En el oeste de Montevideo niñas son explotadas sexualmente por 20 pesos
Investigación oficial confirmó el fenómeno en la zona, y puede agravarse con la obra de la regasificadora
Hay madres que venden la virginidad de sus hijas en el barrio Los Bulevares, junto al Paso de la Arena. Hay explotadores que abusan de niñas, niños y adolescentes discapacitados. Hay un foco de explotación sexual infantil en la terminal de ómnibus del Cerro. Hay un montón de relatos siniestros que emergieron en la investigación realizada en el oeste de Montevideo por el Comité Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual Comercial (Conapees), un organismo estatal integrado por varios ministerios y organizaciones no gubernamentales.
El equipo de investigación de Conapees se reunió el miércoles 25 de junio con referentes institucionales y barriales en el centro de salud del Cerro para informar los avances de una investigación que comenzó en octubre de 2013 y concluirá en los próximos meses con un informe. El Observador participó del encuentro.
La investigación se inició ante la percepción de que existía un fenómeno que puede agravarse con las obras de instalación de la regasificadora.
Se trata de una “investigación exploratoria de percepción”, el primer estudio sobre el tema en la zona. Los profesionales entrevistaron a 53 referentes y consideran que la información se saturó, que lograron develar un escenario delictivo con características particulares que se repite en el discurso de los vecinos y actores sociales y políticos.
La mayoría de los entrevistados confirmó la existencia de explotación sexual comercial de menores de edad en el oeste de Montevideo. En total, los investigadores registraron 50 relatos concretos de explotación. En seis de ellos, los explotados son discapacitados.
El escenario para que este fenómeno se reproduzca y el delito pase desapercibido es casi ideal, de acuerdo a las investigaciones de Conapees. La ilegalidad está presente en la mayoría de las entrevistas. Muchas de las prácticas cotidianas conviven con esa ilegalidad, lo que provoca una naturalización del delito. La droga, la inseguridad, la corrupción policial y la informalidad laboral componen un escenario en el que el delito es moneda corriente. En este ambiente, la explotación sexual padece invisibilidad en contraposición a los delitos de propiedad.
Los entrevistados consideran que los escasos recursos de la Policía no le permiten encargarse de todos los delitos en esa zona, lo que genera que la denuncia de explotación sexual sea dejada de lado. En la mayoría de las entrevistas, la Policía aparece cuestionada en términos éticos y procedimentales.
Incluso, vecinos relataron amenazas de policías cuando intentaron denunciar casos de explotación. Estas amenazas suelen presentarse de forma solapada. “No es bueno que te metas en estos temas”, adviertieron algunos efectivos a una vecina que presentó varias denuncias.
“No tenemos garantías como denunciantes”, se quejó un educador en el encuentro del miércoles con los investigadores. Una vecina del barrio Santa Catalina advirtió que “si se vive en la zona, es difícil denunciar”.
Los investigadores consideran que el miedo aparece como explicación para no denunciar por la dificultad que supone asumir el rol del denunciante, la valoración social negativa del papel de delator y por los temores a represalias. Es que los barrios periféricos a la villa del Cerro son percibidos como “guetos”, en los que resulta accesible reconocer al delator.
Señales de alerta
El presidente de Conapees, Luis Purtscher, mencionó algunas señales que deben llamar la atención. Advirtió que “no es normal que una chica de 14 años se vaya a vivir con un hombre de 40”. “Esto hay que desnaturalizarlo”, agregó.
Los arreglos económicos con hombres adultos, camuflados en noviazgos, son reiterados y, como los embarazos, se presentan como una oportunidad de escapar de hogares donde prima la violencia intrafamiliar. A ello responde, en parte, la alta tasa de embarazo adolescente en el oeste.
“Los dueños de las bocas (de ventas de droga) son los más cotizados”, destacó uno de los integrantes de Conapees.
Rumbo al estallido
El fenómeno estuvo escondido durante décadas y por estas horas comienza a mostrar sus caras. Sin embargo, sigue habiendo más interrogantes que respuestas. “Sabemos que esto existe, ¿y ahora qué vamos a hacer?”, preguntó una vecina en la reunión.
Joaquín, un joven que trabaja como educador en una ONG de la zona, destacó que “no hay consenso sobre cómo abordar la situación” y, en ese sentido, pidió “un mapa de ruta”.
En ese sentido, Purtscher propuso diseñar un dispositivo de atención especializado en la zona y realizar campañas dirigidas desde la mesa local del oeste de Montevideo.
El equipo de Conapees planteó la necesidad de que niños, niñas y adolescentes participen en la construcción de la estrategia para abordar la problemática.
Además, propuso trabajar en la sensibilización y capacitación junto a empresas de transporte y trabajadores que operan en la zona. Es que algunos explotadores o facilitadores trabajan con el volante.
Purtcher también destacó la necesidad de que los informes sobre impacto ambiental y social solicitados a las empresas que se radican en la zona, como las que trabajarán en la instalación de la regasificadora, sean realizados por la Universidad de la República y financiados por las empresas.
Aunque los avances en los últimos 10 años, cuando se creó el Conapees, han sido muchos, el pesimismo prima en los especialistas. “Montevideo no ha estallado por una cuestión de escala. Cuando Montevideo estalle, veremos si la institucionalidad da cuenta. Creemos que no sucederá”, dijo el presidente de Conapees.
El equipo de investigación de Conapees se reunió el miércoles 25 de junio con referentes institucionales y barriales en el centro de salud del Cerro para informar los avances de una investigación que comenzó en octubre de 2013 y concluirá en los próximos meses con un informe. El Observador participó del encuentro.
La investigación se inició ante la percepción de que existía un fenómeno que puede agravarse con las obras de instalación de la regasificadora.
Se trata de una “investigación exploratoria de percepción”, el primer estudio sobre el tema en la zona. Los profesionales entrevistaron a 53 referentes y consideran que la información se saturó, que lograron develar un escenario delictivo con características particulares que se repite en el discurso de los vecinos y actores sociales y políticos.
La mayoría de los entrevistados confirmó la existencia de explotación sexual comercial de menores de edad en el oeste de Montevideo. En total, los investigadores registraron 50 relatos concretos de explotación. En seis de ellos, los explotados son discapacitados.
El escenario para que este fenómeno se reproduzca y el delito pase desapercibido es casi ideal, de acuerdo a las investigaciones de Conapees. La ilegalidad está presente en la mayoría de las entrevistas. Muchas de las prácticas cotidianas conviven con esa ilegalidad, lo que provoca una naturalización del delito. La droga, la inseguridad, la corrupción policial y la informalidad laboral componen un escenario en el que el delito es moneda corriente. En este ambiente, la explotación sexual padece invisibilidad en contraposición a los delitos de propiedad.
Los entrevistados consideran que los escasos recursos de la Policía no le permiten encargarse de todos los delitos en esa zona, lo que genera que la denuncia de explotación sexual sea dejada de lado. En la mayoría de las entrevistas, la Policía aparece cuestionada en términos éticos y procedimentales.
Incluso, vecinos relataron amenazas de policías cuando intentaron denunciar casos de explotación. Estas amenazas suelen presentarse de forma solapada. “No es bueno que te metas en estos temas”, adviertieron algunos efectivos a una vecina que presentó varias denuncias.
“No tenemos garantías como denunciantes”, se quejó un educador en el encuentro del miércoles con los investigadores. Una vecina del barrio Santa Catalina advirtió que “si se vive en la zona, es difícil denunciar”.
Los investigadores consideran que el miedo aparece como explicación para no denunciar por la dificultad que supone asumir el rol del denunciante, la valoración social negativa del papel de delator y por los temores a represalias. Es que los barrios periféricos a la villa del Cerro son percibidos como “guetos”, en los que resulta accesible reconocer al delator.
Señales de alerta
El presidente de Conapees, Luis Purtscher, mencionó algunas señales que deben llamar la atención. Advirtió que “no es normal que una chica de 14 años se vaya a vivir con un hombre de 40”. “Esto hay que desnaturalizarlo”, agregó.
Los arreglos económicos con hombres adultos, camuflados en noviazgos, son reiterados y, como los embarazos, se presentan como una oportunidad de escapar de hogares donde prima la violencia intrafamiliar. A ello responde, en parte, la alta tasa de embarazo adolescente en el oeste.
“Los dueños de las bocas (de ventas de droga) son los más cotizados”, destacó uno de los integrantes de Conapees.
Rumbo al estallido
El fenómeno estuvo escondido durante décadas y por estas horas comienza a mostrar sus caras. Sin embargo, sigue habiendo más interrogantes que respuestas. “Sabemos que esto existe, ¿y ahora qué vamos a hacer?”, preguntó una vecina en la reunión.
Joaquín, un joven que trabaja como educador en una ONG de la zona, destacó que “no hay consenso sobre cómo abordar la situación” y, en ese sentido, pidió “un mapa de ruta”.
En ese sentido, Purtscher propuso diseñar un dispositivo de atención especializado en la zona y realizar campañas dirigidas desde la mesa local del oeste de Montevideo.
El equipo de Conapees planteó la necesidad de que niños, niñas y adolescentes participen en la construcción de la estrategia para abordar la problemática.
Además, propuso trabajar en la sensibilización y capacitación junto a empresas de transporte y trabajadores que operan en la zona. Es que algunos explotadores o facilitadores trabajan con el volante.
Purtcher también destacó la necesidad de que los informes sobre impacto ambiental y social solicitados a las empresas que se radican en la zona, como las que trabajarán en la instalación de la regasificadora, sean realizados por la Universidad de la República y financiados por las empresas.
Aunque los avances en los últimos 10 años, cuando se creó el Conapees, han sido muchos, el pesimismo prima en los especialistas. “Montevideo no ha estallado por una cuestión de escala. Cuando Montevideo estalle, veremos si la institucionalidad da cuenta. Creemos que no sucederá”, dijo el presidente de Conapees.
La ruta de los explotadores sexuales
La mayoría de los casos relatados se concentra a orillas del arroyo Pantanoso, en los parques de la zona y en terminales de ómnibus
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+ Nicolás Delgado +
En 2007, los baños de la terminal Ramón Tabárez, del Cerro, se habían convertido en moteles o búnker donde concretar el delito. Por esa razón, la gerencia de la terminal ordenó colocar 16 cámaras de seguridad y contratar guardias que vigilen la puerta de los baños. El fenómeno desapareció, aseguran los informantes, pero la terminal sigue siendo un centro vinculado a la explotación sexual infantil.
La investigación del Comité Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual Comercial (Conapees) encontró que muchos de los relatos de explotación sexual tenían a la terminal como escenario. Niñas y adolescentes esperan allí a los explotadores y se pierden en la noche, dentro de los autos o de los ómnibus. Por esa razón, Conapees se propone trabajar en la sensibilización de las empresas de transporte y de choferes, guardias e inspectores.
También aparecen relatos de explotación en las otras terminales de la zona: Santa Catalina, Playa del Cerro y Casabó. A su vez, los tres parques de la zona suelen ser un escondite nocturno frecuente de los explotadores.
La orilla del arroyo Pantanoso aparece en reiterados relatos como el lugar donde se consuma el delito.
Las obras de saneamiento que se realizaron en la zona generaron mano de obra masculina y buenos escondites. Los entrevistados también concuerdan en que durante el trabajo de saneamiento aumentó la explotación sexual infantil.
Los impactos de los megaemprendimientos en la zona, entre ellos el de la regasificadora, que generan mano de obra masculina con dinero en mano, son percibidos de diferentes maneras que dependen, fundamentalmente, de la posición ideológica de los entrevistados.
Durante la reunión con vecinos y referentes, fueron mencionados varios escenarios más, como el puente en el que se cruzan las rutas 1 y 5.
Y luego están las casas y las cerraduras. A veces, niños, niñas y adolescentes no tienen escapatoria, incluso cuando el explotado es sancionado. Deben, necesariamente, volver a la escena del delito para desvelarse bajo ese techo.
“No tenemos dispositivo de alojamiento cuando algunos casos, aunque no todos, lo requieren”, reconoció Luis Purtscher, presidente de Conapees.
Como si la multiplicidad de sitios propicios para los explotadores no fuera suficiente, los profesionales también advierten que las nuevas tecnologías, desde Facebook a WhatsApp, pueden potenciar relaciones desiguales camufladas que conduzcan hacia la explotación.
Conapees considera que el entramado social y económico de la zona contribuye con la aparición y reproducción del fenómeno. En la periferia de la villa del Cerro se concentra la pobreza y la extrema pobreza: viviendas precarias, asentamientos, escasa o inadecuada oferta educativa, difícil acceso a los servicios de salud y precariedad laboral, una incubadora perfecta para que germine la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Las víctimas reciben desde $ 20 a $ 1.000 y existen indicios de que los varones explotados de mayor edad exigirían bienes de mayor costo. Su explotación está aún más invisible que la de niñas y adolescentes.
La investigación del Comité Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual Comercial (Conapees) encontró que muchos de los relatos de explotación sexual tenían a la terminal como escenario. Niñas y adolescentes esperan allí a los explotadores y se pierden en la noche, dentro de los autos o de los ómnibus. Por esa razón, Conapees se propone trabajar en la sensibilización de las empresas de transporte y de choferes, guardias e inspectores.
También aparecen relatos de explotación en las otras terminales de la zona: Santa Catalina, Playa del Cerro y Casabó. A su vez, los tres parques de la zona suelen ser un escondite nocturno frecuente de los explotadores.
La orilla del arroyo Pantanoso aparece en reiterados relatos como el lugar donde se consuma el delito.
Las obras de saneamiento que se realizaron en la zona generaron mano de obra masculina y buenos escondites. Los entrevistados también concuerdan en que durante el trabajo de saneamiento aumentó la explotación sexual infantil.
Los impactos de los megaemprendimientos en la zona, entre ellos el de la regasificadora, que generan mano de obra masculina con dinero en mano, son percibidos de diferentes maneras que dependen, fundamentalmente, de la posición ideológica de los entrevistados.
Durante la reunión con vecinos y referentes, fueron mencionados varios escenarios más, como el puente en el que se cruzan las rutas 1 y 5.
Y luego están las casas y las cerraduras. A veces, niños, niñas y adolescentes no tienen escapatoria, incluso cuando el explotado es sancionado. Deben, necesariamente, volver a la escena del delito para desvelarse bajo ese techo.
“No tenemos dispositivo de alojamiento cuando algunos casos, aunque no todos, lo requieren”, reconoció Luis Purtscher, presidente de Conapees.
Como si la multiplicidad de sitios propicios para los explotadores no fuera suficiente, los profesionales también advierten que las nuevas tecnologías, desde Facebook a WhatsApp, pueden potenciar relaciones desiguales camufladas que conduzcan hacia la explotación.
Conapees considera que el entramado social y económico de la zona contribuye con la aparición y reproducción del fenómeno. En la periferia de la villa del Cerro se concentra la pobreza y la extrema pobreza: viviendas precarias, asentamientos, escasa o inadecuada oferta educativa, difícil acceso a los servicios de salud y precariedad laboral, una incubadora perfecta para que germine la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Las víctimas reciben desde $ 20 a $ 1.000 y existen indicios de que los varones explotados de mayor edad exigirían bienes de mayor costo. Su explotación está aún más invisible que la de niñas y adolescentes.
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