era restricta e intentaron negar la entrada, cuenta Glenda. Después de negociaciones con la policía, los guardias aceptaron abrir el lote 8 y agricultores y policiales comenzaron las búsquedas. El 6 de julio, el cuerpo de Gregorio fue encontrado.
Pineda, portavoz de la Dinant, dice que la compañía ya no era la responsable por el Lote 8, cuando el cuerpo del pastor fue encontrado. En los días siguientes a la desaparición de Gregorio, dice Pineda, los agricultores que buscaban el cuerpo tomaron el Lote 8 y otras partes de la propiedad, robando tractores, frutos de la palma, quemando un almacén. Pineda dije que estos guerrilleros violentos podrían haber traído el cuerpo desde cualquier lugar.
Pineda dijo que la Dinant y sus guardias no tenían motivos para matar a Gregorio Chávez. “Nosotros nunca tuvimos ningún problema con Gregorio Chávez, siempre fuimos vecinos”, dice. “¿Qué podríamos ganar con eso?”
Guzmán, el promotor especial, dice que las sospechas de los agricultores son que los guardias de la Dinant mataron a Gregorio Chávez, representa la explicación “más confiable” sobre su muerte. Pero él afirma que no hay testigos o pruebas científicas que impliquen a los guardias en el asesinato. “Ellos son los sospechosos, pero no hay evidencias concretas”, dice Guzmán.
Después que el cuerpo del pastor fue descubierto, la indignación se apoderó de la comunidad Panamá. Los residentes crearon una nueva organización para luchar por su causa: El Movimiento para la Refundación ‘Gregorio Chávez’. Glenda fue llamada muchas veces para hablar a la comunidad. Aún es doloroso para ella discutir la muerte de su padre, pero ella narra con mucha calma los acontecimientos alrededor del asesinato.
Junto con la denuncia de violencia contra los campesinos, el Movimiento Gregorio Chávez exige que la Dinant transforme la finca Paso Aguán en propiedad campesina. La Dinant se niega a vender las tierras en disputa, dejando los dos lados estancados. “La propiedad de Paso Aguán se recuperará”, dijo Santos Torres, uno de los líderes del movimiento campesino de la comunidad Panamá, durante una entrevista radial que la Dinant compartió con los reporteros del ICIJ. “Vamos recuperarla, aunque tengamos que llenar las calles de sangre”. Más tarde, Torres explicó al ICIJ que hacía referencia a la sangre derramada por los agricultores dispuestos a sacrificar sus vidas para recuperar la tierra. “Si tuviéramos que morir aquí, es aquí donde moriremos”, dice.
“Liberando el dinero”
A la medida que la violencia se incrementaba en el Bajo Aguán, la Dinant siguió beneficiándose de las inversiones de la IFC. En febrero de 2013, a más de un año de la inversión de la IFC en Ficohsa, el banco dio a la Dinant un préstamo de US$ 5 millones. El dinero era una parte del préstamo de más de US$ 39 millones que el Ficohsa concedería a la Dinant durante las inversiones de la IFC en el banco.
Mientras tanto, el método de control de daños sociales y ambientales del Ficohsa fue disparando alarmas dentro de la IFC. En el mismo mes en que el banco concedió un nuevo préstamo a la Dinant, la IFC encontró que Ficohsa no siguió las políticas de salvaguardias ambientales y sociales de la institución, que sirven para proteger la población que vive en los alrededores de los proyectos financiados.
Eso no impidió a la IFC continuar trabajando con el banco hondureño. En noviembre de 2013, el Programa de Financiamiento para el Comercio Global de la IFC aseguró a Ficohsa dos acuerdos comerciales con la Dinant.
Al mes siguiente, la oidoría de la IFC divulgó el informe sobre el financiamiento de la Dinant. El observatorio interno encontró que la IFC falló en cada paso al investigar adecuadamente o supervisar la Dinant. Según un empleado del banco que conversó con la oidoría, el departamento de inversiones quería “liberar el dinero”, con poca atención a los riesgos sociales y muchas veces pasando por encima de las preocupaciones del equipo de salvaguardia.
El informe indica que, en el caso Dinant, el gerente de portafolio de la IFC rechazó los llamados del especialista en medio ambiente para que siguieran una línea más dura con la empresa. El especialista fue sustituido. En junio de 2014, la IFC adquirió una participación accionaria de US$ 5,5 millones en el Ficohsa.
La IFC prometió reformular su método de evaluación de riesgos sociales de los proyectos y el modo de supervisar las inversiones en intermediarios. Fue creada una nueva vicepresidencia para lidiar con la gestión de riesgos y un plan de acción para mejorar la supervisión de los intermediarios financieros y empezar selección de los destinatarios finales de los préstamos. “Estamos intentando resolver eso estructuralmente y también culturalmente”, dijo Morgan Landy, director del departamento ambiental, social y de gobernanza de la IFC en un foro con grupos comunitarios en octubre de 2014.
“Humillados en nuestras casas”
El 3 de julio de 2014, los agricultores del Movimiento Gregorio Chávez intentaron nuevamente ocupar la propiedad de Paso Aguán. Ellos ocuparon la finca durante aproximadamente un día antes que los soldados del coronel Jovel entraran y les expulsaran. Miembros de la comunidad Panamá dicen que los soldados abrieron fuego contra ellos durante las expulsiones. David Ponce, un joven agricultor, muestra las cicatrices de una bala que le rasgó el hombro. Otros dicen que fueron golpeados y torturados por los soldados.
apublica6
Fotos ofrecidas por la comunidad Panamá documentan las heridas sufridos por campesinos cuando soldados hondureños los expulsaron de una ocupación en la finca Paso Aguán, de la Dinant, en julio de 2014.
Glenda Chávez cuenta que estaba presente durante las expulsiones como defensora de los derechos humanos, utilizando una cámara para filmar los soldados disparando contra los agricultores. Ella dice haber sido detenida por los soldados y sólo fue liberada tras entregar la cámara. “Dejé la cámara caer. Me saqué el chaleco donde guardaba la cámara, mi teléfono y dinero y lo dejé en el suelo”, explica. “Ellos se llevaron [el chaleco] y yo huí”.
En noviembre, durante la visita del ICIJ a Paso Aguán, el coronel Jovel advirtió a los reporteros que los agricultores de la comunidad Panamá intentarían llamar la atención internacional provocando violencia durante la visita. Jovel contó al equipo de reportaje ICIJ que había enviado soldados a Paso Aguán para evitar un intento de ocupación y que no podría garantizar la seguridad de los reporteros si ellos visitaban la comunidad Panamá. Más tarde, en aquel día, el equipo de reportaje visitó la comunidad, evitando las tierras en disputa en Paso Aguán.
Santos Torres, líder de los agricultores que habló de llenar las calles de sangre, se sentó con una docena de personas en el césped frente a la casa de Glenda. Él mostró sus cicatrices y fotografías que documentan los desalojos ocurridos en julio. Torres se burló de la idea de que él y sus compañeros estarían planeando unaconfrontación. La realidad, dijo, es que “nosotros somos humillados dentro de nuestras propias casas, sin poder salir”.
El bosque donde Gregorio Chávez desapareció queda a corta distancia caminando por una carretera polvorienta cerca de donde los agricultores estaban reunidos. Glenda ha comenzado a plantar árboles de naranja entre las palmas aceiteras plantadas por su padre. Cree que estas palmeras sólo trajeron sufrimiento a la comunidad. Ella coge una naranja y, con bastante habilidad, la descasca con el machete. Está madura y dulce.
“Cuando una palma aceitera muere, nosotros plantamos otra cosa”, dice Glenda. “Algo que nos beneficie a nosotros, los agricultores.”
Colaboraron en el reportaje Cécile Schilis-Gallego y Shane Shifflett.



ESPAÑA

(Crimen organizado) La banca ha desahuciado en España a más de medio millón de familias desde 2008

Por Librered
La banca ha desahuciado a más de medio millón de familias trabajadoras en España desde 2008, según denunció este martes Amnistía Internacional en su informe ‘Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España’. “Entre 2008 y el primer trimestre de 2015 se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria”, explicó Esteban Beltrán, […]
Gobierno-unificara-primera-desahucios-estadistico_EDIIMA20121206_0162_4
La banca ha desahuciado a más de medio millón de familias trabajadoras en España desde 2008, según denunció este martes Amnistía Internacional en su informe ‘Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España’.
“Entre 2008 y el primer trimestre de 2015 se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria”, explicó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en una rueda de prensa en Madrid.
Es decir, más de medio millón de familias trabajadoras fueron desalojadas de su hogar por parte de las entidades financieras, con el beneplácito del Gobierno español.
“Es necesario proteger el derecho a la vivienda estableciendo también un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas, en el que las autoridades exijan a éstas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen”, aseguró Beltrán.
“Hemos entregado estas propuestas a los organismos oficiales y solicitado entrevistas y reuniones. Hasta el momento se lo hemos hecho llegar, entre otros, a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona y a los Ministerios de Economía y Fomento”, señala el director de Amnistía Internacional España en declaraciones a Sputnik Nóvosti.
Sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuesta oficial, aunque esperan recibirla.
“Esperamos que los nuevos ayuntamientos puedan empezar a cumplir sus dos responsabilidades. Garantizar la mediación y que exista alojamiento para las personas que sufran un desalojo”, afirmó Beltrán a esta agencia, asegurando que las candidaturas ciudadanas que gobiernan en ayuntamientos como Barcelona, Madrid o Cádiz ya han dado “algún paso”, aunque los cambios más importantes dependen de las administraciones centrales.
Amnistía considera que las medidas adoptadas por el Gobierno son “insuficientes” y no han protegido la vivienda “como un derecho humano”.
“Es difícil encontrar en España una violación de derechos humanos tan extendida e invisible para las autoridades como esta”, denunció Beltrán.
Con esta situación en España, el Gobierno está “incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda”, denunció el director de la organización.
“Mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión, en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación”, alertó Beltrán.
Ainhoa Lafuente y Maritza Saavedra fueron dos madres de familia que sufrieron un desahucio y dieron hoy su testimonio.
“Las autoridades me han ignorado. En poco tiempo nos hemos quedado sin trabajo y más tarde sin casa. Nos vimos en la calle con dos hijos. Ahora estamos en una casa cedida por una vecina que nos está ayudando”, aseguró Saavedra, que llegó hace años desde Ecuador para residir en España.
Ainhoa tiene una hija de tres años y es miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
“Estamos cansados de vivir de la caridad, quiero trabajar y poder darle a mi hija una educación, un techo, un trozo de pan”, aseguró con fuerza la activista, que fue desalojada de su casa y actualmente vive con sus padres.
“Ojalá mi caso fuese la excepción, pero no lo es, y las autoridades no quieren verlo”, concluyó Lafuente.


2 MILLONES DE FAMILIAS AFECTADAS

La macrodemanda colectiva contra las cláusulas suelo afronta su recta final

Los días 24 a 26 de junio se celebra la vista previa del procedimiento que se sigue en el juzgado mercantil 11 de Madrid contra 101 entidades por parte de ADICAE y 15.000 hipotecados.
nuevatribuna.es 22 de Junio de 2015 (15:45 h.)

La sentencia que se dicte afectará a todas las hipotecas vivas en España
La macrodemanda colectiva impulsada por ADICAE frente al abuso de los 'suelos' hipotecarios avanza hacia su resolución con el inicio, el miércoles 24 de junio a las 10:00 horas, de la vista previa en el salón de actos de los juzgados de Plaza Castilla en Madrid.
Según ADICAE, “este abuso supone a cada hipotecado pagar unos 200 euros más cada mes de cuota hipotecaria; unas cláusulas aplicadas en 2 millones de familias y con las que la banca se ha embolsado más de 24.000 millones de euros desde 2009”.
Dado que no es previsible la práctica de prueba alguna más allá de las de carácter documental (puesto que el pleito no versa sobre engaño a los consumidores sino sobre la adecuación de las cláusulas a la legalidad) el procedimiento podría incluso quedar visto para sentencia tras la vista.
De esta forma, -recuerda ADICAE- “una rápida sentencia no solo evitaría que miles de hipotecados continúen expuestos a lo que ya se ha sentenciado como un abuso flagrante y a los riesgos y perjuicios derivados del mismo, como la imposibilidad de pago de la hipoteca y la consecuente ejecución hipotecaria, sino que supondría laeliminación de los 'suelos' en todas las hipotecas existentes en España”.
Este efecto extensivo de la eventual sentencia deriva del carácter colectivo de la demanda, interpuesta por ADICAE como asociación de consumidores conforme a las previsiones de la Ley de Enjuciamiento Civil y la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Después de que, como el propio juzgado mercantil señalaba en un reciente auto, el debate jurisprudencial sobre la nulidad de los 'suelos' haya perdido todo interés tras las diversas sentencias del Supremo, el aspecto a determinar ahora es el alcance de esa nulidad en relación a la devolución de las cantidades indebidamente pagadas, y si se mantiene el poco sostenible criterio de defensa de los intereses de la banca que ha defendido el Supremo en ocasiones.
En cualquier caso ADICAE confía en que el fallo judicial se dicte de manera rápida para resolver una situación de abuso masivo que siguen sufriendo 2 millones de familias en España, y se llegue a las vacaciones judiciales con una sentencia que elimine esta “condición abusiva” del conjunto de hipotecas que las contienen, reconociendo a los afectados el derecho a verse resarcidos por la aplicación de la cláusula suelo.

ARGENTINA

udicializan en La Rioja a 35 personas por una protesta antiminera
Del piquete a los tribunales

Página 12


En Angulos, a 40 kilómetros de Famatina, vecinos cortaron la ruta para impedir una mina de oro de la empresa Midaish y reclamaron en la compañía. Fueron acusados de intimidación. En Neuquén, confirmaron el juicio a tres dirigentes mapuches.
Es la cuarta empresa minera expulsada por la población de La Rioja, pero tuvo consecuencias: 35 personas judicializadas por cerrar el paso a la compañía. Entre los denunciados figuran una adolescente menor de edad, el cura del pueblo y el intendente de Famatina. “Frente al miedo que nos intentan imponer, seguimos defendiendo la vida, el agua y los cerros. Seguimos defendiendo la autodeterminación de los pueblos”, señalaron las asambleas socioambientales riojanas. En Neuquén, confirmaron el juicio a tres dirigentes mapuches que resistieron un desalojo. Pueden enfrentar penas de hasta 15 años de cárcel.
Desde 2006, de la mano del gobernador Angel Maza, intentó instalarse la empresa Barrick Gold. La población de Famatina, Chilecito y la capital provincial se movilizó en contra de la actividad extractiva. Maza fue destituido, se aprobó una ley que prohibía la megaminería y asumió la gobernación Luis Beder Herrera. Derogó la ley que frenaba la minería y dio la bienvenida a las empresas.
En los últimos ocho años, en La Rioja se expulsó a tres mineras: Barrick, Shandon Gold y Osisko Mining Corp. El verano de 2012 fue el momento de mayor movilización, cuando se conoció que la empresa Osisko realizaba espionaje sobre los vecinos. Se produjo una pueblada y acampe permanente en la subida del cerro Famatina. Durante 2013 y 2014, por más de un año, también hubo un acampe de asambleas socioambientales en zona conocida como El Cantadero.
El último hecho se produjo en abril pasado, sobre el río Blanco, en el pueblo de Angulos (a 40 kilómetros de Famatina). La empresa Midaish comenzó su instalación. Prometía la extracción de oro con un método de “minería aurífera en río seco”, mediante remoción de arena, traslado de concentrados y procesamiento en Salta. Aseguraban que no contaminaría ni usaría cianuro ni agua. Los vecinos y el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, denunciaron que no había estudio de impacto ambiental y, sobre todo, recordaron que en la región no hay “licencia social” (término impuesto por empresas para referirse al visto bueno de la comunidad).
Entre el 15 y el 20 de abril, los vecinos subieron en tres oportunidades al campamento minero para exigir que se respetara el derecho de la comunidad a decidir su perfil productivo (turístico y agropecuario).
La empresa Midaish (de capitales salteños) denunció a 35 vecinos (entre ellos al intendente, al cura Omar Quinteros y a una menor de edad). El abogado de la empresa, Daniel Adolfo Luna, los acusó por “privación ilegítima de las personas” y denunció que los vecinos “amenazaron de muerte con arma de fuego” a los trabajadores de la minera. También los acusó de intentar incendiar con gasoil el campamento minero. La empresa difundió un video con destrozos, pero no se observa a ninguna persona.
Intervinieron el fiscal Diego Torres Pagnusat y el juez de Instrucción Nº 1 de Chilecito, Marcelo Carrizo. En la primera semana de mayo notificaron a los vecinos y, en la segunda semana, comenzaron a tomar declaración indagatoria. “La Justicia siempre es lenta, pero con nosotros actuó rapidísimo. No es casual y por eso denunciamos la persecución y judicialización de la protesta”, explicó Jenny Luján, asambleísta de Chilecito.
Las asambleas de Chilecito, Nonogasta, Campanas, de la capital provincial y de “Los llanos por la vida” emitieron un comunicado conjunto. “Denunciamos públicamente al gobierno de La Rioja por profundizar su estrategia antidemocrática de criminalizar la protesta social. Se crean causas con mentiras, falsas denuncias a partir de autoatentados, como lo hizo la minera Midaish, en complicidad con un aparato policial y judicial”, explicaron las asambleas.
Alertaron sobre la creciente “privatización y mercantilización de la naturaleza, aun en contra de la voluntad mayoritaria de las poblaciones afectadas”. Alertaron que en nombre del “desarrollo” y la generación de empleo, el territorio provincial “es entregado a grandes enclaves extractivos, cuya insustentabilidad socioambiental y económica resulta manifiesta”. Y dejaron un aviso: “Gane quien gane (en las elecciones), aquí no habrá minería”.
En Neuquén se confirmó el inicio de juicio oral a tres dirigentes mapuches de las comunidades Winkul Newen y Wiñoy Folil. Ubicadas a 30 kilómetros de Zapala, mantienen desde hace una década conflictos con empresas petroleras. En diciembre de 2012 se produjo un intento de desalojo, ordenado por la jueza Ivonne San Martín (muy cuestionada por sus fallos siempre adversos a los pueblos indígenas). La comunidad resistió y, pedrada mediante, hirió de gravedad en el rostro a la oficial de justicia Verónica Pelayes.
La causa fue caratulada inicialmente como “lesiones”. Luego pasó a “tentativa de homicidio” y “daño agravado”, con penas de hasta 15 años de cárcel. Los denunciados son Relmú Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain. El juicio comenzará tras la feria judicial y puede ser la primera condena por un conflicto territorial mapuche. “Los sectores del poder están buscando una condena para que otras comunidades no defiendan el territorio. Es una clara persecución política y judicial por combatir al modelo petrolero-extractivo”, afirmó Relmú Ñamku.

Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-274648-2015-06-11.html

MEXICO

En México 1% concentra 43% de la riqueza

Ansa


El 1% de la población en México concentra el 43% de la riqueza nacional, arrojó un estudio auspiciado por una organización civil internacional donde se constata que el país exhibe los mayores niveles de concentración del ingreso en el mundo.

Que la desigualdad en este país es brutal y los contrastes entre ricos y pobres asoman por todas partes parece un lugar común, pero hasta ahora no se había hecho una medición tan precisa como la de esta investigación, auspiciada por Oxfam México.

El documento, titulado "Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político", a cargo del economista Gerardo Esquivel, revela en tercera dimensión lo que hasta ahora aparecía en blanco y negro, apenas esbozado tenuemente en las estadísticas.

"El 10 por ciento más rico de la población es más rico de lo que pensábamos. Comparado con todos los otros países de los que tenemos datos, es el país con mayor nivel de concentración (de riqueza e ingreso) en el uno por ciento", dijo Esquivel.

Esa décima parte de los mexicanos concentra el 64,4% de la riqueza nacional, que representa el valor de todos los activos de la nación como acciones, capital, el valor de las empresas, edificios y bonos.

En total, el 21% de los ingresos totales de la nación, o sea, los flujos monetarios medibles, se va al uno por ciento de la población.

Un selecto club integrado por 16 magnates, entre los que destacan Carlos Slim (telecomunicaciones), Germán Larrea (minería), Alberto Bailleres (minería, comercio y seguros) y Ricardo Salinas Pliego (televisión y comercio), obtienen ingresos similares a los del 20% de los más pobres.

El común denominador de estos acaudalados empresarios es que sus imperios se fundaron en concesiones de empresas privatizadas o reguladas por el Estado, "entregadas en condiciones benévolas y que gozan de regulaciones laxas", dijo Esquivel.

"Tener un monopolio, durante tanto tiempo, con tarifas por encima del promedio mundial, se tradujo en una pérdida de bienestar superior a 129.000 millones de dólares", afirmó Esquivel citando un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Oxfam México considera en este documento que la profunda desigualdad afecta el propio crecimiento económico del país, el cual ha sido del 25% acumulado en dos décadas, mientras que las tasas de pobreza permanecen igual, lo cual significa que las políticas sociales han sido "un rotundo fracaso".

Como reflejo de esta falta de resultados en los programas antipobreza figura el hecho de que el salario mínimo es la cuarta parte que el de hace 30 años.

Jesús Cantú, presidente del Consejo de Oxfam México, afirma que el crecimiento económico "no se distribuye, lo cual no permite ampliar el mercado interno, y hace que el país dependa del crecimiento de otras economías".

El análisis indica que la política fiscal "favorece a quien más recursos tiene, puesto que grava el consumo por encima del ingreso", no se aplica a las ganancias de capital en el mercado accionario y reduce tributos como el de la propiedad inmobiliaria.

Para enfrentar la asimetría y la falta de cohesión social se plantea "un gasto público mejor focalizado, con proyectos de alto rendimiento, rentables y en zonas más urgentes". El análisis propone "construir un Estado social moderno para proveer de servicios básicos a todos los individuos, y erigir un sistema sólido de ingresos fiscales".

La OCDE divulgó en mayo pasado un estudio sobre la tema en la que enlistó a México como el segundo país más desigual de los integrantes de la organización, sólo por debajo de Chile.

El reporte indicó que en México, la crisis financiera global presionó aún más los niveles de desigualdad.

En 2012 el ingreso promedio del 10% de la población más rica fue más de 30 veces que el del 10% más pobre, una proporción de 22 veces similar a la vigente en la década de los 80, según ese sondeo.

Fuente: http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201506251832459559/201506251832459559.html

CLEMENTE ESTABLE

Científicos dicen que el gobierno achicará presupuesto; Muñoz lo niega
La interferencia se adueñó de la negociación presupuestal para el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (Iibce). Mientras los científicos aseguran que desde el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) se les transmitió que el instituto recibiría menos dinero que en la administración pasada, la ministra María Julia Muñoz aseguró a El Observador que ello no es cierto, sino que el presupuesto del Iibce va a ser mayor. En tanto, el director del Clemente Estable, Pablo Zunino, adelantó a El Observador que la negociación no está cerrada y todavía tiene "expectativa" de lograr alguno de los reclamo.
El jueves, una delegación de jóvenes científicos del Iibce salió del MEC con ánimo cabizbajo. A pedido de ellos, acababan de reunirse con la ministra María Julia Muñoz y el director general del MEC, Jorge Papadopoulos, y sintieron que sus expectativas presupuestales para el próximo quinquenio quedaban truncadas.
En el encuentro, Papadopoulos les transmitió el "panorama austero" que marcaría el Presupuesto nacional y les advirtió que el MEC recibiría menos dinero que el otorgado en la administración pasada. Ello necesariamente se traduciría en un monto para el Iibce menor al que se obtuvo durante el gobierno de José Mujica (2010-2015), contó a El Observador la científica Marcela Martínez, quien participó de la reunión.
En el mes de abril, los jóvenes científicos del Iibce presentaron a Muñoz una carta, donde además de solicitarle una reunión, le planteaban sus prioridades de cara al Presupuesto quinquenal. Tal como informó El Observador en aquel entonces, entre los reclamos figuraba el aumento del pago por hora docente y la necesidad de generar nuevos puestos de trabajo para alcanzar una investigación de mayor calidad.
En la misiva señalaban que actualmente trabajan en el instituto 32 jóvenes grado 1 y 26 jóvenes grado 2, cuyos contratos de investigación se basan en cantidad de horas docentes o de investigación. En función de eso, el contrato de los grado 1 equivale a 20 horas semanales, por lo que perciben un sueldo nominal de $ 8.200 y el de los grado 2 se equipara a 30 horas semanales con un salario nominal de $ 19.116. Eso quiere decir que la remuneración por hora es de $ 100 y $ 160, respectivamente.
En esa oportunidad, Martínez contó cómo los bajos sueldos terminan obligando a los jóvenes a dedicarse a otras actividades y a dejar la investigación científica, tan importante para el desarrollo del país. A su vez, Muñoz había adelantado a El Observador que el Iibce sería una prioridad dentro del presupuesto de su cartera para poder atender el reclamo de los jóvenes.

Reformulación

Según las cifras del Clemente Estable, entre 2014 y 2015 el presupuesto total ascendió a $ 118 millones. Dentro del presupuesto del MEC esta cifra equivale a 2,6%.
Al respecto, Martínez señaló que el pedido de los jóvenes científicos suponía para el MEC el aumento de $ 5 millones al presupuesto del Iibce. Esto no solo permitiría a los grados 1 comenzar a percibir $ 160 por hora, sino que además habilitaría a ampliar los contratos por más horas para evitar la realización de horas extras.
Sin embargo, Papadopoulos echó por tierra sus aspiraciones, ya que les adelantó que las prioridades serían la ANEP y la UTEC. En ese sentido, les recomendó establecer convenios con esas instituciones para mejorar sus ingresos.
Sin embargo, en diálogo con El Observador, Muñoz negó ayer que esta versión fuera cierta y aseguró que si bien la negociación no está cerrada, el Iibce recibirá un presupuesto mayor al que recibió en la pasada administración. "Se les explicó la situación general del presupuesto, pero a ellos no se les va a asignar menos", aseguró.
Adelantó que el aumento de los salarios de los científicos dependerá de la reformulación del instituto, que estará incluida en el presupuesto. La ministra indicó que actualmente hay dos propuestas de reformulación, pero todavía no se ha optado por ninguna y se negó a dar más detalles. Manifestó que la iniciativa apunta a "mejorar, perfeccionar y mejorar la institución".
A su vez, Muñoz indicó que el gobierno cumplirá con 1% del PIB para ciencia y tecnología prometido por el presidente Tabaré Vázquez al final del quinquenio. Hoy se le otorga 0,6%.
Por su parte, el presidente del consejo directivo del Iibce, Pablo Zunino, quien ayer se reunió con Papadopoulos, dijo a El Observador que todavía se sigue negociando y que mantiene "expectativa razonable" en cuanto a obtener un buen presupuesto, en base al compromiso del gobierno de dar más dinero a ciencia y tecnología.

jueves, 25 de junio de 2015

CHILE... ALGO MAS QUE FUTBOL

El Chile detrás de la Copa América


Francisco Parra / Foto: soychile.cl
Mientras el continente vuelca sus ojos al juego de sus selecciones, apuestan con grandes partidos y se sorprenden de los renovados estadios chilenos, el clima político del país no baja. Cada vez más focos de conflictos se le abren al gobierno y organizaciones sociales optan por manifestarse en conjunto. Por su parte, los estudiantes universitarios convocaron a paro nacional indefinido a partir del 25 de junio.
La mañana del 18 de junio comenzó agitada en todo Chile. La fiebre de la Copa América hace rato que tiene a todos pendientes de la selección y más ese día, en que la estrella de “La Roja” Arturo Vidal amanecía detenido producto de haber chocado su Ferrari nuevo a 160 kilómetros por hora, con 1,2 gramos de alcohol en la sangre. Y mientras parecía que la única noticia del día era la preocupación nacional por el futuro del crack de Juventus, las calles de las principales ciudades del país amanecían con barricadas y cortes de tránsitos.
Toda la atención del continente está puesta en Chile. Sánchez, Neymar, Messi, Falcao. Estrellas del fútbol mundial que compiten en la Copa América. Pero pasa algo también en el país: un estado de movilización creciente, producto del descontento de la población ante las tibias reformas del gobierno de Bachelet y su cada vez más clara complicidad con el empresariado. Hay tantos conflictos abiertos, que lo del jueves pasado no era una simple convocatoria. Fue el primer paro multisectorial del año. Es tiempo de enumerar lo que pasa en Chile:

Educación
Los profesores llevan tres semanas en paro, en rechazo al proyecto de Carrera Docente que envió el gobierno al Congreso. El 98% de los profesores manifestó estar en desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo, porque consolida la lógica individualista-mercantilista, pues proponen crear una nueva estructura salarial en base a la competencia individual entre profesores, incentivando la competencia y no los procesos de construcción en comunidad. Además, no se hace cargo de la división 50/50 propuesta por los docentes (50% horas de clase, 50% horas no lectivas), no disminuye la cantidad de alumnos por curso (45 en promedio actualmente) ni entrega condiciones laborales mínimas a los profesores, que muchas veces en el sector particular subvencionado (esa invención chilena de colegios privados pero co-financiados por el Estado, que hoy reúne a la mayor cantidad de alumnos) se ven enfrentados a despidos arbitrarios pero legales, por “necesidades de la empresa”.

Mientras, los estudiantes no se quedan atrás. En apoyo a los profesores y en rechazo a la anunciada gratuidad universitaria del gobierno, que incluye solo hasta el 60% más pobre. Cabe recalcar que en Chile, la desigualdad se dispara recién por sobre el 90% de la población. Es decir, una familia clase media que está entre el 20 o 15% más rico, igual se tiene que endeudar para enviar a sus hijos a la educación superior. Además, el proyecto que anunció el gobierno solo incluye a las universidades del Consejo de Rectores, que agrupa a las estatales y las privadas tradicionales, dejando fuera de la política a la gran cantidad de estudiantes que estudian en las privadas.

Los estudiantes movilizados apuestan a una gratuidad universal que vaya de la mano de una nueva institucionalidad para la educación superior y que los recursos no engrosen el mercado educativo existente. Hoy cerca de 16 universidades en el país se encuentran en proceso de movilización, que incluye paro indefinido y toma de los establecimientos en algunos casos.

Reforma laboral

La semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados la reforma laboral, el cuarto pilar de reformas según el gobierno, después de la tributaria, educacional y constitucional.

Y al igual que la tributaria y educacional, se aprueba pese al rechazo tajante de los movimientos sociales. En una declaración, distintos sindicatos estratégicos y federaciones de trabajadores (Unión Portuaria, Confederación de Trabajadores del Cobre, entre otros) rechazaron tajantemente la propuesta del Ejecutivo por considerar que consolida el Plan Laboral de la dictadura.

Fue en 1979 cuando José Piñera creó el Plan Laboral y desde entonces se ha mantenido como una gran traba que impide la organización de los trabajadores. El proyecto del gobierno de Bachelet, no toca aspectos fundamentales como la negociación por rama (se mantiene la negociación colectiva dentro de la empresa) y además, pese a que dice terminar con el reemplazo en huelga, mantiene la figura de “servicios mínimos”, que permite el reemplazo por función aunque no por puesto de trabajo.

El gobierno, pese al reclamo de sindicatos y algunos parlamentarios, opta nuevamente por negociar en los términos del empresariado, que amenaza con caída de la economía si se aprueba la reforma.

Mientras, continúa la huelga de los trabajadores de uno de los operadores del Transantiago, el sistema de transporte público de la capital. Los operadores son, empresas privadas que cuentan con el apoyo del Estado para garantizar sus ganancias, mientras los chilenos pueden llegar a gastar el 30% de su sueldo en el transporte público (un pasaje equivale a cerca de 13 pesos argentinos) y estas siguen obteniendo ganancias millonarias.

Un ejemplo que grafica la situación: hace unas semanas los trabajadores en huelga paralizaron el funcionamiento del metro de Santiago, lo que provocó la respuesta de la Intendencia, que se querelló contra 12 manifestantes pidiendo la aplicación la Ley de Seguridad del Estado por considerar que alteraban el orden público. Mientras los trabajadores están en riesgo de pasar 3 años en prisión por la querella, Chile ve cómo la Fiscalía deja al descubierto a las empresas que durante años han evadido impuestos y robado dinero. Pero los dueños de Penta, por ejemplo, solo pasaron 30 días en prisión.

Ley de Pesca

Durante el partido Chile-Bolivia del pasado viernes, no faltó el canto nacionalista de “el que no salta no tiene mar”. En rigor, nadie debería haber saltado, porque el mar chileno pertenece a 7 familias que controlan el 70% de la capacidad pesquera del país.

Hoy, tras el creciente destape de corrupción que se vive en Chile desde mediados del año pasado, sabemos que el senador UDI Jaime Orpis recibió financiamiento ilegal por parte de Corpesca, perteneciente al grupo Angelini, durante la tramitación de la ley de pesca o “Ley Longueira”, aprobada en 2012.

La justicia se dispone a investigar el pago de sobornos a los parlamentarios que aprobaron dicha ley, mientras pescadores artesanales (principales perjudicados de la ley) y movimientos sociales le piden a la presidenta Bachelet derogar la ley Longueira.

A estas situaciones se suma la convocatoria en contra del sistema de pensiones chilenos, al AFP, entidades privadas con ganancias millonarias cada año y que entregan pensiones miserables a la población.

Pero entre tanta manifestación, el velo de la Copa América parece esconderlo todo. La presidenta Bachelet anuncia que Chile “es un país de políticos comprometidos y empresarios esforzados”, mientras continúa la investigación sobre aportes ilegales que habría recibido en su pre campaña. Además, lleva ya más de dos semanas sin ministro secretario general de la presidencia, luego de que Javier Insunza tuviera que renunciar tras descubrirse que mientras era presidenta de la comisión de Minería de la Cámara, asesoraba a empresas mineras.

Artículo publicado originalmente en www.marcha.org.ar
- See more at: http://www.zur.org.uy/content/el-chile-detr%C3%A1s-de-la-copa-am%C3%A9rica#sthash.HLtuvfdg.dpuf