sábado, 12 de abril de 2014

ADES

Profesores dicen que esencialidad en la educación es un gesto "para la tribuna"

Dirigente de Ades y el abogado del PIT-CNT rechazan la posibilidad impulsada por los partidos políticos y dicen que la OIT los respalda

Para los sindicatos de la educación, la postura coincidente de los partidos políticos de apelar a la esencialidad para garantizar los servicios de enseñanza no será aplicable.
"Es ilegal porque para la Organización Internacional del Trabajo es claro qué es esencial y qué no”, dijo a El Observador el dirigente del sindicato de profesores de Montevideo (ADES), Emiliano Mandacen.
“Lo esencial acá es debatir en profundidad sobre qué educación queremos y para qué la queremos. Lo demás es para la tribuna”, afirmó y agregó que la discusión que se da en los medios sobre este tema “carece de un trasfondo teórico”.
Sobre este tema, que ya ha sido discutido en otros conflictos gremiales, el abogado del PIT-CNT, Mario Pomata, coincidió con Mandacen en que es “ilegítimo” que se hable de declarar a la educación como servicio esencial.
“La central históricamente no se ha resistido a que el gobierno reivindique el mantenimiento de los servicios esenciales en el marco de los conflictos. O sea, cuando hay un conflicto, el movimiento sindical ha aceptado que tiene que mantener servicios esenciales, que son los vinculados con la vida, la salud o la seguridad. La educación no entra en esto. Y si se considerara que debiera entrar, lo que tiene que hacer el gobierno por medio del Ministerio de Trabajo es convocar a los trabajadores para acordar el mantenimiento de guardias mínimas imprescindibles. Cosa impensable porque la enseñanza funciona o no funciona”, dijo a El Observador.
Pomata consideró que si el planteo se hiciera realidad sería “absolutamente ilegítimo; contrario a una regla de derecho. Esto no se resuelve con decreto, se resuelve con los mecanismos que establece la ley y la OIT: la negociación colectiva", dijo.
Explicó que como abogado, en el caso de que se firmara un decreto que estableciera que la educación es un servicio esencial, aconsejaría “impugnar el decreto y eventualmente denunciar ante la OIT que Uruguay viola un derecho humano fundamental como es el ejercicio del derecho de huelga”.
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