APMU EN CONFLICTO!

 

APMU EN CONFLICTO!

NO AL ATROPELLO!

QUE CUMPLAN EL LAUDO!

NOS DICEN ESENCIALES Y NOS TRATAN COMO DESCARTABLES!

TODOS SOMOS SUPLENTES!

INCENDIOS FORESTALES

 

Brecha URUGUAY

AVANCES Y DILEMAS LUEGO DE LOS HISTÓRICOS INCENDIOS FORESTALES DEL LITORAL

Cenizas quedan

Mónica Robaina

16 diciembre, 2022

Tras los grandes incendios forestales que afectaron al litoral del país el verano pasado, los productores locales apuran en el Parlamento un proyecto de ley para mejorar la prevención y establecer nuevas reglas en los controles. En la academia lamentan la falta de recursos para buscar una solución de fondo.

«Desde que se extinguieron los incendios de enero, comenzó para nosotros el desafío de hacer escuchar nuestra voz. Era necesario transformar ese evento tan traumático para la memoria colectiva de la comunidad en una oportunidad para generar cambios que nos coloquen en mejores condiciones para enfrentar los siguientes incendios, porque esta posibilidad es muy real.» Así empieza la exposición de motivos de un proyecto de ley cuya aprobación estaba pendiente en la Cámara de Diputados al cierre de esta edición. La iniciativa apunta a prevenir y combatir incendios con más eficacia, con base en los aportes de vecinos, productores, técnicos, bomberos, forestadores y docentes universitarios que participaron en las reuniones de las Mesas de Diálogo creadas tras los incendios que devoraron 30 mil hectáreas de monte y bosque en Paysandú y Soriano, entre el 29 de diciembre y el 4 de enero pasados. Es, quizás, el mayor avance logrado en el ámbito público desde entonces.

En primer lugar –y aunque parezca una perogrullada–, se propone centralizar en la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) del Ministerio del Interior las responsabilidades y acciones oficiales relacionadas con la prevención de los incendios. El productor Javier Dalmás, vocero de la Mesa de Diálogo de Paysandú y uno de los impulsores de la iniciativa, dijo a Brecha que la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería (MGAP) no ha cumplido eficazmente con sus responsabilidades en materia de prevención. A través de un pedido de acceso a la información pública, Dalmás supo que «en los últimos cinco años las inspecciones de la Dirección Forestal fueron irrelevantes: un promedio de 30 inspecciones por año en más de un millón de hectáreas forestadas», señaló. Tampoco soslayó los «conflictos de intereses que a veces se plantean con jerarcas de esa repartición del MGAP, que han tenido vínculos comerciales, profesionales o familiares con las empresas del sector». En este sentido, opinó que «tener a los bomberos controlando es algo muy positivo, porque cuando se maneja tanto dinero es importante mantener separadas la dirección forestal y sus cometidos».

Otro eje de la propuesta refiere a la separación entre los macizos forestales o las plantaciones y los centros poblados. Con base en legislación comparada, la iniciativa nacional plantea que los cortafuegos tengan, como mínimo de ancho, la altura máxima de las plantaciones linderas. Luego, teniendo en cuenta la normativa territorial de localidades como Guichón (Paysandú) y Tranqueras (Rivera), prohíbe la actividad forestal dentro de un radio de 500 metros de los centros poblados; es decir, 300 metros más que la distancia acordada entre los forestadores, el MGAP y el Ministerio de Ambiente tras el gran incendio. En el caso de las edificaciones en zonas rurales (viviendas, depósitos, escuelas, iglesias, clubes sociales y deportivos) el radio de prohibición es de 150 metros. Otro artículo del proyecto también obliga a los propietarios de bosques mayores a 40 hectáreas a presentar a la DNB un plan anual de defensa de incendios forestales, con diversos requisitos; esos planes deberán tener divulgación pública en la página web de la DNB.

RESPONSABILIDADES

«Hay muchos aspectos de las leyes ya vigentes que no se cumplieron por falta de fiscalización y recursos. Todas las partes que fueron responsables de que esto fuera un desastre trataron de tapar las falencias. Fue un proceso muy infeliz, la falta de coordinación fue un desastre», declaró al semanario el productor apícola sanducero Santiago Schneider. «Todo lo que ocurrió era previsible en la medida en que había un dejarse estar. Uruguay creció, la masa forestal se derramó, pero no hubo un acompañamiento del resto con un marco bien regulado. No hicieron nada por evitar que se quemara más», agregó, con la esperanza de que el proyecto de ley se apruebe para corregir alguna de esas situaciones.

Tanto Schneider como Dalmás entienden que, para que la nueva ley sea aplicable y no una mera expresión de deseo, habrá que asignar recursos presupuestales a través de futuras rendiciones de cuentas o reglamentar para que las empresas forestadoras se hagan cargo de algunos costos. Para el diputado frenteamplista Ubaldo Aita, miembro de la Comisión de Ganadería que aprobó el texto del proyecto el martes pasado y lo derivó al plenario, es un hecho que los efectos del cambio climático incrementarán la frecuencia de los incendios forestales y que, previendo esa situación, Uruguay debe avanzar en materia legislativa y organización. «El proyecto tiene un cuerpo normativo sólido, que da cabida a regulaciones preexistentes, pero que estaban dispersas. No solo sistematiza esas regulaciones, sino que otorga rango legal a decretos e incluye legislación comparada de países donde la actividad forestal se realiza con seriedad normativa. Deroga todas las disposiciones anteriores relacionadas con la prevención y el combate de los incendios forestales que entren en conflicto con esta ley», dijo el legislador a Brecha.

«UN DISPARATE»

A todo esto, la Sociedad de Productores Forestales (SPF) –que nuclea al 80 por ciento de las forestadoras del país– entiende que el proyecto es malo y hasta última hora albergaba esperanzas de que los legisladores dispuestos a aprobarlo revieran su posición. Para el coordinador del Operativo de Protección Anti-Incendios Forestales (OPAIF), Rafael Sosa, la propuesta a estudio del legislativo es «un disparate» y un «refrito» de normativas que ya están vigentes. Tras aclarar que ofrecía su «opinión personal», el experto dijo a Brecha que el texto «establece medidas anacrónicas que no hacen al cuidado forestal, sino que parecen un saludo a la tribuna». A modo de ejemplo, consideró que si los controles pasan de la dirección forestal del MGAP a la DNB, el Estado tendrá que «triplicar» los funcionarios y capacitarlos para cumplir con la obligación legal. Entre otros puntos que cuestiona, mencionó las disposiciones que obligan a los productores con más de 40 hectáreas a instalar guardianes a modo de prevención: «Son típicas del desconocimiento y del voluntarismo, agregan burocracia y omiten la tecnología que va sustituyendo a esos guardianes».

Sosa también rechazó el artículo que marca una distancia mínima de 500 metros entre las plantaciones y los centros poblados –punto que también rechazan algunos legisladores nacionalistas–. A su juicio, con los 200 metros ya acordados es suficiente. Su esperanza es que, antes de expedirse, los legisladores atiendan las versiones técnicas contrarias a la iniciativa de los productores rurales y la Universidad de la República (Udelar). «Si este mal proyecto sale, los más afectados serán el propio Estado o los productores más pequeños», sentenció.

OTROS PLANES

En contrapartida, a partir de la pavorosa experiencia del verano pasado, la SPF introdujo cambios al OPAIF que realiza todos los veranos y que entró en vigencia esta semana. La elaboración del nuevo plan partió de dos auditorías contratadas por los forestales para analizar y corregir falencias, dijo el coordinador Rafael Sosa. Los estudios revelaron que el «incendio más grande de la historia» del país se produjo por demoras en la detección y alerta sobre los focos ígneos, y en la gestión y coordinación de los recursos disponibles. Por eso, la gremial resolvió trabajar este verano bajo un «sistema de comando de incidentes», gestionado por la DNB. «Está pensado para emergencias de eventos grandes y complejos, e implica alinear toda la estructura detrás de un comando para evitar la dispersión y el caos en la respuesta», explicó Sosa.

Por otra parte, la SPF resolvió concentrar el sistema de detección, despacho (de recursos) y comunicaciones en Durazno, en lugar de repartirlos en las tres oficinas regionales que operaron hasta principios de este año. La central duraznense tiene ahora la misión de detectar incendios y gestionar el despliegue de recursos privados y estatales, mediante un software con información cartográfica sobre zonas de riesgo climático y riesgo asociado al material combustible. También se llevó a cabo un catastro de las fuentes de agua disponibles, según su tipo, volumen y accesibilidad para helicópteros.Por último, en coordinación con los organismos que integran el Sistema Nacional de Emergencia, se actualizó el protocolo «de actuación, prevención, mitigación y respuesta» que funcionará a partir de este verano a través de los comités departamentales de emergencia.

En la zona del litoral se agregaron dos aviones de combate, co

n capacidad para 2 mil litros de agua cada uno, como apoyo a la unidad helitransportada ya existente. También comenzó a funcionar un sistema de detección, mediante cámaras, que alcanza a Paysandú, Río Negro y el norte de Soriano, sumadas a las cinco instaladas por la DNB en los balnearios boscosos del este. Sosa señaló que en total se instalaron 15 cámaras que abarcan unas 200 mil hectáreas de bosques, aparte de las cinco que maneja la DNB en las zonas boscosas de los balnearios del sur y este del país. También ofrecen distintas medidas para vincularse con la comunidad. De acuerdo con el ejecutivo, la implementación del Sistema de Comando de Incidentes implicó una inversión de 3.800.000 dólares, frente a los 2.350.000 dólares que aportaron los afiliados a la SPF el verano pasado.

A todo esto, el 1 de este mes el gobierno presentó el Plan Nacional de Protección Integral frente a Incendios Forestales 2022-2023, en el parque Santa Teresa (Rocha). Allí se dieron cita ministros, productores forestales y autoridades de los organismos con injerencia en estos temas. Entre las novedades, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que se resolvió adoptar un plan de generación de cortafuegos junto con la SPF y las Fuerzas Armadas. La creación de embalses de aguas en las zonas forestales, la emisión diaria del índice de riesgo de incendios forestales y la publicación periódica de las tendencias climáticas también son parte del acuerdo. Por otro lado, se mantendrá el sistema de torres de control y vigilancia, con monitoreos permanentes desde el aire.

LO QUE NO FUE

La posibilidad de que la Udelar realizara una evaluación integral de los daños causados por los incendios del litoral quedó por el camino. «Fracasó debido a los recortes presupuestales para la Udelar y no hubo privados interesados en financiar la investigación», dijo a Brecha la investigadora del Departamento de Ciencias Sociales del CENUR Litoral Norte de la Udelar, Natalia Bisio. El Grupo de Estudios Territoriales del CENUR pretendía evaluar el impacto social y psicológico sobre la población expuesta, la contaminación de ríos y suelos, el tiempo de recuperación del terreno, cuantificar los insumos que requirieron los trabajos, avanzar en asuntos de ordenamiento territorial, y, lo más importante, aportar el conocimiento fundamental para enfrentar nuevos incendios, agregó Bisio.

El arquitecto e investigador Rogelio Texeira, también miembro del grupo, enfatizó la importancia de generar insumos de medidas preventivas, mecanismos de control y ordenamiento territorial y ajustes de la normativa en relación con buenas prácticas internacionales. «La forestación absorbió toda la microrregión. La sociedad y los productores chicos, todos dependen de la forestación porque tienen su ganado en pastoreo y sus colmenas dentro de los campos forestales, o porque terminan trabajando para las forestadoras. No ha habido un intercambio real que permita construir una mejor convivencia», comentó, para justificar la importancia de analizar el impacto sanitario, psicológico y sociológico tras el gran incendio.

Los académicos pretendían, asimismo, cuantificar los daños económicos a mediano plazo, por ejemplo, en la producción de miel debido al estrés de las abejas o por los abortos espontáneos producidos sobre el ganado de cría, y ver qué pasó con el ambiente y la biodiversidad. Texeira aspira a que el Estado profundice en un análisis y en la situación de fondo para quienes viven en los entornos boscosos del litoral. La aprobación del proyecto de ley sería un paso clave. Lo mismo opina Schneider, quien durante estos meses ha visto cómo su establecimiento vuelve a estar rodeado por árboles. La zona que se incendió está siendo replantada y, otra vez, los vecinos están siendo cercados por los bosques. «Es un asunto que atraviesa la seguridad y el paisaje. No podemos pasar otro año más con esta situación», concluyó el académico. Entre tanto, el índice de riesgo de incendios que elabora la DNB muestra un día sí y otro también al Uruguay en rojo.

Proponen un futuro para la pesca artesanal en Uruguay

 

Actores públicos y privados, productores, consumidores e investigadores delinean un futuro posible de sustentación económica, social, ambiental y cultural para la pesca artesanal en el país

Víctor L. Bacchetta

La pesca en pequeña escala representa por lo menos el 40% de las capturas pesqueras mundiales y brinda ocupación al 90% de las personas que trabajan en la pesca, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Se estima que 45 millones de mujeres participan en la pesca en pequeña escala, en particular como medio de subsistencia, y que 492 millones de personas en total dependen al menos en parte de esta actividad para subsistir.

En Uruguay, la pesca artesanal es un subsector marginalizado a pesar de ocupar al 46% del total de pescadores existentes en el país, un total de 1.250 pescadores a tiempo completo o parcial y 3.750 trabajadores indirectos. Si bien la pesca artesanal representa una proporción muy menor en comparación con su contraparte industrial, este subsector da cuenta del 25% del consumo nacional de pescado.

En la segunda mitad del siglo pasado, la pesca artesanal era solo el 3% de la captura, pero hoy representa más del 20% del total de desembarques. Aproximadamente, el 56% de los pescadores artesanales del país se concentra en el área de influencia del Río de la Plata y la costa oceánica. Hay 59 puertos pesqueros principales donde unas 675 embarcaciones explotan unas 50 especies de peces y mariscos.

La situación de la pesca artesanal en Uruguay es preocupante por la escasa inversión en equipamiento, tecnología y embarcaciones, la precariedad laboral y dificultades en la renovación generacional de pescadores. La mayoría de los pescadores artesanales se encuentra en una situación marginalizada, lo que dificulta el acceso a créditos y préstamos y su participación activa en la definición de los recursos y políticas.

Históricamente, la pesca artesanal en Uruguay ha recibido muy poca atención, pero una ola creciente de pescadores y emprendedores están desafiando el statu quo. Por medio de alianzas con el sector gastronómico, con investigadores, actores oficiales e iniciativas de desarrollo local, se están gestando y afianzando iniciativas innovadoras y transformadoras que tendrían el potencial de cambiar aquella situación.

Como parte del ciclo temático sobre sistemas alimentarios y prácticas sostenibles del Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad (SARAS, por su sigla en inglés), un grupo transdisciplinario recolectó y compiló diversas iniciativas prometedoras con la idea de difundir los esfuerzos que se están realizando, promover sinergias e imaginar futuros plausibles y sostenibles para la pesca artesanal.

SARAS es un centro de investigación interdisciplinaria con el objetivo de generar conocimiento y capacidades sobre la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos. Constituido en 2011, es una iniciativa conjunta de la Universidad de Wageningen, de Países Bajos, Resilience Alliance, de Estados Unidos, la Universidad de la República, la Intendencia de Maldonado y el Ministerio de Educación y Cultura.

Lo innovador de las iniciativas recopiladas radica en promover nuevas maneras de actuar y percibir la actividad pesquera, nuevas formas de revalorizar la cultura de la pesca artesanal, nuevas maneras de vincular la pesca y la gastronomía, nuevas tecnologías para reducir el impacto ambiental, nuevas formas de asegurar la calidad de los alimentos y nuevos caminos de coproducción de conocimiento.

Mediante una colección de relatos de los referentes de las iniciativas, pescadores artesanales, chefs, emprendedores, investigadores y comensales, se organizó un Catálogo Transformador de la Pesca Artesanal

(*)

. La publicación permite conocer el quién, el cómo y el por qué de cada emprendimiento, poniendo el énfasis en los objetivos y en las estrategias que han implementado para su concreción.

Mediante una consulta a referentes del sector, las iniciativas seleccionadas en el proyecto cumplen alguno de los siguientes criterios: haber sido nominada por al menos un actor que considera que la misma tiene impactos positivos e innovadores para el futuro de la pesca artesanal; y haber estado registrada previamente en artículos de prensa, sitios web, artículos científicos u otros medios de comunicación.

Cada iniciativa persigue un conjunto de objetivos diferentes a saber: posicionamiento, alcanzar un lugar diferencial; coproducción de conocimientos y soluciones; valor cultural, uso ordenado y sostenible del territorio costero; valor agregado a un producto, proceso y/o actividad; desarrollo comunitario de los pescadores y sus comunidades; y equilibrio entre el uso de los recursos y la conservación de los ecosistemas.

Las iniciativas

COOPESCONAND

es una cooperativa de pescadores artesanales del Río Negro, en el departamento de Flores, un grupo de familias que trabaja en la zona hace más de 30 años, que exploran con técnicos y especialistas en desarrollo rural y pesca la tecnologización de procesos y el fortalecimiento institucional, fomentando el consumo de pescado de agua dulce y poniendo en valor la pesca de río en Uruguay.

Abono de Mar

es una empresa dedicada, entre otros a la producción de compost a partir de los residuos de la pesca artesanal. De esta manera, resolvió el problema de qué hacer con varias toneladas de residuos orgánicos provenientes de la faena o fileteado del pescado fresco en la localidad de La Paloma, en el departamento de Rocha, que es una ciudad balnearia además de importante puerto pesquero.

Utilizando sus vínculos con la academia y con el sector, Abono de Mar fue concebido e incubado a través de programas de apoyo técnico, financiero y de equipamiento de distintas agencias y organizaciones. No solo aborda el problema ambiental, de olor, lixiviados y contaminación, sino que conecta a distintos actores como el municipio, pescadores artesanales, productores agrícolas y vecinos, entre otros.

Jardín Primitivo

es otro emprendimiento similar al anterior, dedicado al compostaje de los residuos de la pesca artesanal en Punta del Diablo, en el departamento de Rocha, mediante un enfoque de economía circular. En este mismo lugar funciona la

Escuelita de Pesca Artesanal

, orientada a revalorizar la pesca artesanal, mantener viva la tradición pesquera y proveer valor agregado a los productos locales.

El

Grupo POPA

por la Pesca Artesanal en Piriápolis surgió en 2011 para buscar soluciones a los problemas de la pesca artesanal en el municipio. Es un equipo de investigación-acción participativa que brinda un espacio para el aprendizaje mutuo entre pescadores, investigadores y otros actores. Desarrollaron unas trampas de pesca plegables que disminuyen la interferencia de los lobos marinos.

Almejas Palmares

, una empresa de Palmares de La Coronilla, en Rocha, se dedica al procesamiento y la venta de almeja amarilla a restaurantes. La iniciativa transformó la comercialización de la almeja, que antes solo se usaba como carnada.

Aquí se Pesca, Aquí se Cocina es un festival gastronómico dirigido a revalorizar la cultura de la pesca artesanal, fomentar el consumo de productos de mar locales y, con lo recaudado, ayudar a equipar comedores escolares. Inaugurado en 2016, se realizó durante cuatro años el fin de semana del 12 de octubre, tres veces en el puerto de Punta del Este y una vez en la rambla de Punta Carretas, en Montevideo.

Pacto Oceánico del Este

es un proyecto de la Corporación Gastronómica de Punta del Este con el fin de estrechar vínculos entre la pesca artesanal, los cocineros y los consumidores en el departamento. El objetivo es posicionar a Punta del Este como destino gastronómico y apoyar a 400 familias que dependen de la pesca artesanal. Se espera que la iniciativa también pueda replicarse en otros puertos del país.

Cocina de la Barra

, en la Laguna de Rocha, es un emprendimiento gastronómico asociativo de mujeres pescadoras, orientado a proveer valor agregado a la pesca local y mantener la identidad cultural del lugar. Aunque son nueve mujeres que participan directamente, el emprendimiento alcanza a las familias de pescadores y a la comunidad de La Paloma al comprar la pesca local a mejores precios.

Armonía

es una embarcación traída desde Maine, Estados Unidos, al Puerto de Punta del Este, pesca con jaulas para devolver al mar las especies no deseadas, buscando maximizar la eficiencia de los procesos y la calidad de los productos. La iniciativa debió sortear varios obstáculos, principalmente de orden burocrático, y actualmente provee de pesca local y fresca a varios restaurantes del balneario esteño.

Hermanos Kurta

, en Playa Verde de Piriápolis, es una empresa que se dedica a la pesca de especies costeras locales maximizando la calidad de los productos, las técnicas de procesamiento y almacenamiento, con asesoramiento de la Facultad de Veterinaria y de la DINARA (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos). La iniciativa provee de pesca local y fresca a varios restaurantes de Montevideo.

(*) Catálogo Transformador de la Pesca Artesanal. Gianelli, I., Trimble, M., Rosa, S., Beretta, N., Dias, A.C., Villasante, S. (2021). Ciclo: “Saberes sobre la mesa. Hacia sistemas y prácticas alimentarias sostenibles”. Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad (SARAS), Maldonado, Uruguay. DOI: 10.5281/zenodo.5751841

S.A.G

 

Movimiento por un Uruguay Sustentable

 

Comunicado de Prensa

 

Se necesitan acciones concretas para identificar y neutralizar las causas de las cianobacterias

 

Ante la proliferación de episodios de "floraciones" de cianobacterias a nivel nacional y regional, desde el MOVUS (Movimiento por un Uruguay Sustentable) expresamos nuestra profunda disconformidad ante la falta de acciones concretas para identificar y neutralizar las causas de este fenómeno. Monitorear y medir las floraciones no es suficiente.

 

Entendemos como insuficiente también y falto de contenido el comunicado conjunto del Ministerio de Ambiente (MA), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la OSE del miércoles pasado.

 

En lo nacional es indispensable tomar medidas específicas a nivel de las cuencas y subcuencas hidrográficas, involucrando la sociedad civil, para recuperar la calidad de las aguas superficiales y conservar las subterráneas. Para eso consideramos se debe mejorar el marco normativo dando poder real a las Comisiones de Cuenca creadas a partir de la ley 18610 e incluir en la legislación la penalización de las acciones en contrario de la calidad ambiental.

 

En tal sentido no pueden repetirse episodios como el del vivero de la empresa UPM que por años hizo uso de sustancias no autorizadas que contaminaron el agua de la zona, pero al que igualmente el MA permitió continuar con sus actividades y el MGAP ni siquiera le impuso una multa, y peor aún autorizó de manera "express" los productos en infracción.  

 

Se impone hacer un verdadero control de las sustancias que se utilizan en la actividad agropecuaria, prohibiendo inmediatamente aquellas que justificadamente no se permiten en otros países; controlar los vertidos industriales y hacer que los sistemas de saneamiento urbanos y suburbanos sean verdaderamente sistemas que saneen el agua.

 

Estas mínimas acciones son indispensables si pretendemos evitar el colapso ambiental de nuestro sistema hidrológico que permite la vida en el territorio y da competitividad a nuestro sistema productivo.

 

Entendemos que esto no se arregla con palabras bonitas y menos con acciones como autorizar a que UPM contamine diariamente un volumen de agua superior a diez días de consumo de Montevideo y el área metropolitana.

 

En lo regional nuestro país debe impulsar que este tema sea de la mayor prioridad y se integre en la agenda de todos los organismos e instancias de coordinación política; sin olvidar que la base de toda mejora del sistema está en evitar la contaminación.

Nos va en ello el futuro.  

 

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)

13 de diciembre de 2022.

 

Contactos de referencia:

Ana Filippini        098 407 572

Raúl Viñas            099 648 685

Eduardo Gudynas 095 367 983

DIA DE REYES

 

DIA DE REYES EN SUEÑO SOLIDARIO

El merendero de Paso Carrasco está en campaña de recolección de juguetes, libros infantiles, etc.  Para el festejo del 6 de Enero.

Como todos los años, el Día del Niño en Agosto y el 6 de Enero se festeja en el Salón con regalos para más de 100 niños.

Quien quiera colaborar se comunica por el Facebook del Salón Sueño Solidario o con su distribuidor de La Fragua.

La 17

 

Triunfazo!

Las recientes elecciones en APMU resultaron  educativas para todas y todos en la Salud privada. Se pueden recuperar los sindicatos, se puede construir con democracia sindical y respeto, se puede tener una dirección que defienda a rajatabla a cada trabajador.

Así lo entendieron los trabajadores de la Médica que acudieron masivamente a votar y darle una amplia mayoría a la Lista 17.

Todo esto después de un periodo cargado de ataques a las compañeras y compañeros de la 17, incluyendo la persecución a dos de sus más reconocidos representantes, Agustín y Rosalba, a quienes se les quitaron sus derechos  en el Sindicato.

La 17 molesta por su papel en la FUS, como parte de una oposición a la dirección mayoritaria, burocrática y autoritaria, por su apoyo a las compañeras de Casa de Galicia, por su independencia.

Pero el mayor acierto de quienes dieron amplia mayoría a la 17 es hacerlo en momentos de avance de las patronales de la Salud, en momentos el que más necesario es tener una conducción comprometida con los trabajadores.

La Fragua

FENAPES --PASO CARRASCO

 COMUNICADO
En atención a las decisiones comunicadas por las autoridades respecto a la supresión del turno
intermedio de nuestro Liceo Alberto Candeau, a la que se suma la no apertura de la opción Físico-
Matemática para el tercer año del Bachillerato Diversificado, la filial Paso Carrasco de FENAPES
quiere informarles a ustedes, y a través de sus medios a la comunidad su visión al respecto.
Esta filial se ha caracterizado por su apertura al diálogo y su vocación de negociación y esto ha sido
reconocida por las autoridades anteriores y las actuales.
Por este motivo y ante estas decisiones que fueron inconsultas, intempestivas y carentes de
argumentos hemos tenido instancias de diálogo con la Dirección liceal y la Inspección de Institutos
y Liceos Prof. Mónica Franco en más de una oportunidad.
En las mismas hemos planteado una visión crítica de estas decisiones tanto por la forma como por
el contenido.
Respecto al pasaje a la eliminación del turno intermedio hemos planteado los problemas edilicios
que nos aquejan, lo que impediría un funcionamiento adecuado de la institución. Sin ir más lejos, el
liceo albergará once grupos por turno cuando cuenta con ocho salones y tres aulas móviles
(contenedores) en pésimo estado, que no son parte del edificio. Las autoridades se comprometieron
a refaccionar estos espacios así como su acceso para el comienzo del próximo año lectivo pero aún
no tenemos novedades del comienzo de obras y por la información que contamos, ni siquiera está
previsto el presupuesto para las mismas.
En lo que tiene que ver con la eliminación de la opción Físico-Matemática para nuestras y nuestro
estudiantes la filial la rechaza de manera contundente por ser carente de argumentos pedagógicos y
únicamente basarse en los recortes presupuestales que caracterizan a esta administración. Es uno
de los más de 200 grupos que se pretenden suprimir, con algunos agravantes: es la única opción
para nuestros y nuestras estudiantes que cursaron este año la orientación científica, quienes
deberían trasladarse a Montevideo para culminar sus estudios, con las complicaciones de traslado,
de tiempo y de organización familiar que esto implica.
Hay que considerar que la mayoría de nuestras y nuestros estudiantes además trabajan, cuidan
familiares, practican deportes en la zona y este cambio les implica un traslado de al menos 90
minutos al liceo más cercano para culminar el ciclo. A esto sumamos que se los sacaría de su
contexto lo que por experiencia, generalmente culmina en una desvinculación del sistema. Entonces
preguntamos, ¿quién se hará cargo de las deserciones?
En virtud de lo antedicho nos declaramos en estado de alerta, quedando prestos a tomar todas las
medidas necesarias para garantizar los derechos de todas y todos los estudiantes y trabajadores.
Esperamos que se reflexione al respecto y se garanticen las condiciones edilicias necesarias y se
restituya de inmediato el grupo eliminado. De lo contrario, peligra el comienzo del próximo año
lectivo.
Saluda atentamente.
Filial Paso Carrasco
Teléfonos de contacto
Prof. Álvaro Méndez 099 009 249 Prof. Tatiana Batista 092 686 609
Prof. Magdalena Grille 099 006 488 Prof. Sebastián Moyano 099 698 651

paso carrasco

 

MOVUS

El ministro Mattos debería renunciar
Las recientes resoluciones del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP)
autorizando el uso de agroquímicos, algunos de ellos prohibidos en Europa, para los
viveros de UPM son decisiones técnicamente injustificadas.
En su momento expresamos nuestro beneplácito con el accionar de MGAP cuando después
de años de gestiones por parte los vecinos de Guichón, afectados por la contaminación del
vivero de UPM, se tomaron finalmente muestras de los cursos de agua y se verificó el origen
de los contaminantes que generaron daños al ambiente de la zona, especialmente la calidad
del agua y las especies nativas.
Ahora no podemos menos que repudiar el accionar del MGAP y en especial de la Dirección
General de Servicios Agrícolas que cedieron ante la presión de la empresa UPM y su
subsidiaria Forestal Oriental, las que así consiguen cambios normativos a la medida de sus
necesidades
La celeridad de las actuaciones y la especificidad de las medidas incluidas en las
resoluciones 1129/022 (25-10.22) y 1179/022 (03-11-22) así lo evidencian.
La declaración del Ministro Mattos sobre como si no se cumplía con la voluntad de UPM
habría que haberla multado deja en evidencia además que el Estado actuó bajo presión de
UPM para que se le autorizara el uso de los productos que venía utilizando estando
prohibidos (1)
Queda en evidencia así una vez más el verdadero carácter de las operaciones de UPM en
Uruguay, su desinterés por los temas ambientales y como está en condiciones de ejercer
indebidas presiones sobre el estado entendiendo que tampoco podemos dejar de lado la
relación previa, por más de siete años, del Ing Mattos con la fundación UPM.
Así, si el ministro avaló por su voluntad esas decisiones, debiera su renuncia serle requerida
por el Presidente de la República y si lo hizo por directivas del Poder Ejecutivo debiera de
haberse negado a hacerlo y renunciar en defensa de los intereses de nuestra gente y no de la
empresa UPM.
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
15 de noviembre de 2022
(1) https://www.debate.com.uy/politica/Mattos-reconocio-que-5-de-9-pesticidas-sonaltamente-
toxicos-20221103-0028.html
Contactos de referencia:
Ana Filippini 098 407 572
Raúl Viñas 099 648 685

Neptuno

 

Neptuno: ¿dios de agua dulce o de agua salada?

Luis E. Sabini Fernández

https://revistafuturos.noblogs.org/

Nuestro territorio, como todo territorio periférico, en la arrebatiña de bienes materiales, que ya lleva siglos, percibidos cada vez más como escasos, está sufriendo tarascones,  cada cual más impresionante y lesivo que el anterior, que se consuman siempre con las mejores argumentaciones del “desarrollo”, de la tecnificación, de la erección de infraestructuras que no resultan sino las herramientas más idóneas para que las redes transnacionales,  que cada vez más manejan los bienes del planeta, sigan apropiándose de tales bienes y consiguientemente de nosotros, los humanos cualquiera que habitemos estas tierras.

Algunos “tarascones” han forjado nuestro destino como sociedad colonial; algunos han naufragado, como el proyecto del “Uruguay minero” de la década del ’80; otros, diseñados a largo plazo, como fue la integración de nuestro país a los suministros papeleros del planeta (junto a otras sociedades periféricas, fundamentalmente Brasil, Indonesia, Filipinas) han logrado asentarse y propagarse, adueñándose de territorios que una colonización previa había ido asentando como ganaderos.

 

Katoen-Natie, un consorcio de transporte marítimo con sede en Bélgica, apreció las condiciones del puerto de Montevideo y su bahía y entendió seguramente que podía tener un papel clave en el Cono sur americano y se apropió de su administración durante 60 años, es decir durante una docena de presidencias que quedan así embretadas para encarar cualquier política nacional, uruguaya;  portuaria, impositiva, ambiental que necesite contar con disponer de los recintos portuarios.

El contrato con Katoen-Natie es un recorte, otro, a nuestra soberanía. Territorial y consiguientemente cultural.

 

El contrato que firmó el presidente uruguayo con el laboratorio Pfizer concediéndole carácter secreto a su producción de medicamentos es otra abdicación de soberanía que deja librada a nuestra población al saber discrecional de un laboratorio y su comportamiento empresarial, tratándose de un laboratorio que pertenece al conocido grupo financiero Black Rock, que ha recibido demandas por cientos de millones de dólares por sus “medicamentos” Neurontin y Celebrex por los ingentes daños que ha producido en miles de pacientes-víctimas.

 

Hace muy pocos años se apreció el papel de las aguas superficiales de nuestro país. Que encerraban un valor creciente. Y se diseñó una ley, de riego, que puso en la esfera financiera, mercantilizó, las aguas superficiales del territorio.

Hubo resistencia, pero no la suficiente (se procuró un referendo para decidir el asunto, pero no constituimos la “masa crítica” suficiente).

Con la desertificación inevitable a causa del desmantelamiento creciente del Mato Groso, la Amazonia que es, o era, “a mais grande selva tropical do mundo”  (la segunda, la de Borneo, en Indonesia, de cerca de un millón de km² fue arrasada hace pocas décadas); América del Sur, el subcontinente mejor regado del planeta, empezará su penuria acuática. Y las aguas superficiales, como las financierizadas por la ley de riego en nuestro territorio, aumentarán su valor en proporción directa a su escasez.

 

OSE administra el agua potable, la de consumo humano de nuestro país. La cuenca mayor es  la del Santa Lucía, distribuyendo el agua a cerca de dos tercios de la población del país. En previsión de mayor consumo de agua, pero también para atender crisis potenciales, desde hace tiempo, se ha ido buscando como ampliar el suministro o proteger el existente. Durante el gobierno frenteamplista se encaró un suministro complementario para OSE mediante la instalación de otra toma de agua en el arroyo Casupá, en la misma cuenca del Santa Lucía.

Aunque ese proyecto aumenta considerablemente la provisión de agua para  el sistema administrado por OSE, no diversifica su procedencia, lo cual debilita estructuralmente el sistema de agua potable. Y tampoco amplía el proceso de potabilización propiamente dicho.

Atendiendo esa debilidad estructural una UTE−unión transitoria de empresas− SACEEM, Berkes, CIMSA y FAST, presentaron hace ya meses, un diseño de obra para  erigir una nueva fuente potabilizadora.

Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Escuchando a un directivo de OSE, que estos cuatro consorcios financiarán todo el emprendimiento y no van a cobrar un peso hasta tanto no tengan todo montado, edificado y resuelto, y que luego se tratará de un pago que no va a llegar ni a los 20 años (17 para ser más preciso),[1] el habitante común y corriente de estas comarcas tiene todo el derecho a preguntarse cómo se paga eso, cuánto se paga por eso y cuáles serán las condiciones a las que nuestro país va a quedar sujeto.

Por un lado, el gobierno nos asegura, con llamativa invocación a una fuente “infinita" de agua (un sonsonete que se repite en cada mensaje), que el proyecto Neptuno es una panacea ante la perspectiva de los límites que se ciernen sobre los actuales servicios de OSE para casi dos tercios de la población del país. Neptuno  resolvería dos limitantes; el de suministro de lo que se denomina “el agua bruta” y, tratamiento mediante, el de la disponibilidad de agua potable.

El del suministro del agua bruta, que el gobierno anterior había encarado con la represa en Casupá, pero que al día de hoy está suspendido, podría encararse con el polder a construir en Arazatí. Si se tratara de una mera sustitución de un proyecto por otro para una única función (suministro del agua bruta) sería insensato o un dispendio, pero el proyecto Neptuno encara el otro aspecto, también fundamental, y es la potabilización del agua para su incorporación a la red ya instalada de OSE.

Ambos aspectos del proyecto se basan en la extracción del agua de la llamada “fuente infinita”; el Río de la Plata. Surgen varias interrogantes; por empezar: nuestro río es un estuario de los ríos Uruguay y Paraná, y aunque bautizado por los primeros europeos que lo surcaron como “Mar Dulce” es una masa acuática mezcla de agua salada, oceánica, y dulce de dichos ríos. Cualquier montevideano lo reconoce, frecuentando la costa: a veces se pesca en agua salada, verdosa, peces como el bagre de mar, azul, y a veces se pesca en agua dulce, amarronada, el bagre de río, amarillo.

Gente del sindicato de OSE ha recordado la persistencia de agua salada o salobre sobre la zona de Arazatí, donde se piensa la instalación del proyecto Neptuno, durante 88 días.

La indudable existencia de agua salada en el Río de la Plata me hace pensar en que un proceso de desalinización es inescindible de todo proyecto de empleo del agua platense (y esto al margen de toda la depuración imprescindible tratándose de ríos, el Uruguay y el Paraná, que bajan por entre cultivos agroindustriales con todas sus cargas químicas que nutren, por ejemplo, a cianobacterias).

El proceso de desalinización para hacer potable el agua del mar es costosísimo, solo pensable en zonas con escasa agua dulce y muy  accesible salada. Como en Arabia Saudita, Israel, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Australia…

Y llama la atención la ausencia de tal consideración alrededor del proyecto que se procura asentar en Arazatí.  Que ni siquiera se roce esa posibilidad (por no decir esa futura necesidad), una eventualidad que trastornará todos los costos.

Llama particularmente la atención que para la elaboración del proyecto Neptuno, los oferentes hayan recurrido a la consultoría de Mekorot, la empresa israelí que administra el agua de Israel y Palestina (discriminando claramente las poblaciones; los caños de suministro a hogares israelíes son mayores que a hogares palestinos; las tarifas a hogares palestinos son mucho más altas que a hogares judíos),[2] y que siendo Mekorot una empresa más que ducha en la cuestión de la desalinización de agua, no aparezca ni una línea al respecto. ¿Habrá un cangrejo escondido bajo la piedra del dios de las aguas? Para acentuar dudas, Mekorot parece desechar el polder inicial de dicho proyecto como reserva de agua y postularía  gestionar ‘reservorios de agua potable en Montevideo’.[3]

Respecto de las consideraciones con que el presidente se ha dedicado a apoyar calurosamente el proyecto Neptuno, debo decir que no entiendo porqué sostiene que “este proyecto cumple estrictamente con el requisito de que el suministro de agua potable a la población corresponda a la esfera pública.” Aclara que “el proyecto está amparado en el artículo 47, numeral 3 de la Constitución de la República.

Transcribo aquí el num. 3 de dicho artículo: “El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados  exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.” Traduzco: OSE.

EL proyecto “Arazatí” entrega el procesamiento del agua, su potabilización, al consorcio a cargo del proyecto Neptuno. Y éste entregaría el agua ”pronta”, a OSE. Por lo tanto, OSE ya no sería el productor del agua potable del sur uruguayo, pese a la palabra presidencial; en todo  caso, su distribuidor en la población (en la red que tiene OSE desde “siempre”). Porque, como explicara el ministro del ramo, Adrián Peña, es el privado “el que diseña, construye y mantiene la infraestructura que queda al servicio de OSE”.

Nuestro país está cada vez más enredado en grandes operaciones financieras de las que se sale únicamente entregando bienes a los virtuales dueños del planeta. Es decir, a los titulares de los emporios que dictaminan las normas que rigen nuestro ordenamiento; las sanitarias, las dietéticas, cibernéticas, financieras, ambientales.

 En 1919, en la entonces flamante revolución socialista, delegados campesinos al Segundo Congreso Panruso pudieron enrostrarle a los dirigentes bolcheviques: ‘Nos dicen que somos los dueños de las minas, pero ustedes disponen del carbón, nos dicen que somos los dueños del agua, pero ustedes disponen de la pesca, nos dicen que somos los dueños de la tierra, pero ustedes son los que administran sus frutos’.

Cuando se nos quiere hacer creer que OSE producirá el agua de Neptuno inevitablemente  nos acordamos de tan ominioso antedecente.

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[1]   Declaraciones del gerente general de OSE, 17 nov. 2022.

[2]  Véase por ejemplo Cíntia Barenho, “Água pública sem o sangue dos povos”, 3 dic. 2012.

[3]  La diaria, Informe interno de OSE, 6 jul .2022.