martes, 19 de septiembre de 2017

Raúl Sendic


Raúl Sendic
De lastre a chivo expiatorio.
Finalmente Raúl Sendic  presento su renuncia a la vicepresidencia como se podía prever, la mayoría de su fuerza política le había soltado la mano cuando un tribunal de conducta señalo sus faltas a la ética.
Sendic, quien fuera una figura con futuro en el Frente Amplio , fue protagonizando una seguidilla de acciones desafortunadas , desde inventar un título universitario ,pasando por una desastrosa gestión en Ancap hasta el abuso en el uso de las tarjetas corporativas para compras suntuarias y personales. Claramente la “joven promesa” se convirtió en un lastre para el Frente Amplio convirtiéndose en un espanta votos, pero en un giro oportuno (u oportunista) la mayoría del F.A decidió convertirlo en chivo expiatorio y lavar las culpas colectivas incendiando al Vice.
Lo que pretenden ocultar es que las acciones de Sendic están lejos de ser individuales. El agujero de casi 900 millones de dólares dejado en Ancap no es fruto de una mala gestión de Sendic, sino de la política del Frente en el ente, la privatización de aéreas enteras  bajo la fórmula de empresas publico-privadas es una forma adoptada por los gobiernos del FA para evadir los controles (Tribunal de cuentas, OPP) y sobre todo para violentar la voluntad popular que le dijo no a las privatizaciones en sendas consultas.  El vaciamiento de Ancap supero la gestión de Sendic  involucrando incluso a Daniel Martínez, futuro candidato a quien “salvan” mandando al frente al ex vice.
Pero aun el comportamiento de Sendic abusando de las tarjetas corporativas es práctica común en los directivos de entes incluyendo a los de la oposición.
Sendic no es una excepción con su comportamiento ,la corrupción campea en las administraciones frenteamplistas ,hay centenares de denuncias ,de las cuales algunas están en la justicia :ASSE , Ancap ,regasificadora , Negocios con Venezuela (Aire fresco) ,Pluna  y un largo etcétera.
Algunos que creen aun en el F.A, quieren pensar que la corrupción, los acomodos  o las conductas poco éticas son pasibles de ser corregidas, pero la corrupción es parte de los gobiernos capitalistas, no pueden gobernar sin corrupción!!
La “traición” a Sendic denunciada a gritos por el penoso puñado de seguidores que lo fue a alentar a las puertas del Plenario es moneda común cuando se ha dejado de lado cualquier principio y solo importa aferrarse al poder (o a los cargos).


La expresión “chivo expiatorio” data de una costumbre del pueblo judío, que lavaba sus culpas  cuando un rabino le “traspasaba” todos los pecados a un chivo y luego este era abandonado en el desierto. Sendic está en el desierto.

TRABAJADORES DE UTE

TRABAJADORES DE UTE POR LA REBAJA DE LA TARIFA y en defensa de las empresas publicas
El jueves 7 de setiembre los trabajadores de Ute pararon y se movilizaron junto al resto de los entes. Denuncian la política oficial de privatizaciones y recortes en las inversiones.
Los trabajadores señalan que : “El recorte de ingreso de personal es una medida que no sólo profundiza el avance de las tercerizaciones provocando un mayor costo al estado y la flexibilización laboral como efecto nefasto para los trabajadores, sino que también, afecta directamente la calidad de vida de los trabajadores actuales ya que permanentemente estamos tapando "agujeros". Esto sumado a los recortes presupuestales de funcionamiento, generan un decaimiento en la calidad de los servicios públicos.”

“La falta de inversión del estado en los servicios garantiza la profundización de las privatizaciones.
Estas privatizaciones que se muestran por todos lados con logos de empresas públicas, acompañadas de Directores y Ministros, se presentan como la solución para mejorar la calidad de los servicios, pero en realidad sigue la receta de entregar los servicios públicos que están en manos del estado y del pueblo, para transformarlos en un negocio rentable y seguro para el capital privado.  

El encarecimiento de los servicios y la priorización de los intereses privados hacen difícil una rebaja de tarifas para el pueblo uruguayo. Estas tarifas públicas que se podrían utilizar también como una herramienta de redistribución de la riqueza, hoy son las que garantizan el negocio al capital privado.”
Durante la movilización frente a casa de gobierno también se denuncio el  uso de la esencialidad como medida que limita el derecho de huelga.


LOS TRABAJADORES DE UTE NO SOMOS AJENOS A ESTA REALIDAD y VENIMOS DICIENDO HACE TIEMPO QUE:
# Los acuerdos firmados por ingreso de personal no fueron respetados.
# Cuando tomamos mediadas de lucha se nos aplicó el decreto 401.
# Quisieron privatizar las nuevas líneas de Trasmisión.
# El parque generador está cada vez más privatizado.
# Los recortes presupuestales y la falta de inversiones atentan permanentemente contra nuestras condiciones de trabajo y la calidad del servicio.



Los servicios públicos son derechos, las empresas públicas los garantizan.









Municipales de Canelones reclaman adeudo.

Municipales de Canelones reclaman adeudo.
Los trabajadores municipales han retomado un viejo reclamo que data del año 2002 por deudas que la Comuna mantiene con miles de ellos.  En el año 2006, el sindicato Adeom abandono el reclamo lo que dejo a cada funcionario librado a su suerte, así comenzaron juicios laborales de unos 2000 trabajadores.
El adeudo equivaldría a un 43% de aumento no pagado más todos los beneficios caídos.
En 2002 el Gobierno municipal desconoce el acuerdo salarial al no pagar el aumento que correspondía, ante esto los funcionarios inician un proceso de lucha que queda trunco en 2006 cuando la directiva de Adeom de aquel entonces abandona la pelea. A partir de allí se inician acciones judiciales individuales que llegan sin respuesta positiva al día de hoy.
Desde las distintas administraciones, de Hakembruch a Orsi se ha desconocido el derecho de los trabajadores a este ajuste, a pesar de que la justicia laudo y del compromiso de la fuerza política que hoy gobierna.

Rama

CUESTIONAN EL PLAN DE AGUAS

CUESTIONAN EL PLAN DE AGUAS POR INCONSTITUCIONAL E ILEGAL

Representantes de organizaciones sociales presentaron ante la Presidencia de la República un recurso legal planteando la anulación del decreto del Poder Ejecutivo que aprobó el Plan Nacional de Aguas porque en su elaboración no se aplicaron disposiciones constitucionales y legales vigentes al respecto.

En nombre de Paysandú Nuestro y el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), Patricia Correa y Víctor Bacchetta, respectivamente, y el abogado Rodrigo Speranza, sostienen que la definición del Plan no cumplió con el Artículo 47 de la Constitución que establece que "Los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos".

Esta disposición forma parte de la reforma constitucional promovida por un amplio movimiento social y político, encabezado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), que fue plebiscitada en octubre de 2004. En esa ocasión, más de 64% de los votantes se pronunció a favor de una cláusula que reconoce y obliga a la defensa del acceso al agua como un derecho humano.

Posteriormente, la Ley 18.610 de la Política Nacional de Aguas, que reglamentó la aplicación del Artículo 47, redujo el sentido de la enmienda constitucional al limitar el papel de las comisiones de cuenca y acuíferos a la función de simples asesoras. No obstante, creó un Consejo Nacional de Ambiente, Agua y Territorio integrado en partes iguales por representantes del gobierno, usuarios y la sociedad civil.

El Consejo debía participar en la elaboración y control de las políticas, las directrices nacionales de agua, ambiente y territorio, así como del plan nacional de gestión de las aguas. Ese Consejo nunca fue convocado, la ejecución del Plan Nacional de Aguas aprobado por el Poder Ejecutivo queda en manos de un Sistema Nacional Ambiental creado por decreto y adscripto a la Presidencia de la República.

El recurso presentado propone que se deje sin efecto, por ilegal e inconstitucional, el proceso para definir el Plan Nacional de Aguas aprobado por el Decreto 205/017 del 31 de julio del 2017. Ilegal porque no participó el órgano que por ley debió elaborar ese plan e inconstitucional por no cumplir que la participación de la sociedad civil y los usuarios sea en todas las etapas de planificación, gestión y control.

Las organizaciones sociales esperan que, una vez anulado ese decreto, se convoque al Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio para elaborar un Plan Nacional de Aguas acorde con el mandato constitucional, que dé prioridad al consumo de agua potable y donde las comisiones de cuencas y acuíferos participen efectivamente en todas las instancias de planificación, gestión y control de las aguas.

Paysandú Nuestro
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
4 de setiembre de 2017


lunes, 18 de septiembre de 2017

Con Luis Núñez, cantautor

Con Luis Núñez, cantautor, hablamos de su disco de reciente edición,”Latiendo de mis adentros”.
                                                                                                                                                      L.F: Cuántos años ya Luis en la música?
Luis: Ya treinta años con la música, a los 13 años empecé a tocar la guitarra  y a los 17 comencé a componer.

L. F: Cómo sentís que has evolucionado musicalmente en estos años?

Luis: Siento que he evolucionado bastante bien, pero siempre aprendiendo cada día y escuchando géneros diferentes de música e investigando, tratando de ser lo más original posible en lo que hago. Me defino como autodidacta.

L. F: En tus canciones se ve que tenis una relación muy estrecha con tu barrio. Contanos como es esa relación?

Luis: La relación con mi barrio (Paso Carrasco) es muy especial por todo lo que viví de mi infancia hasta ahora. Estoy orgulloso de Paso Carrasco, es mi casa, estoy en mi barrio y me siento feliz y seguro, aunque ha cambiado, estoy orgulloso de ser de acá.
L. F: Integrás el colectivo AeM. Cómo lo vivís?
Luis: Con el colectivo una experiencia muy linda, compartir con géneros diferentes  de músicos excelentes y buenas personas. Integrar AeM es muy enriquecedor como músico y como colectivo.

L.F: Hablanos de tu nuevo disco.
Luis: El nuevo disco es un compilado de canciones desde mis comienzos hasta alguno de los más actuales, teniendo presente a mi barrio y temas sociales.

Entrevista de Javier Pais

Artistas en Movimiento


Artistas en Movimiento lanza su primer trabajo colectivo                                                                                                                                                    Se mueve AeM!
Artistas en movimiento es un colectivo que surge entre artistas de la ciudad de la costa y alrededores en la búsqueda de expresar su arte.
Como fruto de su primer año de formación (9/6/2016) es que lanza su disco recopilación "Artistas en Movimiento 16/17" 
Este disco consta de 18 canciones que van desde el tango hasta el rock, pasando por el candombe y el "canto pop", término nacido en este colectivo que hace referencia a canciones uruguayas donde se mezclan el canto popular con el rock y el pop.
El lanzamiento tuvo lugar en Comunidarte el pasado 5 de agosto con la actuación en vivo de casi todos los integrantes de AeM, Comunidarte es un nuevo espacio que ya hace algún tiempo apunta a la difusión de la cultura en la ciudad de la costa. 
Quienes deseen adquirir el disco lo pueden encontrar en los shows del colectivo o pueden comunicarse a través de Facebook (Artistas en Movimiento) o vía correo electrónico a artistasenmovimientouy@gmail.com 
"Apoyar la cultura es creer en la identidad de su pueblo"
Juancito D'Oliveira

jueves, 14 de septiembre de 2017

privatizan el parque

LOS VECINOS EN DEFENSA DEL PARQUE ROOSEVELT
En el año 2016 el Parque Roosevelt cumplió sus primeros 100 años , mucho tiempo ha pasado desde que aquel visionario Alfredo García Lagos  donara al Estado las 350 Hectáreas con el fin de convertirlas en el primer Parque Estatal . Ya hace un siglo, García Lagos veía con nitidez la importancia de los parques públicos para la recreación de los montevideanos, para ello se encargo al Paisajista Francés Carlos Racine el diseño del mismo. Se usaron cerca de 700.000 árboles, entre pinos, eucaliptos, robles, palmeras, acacias  y cedros.
Cien años después la ciudad creció, se expandió en una gran área metropolitana, creció el parque automotor  y las aéreas verdes, parques y plazas, son vitales como pulmón y como espacios de recreación y descanso.
Los cien años del Parque lo encuentran en estado de abandono.
En el año 2008 la Intendencia de Canelones firma un acuerdo con el Ministerio de Ganadería, responsable del Parque, para hacerse cargo del mismo por 30 años (Comodato) comprometiéndose la administración de Marcos Carambula en el acta acuerdo entre las partes a  “mantener el carácter de Parque público “; a respetar la “prohibición de tala indiscriminada”;   a plantar dos especies por cada árbol caído o talado  y a afectar el personal necesario para conservación, mantenimiento y guardería. La Intendencia de Canelones no ha cumplido con este acuerdo.
Desde el primer momento en que la Comuna se hace cargo del Parque, ha perseguido como único fin, la entrega a privados de importantes partes de este, ya en 2011 comienza con el llamado “Plan Maestro”  con un llamado a interesados en “invertir “en proyectos. De los 13 proyectos privados presentados, que incluían desde un Estadio de Futbol a un mega shopping pasando por canchas de Tenis  o aéreas de equitación quedaron aprobados 7 de ellos. La fuerte oposición y movilización de los vecinos llevo a que estos proyectos naufragaran.
A pesar de este traspié, la Comuna continuo con sus ansias privatizadoras logrando en forma ilegal la instalación del Blu Park, para el cual talaron centenares de arboles y destruyeron el parque público de juegos ubicado frente al Geant. También sumaron la entrega de  un predio a Landia, la instalación de canchas de futbol sobre Con Carrasco, etc.
El argumento único usado por la Comuna para privatizar el Parque es su propia incapacidad para mantenerlo limpio, cuidado, vigilado o para evitar el robo de arboles.
En los últimos días la administración Orsi ha anunciado un nuevo impulso a la privatización, una concesión por 50 años para un mega proyecto de hotelería  y centro de convenciones. Otra vez violan el espíritu de aquella donación hecha por García Lagos, el sueño de Racine y, principalmente, los derechos de los habitantes de la zona (y de todos los Uruguayos) verdaderos dueños del Parque Roosevelt.
Y caen en la ilegalidad, al violar una y otra vez el acuerdo firmado con el Mgap y las leyes de ordenamiento territorial.
Los vecinos tenemos nuestro propio proyecto de Parque  que es el soñado por Carlos Racine que hoy con el crecimiento de la ciudad, de la contaminación, se vuelve vital .Un Parque como una isla en medio del cemento.
Llamamos a todos los vecinos a defender el Parque ,a apropiarnos de el , a pensar el Parque que queremos ,a diseñar nosotros el nuevo Parque .


lunes, 21 de agosto de 2017

MTOP


Sherwin William

Los trabajadores de Sherwin William se encuentran en conflicto ante el anuncio de cierre de la planta industrial. La medida de cierre fue tomada desde la casa central y anunciada el viernes, dejando a 57 trabajadores en la calle.
Diego Rondine, trabajador de la empresa e integrante del secretariado del sindicato de la química


 explicó la medida que deja en la calle a 57 trabajadores.
Explicó que la multinacional lo que hace es una ecuación simple “le sale más barato producir en Brasil, que en Uruguay”.
Señaló que se encontraban en negociación por una reestructura, pero nunca pensamos en algo tan rotundo, de 57 despidos y cierre”.
Mañana martes 22 de agosto, a las 11 horas los trabajadores marcharan hacia el parlamento, para denunciar el cierre y despido.

venta de armas


Publicada: sábado, 15 de julio de 2017 14:20
Las oenegés han denunciado en España el aumento de la venta de armas a Arabia Saudí a pesar de las violaciones de derechos humanos que está realizando en Yemen.
Las cosas no pueden ir peor en Yemen. Desde mediados de junio un brote de cólera diezma su población. Las oenegés calculan que 1500 personas ya han muerto y más de 200.000 padecen esta enfermedad, una epidemia que se une a la devastación de dos años de guerra.
Fuera de los focos televisivos de Occidente, Yemen interesa poco en Europa y nadie quiere oponerse a Arabia Saudí el responsable de la masacre.
Sin embargo, el negocio de la venta de armas a Arabia Saudí florece. Entre 2014 y 2016 España exportó cerca de 900 millones de euros en armas.
Armas cortas, fusiles, munición, misiles y hasta un avión de transporte es parte del arsenal vendido. Amnistía Internacional (AI) denuncia que España incumple hasta tres normativas, una nacional otra europea y otra internacional al ofrecer armamento al régimen saudí.
La venta de armas a Arabia Saudí ha provocado la crítica por parte de la oposición parlamentaria ya que es un país que está denunciado por violar los derechos humanos al atacar a la población civil en la guerra de Yemen. 
Rafael González, Madrid.

viernes, 18 de agosto de 2017

Centro Juvenil" La Frontera"

Los abajo firmantes pertenecemos al Colectivo de Trabajadores dependientes de la OSC Educación Solidaria.
Agradecemos difusión a la situación que denuncia mediante comunicado de prensa el
Centro Juvenil" La Frontera",ubicada en la localidad de Empalme Nicolich en el departamento de Canelones.
Hace ya tiempo que los distintos núcleos venimos denunciando irregularidades de todo tipo por parte de la mencionada OSC.
Pasamos por varios ámbitos de negociación y el 2 de agosto se hicieron las denuncias de todos los centros en el MTSS.
Ante esto la situación no ha cambiado no cumpliendo con los acuerdos colectivos así como tampoco con los tiempos legales en los pagos de salarios en forma reiterada.
Estamos frente a una muy mala gestión de fondos públicos que son surgen de los aportes de todos y todas los/las trabajadores/as que son brindados por medio de MIDES e INAU.

ATTE.

SOCAT Piedras Blancas - Punta de Rieles
SOCAT Cerro Oeste
SOCAT Cruz de carrasco
ETAF Maracana- Paso de la arena
ETAF Suarez- Toledo
CAIF Suarez
CAIF Aprendiendonos 
CAIF Entretodos
CAIF Las Luciernagas 
CAIF Andares
Programa Uruguay Trabaja
Centro Juvenil La Frontera

SINTEP-SUTIGA

PIT CNT

jueves, 10 de agosto de 2017

coimas de ODEBRECHT a través de Uruguay

En Argentina también lavaron las coimas de ODEBRECHT a través de Uruguay


Desde dos guaridas fiscales transfirieron al menos USD 11 millones de Odebrecht a empresa uruguaya instalada en Zonamérica. Además exfuncionario del gobierno usó una SA fantasma
Pablo Alfano y Fabián Werner (*) Sudestada 6/8/17
La constructora brasileña Odebrecht pagó coimas millonarias a funcionarios y jerarcas argentinos de los ministerios de Planificación Federal y de Transportes, así como de la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA). A cambio obtuvo jugosos contratos para construir un sistema de potabilización en Paraná y el Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento en Buenos Aires.
En el primer caso, el de AYSA, lo hizo utilizando al menos cinco empresas offshore que depositaron 11,2 millones de dólares en un banco panameño y otro de Antigua y Barbuda que, a su vez, trasegaron ese dinero a la SA uruguaya Sabrimol Trading. Esta sociedad fantasma funcionaba en Zonamérica, la zona franca de Montevideo, en el kilómetro 17.500 de ruta 8, según la documentación oficial que obtuvo Sudestada
Esta empresa fue creada el 6 de diciembre de 2007 como una sociedad anónima con acciones al portador y con un capital inicial de 2,1 millones de pesos. En el Banco Central del Uruguay figuró al menos hasta 2013 como una sociedad anónima emisora de acciones al portador.
Hasta ahora no se sabía nada de esta empresa creada por el abogado uruguayo Carlos Dentone, quien cesó su actividad laboral a fines de 2014, justo cuando el escándalo de Lava Jato estaba metiendo tras las rejas a una buena parte del sistema político y empresarial en varios países latinoamericanos.
Sabrimol Trading SA operó con el RUT número 215997030012 durante cerca de siete años, aunque ahora figura como “contribuyente clausurado” por la Dirección General Impositiva.
Uno de los "doleiros" que se acogió al beneficio de la delación premiada en Brasil, Olivio Rodrigues Junior, más conocido como "Gigolino", comenzó a explicar a la Justicia de su país una intrincada red de sociedades fantasmas. Así fue cómo se llegó a Sabrimol Trading SA, una de las empresas uruguayas que era la destinataria del dinero para el pago de coimas de la constructora Odebrecht.
En la mayoría de los casos el dinero que los "doleiros" (cambistas ilegales en la jerca brasileña) trasegaron desde Panamá y Antigua y Barbuda hacia Sabrimol se hizo a través de la cuenta 1223640 del Banco Itaú de Uruguay

La ingeniería del lavado

La primera offshore Select Engineering Consulting and Services en realidad se trataba de la casilla de correo 3174, de la Palm Chambers, en el número 197 de la Main Street de Road Town, en las Islas Vírgenes Británicas
Esa empresa fantasma utilizó una cuenta del Credicorp Bank de Panamá, administrada por Eduardo Lucio Patrao, para realizar transferencias con destino a Uruguay. En total fueron siete transferencias: la primera el 26 de junio de 2012 por medio millón de dólares y la segunda el 29 por 488,500.
La tercera se realizó el 16 de agosto de aquel año por 200 mil dólares y la cuarta el 18 de octubre por 186.200 dólares, siempre desde la cuenta 4990000581 del Meinl Bank de Antigua a la cuenta 1223640 del Banco Itaú de Uruguay
La quinta transferencia se realizó el 13 de noviembre por 100 mil dólares y la sexta un mes después, por 499.975 dólares. La última se registró el 19 de marzo de 2013 y fue por 198 mil dólares
A esta primera empresa offshore se sumó poco después Klienfeld Services Ltd, con la cuenta número 244001 que operó desde la filial del austríaco Meinl Bank en Antigua y Barbuda que compró Odebrecht para realizar toda su operativa de lavado de dinero y envío de coimas
A través de esta offshore se realizaron 16 transferencias hacia Uruguay por un total de 4.858.419 dólares, entre el 6 de agosto de 2012 y el 22 de setiembre de 2014. La transferencia más modesta fue de 59 mil dólares mientras que la más cuantiosa fue de 500 mil dólares
También hubo envíos de dinero desde Sabrimol hacia Klienfeld. En total fueron cinco transferencias que totalizaron 1.765.115,84 dólares, pero los motivos se desconocen.
La tercera empresa que engordó la cuenta de Sabrimol se llama Trident Inter Trading Ltd y utilizó la cuenta 244003 del Meinl Bank, en Antigua y Barbuda, para transferir 315 mil dólares hacia la empresa ubicada en Zonamérica el 15 de enero de 2013, de acuerdo a la documentación a la que  se accedió
La cuarta offshore, Innovation Research Engineering and Development Ltd, creada en Antigua y Barbuda, también usó una cuenta en el Meinl Bank desde donde transfirió en nueve pagos un total de 1.537.417,50 dólares hacia la empresa uruguaya entre el 25 de abril de 2012 y el 11 de setiembre de 2013.
La quinta offshore que detectó Sudestada es la panameña Magna International Corporation que realizó dos transferencias hacia Sabrimol SA: una de 100 mil dólares el 6 de agosto de 2012 y otra de 151 mil dólares el 27 de noviembre de 2012.

Dentone y el "Corcho" Rodríguez

El empresario Jorge "Corcho" Rodríguez es el dueño de Sabrimol Trading SA, según confirmó el ex administrador de sus bienes en Uruguay, el abogado Carlos Dentone, al diario argentino La Nación
El profesional de 79 años ahora está jubilado y asegura que cerró el estudio contable y legal DMP, que integró con sus socios Molinolo y Pereyra, pero recuerda con precisión múltiples detalles de la operativa de Sabrimol Trading SA, que abrió en Zonamérica en diciembre de 2007 y cerró a fines de 2014
Dentone integró el directorio de Sabrimol a pedido de "Corcho" Rodríguez, recordado en Uruguay por su vínculo sentimental con la conductora de televisión Susana Giménez entre 1998 y 2003
El abogado confirmó que la empresa tenía la cuenta 1223640, que operó en el Banco Itaú de Uruguay y aclaró que sólo fue su contador. Por su parte, según La Nación, "Corcho" Rodríguez negó que Sabrimol Trading SA fuera suya y aseguró que Dentone fue su contador "y el de mucha otra gente" en Uruguay
El estudio de Dentone figura en los Panamá Papers como intermediario de cinco sociedades offshore de Islas Vírgenes y Panamá: Timken Finance Ltd, Britania Group SA, Belle Mare Group SA, Ralto Trading Ltd y Norwood Pacific Ltd, todas creadas para empresarios argentinos con la finalidad de conseguir beneficios tributarios.
Dentone fue uno de los abogados que asesoró a los abogados del empresario Francisco "Paco" Casal, Leonardo Costa y Oscar Brum, en el litigio contra el Estado que quería cobrarle 10 millones de dólares por una presunta evasión tributaria del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (ICIR) y el Impuesto a la Renta de Actividades Económicas (IRAE) por la transferencia de jugadores entre 1998 y 2007. El caso fue cerrado cuando en noviembre de 2013 el entonces presidente José Mujica firmó una resolución que establecía la clausura del expediente

Pribont, la SA en el escritorio fantasma

El escritorio 410 de la calle Rincón 610, en la Ciudad Vieja de Montevideo, se hizo conocido hace tiempo en el opaco mundo de las empresas offshore.
Ya se  informó de su “existencia” cuando dio cuenta del uso de la empresa uruguaya Wircel por parte de la brasileña Odebrecht para pagar las coimas que permitieron realizar en Perú la obra de “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad del Cusco”)
Quien aparece como presidente de Wircel es el uruguayo Néstor Gustavo Cardozo García, un conocido creador de offshore al servicio del blanqueo internacional de capitales. Cardozo García figura también como presidente en dos sociedades panameñas: Touquet Inversiones y Dunsink.
En Touquet Inversiones compartió sesiones de directorio con el abogado Fernando de Posadas Trambauer, sobrino del exministro Ignacio de Posadas, y con Alejandro Carlos Young Sierra, un uruguayo directivo de 158 empresas y perseguido en Argentina por fraude. También aparece el abogado Juan Deffémiis Paiva, otro integrante del estudio Posadas & Vecino, que en este caso le cedió la presidencia del directorio a Cardozo García.
En la sociedad anónima Dunsink, mientras tanto, Cardozo García tomó la posta de la presidencia del directorio de manos del abogado
Luis María Piñeyrúa Pittaluga , renombrado en estos días en Brasil y en Uruguay por su participación en el lavado de dinero del expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil Eduardo Cunha. Quien aparece como secretaria de la reunión en la que se produjo el pasaje de manos fue Lucía Pfeiff Ham, quien no aparece en el staff del bufete pero envía correos electrónicos para Posadas & Vecino desde la dirección lpfeiff@pvci.com.uy.
Esa misma oficina “fantasma” de la calle Rincón también figura como el domicilio de la empresa Pribont Corporation SA, una sociedad de papel que recibió entre el 26 de mayo de 2009 y el 29 de abril de 2010 siete transferencias por un total de 700 mil dólares en la cuenta del First Caribbean International Bank desde la offshore panameña Constructora Internacional del Sur.
En la cuenta de Pribont también se recibieron 80 mil dólares el 19 de octubre de 2010 a partir de la cuenta 1414631 que la conocida Klienfeld tenía por ese entonces en el OAB de Antigua. Según conversaciones de correo electrónico citadas por el Ministerio Público Federal de Brasil en un documento al que  se accedió, ese dinero tenía como destinatario al argentino Manuel Vázquez, asesor del ex ministro de Transportes Ricardo Raúl Jaime
En ese mismo documento las autoridades consignan la sospecha de que ese dinero fue enviado como soborno por el otorgamiento de la obra de Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, obra que fue concedida a la constructora Odebrecht.



* Esta nota forma parte de las investigaciones de la Red de Periodismo de Investigación Estructurado, compuesta por periodistas de IDL-Reporteros, de Perú; La Nación, de Argentina; La Prensa, de Panamá; Armando Info, de Venezuela; y Sudestada, de Uruguay.

miércoles, 9 de agosto de 2017

Hospital de Clínicas.

RESOLUCIÓN DEL CDC CON RESPECTO A LA REFUNCIONALIZACIÓN DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Punto 5
011000-001368-17 - VISTO: a) La resolución N° 5 del CDC de fecha 11 de julio de 2017, en particular sus considerando D y E;
b) La necesidad de continuar avanzando en los procesos tendientes a mejorar la inserción del Hospital de Clínicas en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS);
CONSIDERANDO: 1. Que la Universidad encargó a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración la realización de los estudios de Pre-Factibilidad, Factibilidad y Valor por Dinero que establece la Ley N° 18.786;
2. Que el estudio de Pre-Factibilidad presentado a este Consejo ha sido ampliamente discutido en los Servicios y Órdenes y del mismo se desprende que los contratos a firmar bajo el mecanismo de Participación Público Privada para ser viables deberían ser de al menos 25 años y que los mismos implican importantes pagos anuales por los conceptos de pagos por disponibilidad y pagos por servicios transferidos;
3. Que dicho estudio señala que esta forma de financiamiento de las obras y el mantenimiento no representa una ventaja significativa en lo económico con respecto a las vías tradicionales de financiación de obra pública;
4. Que para hacer frente a un contrato de Participación Público Privada, de acuerdo al artículo 60 de la ley 18.786 los pagos correspondientes a dicho contrato deberían incluirse en el Inciso 24 Diversos Créditos y deducir el equivalente del crédito de inversiones del Inciso contratante. Por lo cual, si no es aumentado el crédito en inversiones en ese monto, los costos del contrato provendrían del presupuesto universitario en forma exclusiva por lo que la Universidad quedaría endeudada por muchos años sin garantía de que los fondos para pagar dicha deuda no comprometan al conjunto del presupuesto universitario;
5. Que este problema es particularmente difícil de resolver porque los plazos involucrados exceden ampliamente un período de gobierno, siendo esta dificultad común a cualquier vía de financiamiento que no sea por Rentas Generales y que esta dificultad se agrava en lo relativo al mantenimiento en la medida que el presupuesto del Hospital no está separado del resto de la Universidad;
6. Que dichas asignaciones deben realizarse una vez firmado el contrato que marca la ley N° 18.786 y solo pueden hacerse en el marco de las leyes de presupuesto y sus posteriores rendiciones de cuentas. A su vez, previo a la firma del contrato, la Administración Pública Contratante (en este caso la UdelaR) debe presentar la consistencia de los desembolsos futuros vinculados al Contrato con sus previsiones presupuestales. Por lo que no es posible que las actuales autoridades puedan asegurar esa asignación y por lo tanto que no se va a comprometer el presupuesto de la Universidad de la República;
7. La necesidad que el país y el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) cuente con un Hospital Universitario que lidere la formación de los recursos humanos para la salud, la innovación y la investigación clínica en coordinación estrecha con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y otros efectores públicos y privados que participan de la enseñanza y generación de conocimiento en el área de las ciencias de la salud;
8. La decisión del Hospital de Clínicas, la Facultad de Medicina y la Universidad de la República de avanzar en un proceso de reconversión profunda del Hospital con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia, la enseñanza y la investigación, lo cual se manifiesta en los documentos elaborados por la Comisión de Líneas Estratégicas, en particular el resumen ejecutivo de Junio de 2015 aprobado por la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas;
9. Que la refuncionalización del Hospital implica transformaciones profundas en su organización, estructura docente y no docente, programa asistencial y dimensionamiento, impulso de la investigación -en particular la investigación clínica-, diversificación de las fuentes de financiamiento, determinación de las posibilidades de satisfacer las necesidades de salud del sector público, además de la readecuación de su planta física y equipamiento;
10. Los avances alcanzados en el objetivo de concretar la inserción del Hospital en el SNIS a través de resoluciones adoptadas oportunamente por la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (RIEPS) y el convenio celebrado entre el Poder Ejecutivo y la Universidad en el marco de complementación con ASSE del 14 de diciembre de 2016;
11. Que más allá de los avances establecidos en el punto anterior para lograr la integración del Hospital de Clínicas al SNIS, la misma aún no se ha concretado de manera efectiva;
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA resuelve:
A) Agradecer a los equipos técnicos que elaboraron los importantes estudios de Pre-Factibilidad, Factibilidad y Valor por Dinero que establece la Ley N° 18.786.
B) Suspender los trámites de aplicación de la modalidad de Participación Público-Privada en el marco de la Ley 18.786 para el proyecto de refuncionalización del Hospital de Clínicas.
C) Mantener la búsqueda de alternativas de financiamiento para llevar a cabo la totalidad del proyecto de refuncionalización del Hospital de Clínicas.
D) Solicitar que se tomen medidas legislativas que posibiliten que la reforma y mantenimiento del Hospital de Clínicas no comprometan el resto del presupuesto universitario y que los servicios asistenciales del Hospital de Clínicas sean complementados con aportes de los fondos nacionales de salud.
E) Solicitar a la Dirección del HC que en un plazo no mayor a 90 días presente a este organismo una propuesta de Integración al SNIS utilizando como insumo los avances elaborados por la Comisión de Líneas Estratégicas aprobados por el Hospital de Clínicas en Junio de 2015 y lo oportunamente presentado y avalado ante la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud, con su correspondiente actualización. En dicho plan deberán considerarse específicamente:
a) Determinación conjuntamente con las autoridades sanitarias nacionales de las demandas del sector público que debería satisfacer el Hospital de Clínicas, establecer el paquete de prestaciones para las cuales el Hospital será referencia regional o nacional para usuarios de ASSE u otros efectores.
b) Propuesta de prioridades de inversión en planta física y equipamiento a ejecutarse en el corto plazo.
c) Informe detallado de los avances en la mejora de la gestión y propuesta de reglamentación de la nueva ordenanza.
F) Cometer al Señor Rector la comunicación de esta resolución al Poder Ejecutivo.

SUNCA


Trabajadores de la Dirección Nacional de Cultura.

Montevideo, martes 8 de agosto de 2017
A quien le importe la Cultura y el Trabajo
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CULTURA OCUPAMOS
Una vez más denunciamos la emergencia laboral que vivimos los trabajadores y trabajadoras de la Dirección Nacional de Cultura del MEC, y esta vez, queremos llamar a las cosas por su nombre. Porque la precarización laboral llevada adelante con tercerizaciones, contratos flexibles y de poca duración, reducción de la plantilla y crecimiento de las tareas tiene un nombre: neoliberalismo. Y porque cuando esta política de Estado es fruto de un gobierno de izquierda, solo podemos hablar de hipocresía.
Vale la pena recordar que la Dirección Nacional de Cultura no carga con ninguna herencia maldita, fue creada en 2007. Esta es la institución que se vanagloria de promover el derecho a la seguridad social de los artistas al mismo tiempo que contrata trabajadores de forma ilegítima.
¿Cómo es posible que las autoridades anuncien un Ministerio de Cultura cuyo fin sea garantizar los derechos culturales de la ciudadanía cuándo sistemáticamente violan los derechos laborales de sus trabajadores? El mismo programa de gobierno del Frente Amplio lo señalaba, los Derechos Humanos son indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Se avanza en su conjunto, o se retrocede en su conjunto. Por eso la otra cara de esta emergencia laboral es el desmantelamiento de diversos programas: Ciudadanía Cultural, Talleres de Inclusión Socio-Cultural, Territorio o Boliches en Agosto.
Somos trabajadores del MEC, funcionarios del Estado de hecho, pero no de derecho. Trabajamos sin estructura, contratados con modalidades diversas, muchas de ellas precarias y mentirosas. Ejercemos como técnicos, administrativos, comunicadores y gestores culturales pero nuestros contratos dicen que damos clases. Todo esto implica a igual tarea desigualdad salarial, imposibilidad de crecimiento en la Administración, salarios sumergidos, y violación del principio de continuidad, —dado que constantemente caen y se renuevan nuestros contratos sin posibilidad de generar antigüedad—. Esto se llama inseguridad laboral.
Donde no hay estructura no hay organización del trabajo. La Dirección Nacional de Cultura no cuenta con un organigrama. Esto se traduce en un estado constante y colectivo de desorden, distribución arbitraria de tareas, abusos de poder, amenazas y reparto de compensaciones discrecionales. Lo vivimos a diario, se llama acoso moral laboral. Si en 10 años no se ha logrado regularizar esta institución —creando un organigrama—, a pesar de que las autoridades han declarado que era una tarea imprescindible e impostergable, debemos hablar de falta de voluntad política y de ineptitud.
Las consecuencias de esta situación se ven en la frustración y la desmotivación de los trabajadores, en las renuncias periódicas, en las oficinas que van quedando reducidas o vacías. En los últimos dos años y medio se ha ido, por su cuenta, un 15% de la plantilla de trabajadores: 46 personas, según nos anunció el director hace poco. Y se siguen yendo. Para los que permanecemos en la institución las tareas se duplican, crece el desorden. Es un círculo vicioso.
Reiteramos, en estas condiciones no se puede hablar de derechos culturales, de políticas a mediano y largo plazo, de desarrollo, de planes nacionales de cultura. Y agregamos, no somos una isla de la precarización. Esta situación campea por todo el Ministerio de Educación y Cultura, la padecen compañeros de Secretaría, de Educación, los del Clemente Estable, Patrimonio, CECAP, Dirección de Innovación, los museos y el Archivo General de la Nación.
¡Basta de hipocresía, falta de voluntad política, ineptitud e inseguridad laboral! Pedimos la renuncia del Director Nacional de Cultura, Sergio Mautone, como una medida necesaria aunque no suficiente. Reclamamos a las autoridades la regularización de todos los contratos precarios. El Ministerio de Educación y Cultura es un ministerio con sueldos miserables. Exigimos mejora y equiparación salarial. Demandamos una mesa de negociación por estructura real, con agenda y plazos.
Ya es hora de que este gobierno garantice los derechos de los trabajadores y consolide realmente la institucionalidad cultural del país.
Trabajadores de la Dirección Nacional de Cultura.
ATEC - COFE - PIT-CNT

lunes, 7 de agosto de 2017

EL AJUSTE

RENDICION DE CUENTAS
EL AJUSTE  EN DISCUSIÓN
Entre tires y aflojes dentro del partido de gobierno se termina de definir la rendición de cuentas. Como ya señalamos es de ajuste del gasto público como reclaman los organizamos de crédito y las calificadoras que mantienen la calificación a cambio de este severo ajuste.
En la rendición anterior, ya se habían aumentado los impuestos al trabajo, el IRPF y el IASS  sobre jubilaciones y se habían establecido recortes en el gasto, postergando para el 2018 unos 2588 millones de pesos. Distribuidos en 455 millones de pesos para salud (350 para la Administración de Seguros de Salud del Estado ASSE, 55 para el Hospital universitario y 50 para las unidades docentes asistenciales), 200 millones para Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU y 1437 millones para educación (793 para la Administración Nacional de Educación Pública ANEP, 100 para la Universidad Tecnológica UTEC y 544 millones para la Universidad de la República UDELAR).
Dentro del ajuste se implementaron subas en las tarifas públicas.
Mientras se ajusta el gasto en educación y salud  se mantienen los beneficios fiscales al capital, fundamentalmente a través de las exoneraciones a las inversiones extranjeras, la renuncia fiscal equivale a 2500 millones de dólares al año. Al mismo tiempo hay un crecimiento del endeudamiento, mientras en 2014 el pago de intereses de deuda equivalía al 2.8 % del PBI, en 2015 trepo a un 3.6 % y en 2016 al 3.3%.  Este año se terminaran pagando unos 3000 millones de dólares por intereses de deuda. Estos números dan un mentís a quienes argumentan que no hay plata y que solo inventando impuestos se puede lograr más dineros.  Dentro de esta línea buscan desesperadamente donde colocar nuevos impuestos, viendo a Netflix como posible victima.
El Rector de la Universidad, Markarian ha señalado que  con los recursos que tiene la institución destinados en la Rendición de Cuentas, “ingresa a un período de inestabilidad muy grande” y agrego que: “Lo que va a disminuir es la eficacia del sistema de apoyo que no es exclusivamente becas sino también comida y transporte”.
El pasado 20 de Julio se llevo adelante el paro general del Pit Cnt, con alto acatamiento aunque la central no lo convirtió en un paro activo disminuyendo su impacto. Los gremios de la educación están dando respuestas dispares, mientras algunos están paralizados, el gremio de los funcionarios de la Universidad (AFFUR) está llevando adelante la ocupación de las distintas facultades. Este es el camino si se quiere torcer el brazo al gobierno.





sábado, 5 de agosto de 2017

CHANTAJE LEGULEYO

CHANTAJE LEGULEYO: NUEVO ACTO DE PIRATERÍA DE ARATIRÍ

La demanda internacional anunciada por Aratirí contra el estado uruguayo por una supuesta violación del Tratado de Protección y Promoción de Inversiones con el Reino Unido carece de sustento legal por varios motivos, pero puede ser un chantaje para lograr resarcirse e incluso obtener una ganancia de sus andanzas en Uruguay.

Por el Código de Minería uruguayo (Ley 15.242), las concesiones de prospección y exploración no generan el derecho a la explotación del yacimiento, solo dan prioridad al titular para solicitar la autorización siguiente, la concesión para explotar "si formula su petición en tiempo y forma" (Art. 100). Por lo tanto, los gastos de una minera en esas etapas previas corren absolutamente por su cuenta y riesgo.

Por la Ley de Minería de Gran Porte (Ley 19.126), para otorgar la concesión para explotar de un proyecto incluido en ese marco debe firmarse un Contrato para el cual estableció las condiciones y los plazos de negociación (Art. 24). A pesar de haberse votado una ley que le otorgó una prórroga de un año, Aratirí agotó todos los plazos sin cumplir los requisitos y traspasó sus derechos a Invertexi.

Invertexi fue una firma comprada por Aratirí para alargar algo más esa negociación que igual culminó sin la firma del contrato. Aratirí no obtuvo la autorización ambiental y no presentó nunca las garantías financieras exigidas por la Ley 19.126 para obtener la concesión para explotar. Al culminar los plazos legales, los títulos mineros de Aratirí caducaron y pasaron al Registro de Vacancias (Art. 25, Ley 15.242).

Aratirí apela a las declaraciones de miembros del gobierno a favor del proyecto y al compromiso de cederle un terreno para el puerto en La Angostura. La minera intervino en la elaboración de la Ley 19.126 buscando su conveniencia y el gobierno hizo otro tanto. Las declaraciones y acciones de las partes durante una negociación no tienen ningún valor legal si no se llega finalmente a firmar el contrato.

Por lo tanto, no hay contrato y, si no hay contrato, no existe el "Proyecto de mineral hierro Valentines", como dice Aratirí en su comunicado. Ese proyecto quedó en el papel, no adquirió ninguna existencia legal como para sostener que fue una inversión frustrada que podría estar sometida a las reglas del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido y Uruguay.


Aratirí pretende usar uno de los 30 tratados bilaterales de protección de inversiones firmados por Uruguay. Estos tratados lesionan la soberanía al habilitar la solución de conflictos en tribunales internacionales donde empresas privadas son equiparadas a los estados. Por lo demás, no faltan escritorios de abogados especializados en esos tratados que ofrecen sus servicios para litigar contra un pequeño país.

Para justificar su demanda, Aratirí sostiene que el gobierno uruguayo "no cumplió con sus promesas ni sus obligaciones" (sic). Las promesas no configuran una obligación legal si no se encuentran registradas en un documento reconocido por ambas partes. No se puede creer que Aratirí y la firma de abogados contratada desconozcan estas reglas. Entonces, ¿cuál sería el objetivo real de esta demanda?

Todo indica que la demanda de Aratirí es otro acto de piratería especulativa, similar al proyecto minero que pretendió imponer en Uruguay. No pasaría de una maniobra para que el gobierno le haga un pago por las actividades exploratorias realizadas a cambio de renunciar al litigio. La presión está determinada por el hecho de obligar al gobierno a enfrentar los costos de un litigio de esas características.

Al fin y al cabo, otro acto de piratería y chantaje de una firma sin antecedentes mineros que no debió ser aceptada como interlocutor en un proyecto de ese tipo. Aratirí mintió desde el inicio presentándose como una empresa familiar de la India, cuando la sede estaba en la Isla de Jersey, paraíso fiscal de la Corona Británica. Seguramente, ahora fijará domicilio en Londres para acogerse al Tratado invocado.

Pramod Agarwal, el magnate indio dueño de Aratirí, cuyas hijas demandan ahora a Uruguay, antes que un minero enamorado del país, como declaró a la prensa, es un especulador financiero que dejó una secuela de desastres sociales y ambientales en Brasil, seguida de juicios por el no pago a contratistas y trabajadores, como ocurre hoy aquí, sin haber iniciado la actividad minera propiamente dicha.

Nada de esto es una novedad para el gobierno uruguayo. Desde hace tiempo, Aratirí amenazaba con un juicio de estas características y fue inflando la estimación de sus gastos, mientras algunos miembros del gobierno admitían esa posibilidad y llegaron a manejar cifras aún mayores que la minera. Se podrá verificar ahora si el gobierno está dispuesto a enfrentar esos propósitos o a ceder ante ellos.

El Artículo 19 de la Ley 15.242 establece que: "La actividad minera, cualquiera sea su modalidad, y todas las controversias, reclamaciones y peticiones, referidas a la misma, quedan sometidas, sin excepción alguna, a la legislación y jurisdicción de la República Oriental del Uruguay". El gobierno uruguayo no puede por lo tanto participar en ningún litigio de esta naturaleza que se pretenda fuera del país.

Para reforzarlo, el mismo artículo agrega: "Todo pacto o convenio en contrario es nulo. Esta disposición es de orden público y será incluida obligatoriamente en todos los contratos que otorguen derechos mineros". La Suprema Corte de Justicia ratificó en 2015 (fallo N° 247) que el Artículo 19 es aplicable a todos los proyectos que caigan bajo las disposiciones de la Ley de Minería de Gran Porte.

Ante el solo anuncio de la demanda de Aratirí y la presencia de una firma de abogados extranjeros, algunos se apresuran a admitir la validez del litigio y darlo por perdido. Sin entrar en otras consideraciones sobre esta triste experiencia, existen sólidas razones para rechazar estas pretensiones. Solo perderemos sContaai el estado uruguayo no defiende como corresponde la soberanía y las leyes nacionales.

URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA
24 de julio de 2017.