martes, 30 de enero de 2018
viernes, 26 de enero de 2018
Afidap Sintep Cseu Pit-Cnt
CARTA PÚBLICA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DR. ANDRÉS
PASTORINO AFILIADOS A SINTEP Afidap -
Pastorino - Sintep
"Estén siempre alegres", esa premisa de Don Bosco que
nos ha unido y hecho de nosotros una comunidad fuerte, sana y unida, hoy,
tristemente, se ha convertido en una meta difícil de alcanzar.
¿Por qué? Porque hemos visto atropellados nuestros derechos como trabajadores honestos, comprometidos y profesionales. Hemos confiado, dialogado y creído en la buena voluntad de las autoridades de la institución.
¿Qué hemos recibido? Demoras, dilaciones, desconocimiento de nuestro valor como trabajadores, como sindicato y como personas.
Seis compañeras queridas, valoradas, trabajadoras e insustituibles han perdido su fuente laboral, nos han mentido sin miramientos, nos han decepcionado y defraudado en nuestra buena fe.
¿Cómo? En nombre de una "necesaria reestructura", que deja sin su única fuente de ingreso a compañeros como Alicia Fuentes, NUESTRA secretaria.
¿Por qué? Porque hemos visto atropellados nuestros derechos como trabajadores honestos, comprometidos y profesionales. Hemos confiado, dialogado y creído en la buena voluntad de las autoridades de la institución.
¿Qué hemos recibido? Demoras, dilaciones, desconocimiento de nuestro valor como trabajadores, como sindicato y como personas.
Seis compañeras queridas, valoradas, trabajadoras e insustituibles han perdido su fuente laboral, nos han mentido sin miramientos, nos han decepcionado y defraudado en nuestra buena fe.
¿Cómo? En nombre de una "necesaria reestructura", que deja sin su única fuente de ingreso a compañeros como Alicia Fuentes, NUESTRA secretaria.
¿Cómo seguir? Es difícil,
doloroso, nos cuestiona... creemos que el ÚNICO camino posible es la lucha, la
lucha desde el amor, esa "amorevolezza", de la que tanto hemos oído y
sostuvimos y sobre la que hemos mantenido nuestra tarea comprometida. Ese amor
por nuestra vocación y por nuestra comunidad será el que refuerce la lucha que
nos llevará a transitar los caminos que el conflicto requiera.
Lo haremos sin dobleces,honestamente y con firmeza, como hemos actuado en esta,que sentíamos nuestra casa y como esta situación de atropello sentimos que merece.
Lo haremos sin dobleces,honestamente y con firmeza, como hemos actuado en esta,que sentíamos nuestra casa y como esta situación de atropello sentimos que merece.
Afidap
Sintep
Cseu
Pit-Cnt
Sintep
Cseu
Pit-Cnt
TIERRA DEL AGRONEGOCIO
AMERICA
LATINA: TIERRA DEL AGRONEGOCIO Y LA CONTAMINACION.
Un informe
sobre agrotoxicos muestra que América
Latina y USA encabezan el triste ranking de crecimiento de uso de estos
venenos.
“Con
1.000 millones de toneladas por año, Brasil es el Estado del mundo que emplea
más pesticidas en su agricultura, superando en ciertos años incluso a EE UU.
Según la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (Abrasco), el 70% de los alimentos consumidos en este país tropical están contaminados por
los agrotóxicos. Esto supone que cada brasileño consume anualmente una media de
7,3 litros de plaguicidas.
Le sigue Argentina, otro campeón en el consumo de glifosato, con
cerca de 300 millones de litros por año. Se trata de un herbicida capaz de
inhibir una enzima vegetal esencial para el metabolismo de las plantas, que es
conocido por los efectos nocivos sobre la salud de la población. Uruguay,
Paraguay y México también se destacan por el empleo masivo de estas sustancias,
que para muchos expertos son responsables de causar distintas enfermedades”
(Esglobal).
El mercado mundial de agrotoxicos tuvo un crecimiento del 100%
en la última década y se ha revolucionado con las grandes fusiones, como la
adquisición de Monsanto por parte de la alemana Bayer, y la fusión de
los gigantes estadounidenses Dow y DuPont, ambos grupos controlan gran parte
del mercado latinoamericano de las semillas y de los plaguicidas.
Este avance va de la mano del crecimiento
imparable del latifundio, la desaparición de decenas de miles de pequeños y
medianos productores y en muchos países de América de una imparable violencia
contra activistas, dirigentes sociales y ambientalistas.
Pero otra importante conclusión se puede sacar
de estos números y estadísticas, este avance depredador de Monsanto y cía. ha
sido en nuestra América Latina de la mano de gobiernos “progresistas” y
derechistas. La alternancia en el poder de unos y otros no ha cambiado un ápice
lo que son políticas de Estado que convierten a los países en verdaderas
colonias.
Mago
EMPRESA PETROLERA PROVOCÓ GRAVE INCIDENTE EN CERRO PADILLA
Comunicado de prensa
EMPRESA PETROLERA PROVOCÓ
GRAVE INCIDENTE EN CERRO PADILLA
++
lamentablemente, los accidentes que podían ocurrir, se han producido
++
para evitar males mayores, es imperativo detener las perforaciones
La petrolera australiana
Petrel, a cargo de perforaciones autorizadas bajo el contrato entre Ancap y la
firma estadounidense Schuepbach, tuvo una gran pérdida de lodos con productos
químicos en Cerro Padilla, departamento de Paysandú, con un impacto desconocido
sobre los acuíferos de la zona. El incidente evidencia tanto la impericia de la
empresa como la ausencia de controles efectivos por parte de la Dinama.
De acuerdo con la
información disponible en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), se
perdieron 125 mil litros de lodos (es decir más de 600 tanques comunes de 200
litros). El incidente evidencia que los operadores desconocían la formación
geológica por donde se estaba escurriendo esa cantidad de lodo y no actuaron
como para detener a tiempo y reducir la magnitud del derrame.
Si se tiene en cuenta el
volumen total de lodo en el circuito, de 15 mil litros, incluyendo el lodo
dentro del pozo, en las piletas y cañerías, fue una pérdida de 8,3 veces el
volumen total de lodo. Como explicación alegaron que la pérdida fue muy rápida,
pero estuvieron horas preparando y reponiendo el lodo que perdían.
La magnitud de la pérdida y
la demora en reaccionar adecuadamente nos habla de falta de preparación para
contingencias mayores. Al ser aceptadas estas perforaciones se estableció que
se "debía comunicar de forma inmediata a Dinama cualquier incidencia que
ocurra durante la ejecución del proyecto, por fuera de las que ya han sido
previstas", pero evidentemente la empresa no lo hizo.
El documento pone énfasis en
la biodegradabilidad del lodo derramado pero es una afirmación falsa.
Justamente, por tratarse de lodos con componentes químicos no biodegradables es
que, para decidir su destino, deben ser clasificados y depositados finalmente
en vertederos adecuados para recibir desechos peligrosos.
¿Cómo puede ser posible que
los eficientes controles que menciona la empresa en su propuesta a la Dinama no
pudieran detectar semejante pérdida de lodo? ¿Está ese personal preparado para
monitorear efectivamente las piletas de lodo? ¿Por qué no se detuvo la
perforación apenas hubo un indicio de no retorno del lodo?
No fue una pérdida de corta
duración, porque se tragó 8,3 circuitos de lodo completos. Si no pueden
controlar la perdida de ese gran volumen de lodo, ¿cómo pueden afirmar que
existe una limitada velocidad de invasión? No hay más evidencia que la provista
en el informe, por tanto es difícil saber las causas y consecuencias de lo
ocurrido.
Según ese informe, puede ser
que el lodo se perdiera en una formación arenosa seca, pero podría haber
alcanzado también a un acuífero de la zona. Por el conocimiento existente, a
una profundidad de 70 metros se encuentran los basaltos de la Formación Arapey,
que alberga algunos acuíferos y presenta importantes fracturas naturales. Por
esta razón, la infiltración de los lodos podría afectar a los acuíferos
Tacuarembó y Buena Vista que se encuentran inmediatamente debajo del basalto.
Si tenemos estos problemas
con sólo dos pozos perforados, ¿qué nos espera si llegan a encontrar gas o
petróleo, cuando perforarán cientos o miles de pozos más? ¿Qué pasará con los
pozos abandonados? El problema de estos pozos no es sólo durante la
construcción sino también en la operación y el abandono. La industria petrolera
nunca hace un abandono ordenado de los pozos. Cuando finaliza la producción les
pone un tapón roscado en la boca y se olvidan del problema. Por lo tanto, se
puede esperar una contaminación masiva de los acuíferos una vez que las
cañerías se rompan por corrosión y las cementaciones también se rompan y
despeguen.
La información oficial
menciona asimismo la realización de unos análisis del agua en un pozo de
monitoreo. La Dinama fue advertida desde el comienzo de que los análisis de
calidad de las aguas de la zona de la perforación deberían ser efectuados por
especialistas independientes de la empresa a cargo de la perforación.
El pozo de monitoreo SEU
CP-6 indicado en el informe se encuentra a 4.800 metros al noroeste de la
perforación de Cerro Padilla, demasiado lejos para poder detectar algo. La
contaminación de cualquier naturaleza se diluye en una distancia tan grande y
cualquier análisis que se realice indicará que no existe contaminación.
Por otra parte, el análisis
del agua que se menciona solo buscó contaminantes básicos y no apuntó a la
detección de los productos químicos usados en la preparación del lodo
(Deepdrill inhibitor, Flexfirm KA, Hiperm, Newpac LV, Newzan D). Bajo tales
condiciones, los resultados que se describen son totalmente irrelevantes.
Sin abundar en el análisis
de otros elementos críticos que es posible deducir de la información oficial
disponible, los hechos relatados son una prueba contundente de la farsa del
control que adujo la empresa y del insuficiente control de la Dinama en todo
este proceso. Una vez más, solicitamos que se detengan las perforaciones.
Dijimos y reafirmamos que,
teniendo en cuenta estos antecedentes, la Dinama debe actuar con la premura del
caso y evitar que estos riesgos se trasladen al siguiente pozo programado en
Cañada Fea, cercano a la Represa de Santo Grande, el cual, tal como hemos
advertido también, podrían representar un peligro mayor aún.
Asociación Civil
Ambientalista de Salto (ACAS)
Paysandú Libre de Fracking
Paysandú Nuestro
Asamblea Popular Ambiental
Colón-Ruta 135
Rivera por la Vida
Sustentable y el Agua
Tacuarembó por el Medio
Ambiente
Uruguay Libre de Megaminería
Coordinadora Ambiental Todas
las Manos
22 de enero de 2018.
Consecuencias de la Ley de Riego
Consecuencias
de la Ley de Riego
Para el investigador Eduardo Gudynas, la Ley trae diversos
riesgo ; en nota en Montevideo Portal señala que: “Ante un cambio de esta
enorme magnitud, son indispensables salvaguardas para proteger los cursos de
agua en forma concreta y efectiva. El temor radica en que, pongamos por caso,
aquellos que están aguas arriba pueden acapararla, dejándola sin ella a los que
están más abajo en una cuenca, y obligándoles a comprar el agua. Dicho de otra
manera, puede haber una disputa donde unos se quieren apoderar del agua para
lucrar con su venta como riego. Una de las consecuencias de ese tipo de
batallas empresariales es que tramos de un arroyo o río puedan quedar sin agua.
Cuando las acciones humanas desembocan en que un río o un arroyo hay tramos sin agua, o cuando está apenas atrapada en unos piletones desconectados unos de otros, estamos ante impactos ambientales sustantivos. Esto tiene efectos muy nocivos sobre la fauna y flora acuática, así como en los ambientes de las riberas, tales como montes en galería o bañados. Impactos de ese tipo no se revierten fácilmente. De alguna manera podría decirse que el río es un como un organismo vivo que no puede sostenerse sin el agua.”
Cuando las acciones humanas desembocan en que un río o un arroyo hay tramos sin agua, o cuando está apenas atrapada en unos piletones desconectados unos de otros, estamos ante impactos ambientales sustantivos. Esto tiene efectos muy nocivos sobre la fauna y flora acuática, así como en los ambientes de las riberas, tales como montes en galería o bañados. Impactos de ese tipo no se revierten fácilmente. De alguna manera podría decirse que el río es un como un organismo vivo que no puede sostenerse sin el agua.”
Sobre los fines de la Ley dice Gudynas:” Primero se aseguran
los fines empresariales y el marco para los inversores, y se deja para una
futura reglamentación lo que sucederá con el agua. O sea que el elemento más
importante para una ley de este tipo no está adecuadamente atendido, y se patea
esa pelota para un incierto futuro en manos de autoridades como el Ministerio
de Ganadería, quien es precisamente uno de los principales responsables de
todos los problemas con el agua en el país. No olvidamos que el MGAP defendió
esta ley diciendo que “hay mucha agua” en el país.””
En la nota de Montevideo Portal Gudynas
señala también:” Pocos días atrás, el manejo de las compuertas
en la represa de Palmar dejó sin agua al Río Negro, lo que muestra que ni ese
ente estatal, ni sus jerarcas, ni tampoco sus ingenieros, saben mucho de los
caudales ecológicos y dejaron agonizando al río. Es un ejemplo clarísimo de
incumplimiento de asegurar un caudal ecológico mínimo.
Entretanto, en el departamento de Rocha tenemos todo tipo de ejemplos de las consecuencias de los efectos sumados en las cuencas que ha desembocado en un caos hídrico. Lo que a su vez obliga a obras que a su vez generan otros impactos mayores, como el Canal Andreoni.
Estos y otros ejemplos muestran a un Estado, y en especial al MGAP, sin adecuadas capacidades para una fiscalización efectiva de la contaminación de aguas por usos de agroquímicos y prácticas agropecuarias. El resultado es la continuada contaminación de varios grandes cursos de agua.
Entonces, si el Estado no puede asegurarnos la calidad ambiental del agua en el medio rural, ¿podrá controlar centenas de represitas dispersas en todo el territorio? ¿Pondrá un policía al pie de cada represita en el verano para evitar matar al curso de agua? Y la duda se eleva todavía más cuando pensamos que esas represitas estarán en manos de todo un entramado empresarial.
La nueva ley es parte de una política que aborda el cuidado de ríos y arroyos al revés, comenzando por usos comerciales antes de asegurar una adecuada protección de nuestros recursos hídricos.”
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Entretanto, en el departamento de Rocha tenemos todo tipo de ejemplos de las consecuencias de los efectos sumados en las cuencas que ha desembocado en un caos hídrico. Lo que a su vez obliga a obras que a su vez generan otros impactos mayores, como el Canal Andreoni.
Estos y otros ejemplos muestran a un Estado, y en especial al MGAP, sin adecuadas capacidades para una fiscalización efectiva de la contaminación de aguas por usos de agroquímicos y prácticas agropecuarias. El resultado es la continuada contaminación de varios grandes cursos de agua.
Entonces, si el Estado no puede asegurarnos la calidad ambiental del agua en el medio rural, ¿podrá controlar centenas de represitas dispersas en todo el territorio? ¿Pondrá un policía al pie de cada represita en el verano para evitar matar al curso de agua? Y la duda se eleva todavía más cuando pensamos que esas represitas estarán en manos de todo un entramado empresarial.
La nueva ley es parte de una política que aborda el cuidado de ríos y arroyos al revés, comenzando por usos comerciales antes de asegurar una adecuada protección de nuestros recursos hídricos.”
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El “campo” reclama
El “campo” reclama.
Se vienen produciendo fuertes
movilizaciones de los que llaman genéricamente “el campo”, con cortes parciales
en rutas, concentraciones, acto en Durazno, etc.
El crecimiento de los reclamos sorprendió
al gobierno y a las propias gremiales
que se vieron superadas (ARU, FRU) por un movimiento variopinto, pero que lleva
los reclamos de las grandes patronales agropecuarias.
Está claro que en el campo hay
intereses diversos, desde el de los trabajadores asalariados pasando por los
pequeños y medianos productores al gran capital nacional y extranjero.
Si bien las gremiales se quejan amargamente,
en los últimos años se han visto beneficiadas por el crecimiento en los precios
de la hectárea de tierra, exportaciones record por los precios de los commodities,
rendimiento extraordinario para la soja, grandes ventas de ganado en pie, etc. El aumento del latifundio y la venta a
extranjeros ha sido record y año a año miles de pequeños y medianos productores
abandonan el campo.
Los grandes productores han tenido en el MGAP a
un hombre de su riñón, el arrocero Aguerre, quien entre otras cosas impulso la
Ley de Riego.
Las dificultades para los
exportadores son el verdadero motor de esta protesta, aunque la masa de movilizados
la pongan pequeños y medianos productores endeudados ,el reclamo ante el
desfasaje en el dólar, directamente una devaluación, es el centro del
movimiento.
En los últimos años se ha
acelerado la caída de la población en el campo y decenas de miles de
explotaciones chicas o medianas han desaparecido. El agro negocio se los comió.
No hay ninguna salida para los
trabajadores del campo o los pequeños productores que se encolumnan tras los reclamos
patronales. Las corrientes o militantes de izquierda que creen ver algo
progresivo en estas movilizaciones están mal rumbeadas.
Gobiernan para Monsanto
Gobiernan
para Monsanto
El 15
de diciembre el Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNBio) aprobó la
autorización de cuatro nuevos eventos transgénicos para su cultivo comercial en
Uruguay. Gestiones realizadas por la ARU ante el
presidente Tabaré Vázquez fueron las que empujaron a tomar esta
decisión política sin precedentes en el país, que prioriza favorecer a actores
del agronegocio y a las transnacionales de la biotecnología en lugar de
proteger la salud de la población y el cuidado de nuestro medio ambiente.
Los
nuevos eventos aprobados incluyen una soja que además de tolerar glifosato
permite usar sobre el cultivo los herbicidas 2,4-D y glufosinato de amonio, y
otro evento de soja que además de tolerancia a glifosato presenta tolerancia al
herbicida Dicamba. Tanto el 2,4-D como el Dicamba son herbicidas más antiguos y
más tóxicos que el glifosato. El primero de ellos, un integrante del
tristemente célebre agente naranja, puede presentar dioxinas y furanos como
impurezas, los cuales son cancerígenos. El segundo suma a su potencial
toxicidad la característica de ser muy volátil, lo que hace que se disperse
fácilmente en el medio ambiente. La reciente liberación de esta soja tolerante
a Dicamba en Estados Unidos ha provocado fuertes conflictos entre productores,
debido a que la aplicación de este herbicida sobre los cultivos transgénicos
que lo toleran quema los cultivos vecinos, incluidos los de soja RR. El Estado
de Arkansas ha prohibido el uso de Dicamba por ese motivo. Desde el agronegocio
se argumenta que es necesario el uso de esta tecnología ya que el uso masivo de
glifosato ha provocado la aparición de malezas tolerantes al mismo, por lo que
es necesario ‘más poder de fuego’ para combatirlas. Esto traerá aparejado un
círculo vicioso donde el uso masivo de estos herbicidas provocará que aparezcan
más rápidamente malezas resistentes, por lo que se utilizará una carga aún
mayor de agrotóxicos en el medio ambiente. El argumento esgrimido por la ARU de
que la no aprobación de estos cultivos pone al país en un ‘rezago tecnológico’
es caprichoso y no considera los impactos negativos asociados al uso de la
tecnología. No es de esperar que la ARU atienda esta dimensión, pero sí que las
autoridades competentes la incorporen, y no respondan a intereses particulares
de una gremial caracterizada por favorecer a la oligarquía, en detrimento de
los derechos de los trabajadores/as y del interés general. Otro de los eventos
transgénicos aprobados es un maíz que la novedad que presenta es ser tóxico
para un insecto (Diabrótica speciosa) que no es plaga del maíz en Uruguay.
Monsanto solicitó la autorización de este evento a fines de 2010. En su momento
la UdelaR, el MSP, el MVOTMA e incluso el INIA (que luego revirtió su posición)
recomendaron no aprobar su liberación dado que no aportaba ningún beneficio e
introducía un riesgo. Además, el MSP señaló posibles riesgos de alergenicidad.
Por estos motivos algunos de los integrantes del GNBio no firmaron su autorización.
En junio de 2016 Monsanto envió una carta al subsecretario del MGAP, Enzo
Benech (del Partido Socialista premiado ahora con el cargo de Ministro), en la
que solicitó que “a la mayor brevedad posible” se
resolviese acerca de la autorización para liberación comercial de ese maíz
transgénico . El 15 de diciembre este maíz fue aprobado por el GNBio sin
las firmas de los titulares del MVOTMA y el MSP.
No
sólo la ARU y Monsanto han presionado para la aprobación de los nuevos eventos
transgénicos. El presidente de Bayer para el Cono Sur también hizo lobby ante
el ministro de Economía, Danilo Astori, en junio de este año.
El propio titular de
DINAMA Alejandro Nario, critica esta resolución. En una nota señala que: “Estamos ante cuatro situaciones diferentes,
que nosotros no compartíamos, porque agregan riesgos y no comportan ningún
beneficio para Uruguay. Uno de los maíces es para una plaga que no existe aquí
y que además no tiene ningún valor comercial. No mejora la productividad, no
mejora nada “. Más adelante en la misma nota, Nario señala que: “...se introducen plaguicidas más
potentes, algunos de los cuales ya han tenido problemas en otros países, como
Estados Unidos, porque el Dicamba en particular es muy volátil y eso hace que
en verano tengas mucha más deriva de la que es usual en los agroquímicos. Si
han existido infinidad de denuncias contra los efectos del glifosato, estamos
convencidos de que la acción de este nuevo herbicida los va a multiplicar…Por
lo mismo dijimos que nuestra responsabilidad como ministerio es negarnos a la
liberación de ese evento cuyos efectos y consecuencias no están estudiados”.
Están gobernando para Monsanto y un puñado
de grandes productores, en este marco se encuadra la aprobación de la Ley de
Riego.
(Informacion del Observatorio del agua en
Uruguay. WWW.obseratoriodelaguaenuruguay.com)
PRIVATIZACION DEL AGUA
LEY de RIEGO
PRIVATIZACION DEL AGUA
En diciembre el Sindicato de
trabajadores de OSE (FFOSE) lanzo la campaña de recolección de firmas para
anular la llamada Ley de Riego. Esta Ley desconoce el pronunciamiento popular
del 2004 cuando la mayoría de la población voto la reforma constitucional que
defendía el agua como bien público.
La campaña de recolección de
firmas , está apoyada por numerosos sindicatos , por la FEUU , organizaciones
sociales ,barriales y ambientalistas.
Esta Ley , votada por todos los
partidos con la excepción de el representante de UP y dos blancos, esta
pergeñada por el Banco Mundial y esta presentada en la “Estrategia de fomento del
desarrollo de la agricultura regada en Uruguay” acordada con el MGAP:
La Ley busca crear un mercado para
inversores, las Sociedades Agrarias de Riego y los Operadores de Sistemas
de Riego, que podrán negociar el agua.
“Todo el proyecto es
hermano y va de la mano del agro negocio sojero, de los grandes arroceros y de
la minoría de grandes propietarios.
En los últimos 40 años
la superficie trabajada con riego se ha multiplicado por 6, hoy son
aproximadamente 350 mil hectáreas, entre el 70 y el 80% del área regada
corresponde a los arroceros, que se llevan el 90% del agua utilizada. Los
impulsores de la Ley (entre ellos el senador Berterreche, defensor de Botnia)
ponen como ejemplo positivo el avance de la forestación, el peor ejemplo
posible, este sector ha crecido sobre la base del subsidio del Estado a través
de la renuncia a cobrar impuestos al sector, y que ha traído una degradación de
los suelos, eliminación de pequeños productores, migración, crecimiento del
latifundio, extranjerización, etc. Que es lo que reivindica el gobierno?” (La
Fragua setiembre)
Canelones A donde va Adeom?
Municipales de
A donde va Adeom?
Tras las elecciones del
pasado 25 de Octubre se conformo la
nueva directica del sindicato con
representación de todas las listas (5) lo que lleva a que ninguna tenga mayoría
sola.
La nueva directiva debe cambiar
el rumbo para fortalecer el sindicato, los salarios de los municipales canarios
están sumergidos, muchos compañeros apenas agarran 12 mil $ en la mano, hay
cientos de compañeros sin presupuestar a quienes se le amplio en unos meses el
contrato, hay una deuda del 2002 del 43%…
El aumento de Enero del 2018 fue
un paupérrimo 2.22% resultado de un acuerdo de fines del 2015 entre Adeom y la
Administración que hundió aun más el salario.
Hay que plantearse una lucha en
serio para recuperar el salario y presupuestar a todos los compañeros. Por una
Adeom combativa e independiente!
Rubén
OTRO TARIFAZO Y VAN...
OTRO TARIFAZO Y VAN...
El 2018 comenzó con un aumento
generalizado de tarifas, boleto, combustible...
OSE
y Antel aumentarán
6,5%, UTE 3,2%, la nafta 9,8%,
el gasoil 4,8%. A esto se suma el aumento en el precio del Gas, el boleto
urbano y el aumento encubierto en Antel al que se puede “renunciar”.
Desde
el gobierno y sus voceros oficiales y no oficiales han negado que sea un tarifazo señalando que
es “natural” el ajuste de las tarifas y estarían por debajo de la inflación. Es
desde las filas del propio gobierno que esto es refutado, cuando se acepta que
el objetivo es reducir el déficit fiscal de un 3.5% del PBI, es decir que
estamos ante un ajuste fiscal para encubrir el desbalance de las cuentas
públicas. Pero la propia gerencia de UTE
había señalado que se podía rebajar la tarifa, cosa que también a señalado el
sindicato del ente (AUTE), lo que indica que es en definitiva un doble aumento.
En el caso de los combustibles está claro que mientras el precio internacional
del barril de petróleo ha venido a la baja durante años (en el último periodo
se ha revertido) los combustibles en Uruguay siguen aumentando siendo de los
más caros de la región. Usan las tarifas para tapar la crisis, y golpean a los
más humildes!
En
el caso del aumento del boleto (aunque no alcance a quien paga con tarjeta STM)
el subsidio es nuevamente un rescate a Cutcsa ya que el propio intendente Martínez usa como
argumento (en cada suba) que es para enfrentar la caída constante en la venta
de boletos.
El Parque Roosevelt fue abandonado
PARQUE ROOSEVELT
La Intendencia de Canelones
avanza en la privatización.
Como venimos señalando desde La
Fragua la administración Orsi está decidida a entregar el Parque a privados, en
esta ocasión anunciaron un acuerdo con empresas nacionales y la Feria de
Valencia para la construcción de un predio ferial y de convenciones en la
fracción 4, que está entre Giannattasio
y la Rambla.
El proyecto presentado como Forum
Uruguay por las empresas Odetur SA y
Evital SA constaría además con locales gastronómicos, para espectáculos y otros
no especificados. La concesión al privado seria de 50 años y comenzaría a pagar un canon a partir del
cuarto año, es decir que los primeros
serian de “gracia”.
A partir del cuarto año pagarían
un canon de 862.500 dólares anuales, unos 70 mil dólares mensuales. (Este canon
se irá ajustando con los años).
La Feria de Valencia, el socio
elegido por la Comuna esta bajo la lupa de la justicia en España luego de su hundimiento, de generar más de
600 millones de Euros de deuda y de sobrecostos
en las obras de ampliación. También esta investigada por sus vínculos con el
gobernante PP.
Para el salvataje ,el gobierno
local Valenciano se hizo cargo de la millonaria deuda y se propuso como salida
…la privatización!!.
El Parque Roosevelt fue
abandonado para justificar la entrega a privados, según las autoridades la
privatización de algunas aéreas permitiría obtener dineros para mantener el resto. La experiencia indica lo contrario,
la entrega de un predio al Blu Park ha
sido desastrosa, no funciono, no se encargaron del mantenimiento de las aéreas
circundantes y la Comuna nunca ha contestado en que se gasto el canon
pagado (si es que se pago!).
La intentona privatizadora, que
lleva varios años, se ha encontrado con la férrea oposición de los vecinos, que
se han movilizado, que han denunciado, que han juntado miles de firmas.
L.R
Trabajadores unidos de Segurpas
Trabajadores de Segurpas en lucha
Los trabajadores de esta empresa
de seguridad, que presta servicios en Latu, están reclamando ante el
incumplimiento por parte de la empresa.
La patronal debe medias horas en
turno tarde hace dos meses; jornales impagos a otros compañeros; cobertura
de feriados pagos en Latu y compromiso
de llevar y traer a los trabajadores.
Esto es parte de los compromisos
asumidos por el dueño de Segurpas (Erosa) en Fuecys.
Ya el 25 de diciembre incumplen
el acuerdo cuando no se da a los compañeros el transporte, dejándolos horas
esperando para poder ir y venir.
También se denuncia por parte de
los trabajadores agremiados la falta de condiciones de seguridad e higiene. Los
puestos son limpiados solo una vez a la semana y no se entregan los productos
necesarios para garantizar la limpieza
diaria de puestos y baños (Hipoclorito, perfumol, etc).
Se ha venido reclamando al Latu y
la respuesta ha sido la prepotencia y amenazas por parte de un supervisor contra los sindicalizados, quien anda armado
y amenaza con atacar afuera a quien se le oponga (G. Vidal)
Los compañeros han respondido con
firmeza denunciando esto en la propia empresa. También se han hecho las
denuncias ante el intendente del Latu, ya que estos al contratar a la
tercerizada son responsables de todo lo que suceda.
También se le planteo la
dificultad con el agua, se reclamo y obtuvo dispensadores para agua pero no
funciona correctamente en todos los puestos
ya que en algunos se han llenado con agua de OSE, otros han quedado sucios,
etc.
La semana próxima habrá una
bipartita en Fuecys donde se plantearan todos los incumplimientos por parte de
la empresa y Latu.
Como nos dice un compañero:
“Estamos en el camino legal para
defender como sea nuestros derechos. Trabajadores unidos de Segurpas, arriba
los que luchan!”.
Colegio José Pedro Varela
Trabajadores del Colegio José Pedro Varela están cobrando las
indemnizaciones por despido adeudadas, así como el resto de sus créditos
laborales.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza
Privada (Sintep) informó que los trabajadores del Colegio José Pedro Varela
están cobrando las indemnizaciones por despido adeudadas, así como el resto de
sus créditos laborales.
El acuerdo “establece el reconocimiento del 100% de
las deudas que se generaron con las trabajadoras y los trabajadores. En el día
de hoy [por ayer] se está pagando al contado el 70% del total del dinero
adeudado, quedando el 30% restante a pagar mediante una fórmula a elaborar
durante este año”. El sindicato asegura que seguirán impulsando una ley de
insolvencia patronal “que asegure en todos los casos que, cuando una empresa
cierra, sea por la razón que sea, los trabajadores hagan efectivo su derecho a
cobrar sus deudas”.
UN ROBO DESCARADO
El exitoso ajuste fiscal de Astori
Cualquier trabajador puede ver con sus propios ojos que el
llamado impuesto a la renta no es otra cosa que un descarado robo al bolsillo
del trabajador.
En el último ajuste fiscal incluido en la Rendición de
cuentas de fines del 2016, buscando reducir el déficit fiscal para obtener el
visto bueno de la banca y las calificadoras de riesgo, el Astorismo no tuvo
mejor idea que aumentar el peso del IRPF sobre el salario.
El resultado ha sido un aumento en la recaudación del
28%. El impuesto al trabajo recaudo $
54.088 (unos US$ 1.881 millones). En el caso del IASS la recaudación fue de $
8.450 millones en 2017 (unos US$ 294 millones), con un incremento en términos
reales frente a 2016 de 21%.
Este robo que vemos en el recibo de sueldo no es otra cosa
que una transferencia para subsidiar al capital. Cuando un trabajador de la
Salud privada ve que le suman sus dos trabajos, las horas extras, los cursos,
etc. para aumentar la tajada del IRPF, debe saber que está trabajando más para pagar la deuda externa, para
subsidiar a UPM, para bancar a las patronales fundidas de la Salud…
El Pit Cnt debe ponerse a la cabeza de una campaña para
eliminar el Impuesto al salario!
Carlos.
Uruguay
Durante los últimos 15 años Uruguay transitó un intenso proceso de crecimiento económico ligado a un contexto internacional de altos precios de los “commodities” y al flujo de capital extranjero que recibió el país. La acumulación de capital, que se expresó en altas tasas de inversión en comparación con la media histórica, se produjo en varios sectores de la economía, con especial protagonismo del sector agropecuario.
El cultivo de soja pasó de ocupar 10.000 hectáreas a cerca de 1,33 millones de hectáreas en una década (casi 10% del territorio productivo), al tiempo que continuó la expansión del área forestada con eucaliptus y pinos iniciada en los 90s. Además de estos rubros “no tradicionales”, continuó la expansión de la producción lechera y ganadera que, a pesar de perder superficie a favor de la soja y la forestación, elevaron sus índices de productividad por hectárea y por trabajador gracias a la incorporación de tecnología(2).
En todos estos casos, el dinamismo fue producto de la elevación en las tasas de ganancia sectorial posibilitadas por los altos precios de las mercancías agrarias. Las determinaciones detrás del alza de precios son varias, aunque hay dos fundamentales: (i) la fase expansiva de acumulación de capital en China y parte del sudeste asiático hacia donde se relocalizó buena parte de la industria manufacturera global, y que requirió y requiere flujos crecientes de fuerza de trabajo (más o menos calificada) que se urbaniza e incorpora a su dieta proteínas de origen animal; y (ii) una fase particular de la crisis de rentabilidad del capital a nivel global que implicó la migración de formas del capital ficticio (simplificando, títulos que permiten apropiar plusvalía futura) hacia el mercado de las “commodities” luego de la crisis de las “Puntocom” en 2001.
Empalmaron así dos tendencias globales que provocaron profundas transformaciones a nivel global, en particular en aquellos países que se insertan en el mercado mundial como proveedores de materias primas y alimentos producidas en base a medios de producción finitos, heterogéneos y monopolizables. Estos países experimentaron procesos virtuosos de crecimiento económico que como tendencia redujeron los niveles de desocupación y elevaron los ingresos de la clase trabajadora por incrementos salariales, expansión del salario indirecto (gasto público) y transferencias monetarias.
Una de las “fuentes” fundamentales que posibilitó esta peculiar fase de acumulación en la periferia del capitalismo fue la renta del suelo. La renta del suelo, como desarrollara Marx(3), es una porción del plusvalor socialmente producido que apropian los dueños del suelo. Cuando la tierra se incorpora a la valorización del valor se vuelve mercancía (porque se compra y se vende a un precio en el mercado) pero no capital, ya que, con excepción de las mejoras, no es producto del trabajo humano (no tiene valor). Sin embargo, como la reproducción social requiere valores de uso que solo se obtienen explotando medios de producción naturales, la sociedad paga una renta a sus propietarios, la que se convierte en una fuente de ganancia extraordinaria que puede ser disputada sin afectar la tasa de ganancia media.
Bajando en el nivel de abstracción del análisis, el investigador argentino Juan Iñigo Carrera(4) identifica dos grandes destinos de la renta del suelo. El primero y más conocido es la renta que llega a los propietarios del suelo: los terratenientes. Estos pueden ser al mismo tiempo capitalistas (en cuyo caso apropian renta y ganancia) o simplemente arrendar sus tierras a un empresario que organiza la producción. El segundo destino, en general menos aparente, surge de la intervención del Estado en el proceso económico provocando que la renta no llegue a manos de los capitalistas agrarios (y por ende de los terratenientes), y se desvíe hacia otras fracciones del capital o hacia el propio Estado. La forma más conocida de apropiar renta de esta forma son las detracciones o retenciones a las exportaciones de mercancías que portan renta(5). Sin embargo existe un mecanismo más invisible, y por ende más efectivo, que es la sobrevaluación del tipo de cambio a partir del cual el sector exportador pierde parte del valor que apropiaría en tanto recibe “menos pesos” por cada dólar exportado, al tiempo que esa fracción de renta es apropiada por aquellos capitales que pasan a importar mercancías más baratas (precisan “menos pesos” para comprar igual cantidad de dólares). Estas mercancías pueden ser tecnología e insumos con destino industrial, o productos terminados en cuyo caso la renta abarata el costo de reproducción de la fuerza de trabajo (para un desarrollo más exhaustivo de la cuestión ver el artículo de Alonso y Barbeito en este número).
La renta del suelo en el Uruguay contemporáneo
En el caso de Uruguay se cuenta con buena información sobre la renta apropiada por los terratenientes gracias a los informes del mercado de tierras de la Dirección de Estadística Agropecuaria (DIEA-MGAP). No es el caso de la renta apropiada por otros actores cuyo análisis requerirá investigaciones particulares. En lo que sigue se abordará exclusivamente la renta apropiada por los dueños del suelo en el Uruguay de los últimos 15 años.
Según nuestras estimaciones(1) entre el 2000 y el 2015 la renta total apropiada por los dueños del suelo acumuló la friolera de 15.762 millones de dólares. Esta cifra representa 3% del producto bruto interno (PBI) acumulado en dicho período y 10% del plusvalor total. En otros términos, de cada diez dólares que apropiaron los dueños del capital en Uruguay entre el 2000 y el 2015, un dólar fue apropiado por los dueños del suelo agrario. Asimismo, su participación creció tanto en términos absolutos como en términos relativos, en la medida que si en el año 2000 los terratenientes apropiaban 5,9% del plusvalor, en el año 2014 llegaron a apropiar el 12,2%. ¿Quiénes apropiaron esta masa de ganancias?
Por lo pronto, el análisis concreto arroja que la figura del terrateniente no solo expresa la conocida imagen del gran latifundista agropecuario. Por el contrario, se puede distinguir entre: (i) los que solo son dueños del suelo (terratenientes en sentido estricto), (ii) los capitalistas agrarios que al mismo tiempo son propietarios, (iii) los productores mercantiles (que utilizan fuerza de trabajo propia y familiar) que son propietarios del suelo, y (iv) el Estado que apropia renta a través de la propiedad directa del suelo vía Instituto Nacional de Colonización (INC) y de políticas tributarias.
Así, con información de los censos agropecuarios, del INC y de la DGI se puede reconstruir de forma aproximada como es la participación de estos sujetos en la distribución de esta renta. Con información agregada para el período 2000-2015 (Cuadro 1) se obtiene que el 37,5% de la renta fue apropiada por los terratenientes “puros”, el 47,4% por los capitalistas, el 7,9% por los productores mercantiles y finalmente el 7,2% por el Estado.
Cuadro 1. Distribución renta del suelo terratenientes por sujeto, datos agregados 2000-2015 en miles de dólares y en porcentaje, y porcentaje en relación al plusvalor (PV) total
Son varias las conclusiones preliminares que se pueden extraer. En primer lugar existe un sujeto social que no participa del proceso de producción y que en el período analizado apropió 5.903 millones de dólares, el 37,5% de la renta total. Esta cifra representa el 3,7% del plusvalor total que apropió el capital en Uruguay entre 2000 y 2015 y que, cifras más cifras menos, permitiría construir unas tres plantas de celulosa. A quiénes y a dónde fue a parar esa cuantía de riqueza no lo sabemos, en tanto la información sobre los propietarios del suelo es muy precaria. Tampoco sabemos cuántas personas/familias integran esta clase, aunque un estudio detallado del Catastro Nacional y de los contribuyentes de los impuestos a la propiedad (Contribución Inmobiliaria, Impuestos de Primaria y al Patrimonio Rural) podría empezar a arrojar un poco de luz sobre el asunto.
En cuanto al destino de esa renta, se puede hipotetizar que en tanto es un sujeto que opta por no participar del proceso de producción de mercancías agrarias, seguramente una parte de la renta la destine al consumo y otra a inversiones poco riesgosas, como inversiones en el sector inmobiliario y colocaciones financieras en plaza y en el exterior. Sin embargo, no hay que descartar inversiones en el propio sector agropecuario, así como aquellos casos donde se invierte en tierra para valorizar capital a través de la renta(6). Por ejemplo, parte de las 2 millones de hectáreas en manos de uruguayos en Paraguay pueden haber sido financiadas con "renta local".
En segundo lugar, aparecen los capitalistas agrarios que apropiaron bajo la forma de renta 7.472 millones de dólares, equivalentes al 47,4% de la renta total y al 4,7% del plusvalor total de la economía entre 2000 y 2015. En términos abstractos, y bajo el supuesto de que todos los capitalistas obtienen al menos la ganancia media, la renta estaría remunerando exclusivamente su condición de propietarios del suelo, por lo cual el destino de la misma podría seguir cursos similares al de los terratenientes puros.
No obstante es necesario introducir algunas salvedades. En primer lugar, el hecho de que la compra de tierras sea en algunos casos una condición relevante para inversiones de largo plazo (por ejemplo en la forestación), hace que la renta permita recuperar la inversión inicial dado que el precio de compraventa no es más que un flujo de renta capitalizado según la tasa de interés vigente. En segundo lugar, el supuesto de que todos los capitalistas obtienen la ganancia media no es tal, en la medida que el proceso de competencia lleva a la conformación de múltiples tasas de ganancia, por lo que es esperable que tiendan a existir capitalistas que compensen su ineficiencia con la renta. De todas formas, la tendencia probable es que estos capitales menos productivos terminen optando por arrendar y/o vender sus campos para apropiar así íntegramente la renta del suelo. Seguramente sea el caso de parte de los 3.638 establecimientos de tipo “no-familiar” que desaparecieron entre 2000 y 2011(7).
La información que se tiene sobre los capitalistas dueños del suelo es algo mejor en comparación con los terratenientes puros, en tanto los establecimientos agropecuarios son censados cada diez años. En términos cuantitativos, esta clase está conformada por la fracción propietaria de los 15.777 establecimientos “no-familiares” identificados por Tommasino et al. (2014) en base al censo de 2011(7). Si para el total de establecimientos agropecuarios del Uruguay aproximadamente el 70% son total o parcialmente propietarios del suelo, con este ratio se podría suponer que los capitalistas agrarios propietarios rondaban en 2011 los 11.270. Es más, si se pone el foco en los 8.014 establecimientos (propietarios o arrendatarios) de más de 500 hectáreas que según el Censo de 2011 controlaban el 78% de la superficie productiva nacional, con el mismo supuesto se obtiene que unos 5.610 establecimientos podrían estar embolsando en el entorno del 80% de la renta que apropia este grupo.
El tercer sujeto que aparece en el análisis son los productores mercantiles directos. Se trata de una clase peculiar(8), de difícil delimitación para las ciencias sociales, en tanto contiene elementos del asalariado al explotar su fuerza de trabajo familiar, elementos del capitalista al ser propietario de medios de producción, y elementos del terrateniente cuando es propietario del suelo. En ese caso se condensan en una misma figura tres relaciones sociales diferentes. A los efectos de este artículo, interesa destacar que los productores mercantiles propietarios apropiaron bajo la forma de renta 1.247 millones de dólares, equivalentes al 7,9% de la renta total y al 0,8% del plusvalor acumulado en el período 2000-2015.
A diferencia de los anteriores, en este sujeto la renta difícilmente tenga otro destino que no sea el consumo productivo y/o reproductivo en la propia explotación, ya que los ingresos de la producción mercantil en general cubren la reproducción de la fuerza de trabajo y la reanudación del ciclo productivo. En base al procesamiento de la Encuesta Continua de Hogares(9), nuestras estimaciones muestran que, de 2006 a 2015, mientras los productores mercantiles propietarios incrementaron el poder de compra de sus ingresos un 9,6% con un nivel absoluto similar al de los asalariados al final del período, los cuenta propia arrendatarios (que no apropian renta) perdieron un 16,3% de poder de compra a lo largo del período y para 2015 su ingreso era 40% inferior al de los propietarios.
En términos cuantitativos, las estimaciones de Tommasino et al. (2014) con datos del censo 2011(7) arrojan que los establecimientos de tipo familiar eran 25.580, con 100 hectáreas de tierra promedio y solo la mitad en propiedad. De este total, unos 17.500 serían propietarios tomando como ratio el promedio de 70% antes utilizado.
Por último, está la renta que apropia el Estado como terrateniente directo y a través de su política tributaria. En total el Estado apropió 1.139 millones de dólares entre 2000 y 2015, equivalente al 7,2% de la renta total y al 0,7% del plusvalor de la economía. Lo peculiar es que su participación en la renta total sufre importantes oscilaciones en el período. Comienza arriba del 10%, cae a 5% en 2009 y se vuelve a recuperar hasta llegar al 8,6% de la renta total en 2015. Estas oscilaciones expresan las modificaciones tributarias del período, que pasaron de una etapa de “alivio fiscal” en el contexto de crisis 1999-2002, a una etapa de incremento de la presión fiscal de 2007 en adelante que incluyó nuevos impuestos que buscaron apropiar el incremento en la masa de renta. En concreto, el Impuesto al Patrimonio Rural (2013), la eliminación de la exoneración del Impuesto a la Enseñanza Primaria (2015) y del descuento del 18% en la Contribución Inmobiliaria Rural (desde 2016).
De la renta total apropiada, el 89% correspondió a tributos y el restante 11% a las rentas cobradas por el Instituto Nacional de Colonización. Es importante destacar que en tanto el INC cobra precios de arrendamiento por debajo de la renta de mercado, así como tiene un grupo no despreciable de morosos (que se fue regularizando desde 2005), deja de apropiar una masa de renta que puede ser capturada por los colonos (en general productores mercantiles). Comparando la renta potencial (precios de mercado) con la renta efectivamente apropiada (obtenida de los balances contables), se obtiene que el INC dejó de apropiar el 59% de la renta total (179 millones de dólares) en el período, parte de la cual llegó a manos de los colonos.
A modo de cierre
Como quedó en evidencia a lo largo del artículo, existen importantes lagunas de información con respecto al destino de la renta y sus propietarios en Uruguay. Las recientes investigaciones académicas sobre la distribución de la riqueza en el Uruguay parecen empezar a cubrir parte de estos baches, aunque se sigue sabiendo poco sobre el “poder económico”. Tampoco se sabe mucho sobre la distribución a la interna de los terratenientes y los capitalistas, aunque es de esperar un alto nivel de concentración dado el alto grado de centralización de la tierra. En particular, se sabe casi nada sobre ese grupo de propietarios del suelo que apropian cerca del 40% de la renta que llega los terratenientes sin siquiera participar del proceso productivo.
Las estimaciones presentadas dan cuenta tanto del flujo creciente de plusvalor apropiado por los dueños del suelo agrario en los últimos 15 años, como del escaso peso relativo de la renta capturada por el Estado (menos del 10%). Esto sin considerar la renta que no llega a los terratenientes por acción del Estado, en especial por la sobrevaluación del tipo de cambio.
En definitiva, es necesario seguir avanzando en el conocimiento concreto del movimiento del capital en nuestra economía y de las formas principales de apropiación del valor, de forma de visualizar y evidenciar el problema del uso y la distribución de la riqueza socialmente producida.
Notas
(1) Los datos que se presentan en este artículo se basan en el trabajo “Renta del suelo, ingreso laboral y ganancias en el agro en Uruguay 2000 – 2015” de Gabriel Oyhantçabal y Martín Sanguinetti. Las estimaciones de la plusvalía total son del autor.
(2) Ver por ejemplo “El crecimiento de la productividad agropecuaria 1980-2010” de Berbejillo, Mila y Bertamini en el Anuario OPYPA 2011.
(3) Para un desarrollo exhaustivo de la cuestión de la renta ver sección 6ª del Libro III “El Capital” de Karl Marx (edición Siglo XXI).
(4) Ver “La formación económica de la sociedad Argentina. Vol 1”, Juan Iñigo Carrera (2007), ediciones Imago Mundi.
(5) En Uruguay se implementaron detracciones con la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria de 1959 que eliminó el tipo de cambio diferencial (que también permitía apropiar renta). En la actualidad la Ley 17.780 (mayo de 2004) prohíbe cobrar detracciones con excepción de los cueros sin procesar (cueros crudos, salados, piquelados y wet-blue) a los que se les aplica una tasa de 5%. No es el caso de Argentina, que luego de la megadevaluación de 2002 (de más de 300%) introdujo este mecanismo impositivo para apropiar renta.
(6) Es el caso de la emisión en marzo de 2013 del Fideicomiso Financiero Fondo de Tierras Uruguay (FFFTU), orientado a la captación de inversiones para la compra de tierras para su posterior arrendamiento, administrado por la firma Farm and Forestry Management Services. A diciembre de 2014 según consta en su informe contable el fondo contaba con 52 millones de dólares invertidos en siete establecimientos que, a un promedio estimado de 4000 dólares la hectárea, equivalen a unas 13.000 hectáreas productivas, al tiempo que en un sólo año sus propiedades se valorizaron en 586.000 dólares y los ingresos por concepto de arrendamientos fueron en 2014 de 920.391 dólares.
(7) Ver “Tipología de productores agropecuarios: caracterización a partir del Censo Agropecuario 2011” de Tommasino, Cortelezzi, Mondelli, Berbejillo y Silva Carrazzona en el Anuario OPYPA 2014.
(8) Si en la literatura de la cuestión agraria clásica del marxismo esta clase era el campesinado, en la actualidad en territorios de capitalismo consolidado se los suele conceptuar como “agricultores familiares” (América del Sur) o “family farmers” (Estados Unidos).
(9) Para el procesamiento de la Encuesta Continua de Hogres se asumió que la categoría “cuenta propia con local” da cuenta de la producción mercantil agropecuaria.
* Docente de la Universidad de la República. Integrante del comité editorial de Hemisferio Izquierdo.
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