LOS COSTOS AMBIENTALES Y ECONÓMICOS
DEL VERTIDO DE UPM EN EL RIO NEGRO
Mientras el proyecto de UPM avanza en forma inexorable y el efluente a
ser vertido en el río Negro quedó en manos de la empresa, UTE procura evitar
mayores perjuicios económicos.
Víctor L. Bacchetta, en Sudestada 24/8/2021.
Llega a su fin la autorización por el Ministerio de Ambiente del sistema
de descarga en el río Negro de los efluentes de la nueva planta de celulosa de
la multinacional UPM. La viabilidad del proyecto en ese lugar depende de si es
aceptable el impacto de esos efluentes sobre la calidad del agua del río. Esto
debió ser definido antes de otorgarle la autorización ambiental, por razones
políticas no fue así y la evaluación realizada en paralelo con la construcción
de la planta tenía un único desenlace posible, la aceptación.
Las razones políticas que se sobreponen al proceso de evaluación
ambiental de este proyecto fueron la decisión previa de la empresa de instalar
la planta en el río Negro y que esta decisión, junto con una serie de
exigencias adicionales, quedó plasmada en el contrato firmado por el gobierno
uruguayo. De ahí en adelante, las actuaciones del estado se dedicaron a
facilitar la implantación del proyecto, dando por sentado que estaban
garantizadas la conveniencia para el país y su viabilidad ambiental.
El 9 de
julio de 2018, UPM presentó a la entonces Dinama la solicitud de Autorización
Ambiental Previa (AAP) y el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)
de la planta de celulosa proyectada. El 26 de julio, la División
Emprendimientos de Alta Complejidad (DEAC), comunicó que este EsIA no se
ajustaba a los Términos de Referencia definidos por el organismo oficial. La
empresa debió confeccionar un segundo EsIA que fue presentado en la Dinama el 3
de setiembre.
El 28 de
diciembre, la DEAC respondió que el modelo numérico utilizado para mostrar que
la descarga de los efluentes de la planta no afectaba significativamente la
calidad de agua del río Negro no era satisfactorio. Tras señalar que no existía
una línea de base que permitiera validar los resultados del modelo utilizado,
la DEAC requirió nuevos ensayos con una calibración adicional, con diferentes
concentraciones de componentes del efluente y diferentes caudales mínimos de la
represa.
En la misma
comunicación, la DEAC le solicitó a UPM que explicara "las medidas a
tomar por la planta ante eventos de sequías extremas", que no estaban
contemplados en el EsIA. La empresa respondió que, si la represa no puede
liberar un caudal igual o superior al mínimo acordado, la producción debe
detenerse. UPM agregó que, en ese caso, la planta debe "contar con la
información con suficiente antelación para poder iniciar un proceso de
detención de actividades en forma armónica" (sic).
La DEAC requirió que se evaluara también la
posibilidad de liberar el caudal desde la represa en forma discontinua con el
fin de "reducir los efectos indirectos que generará sobre la operación
de la Central Hidroeléctrica". Los técnicos oficiales propusieron que
se estudiaran varios escenarios: vertido mínimo continuo las 24 horas del día;
vertido durante 18 horas y el resto del día cerrado, así como vertidos durante
12, 8 y 6 horas, cuando la demanda de energía es mayor, y el resto del día
cerrado.
Tras la realización de los ensayos, la respuesta de UPM no dejaba lugar
a dudas de su parte: "El Escenario Base elegido corresponde a una
operación de la Planta en su capacidad máxima, vertiendo un efluente de 1,22
m3/s con descarga continua, con una carga de efluentes coincidente con los
valores límites ... El Escenario Base se complementa con un caudal mínimo de
vertido continuo por la Represa Gabriel Terra de 65 m3/s, que se considera un aspecto integral del Escenario" (sic).
La empresa se respaldaba con las conclusiones del informe de los ensayos
realizado por el ingeniero Ismael Piedra-Cueva. La ausencia de flujo desde la
represa "tiene como resultado la generación de una pluma con baja
dilución ... durante el lapso de tiempo en el cual no hay descarga",
afirmaba el técnico. "En consecuencia, el escenario de descarga
continúa del caudal mínimo de 65 m3/s es el que minimiza la presencia de
estas zonas de baja dilución", concluyó.
En el Informe Ambiental Resumen para la Puesta de Manifiesto y la
Audiencia Pública de la planta de celulosa, UPM expresaba que "los
estudios de intermitencia realizados permiten afirmar que la mezcla presenta
deficiencias en los períodos en que el caudal de descarga se reduce a cero, lo
que no se ve compensado por los caudales más altos en los períodos de
descarga". Y agregaba: "Las situaciones más aceptables se
obtienen cuando el período de caudal cero es menor a las 6 horas".
Las
imprevisiones cuestan caro
La
Resolución Ministerial 690/19, del 14 de mayo de 2019, que otorgó la
autorización ambiental previa a la planta de celulosa, se supeditó a la autorización del proyecto en detalle de la
planta de tratamiento de efluentes y el sistema de descarga en el río. Sin
cumplir el año previo de mediciones para definir la línea de base del
ecosistema en la zona, se autorizó el inició de la construcción de la planta en
octubre, haciendo que aspectos claves del proyecto pasaran a definirse en
paralelo con la obra.
En enero de 2021, la planta de tratamiento y el sistema de descarga de
los efluentes no estaban autorizados por insuficiencias de los datos
presentados por la empresa. Entonces, UPM solicitó y el ministro de
Ambiente, Adrián Peña, aceptó separar ambos elementos para "evanzar con
la mayor agilidad posible". Las subdivisiones, como se hizo con la
planta, el tren y la terminal portuaria, habilitan autorizaciones por partes,
como si fueran independientes, desvirtuando así la evaluación ambiental.
Para el Catedrático de Ecología en la Universidad de León, España,
Estanislao de Luis Calabuig, profesor invitado en la Maestría de Medio Ambiente
en Uruguay, subdividir un proyecto en partes es una alteración del principio
fundamental de la evaluación. "El potencial impacto ambiental es el del
conjunto del proyecto ya que el medio ambiente no responde de manera
diferencial a cada una de las partes sino como un sistema, teniendo en cuenta
las múltiples interacciones que pueden existir", explica.
El 1° de febrero, Peña firmó la autorización de la planta de tratamiento
de efluentes. Las informaciones seguían siendo insuficientes, pero la DEAC
consideró "relevante el compromiso de UPM de
regular la producción de la planta y la generación de efluentes hasta cumplir
con las cargas y concentraciones de los efluentes exigidas" (sic). Una confianza no confirmada pues, poco después, se le aplicó una
multa por iniciar la construcción de esa planta sin el plan de gestión
ambiental requerido.
Finalmente, a comienzos de agosto, la DEAC propuso la autorización del
sistema de descarga de los efluentes de UPM, no sin antes volver a analizar la
posibilidad de que el caudal proveniente de la represa fuera intermitente. Esta
vez se analizaron siete escenarios para llegar, luego de enjundiosos informes,
a la misma conclusión. Solo el escenario de un caudal mínimo continuo de 80
m3/s permite llegar a los niveles de dilución requeridas para el efluente
dentro de la zona de mezcla definida.
Parece obvio que, si el río está cortado por dos represas y ambas están
cerradas, esa sección del río se convierte en un lago sin corrientes
interiores. Y si sobre ese lago se descargan en forma continua los efluentes
contaminados de una planta, es evidente que la contaminación va a permanecer y
aumentar porque no tiene por donde fluir. Sudestada confirmó que la
búsqueda de una alternativa se origina en la preocupación por las pérdidas
económicas que ocasionaría el flujo mínimo continuo.
Desde el inicio del proyecto, la condición establecida en el contrato de
proporcionarle a la planta de celulosa un flujo mínimo desde la represa fue
planteada por UPM como un beneficio ambiental, porque reduciría las floraciones
de algas y otras consecuencias de la contaminación presente en el río. Si bien
es cierto que le daría mayor circulación al agua, no es real que disminuirá la
contaminación, porque "el compromiso" de UPM es no agravar el nivel
actual, pero le está imponiendo una carga adicional.
El flujo constante puede tener, además, costos económicos relevantes
para la UTE, por la pérdida de agua cuando no hay demanda de electricidad que
lo justifique y por el daño de las turbinas si operan con bajo caudal por un
largo período. Este problema se resolvería si mientras la represa no libera
agua tampoco lo hace el emisor de UPM. Esto requeriría la descarga transitoria
del efluente en una enorme pileta al costado de la planta, algo no previsto por
el proyecto ni estipulado en el contrato.
Otra opción sería que la UTE almacenara la energía sin destino generada
por el flujo continuo de las represas, lo cual exigiría una gran inversión del
ente. Puede resultar raro que se estén tratando estos problemas a una altura
tan avanzada del proyecto, pero sucedió algo similar con el tren para llevar la
celulosa al Puerto de Montevideo. Incumplimientos e imprevisiones le salen muy
caro a Uruguay, a diferencia de UPM, que puede incluso retirarse del proyecto
sin mayores consecuencias.
(FIN)
