viernes, 18 de julio de 2014

ANCAP

Justicia indaga a tres gerentes de ANCAP y el ente les paga la defensa

Crimen Organizado investiga presuntas maniobras ilegales con boletas

ANCAP contrató al estudio Ottati, Spangenberg & Araújo por US$ 20 mil más IVA para ejercer la defensa penal de tres gerentes indagados por la Justicia especializada en Crimen Organizado por presuntas maniobras ilegales con boletas emitidas por proveedores en ANCAP.

La resolución del ente petrolero que asume el pago por la contratación de los abogados, a la que accedió El Observador, fue firmada el 24 de junio por el vicepresidente de la empresa estatal, Germán Riet.

Riet es uno de los acusados por el denunciante, Jorge Pérez, contador que trabajó para ANCAP hasta el 30 de abril de 2012, cuando fue separado del cargo con goce de sueldo por razones de servicio. 

Pérez denunció, primero ante el Directorio y en noviembre de 2012 ante la Justicia, que las aprobaciones de pagos a proveedores de la división Pórtland se realizaban “a ciegas” y “sin ver las facturas”.

“Los hechos que venimos a poner en vuestro conocimiento fueron puestos en conocimiento de las máximas autoridades del ente, y pese a haberse tratado en el Directorio del mismo, este órgano por mayoría resolvió que no debían investigarse, pese a que nunca se habían investigado ni uno solo de los hechos denunciados”, expresa Pérez en la denuncia. Y agrega: “Esos hechos involucran a altos jefes y gerentes de ANCAP y a su vez al presidente del Directorio del ente, Lic. Raúl Sendic, y los integrantes de la mayoría del Directorio de ANCAP, Sr. Juan Gómez y Sr. Germán Riet y  Sr. Juan Amaro”.

El denunciante sostiene que “todo hace presumir razonablemente que de una forma u otra existieron distintos grados de coordinación, lo cual no se limita a simples irregularidades administrativas, o la configuración de alguna figura delictiva, sino que también  resultó (y resulta en la actualidad) en graves perjuicios para ANCAP”. 

A solicitud del fiscal Juan Gómez, la jueza Adriana De los Santos consideró que existen sospechas de delito y dio lugar a la investigación. La causa fue declarada reservada. La denuncia implicaba a nueve altos jefes y gerentes y a cuatro directores. Pero la jueza, a pedido del fiscal, decidió que, de ese total, sean tres los indagados. Se trata de la gerenta económico financiera, el gerente de Planificación y Logística, y el gerente de Pórtland.

La gerenta económico financiera es investigada también por la recepción de cheques de Pluna por el pago de combustible a 180 días, cuando en realidad el plazo máximo para recepcionar los cheques es de 30 días.

Posible denuncia al denunciante
El vicepresidente de ANCAP explicó a El Observador que el ente tiene penalistas en su Departamento Jurídico y que estima mucho el trabajo que realizan. “En el 2012, de las condenas que hubo en juicios contra ANCAP o contra terceras partes, ganó el 99%, aunque no eran todas penales, y el año anterior también. La fama de que el Estado pierde todos los juicios no es así en ANCAP”, expresó.

“El funcionario denuncia no solo a gerentes, sino a otros funcionarios de ANCAP y extiende la denuncia al Directorio. Por eso, nos pareció (más acertado) que no interviniera el Departamento Jurídico de ANCAP. Nos parecía mejor, que le daba más transparencia y objetividad que actuara alguien de afuera”, sostuvo Riet, quien deslizó la posibilidad de iniciarle una demanda a Pérez. 

“Así dejaba que Jurídica no se implicara, para poder actuar eventualmente en el futuro, si ANCAP decidiera realizar alguna denuncia o proceso judicial contra ese funcionario”, explicó.

“No es habitual que hagamos esto, pero en este caso nos pareció lo más conveniente”, agregó Riet.

Por su parte, en la denuncia, el funcionario asegura que fue separado del cargo porque “la denuncia involucraba a altos jerarcas”.

No es obligatorio
Una fuente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (la Justicia administrativa), dijo a El Observador que no hay ninguna norma que establezca la obligatoriedad de la administración de pagar la defensa de los funcionarios que sean denunciados por cometer delitos. La fuente explicó que el decreto 500 que regula los procesos administrativos y sumarios tampoco prevé que se tenga que brindar asistencia jurídica a los funcionarios.

No obstante, indicó que en los hechos ocurre que los organismos estatales pagan la defensa de funcionarios como forma de brindarles apoyo y como forma de colaborar, puesto que los funcionarios son indagados por actos que cometen en el marco de la función pública. 

Por su parte, Carlos Labaure, profesor grado 4 de derecho administrativo, coincidió con la fuente del TCA y dijo a El Observador que para analizar la contratación de servicios jurídicos externos al ente o a la dependencia hay que evaluar en cada caso concreto “la razonabilidad” y “la urgencia”, y además debe estar dentro de los límites que tienen los organismos para gastar en contrataciones especiales, comprendidas en el artículo 33 del Tocaf.

El caso del BROU
En diciembre de 2012, el Banco República (BROU) contrató a Gonzalo Fernández, penalista y excanciller de la República, por US$ 185 mil para la defensa por el caso Pluna de Fernando Calloia, entonces presidente del banco. Calloia finalmente fue procesado sin prisión por abuso de funciones en el otorgamiento del aval bancario a la empresa Cosmo, para que se presente a la subasta de los aviones de la exaerolínea, lo que llevó a su renuncia al cargo.