recurso contra ARATIRI

SCJ aceptó recurso contra Aratirí

Piedra, papel, tijera

El fiscal Enrique Viana pedirá una medida cautelar para que el Poder Ejecutivo no firme el contrato con Aratirí, en tanto la Suprema Corte de Justicia no se expida sobre un recurso que fue aceptado este miércoles. Viana dijo a Montevideo Portal que el Ejecutivo tenía “temor” de que la SCJ se expidiera.

El fiscal Enrique Viana solicitará ante la Suprema Corte de Justicia una medida cautelar que impida la firma del contrato entre Aratirí y el Poder Ejecutivo, en tanto el máximo órgano del Poder Judicial no se expida sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó sobre la ley que habilitó el contrato entre la empresa y el Estado.

En conversación con Montevideo Portal, el fiscal explicó que se llegó a esta instancia luego de un largo litigio en el que el Ministerio de Medio Ambiente presentó un recurso de reposición, luego que el juzgado de primera instancia aceptara enviar el expediente a la Suprema Corte de Justicia.

En ese sentido, el fiscal Viana subrayó que el Ministerio de Medio Ambiente “estaba muy preocupado de que no llegara a la Suprema Corte de Justicia”, señalando que parece haber “cierto temor de los pronunciamientos de la Justicia”, por parte del Estado.

Viana dijo a Montevideo Portal que el recurso de inconstitucionalidad que presentó contra la ley 19.126 se basa en tres aspectos principales. Por un lado, el hecho de que la ley fue hecha pensando en el contrato con Aratirí, lo que viola el principio de generalidad e igualdad de la norma jurídica.

“Todos los ciudadanos quisiéramos tener una ley que lleve nuestro nombre”, afirmó, agregando que la aprobación de esa ley cumplió una función administrativa.

En segundo lugar, Viana considera inconstitucional la ley porque la Constitución vigente prohíbe los daños graves al medio ambiente. “Y todos saben, el gobierno y las autoridades, que esta forma de minería que se propone la empresa es una minería que provoca daños graves al medio ambiente”, señaló.

En tercer término, Viana marcó el hecho que la ley prevé una cláusula para dirimir los conflictos en régimen de extensión de jurisdicción, por lo que se estaría violando el principio de separación de poderes del Estado, desplazando al Poder Judicial de nuestro país y habilitando un arbitraje internacional.

Se estima que el fallo de la SCJ sobre estos aspectos de la ley 19126 podría estar en un año, por lo que para Viana es imprescindible que se acceda a la medida cautelar para evitar la firma del contrato que habilite la operación de la empresa.