Investigan presunta estafa en caso Pluna
"El caballero de la derecha" admitió ayer la autenticidad de los mails que envío
El fiscal Juan Gómez y la jueza Adriana de los Santos siguen desenredando la madeja del remate de los aviones de Pluna. El primero en declarar en calidad de indagado en esta segunda etapa de la investigación sobre la subasta fue Hernán Antonio Calvo Sánchez, el representante de la empresa Cosmo que ofertó US$ 137 millones por los aviones y al que el rematador llamó “el caballero de la derecha”.
Calvo llegó ayer a la hora 13.20 al juzgado de la calle Bartolomé Mitre en calidad de indagado y se retiró cinco horas después en calidad de emplazado. Esto significa que si bien podrá salir del país y regresar a España, donde vive, deberá presentarse en el juzgado cuando la magistrada lo disponga.
Al salir de la audiencia, el fiscal Gómez dijo a la prensa que “seguramente” volverá a ser citado.
En una audiencia “tensa”, según fuentes del caso, Calvo admitió la autoría de los correos electrónicos que revelan una trama oculta tras la subasta de los aviones, que implica al empresario Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus y BQB Líneas Aéreas, y a jerarcas del gobierno, principalmente al exministro de Economía Fernando Lorenzo.
En ese sentido, el fiscal también aseguró que “seguramente” habrá más citaciones. López Mena y Lorenzo son los principales candidatos a volver al juzgado. Ambos declararon por este caso en diciembre de 2012; el empresario en calidad de testigo y el entonces ministro en calidad de indagado.
En abril de 2014, la jueza procesó a Lorenzo y al expresidente del Banco República (BROU), Fernando Calloia, por abuso de funciones. La magistrada consideró que la intervención de ambas jerarcas al otorgar el aval bancario en forma irregular a la empresa Cosmo para que pudiera ofertar por los aviones de la exPluna “le implicaron al Estado uruguayo y por consiguiente a toda la población pérdidas económicas millonarias a las que se debió, se debe y se deberá continuar haciendo frente”.
Mails, proyecto, declaración
La Justicia busca ahora determinar, en esta segunda fase de la investigación, si empresarios y jerarcas estafaron al Estado al rematar los aviones, con Calvo como testaferro de López Mena para que el empresario se quedara con los aviones por un precio menor al de su valor.
“El que con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a alguna persona para procurarse a sí mismo o a un tercero un provecho injusto en daño de otro será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciería”, establece el artículo 347 del Código Penal, que tipifica el delito “estafa”.
Calvo se presentó en el remate ocultando su verdadera identidad y lo hizo de forma deliberada, para ocultar su vínculo con López Mena, con quien trabajó durante más de 10 años. El acta del remate, firmada por el escribano Pablo Seitún dice que el oferente es “Antonio C. Sánchez”. Seitún fue procesado por “falsificación de documento público”, delito que también le podrían imputar a Calvo.
El 1º de octubre, antes de levantar la mano en el remate, Calvo envió un mail al presidente de Cosmo, Antonio Álvarez Hernández, en el que le advierte que la oferta “no implica ningún compromiso para Cosmo”, le pide que si llama un periodista no de su nombre y concluye: “Si preguntan, no digas que tienes relación con Buquebus”.
Al finalizar el remate, Calvo envía otro mail al presidente de Cosmo en el que le anuncia que compró los aviones y que los está “negociando para que los recompre el Estado en este mismo momento... Y se los alquilará ‘seguramente’ a BQB”.
Dos días después, radio El Espectador reveló la verdadera identidad de Calvo y el vínculo con López Mena, y Cosmo anunció inmediatamente que no compraría los aviones. El 4 de octubre, López Mena presentó un proyecto al gobierno de asociación público privada entre el Estado y BQB, que implicaba el alquiler de los aviones. Este proyecto está incluído en la demanda que el exabogado de López Mena, Daniel Rocca, le entabló al propietario de Buquebus.
Al día siguiente, Calvo, López Mena y Lorenzo almorzaron en el restaurante Lindolfo, como registró un fotógrafo de El Observador.
El acuerdo finalmente no prosperó, pero López Mena asumió el costo del aval para, según dijo, preservar su prestigio ante bancos internacionales. El dueño de BQB declaró en el juzgado que fue “presionado” por el gobierno para ingresar en el negocio. “Seguramente”, como dijo el fiscal, vuelva a declarar para seguir desenredando la madeja.
Calvo llegó ayer a la hora 13.20 al juzgado de la calle Bartolomé Mitre en calidad de indagado y se retiró cinco horas después en calidad de emplazado. Esto significa que si bien podrá salir del país y regresar a España, donde vive, deberá presentarse en el juzgado cuando la magistrada lo disponga.
Al salir de la audiencia, el fiscal Gómez dijo a la prensa que “seguramente” volverá a ser citado.
En una audiencia “tensa”, según fuentes del caso, Calvo admitió la autoría de los correos electrónicos que revelan una trama oculta tras la subasta de los aviones, que implica al empresario Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus y BQB Líneas Aéreas, y a jerarcas del gobierno, principalmente al exministro de Economía Fernando Lorenzo.
En ese sentido, el fiscal también aseguró que “seguramente” habrá más citaciones. López Mena y Lorenzo son los principales candidatos a volver al juzgado. Ambos declararon por este caso en diciembre de 2012; el empresario en calidad de testigo y el entonces ministro en calidad de indagado.
En abril de 2014, la jueza procesó a Lorenzo y al expresidente del Banco República (BROU), Fernando Calloia, por abuso de funciones. La magistrada consideró que la intervención de ambas jerarcas al otorgar el aval bancario en forma irregular a la empresa Cosmo para que pudiera ofertar por los aviones de la exPluna “le implicaron al Estado uruguayo y por consiguiente a toda la población pérdidas económicas millonarias a las que se debió, se debe y se deberá continuar haciendo frente”.
Mails, proyecto, declaración
La Justicia busca ahora determinar, en esta segunda fase de la investigación, si empresarios y jerarcas estafaron al Estado al rematar los aviones, con Calvo como testaferro de López Mena para que el empresario se quedara con los aviones por un precio menor al de su valor.
“El que con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a alguna persona para procurarse a sí mismo o a un tercero un provecho injusto en daño de otro será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciería”, establece el artículo 347 del Código Penal, que tipifica el delito “estafa”.
Calvo se presentó en el remate ocultando su verdadera identidad y lo hizo de forma deliberada, para ocultar su vínculo con López Mena, con quien trabajó durante más de 10 años. El acta del remate, firmada por el escribano Pablo Seitún dice que el oferente es “Antonio C. Sánchez”. Seitún fue procesado por “falsificación de documento público”, delito que también le podrían imputar a Calvo.
El 1º de octubre, antes de levantar la mano en el remate, Calvo envió un mail al presidente de Cosmo, Antonio Álvarez Hernández, en el que le advierte que la oferta “no implica ningún compromiso para Cosmo”, le pide que si llama un periodista no de su nombre y concluye: “Si preguntan, no digas que tienes relación con Buquebus”.
Al finalizar el remate, Calvo envía otro mail al presidente de Cosmo en el que le anuncia que compró los aviones y que los está “negociando para que los recompre el Estado en este mismo momento... Y se los alquilará ‘seguramente’ a BQB”.
Dos días después, radio El Espectador reveló la verdadera identidad de Calvo y el vínculo con López Mena, y Cosmo anunció inmediatamente que no compraría los aviones. El 4 de octubre, López Mena presentó un proyecto al gobierno de asociación público privada entre el Estado y BQB, que implicaba el alquiler de los aviones. Este proyecto está incluído en la demanda que el exabogado de López Mena, Daniel Rocca, le entabló al propietario de Buquebus.
Al día siguiente, Calvo, López Mena y Lorenzo almorzaron en el restaurante Lindolfo, como registró un fotógrafo de El Observador.
El acuerdo finalmente no prosperó, pero López Mena asumió el costo del aval para, según dijo, preservar su prestigio ante bancos internacionales. El dueño de BQB declaró en el juzgado que fue “presionado” por el gobierno para ingresar en el negocio. “Seguramente”, como dijo el fiscal, vuelva a declarar para seguir desenredando la madeja.
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