El pasado lunes dos coordinadores de la marcha de las antorchas, Ariel Varela y Miguel Briceño, iniciaron una huelga de hambre en las cercanías de la Casa Presidencial, como medida de presión para que el Gobierno solicite la instalación en el país de la CICIH.
Desde hace un mes se realiza en el país las marchas de las antorchas, en memoria a las víctimas fallecidas por el saqueo del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) y para exigir un alto a la corrupción, a la impunidad y la instalación de la CICIH.
De Santa Bárbara y San Pedro Sula llegaron hasta la Capital, German Ayala y Gerson Suazo respectivamente, a sumarse al ayuno indefinido que sostienen desde el lunes Ariel Varela y Miguel Briceño en las cercanías de la Casa Presidencial.
A esta iniciativa, también se sumaron este miércoles varios miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) en San Pedro Sula, quienes se declararon en ayuno.
16 jóvenes, entre ellos José Luis Cruz, diputado por el partido Libertad y Refundación por el departamento de Cortés, iniciaron un ayuno a inmediaciones de las instalaciones del Ministerio Público de San Pedro Sula, como una muestra de apoyo a los dos Indignados que están en huelga de hambre en Tegucigalpa.
En un comunicado el MADJ exige al presidente Hernández “solicite a las Naciones Unidas y garantice la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que venga a contribuir a los esfuerzos en la lucha contra la corrupción y a la reorganización de la institucionalidad”.
Además, el día que Varela y Briceño iniciaron el ayuno indefinido, también se unieron a esta huelga de hambre Ariel Calero y Erlin Mejía, este último tuvo que abandonar el día siguiente el ayuno, por recomendaciones de los médicos que están pendiente de la salud de los huelguistas.
El martes en horas de la noche, mediante una cadena de radio y televisión, el presidente Juan Orlando Hernández propuso la creación de un Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción (SIHCIC).
Los indignados en huelga de hambre rechazaron esta propuesta y señalaron que la condición para sentarse a dialogar con Juan Orlando Hernández es la instalación en Honduras de la (CICIH).
Miguel Briceño posteó un mensaje en su muro de Facebook, en el que dice estar “agradecidos con Dios y con todo el pueblo que está pendiente de nosotros, un fuerte abrazo y a seguir en la lucha, no hay dialogo. Si a la CICIH”.
Por su parte Ariel Varela indicó en su Facebook “que pena me da, que quien tiene la banda presidencial, le tema tanto a una investigación transparente e imparcial”.
Glenda Chávez camina entre los naranjos de la huerta de su familia, acercándose a una cerca de alambre baja que separa su propiedad de la finca de la Corporación Dinant, en Paso Aguán. Al otro lado de la valla, filas de espinosas palmeras (palma aceitera) se esparcen por el paisaje verde del norte de Honduras. […]
Gregorio Chávez, pastor y finquero, desapareció en julio de 2012. Horas después, hombres de su comunidad campesina encontraron el aporcador que él había llevado para cuidar de sus hortalizas. También encontraron en la tierra marcas de alguien arrastrado en dirección a la propiedad de Dinant, dice Glenda.
Cuatro días después de la desaparición de Gregorio Chávez, el equipo de búsqueda encontró el cuerpo del pastor en la finca Paso Aguán, enterrado bajo una pila de hojas de Palma. Él fue asesinado a golpes en la cabeza y su cuerpo mostraba señales de que podría haber sido torturado, según un promotor especial del gobierno responsable de investigar el caso. Glenda y los otros residentes locales inmediatamente sospecharon que él había sido asesinado por hablar en sus predicaciones contra la Dinant, empresa opuesta a la comunidad en una batalla sobre la posesión de una tierra que la empresa había incorporado, hace mucho tiempo, en su vasta operación [para ampliar el área] de aceite de palma africana (dendê). “Estas fincas están bañadas en sangre”, dice Glenda Chávez. “No fue sólo mi padre. Más de 100 agricultores que han muerto en defensa de su la tierra”.
Según el procurador especial Javier Guzmán, guardias de seguridad contratados por la Dinant son “los principales sospechosos” en el asesinato de Gregorio Chávez, pero nadie ha sido acusado judicialmente en este caso. La compañía niega tener implicación en la muerte del pastor asesinado.
Según Guzmán, quien fue asignado por el gobierno para investigar la ola de violencia que ha afectado el Valle del Bajo Aguán, en Honduras, en los últimos años, el asesinato del pastor es uno de los 133 que están vinculados a los conflictos de tierras en la región. Las circunstancias de esas muertes permanecen en disputa en una lucha que ha puesto la Dinant y otras grandes corporaciones propietarias de tierras contra los campesinos, siendo que ambos lados están implicados en episodios de violencia con horribles consecuencias.
El conflicto ha atraído la atención internacional. Una de las razones es que Dinant, uno de los protagonistas claves de la historia, ha sido financiada por una agencia del Banco Mundial. La Dinant fue apoyada por la Corporación Financiera Internacional (IFC, sigla en inglés), un brazo del Banco Mundial que hace préstamos a las empresas privadas. La IFC financió a Dinant, uno de los principales productores de aceite de dendê y alimentos de América Central, en medio de los recientes conflictos de tierra. La Dinant recibió US$ 15 millones en 2009 y, en 2011, US$ 70 millones fueron enviados a un banco hondureño que es uno de los mayores financiadores de la empresa.
Al financiar a esta empresa, la IFC, se ha alineado con uno de los actores principales en un conflicto civil mortal, apostando su dinero y reputación junto a una corporación poderosa con una historia cuestionable. La IFC ha ignorado pruebas que podrían obtenerse fácilmente y que deberían haberla prevenido de hacer negocios con la Dinant, conforme la oidoría interna descubrió más tarde.
Mark Constantine, representante oficial de la IFC, responsable para gestionar riesgos sociales y ambientales, dice que la institución aprobó el préstamo a la Dinant antes de los episodios de violencia en el Bajo Aguán salieran de control. Según él, la IFC está cambiando sus políticas para hacer una mejor previsión de los riesgos a las comunidades locales. “Nosotros tomamos una fotografía en aquel momento y actuamos en base a eso”, explica Constantine. ¿”Deberíamos haber reconocido algunas de estas cuestiones históricas antes? Sin repuesta”.
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| Niño carga pollos vivos en la comunidad Panamá, que bordea la finca Paso Aguán, de la Dinant. Foto: ICIJ |
Con el creciente impulso a inversiones privadas en los países en desarrollo, la IFC se ha expandido rápidamente. Los préstamos anuales alcanzaron a US$ 17,300 millones en 2014, un aumento de 36% en comparación con 2010. A pesar del crecimiento – y reclamos en Honduras y en otros lugares por haber destinado dinero a compañías involucradas en el acaparamiento de tierras y violación de los derechos humanos -, la IFC permanece menos conocida que el Banco Mundial, su institución- hermana que hace préstamos a los gobiernos.
Grupos defensores de los derechos humanos y ex empleados del Banco dicen que la IFC asume riesgos mayores y es menos responsable que el Banco Mundial. Paul Cadario, ex gestor jubilado que trabajó durante 37 años en el Banco Mundial, dice que el Banco tiene “un ejército de científicos sociales”, que son sensibles a las reglas del Banco para proteger a las comunidades locales y al medio ambiente. Por otro lado, agrega que la IFC tiende a confiar en las garantías “de que nada va a salir mal”, dadas por sus clientes del sector privado.
Reclamos sobre los clientes de la IFC a menudo implican a poblaciones vulnerables que afirman estar siendo ignoradas y marginadas para abrir espacios a grandes proyectos. Desde 2004, la IFC ha aprobado más de 180 proyectos que pueden involucrar desplazamientos físicos o económicos, según un análisis de documentos de la propia institución realizado por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). En estos casos, las familias desplazadas pueden perder sus casas u otros bienes o sufrir daños en sus medios de subsistencia.
En el caso de la Dinant, la oidoría interna de la IFC concluyó que la falta de atención de la institución a los peligros de hacer negocios con la empresa ha generado serios problemas en la gestión de proyectos que resultan riesgosos. La cultura de la IFC es tan enfocada en los resultados finales que es posible encontrar el siguiente texto en un informe de diciembre de 2013: “es permitido alentar al equipo a ignorar, dejar de articular o incluso encubrir potenciales riesgos medioambientales, sociales y relacionados a conflictos”.
Muchas inversiones controvertidas de la IFC implican préstamos a intermediarios, como bancos, fondos de cobertura y empresas de capital privado. Manejando la financiación a través de estos intermediarios – en vez de prestar directamente a los clientes del sector privado – la IFC facilita que sus reglas sean ignoradas por los beneficiarios finales.
Desde 2014, 42% de las inversiones de la IFC pasaron a ser hechas a través de intermediarios financieros, según la oidoría de la institución. En una auditoría de inversión de la IFC en el Banco Ficohsa, el banco hondureño que fue uno de los principales financiadores de la Dinant, la oidoría describe las inversiones con intermediarios como una “exposición no analizada y no cuantificada de proyectos con impactos ambientales significativos”.
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| Niño cosecha palmas aceiteras, en La Confianza. Foto: ICIJ |
Según la oidoría, esas exposiciones son “realmente secretas”, dejándolos “privados de los sistemas diseñados para asegurar que la IFC y sus clientes sean responsabilizados”. Según análisis del grupo antipobreza Oxfam, desde 2012 solamente 6% de los destinatarios finales del dinero de los préstamos a intermediarios financieros que fueron clasificados como de alto riesgo por la IFC fueron revelados.
Desde 2011, seis comunidades en Asia, África y América Latina han denunciado a la oidoría proyectos apoyados por instituciones financieras pagadas por la IFC. Entre los afectados por estos proyectos están los residentes de Uganda que afirman que sus casas fueron incendiadas para dar paso a cultivos de pinos y eucaliptos, además de los finqueros en Camboya que tuvieron sus campos de arroz convertidos en plantaciones de caucho.
El caso Dinant se destaca porque se trata de una batalla de décadas sobre una tierra que ha pasado de mano en mano entre hacendados y agricultores – y también en razón de cantidad de cuerpos asociado con el conflicto.
La IFC dice haber tomado medidas para contrarrestar la violencia en el Bajo Aguán: la contratación de un mediador para manejar las negociaciones entre la Dinant, los agricultores de la región y las autoridades hondureñas y convencer la Dinant a renovar sus protocolos de seguridad, desarmar a los guardias encargados de las haciendas. La segunda parcela del préstamo de la IFC a la Dinant – US$ 15 millones – fue retenida debido a los problemas con la empresa.
La IFC reconoce que los préstamos en regiones conflictivas presentan riesgos, pero dice que su trabajo en estas áreas es esencial para su misión. Según funcionarios de la IFC, estas inversiones generan empleos y prosperidad, lo que puede ayudar a romper el ciclo de violencia.
En 2014, la IFC invirtió US$ 640 millones en “situaciones de fragilidad y afectadas por conflictos”. La institución se comprometió a aumentar en 50% las inversiones en estas regiones entre 2012 y 2016. “Eso no es para los débiles de corazón”, dice Constantine, gestor de riesgos de la IFC. “¿Si no fuéramos nosotros, quién lo haría?”
Señales de problema
La disputa de tierras en Bajo Aguán comenzó en la década de 70, cuando la ley nacional de la reforma agraria distribuyó la mayor parte del rico terreno del valle a organizaciones lideradas por campesinos. Fue una victoria para los agricultores más pobres y atrajo oleadas de migrantes a la fértil región del Aguán. La suerte de los campesinos cambió en la década de 90, cuando el gobierno de Honduras, aconsejado por el Banco Mundial, cambió radicalmente las reglas de propiedad de la tierra.
En marzo de 1992, Honduras aprobó una ley que por primera vez, permitió que las tierras pertenecientes a los agricultores fueran apropiadas y vendidas. El Banco Mundial apoyó el cambio, que hizo parte de una serie de reformas promovidas como parte de los esfuerzos para conducir a Honduras [más fuertemente] a una economía de mercado.
Después que la nueva Ley entró en vigor, zonas de propiedad colectiva pronto fueron pasadas a la Dinant y otras grandes corporaciones. Gran parte de la tierra se ha convertido en fincas de palma africana para la producción industrial de aceite de palma, utilizado para la fabricación de champús, helado, margarina y muchos otros cosméticos y alimentos. Los ambientalistas sostienen que el rápido crecimiento de la producción de aceite de palma llevó a la deforestación y expulsó a poblaciones vulnerables de sus tierras nativas.
Entre 1990 y 1994, un área de aproximadamente 21 mil hectáreas-74% de la tierra de los campesinos del Bajo Aguán – fue vendida, según un informe realizado en 2010 por una coalición de organizaciones de agricultores.
Constantine, de la IFC, afirma que las ventas manifestaron el fracaso del modelo colectivo creado con la reforma agraria. “Aquel experimento social no fue muy exitoso”, dice. “Los grandes propietarios de tierras han infringido las leyes y compraron las tierras de vendedores dispuestos a negociar”.
Los agricultores y sus abogados cuentan una historia diferente. Una vez que se podían vender las tierras colectivas, los campesinos pasaron a ser presionados por los hacendados para que dejaran a un lado sus derechos. Estos agricultores afirman que algunos de sus líderes, después de que se negaron a vender las tierras, fueron amenazados por matones y tuvieron sus casas atacadas por disparos.
Fraudes también fueron una práctica frecuente. Según los agricultores, facciones dentro de los propios colectivos firmaron ventas de tierra a cambio de pagos a individuales [a personas que no representaban a todo el colectivo].
En respuesta, los campesinos formaron organizaciones populares para cuestionar las ventas de tierras en los tribunales y ante el ejecutivo. Ellos exigieron que el gobierno devolviera las tierras que antes pertenecían a los colectivos.
En agosto de 2008, 12 personas murieron en un enfrentamiento entre terratenientes y agricultores que disputaban una tierra previamente utilizada como un centro de entrenamiento militar. En el mismo mes, un equipo de IFC visitó a Dinant para evaluar un posible préstamo.
Poco después, en diciembre de 2008, la directiva de la IFC aprobó un préstamo de US$ 30 millones a la Dinant. El crédito ha sido calificado como “Categoría B”, indicando que había baja posibilidad de que la inversión generara graves problemas sociales y ambientales.
Posteriormente, la oidoría de la IFC descubrió que las pesquisas hechas por el equipo de evaluación del Dinant eran fallas– la más grande propietaria de tierras en Bajo Aguán- y su propietario, Miguel Facussé, considerado por la revista Forbes uno de los multi millonarios más poderosos de Centroamérica.
Según informes de la oidoría, si el equipo hubiera hecho una simple búsqueda en internet, habría encontrado noticias que demuestran que Facussé fue acusado de estar implicado en el asesinato de un activista ambiental, recibió una orden de arresto por supuestos delitos ambientales y estuvo involucrado en una serie de disputas por la tierra.
La orden de detención de Facussé, acusado de permitir que una de sus unidades industriales derramaran toxinas en el agua potable [usada por la población] desde hacía dos décadas, fue revocada después de que la jueza que había expedido la orden, dejó el cargo. En 2003, un tribunal rechazó las acusaciones de que Facussé habría colaborado en el asesinato del ambientalista Carlos Escaleras. Facussé y la Dinant negaron cualquiera irregularidad en estos procesos judiciales.
La IFC y Dinant firmaron el acuerdo de préstamo en abril de 2009, cuando los agricultores todavía esperaban que las disputas de tierra en la región pudrieran resolverse pacíficamente. Manuel Zelaya, Presidente de Honduras en ese el tiempo, se ofreció a negociar con los movimientos de agricultores y hacendados en el Bajo Aguán un acuerdo político para devolver parte de la tierra en disputa a los campesinos. Luego, el giro político en el país terminó aumentando la violencia.
Un aviso del púlpito
En el verano de 2009, Glenda Chávez tenía una hija de 7 años de edad y estaba embarazada de su segundo hijo. Ella pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en su máquina de coser para ganar dinero. A finales de junio, soldados invadieron la residencia presidencial, sacaron Zelaya del poder y lo pusieron en un avión rumbo a Costa Rica. Glenda recuerda que su padre describió el golpe como “bárbaro”. Pero ella no se involucró en la creciente lucha que dividía el país. “Yo no me interesaba mucho en la política”, recuerda. El gobierno respaldado por militares que tomó el poder, dejó claro que no continuaría con la reforma agraria prometida por Zelaya.
Indignado por el golpe de estado y sin opciones políticas, el movimiento de los agricultores adoptó una nueva táctica – ocupar en masa las tierras en disputa. Los agricultores llaman esas acciones de “recuperaciones”. La Dinant la describe como “invasiones”. Muchas de las muertes en el Bajo Aguán ocurrieron durante estas ocupaciones.
La Dinant siempre contó con el ejército hondureño para expulsar a los agricultores pobres de las áreas disputadas. La empresa y el ejército sostienen que los ocupantes están armados y son violentos. “Los agricultores no entraron de forma pacífica”, argumenta el coronel René Jovel, comandante de la Operación Xatruch, una operación militar con órdenes de pacificar la región del Bajo Aguán. “Ellos entran con hachas, escopetas, pistolas, fusiles AK-47″.
Guzmán, el promotor especial, dice que en algunos casos los agricultores se mataran unos a los otros, contratando pistoleros para resolver luchas dentro del movimiento por el control de las lucrativas fincas que producen aceite de palma.
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| El promotor especial Javier Guzmán. Foto: ICIJ |
Los grupos campesinos sostienen que las afirmaciones son forjadas por la empresa y por el gobierno para justificar los abusos cometidos por soldados y guardias de seguridad de la Dinant. Un informe realizado en 2013 por el Permanent Human Rights Observer for Aguán, grupo de derechos humanos, vinculado a los movimientos agricultores, revela que de las más de 100 muertes violentas asociadas al conflicto de tierras, 89 eran de campesinos y 19 corresponden a guardias de seguridad, policías, militares o propietarios de tierras. Vitalino Alvares, portavoz del movimiento de los agricultores, dice que las ocupaciones no son violentas. Pregunta “¿por qué los lesionados son siempre los agricultores?”, pregunta.
En noviembre de 2010, cinco agricultores murieron durante un intento de ocupar la hacienda El Tumbador, de la Dinant. Aunque haya pocas dudas de que los guardias de la compañía hayan disparado los tiros fatales, la Dinant sostiene que ellos actuaron en defensa propia durante un ataque armado de más de 160 agricultores.
Francisco Ramírez, quien sobrevivió a la ocupación de El Tumbador, tiene una gran cicatriz atravesando su rostro, producto de una bala que entró por una mejilla y salió por la otra. Explica que estaba desarmado y caminando hacia la puerta principal de la finca con otro agricultor cuando guardias de seguridad de la Dinant, que estaban escondidos detrás de una colina, los sorprendieron con una lluvia de disparos. “Acá es donde ocurrió la emboscada”, dice Ramírez, señalando a una pequeña colina cubierto de árboles y vegetación densa, al lado de la carretera en El Tumbador. “Acá fue donde yo sentí el impacto de la bala en mi rostro”.
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| Francisco Ramírez, un pequeño finquero, muestra la ruta de escape por donde corrió después de recibir un disparo en el rostro, durante un intento de ocupar la hacienda El Tumbador, de la Dinant. Foto: ICIJ |
Roger Pineda, director de relaciones corporativas de la Dinant, dice que no hubo emboscada. Perturbado por las muertes en El Tumbador, el Presidente de la IFC pidió para la Dinant que se contuviera y solicitó al gobierno de Honduras encontrar una solución pacífica para el conflicto de tierras. Pero la violencia continuó, llegando cada vez más cerca de Paso Aguán y de la familia Chávez.
En mayo de 2011, un agricultor activista llamado Francisco Pascual Lopes desapareció cerca de la finca de Paso Aguán. Miembros de la comunidad encontraron rastros de sangre que conducían a la finca, según testifica Human Rights Watch.
En aquel mismo mes, el directorio de la IFC aprobó un préstamo de US$ 70 millones al Banco Ficohsa – una de las mayores instituciones financieras de Honduras, con el objetivo de “otorgar préstamos a las pequeñas y medianas empresas del país.” El conglomerado Dinant se encuentra entre los mayores clientes del Ficohsa, habiendo asegurado aproximadamente US$ 17 millones en préstamos de ese banco, en 2008.
Incluso una vez que segunda mitad del préstamo directo a la Dinant fuera retenida por la IFC, la institución no se negó a financiar la empresa a través de un intermediario. Dado que los préstamos del Ficohsa para la Dinant crecieron hasta 2010, el equipo de la IFC dispensó los límites de la institución referidos al monto que el banco podría prestar a un cliente, haciendo constar que la Dinant era una empresa “líder regional” y su dueño, Miguel Facussé, “un empresario respetable”;
Tres meses después del préstamo a Ficohsa haber sido aprobado, la Dinant informó haber sufrido un ataque mortal de campesinos durante un intento de recuperar la finca de Paso Aguán. Según Pineda, cuatro guardias y un funcionario de la Dinant fueron muertos y al menos uno de los guardias parecía haber sido ejecutado. El funcionario de Dinant fue torturado y sus orejas fueron cortadas, dice Pineda.
Glenda Chávez recuerda que, con la difusión de los conflictos, su padre comenzó a hablar en contra de la Dinant en sus predicaciones. Gregorio Chávez nunca fue afiliado a los movimientos campesinos, pero se quedó frustrado con la compañía a la medida que sus guardias se convertían en presencias intimidantes, imponiendo un toque de queda a las 18 horas. Él plantó palma aceitera en la propiedad de la familia, pero cuando salió a vender sus frutas, explica la hija, fue amenazado por guardias de la Dinant y por policías que asumieron que sus productos eran robados. “Él era un hombre que jamás se quedaba en silencio”, dice Glenda. “A él nunca le gustó la injusticia y no le gustaba que Miguel Facussé viniera a nuestra comunidad”.
La violencia que golpeó a otras partes del norte de Honduras aún no había llegado a la pequeña comunidad de alrededor de 450 familias llamada Panamá. Glenda recuerda que, en los últimos meses, desde el púlpito, su padre comunicó signos que prenunciaron su muerte violenta. “Él predicó: ‘Cuando ellos derramaren la sangre de uno de nosotros, la comunidad se va levantar”, recuerda Glenda.
Revueltas en Panamá
Glenda recuerda que, en la noche del 2 de julio de 2012, su madre vino a decirle que su padre no había vuelto a casa. “Fue cuando sentí en mi corazón que algo había pasado”, dice. La familia Chávez y sus vecinos comenzaron una búsqueda desesperada. Glenda llamó parientes y miembros de la iglesia alertaron la policía y los bomberos. Después que la policía encontró el hacha de Gregorio, la comunidad exigió el acceso a la finca de Paso Aguán.
Varios días pasaron antes de que el equipo de búsqueda consiguiera entrar en la propiedad. Grupo de policiales y campesinos comenzaron a recorrer las 1.200 hectáreas en busca de señales del pastor desaparecido. Al principio, regresaron con las manos vacías. Después, recuerda Glenda, los agricultores exigieron acceso a una sección inexplorada de la propiedad, conocida como Lote 8.
Los guardias de la Dinant dijeron que la zona era restricta e intentaron negar la entrada, cuenta Glenda. Después de negociaciones con la policía, los guardias aceptaron abrir el lote 8 y agricultores y policiales comenzaron las búsquedas. El 6 de julio, el cuerpo de Gregorio fue encontrado.
Pineda, portavoz de la Dinant, dice que la compañía ya no era la responsable por el Lote 8, cuando el cuerpo del pastor fue encontrado. En los días siguientes a la desaparición de Gregorio, dice Pineda, los agricultores que buscaban el cuerpo tomaron el Lote 8 y otras partes de la propiedad, robando tractores, frutos de la palma, quemando un almacén. Pineda dije que estos guerrilleros violentos podrían haber traído el cuerpo desde cualquier lugar.
Pineda dijo que la Dinant y sus guardias no tenían motivos para matar a Gregorio Chávez. “Nosotros nunca tuvimos ningún problema con Gregorio Chávez, siempre fuimos vecinos”, dice. “¿Qué podríamos ganar con eso?”
Guzmán, el promotor especial, dice que las sospechas de los agricultores son que los guardias de la Dinant mataron a Gregorio Chávez, representa la explicación “más confiable” sobre su muerte. Pero él afirma que no hay testigos o pruebas científicas que impliquen a los guardias en el asesinato. “Ellos son los sospechosos, pero no hay evidencias concretas”, dice Guzmán.
Después que el cuerpo del pastor fue descubierto, la indignación se apoderó de la comunidad Panamá. Los residentes crearon una nueva organización para luchar por su causa: El Movimiento para la Refundación ‘Gregorio Chávez’. Glenda fue llamada muchas veces para hablar a la comunidad. Aún es doloroso para ella discutir la muerte de su padre, pero ella narra con mucha calma los acontecimientos alrededor del asesinato.
Junto con la denuncia de violencia contra los campesinos, el Movimiento Gregorio Chávez exige que la Dinant transforme la finca Paso Aguán en propiedad campesina. La Dinant se niega a vender las tierras en disputa, dejando los dos lados estancados. “La propiedad de Paso Aguán se recuperará”, dijo Santos Torres, uno de los líderes del movimiento campesino de la comunidad Panamá, durante una entrevista radial que la Dinant compartió con los reporteros del ICIJ. “Vamos recuperarla, aunque tengamos que llenar las calles de sangre”. Más tarde, Torres explicó al ICIJ que hacía referencia a la sangre derramada por los agricultores dispuestos a sacrificar sus vidas para recuperar la tierra. “Si tuviéramos que morir aquí, es aquí donde moriremos”, dice.
“Liberando el dinero”
A la medida que la violencia se incrementaba en el Bajo Aguán, la Dinant siguió beneficiándose de las inversiones de la IFC. En febrero de 2013, a más de un año de la inversión de la IFC en Ficohsa, el banco dio a la Dinant un préstamo de US$ 5 millones. El dinero era una parte del préstamo de más de US$ 39 millones que el Ficohsa concedería a la Dinant durante las inversiones de la IFC en el banco.
Mientras tanto, el método de control de daños sociales y ambientales del Ficohsa fue disparando alarmas dentro de la IFC. En el mismo mes en que el banco concedió un nuevo préstamo a la Dinant, la IFC encontró que Ficohsa no siguió las políticas de salvaguardias ambientales y sociales de la institución, que sirven para proteger la población que vive en los alrededores de los proyectos financiados.
Eso no impidió a la IFC continuar trabajando con el banco hondureño. En noviembre de 2013, el Programa de Financiamiento para el Comercio Global de la IFC aseguró a Ficohsa dos acuerdos comerciales con la Dinant.
Al mes siguiente, la oidoría de la IFC divulgó el informe sobre el financiamiento de la Dinant. El observatorio interno encontró que la IFC falló en cada paso al investigar adecuadamente o supervisar la Dinant. Según un empleado del banco que conversó con la oidoría, el departamento de inversiones quería “liberar el dinero”, con poca atención a los riesgos sociales y muchas veces pasando por encima de las preocupaciones del equipo de salvaguardia.
El informe indica que, en el caso Dinant, el gerente de portafolio de la IFC rechazó los llamados del especialista en medio ambiente para que siguieran una línea más dura con la empresa. El especialista fue sustituido. En junio de 2014, la IFC adquirió una participación accionaria de US$ 5,5 millones en el Ficohsa.
La IFC prometió reformular su método de evaluación de riesgos sociales de los proyectos y el modo de supervisar las inversiones en intermediarios. Fue creada una nueva vicepresidencia para lidiar con la gestión de riesgos y un plan de acción para mejorar la supervisión de los intermediarios financieros y empezar selección de los destinatarios finales de los préstamos. “Estamos intentando resolver eso estructuralmente y también culturalmente”, dijo Morgan Landy, director del departamento ambiental, social y de gobernanza de la IFC en un foro con grupos comunitarios en octubre de 2014.
“Humillados en nuestras casas”
El 3 de julio de 2014, los agricultores del Movimiento Gregorio Chávez intentaron nuevamente ocupar la propiedad de Paso Aguán. Ellos ocuparon la finca durante aproximadamente un día antes que los soldados del coronel Jovel entraran y les expulsaran. Miembros de la comunidad Panamá dicen que los soldados abrieron fuego contra ellos durante las expulsiones. David Ponce, un joven agricultor, muestra las cicatrices de una bala que le rasgó el hombro. Otros dicen que fueron golpeados y torturados por los soldados.
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| Fotos ofrecidas por la comunidad Panamá documentan las heridas sufridos por campesinos cuando soldados hondureños los expulsaron de una ocupación en la finca Paso Aguán, de la Dinant, en julio de 2014. |
Glenda Chávez cuenta que estaba presente durante las expulsiones como defensora de los derechos humanos, utilizando una cámara para filmar los soldados disparando contra los agricultores. Ella dice haber sido detenida por los soldados y sólo fue liberada tras entregar la cámara. “Dejé la cámara caer. Me saqué el chaleco donde guardaba la cámara, mi teléfono y dinero y lo dejé en el suelo”, explica. “Ellos se llevaron [el chaleco] y yo huí”.
En noviembre, durante la visita del ICIJ a Paso Aguán, el coronel Jovel advirtió a los reporteros que los agricultores de la comunidad Panamá intentarían llamar la atención internacional provocando violencia durante la visita. Jovel contó al equipo de reportaje ICIJ que había enviado soldados a Paso Aguán para evitar un intento de ocupación y que no podría garantizar la seguridad de los reporteros si ellos visitaban la comunidad Panamá. Más tarde, en aquel día, el equipo de reportaje visitó la comunidad, evitando las tierras en disputa en Paso Aguán.
Santos Torres, líder de los agricultores que habló de llenar las calles de sangre, se sentó con una docena de personas en el césped frente a la casa de Glenda. Él mostró sus cicatrices y fotografías que documentan los desalojos ocurridos en julio. Torres se burló de la idea de que él y sus compañeros estarían planeando unaconfrontación. La realidad, dijo, es que “nosotros somos humillados dentro de nuestras propias casas, sin poder salir”.
El bosque donde Gregorio Chávez desapareció queda a corta distancia caminando por una carretera polvorienta cerca de donde los agricultores estaban reunidos. Glenda ha comenzado a plantar árboles de naranja entre las palmas aceiteras plantadas por su padre. Cree que estas palmeras sólo trajeron sufrimiento a la comunidad. Ella coge una naranja y, con bastante habilidad, la descasca con el machete. Está madura y dulce.
“Cuando una palma aceitera muere, nosotros plantamos otra cosa”, dice Glenda. “Algo que nos beneficie a nosotros, los agricultores.”
Colaboraron en el reportaje Cécile Schilis-Gallego y Shane Shifflett.
La cifra de indignados en huelga de hambre para conseguir la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), aumentó este miércoles, cuando varios jóvenes en Tegucigalpa y San Pedro Sula iniciaran un ayudo solidario.
