Demandan a la IMM en US$ 500 mil por muerte de municipal en Usina 3
La familia exige una indemnización por lucro cesante y daño moral
La familia del municipal José Bustabad, fallecido en la Usina 3 el 25 de abril, le exige a la Intendencia Municipal de Montevideo US$ 500 mil como indemnización por “lucro cesante y daño moral”, informó a El Observador el abogado de la familia, Nicolás Ayestarán. La demanda será presentada hoy en un juzgado de conciliación.
Los demandantes, que consideran que las condiciones de seguridad no estaban dadas al momento del accidente, exigen $ 2,8 millones por lucro cesante, esto es por el salario que no cobrará el trabajador fallecido, mientras que piden US$ 400 mil por el daño moral causado.
Al mismo tiempo, la fiscal Raquel González y el juez Carlos García investigan las causas del fallecimiento del trabajador y las posibles responsabilidades penales que caben a sus empleadores.
La Intendencia de Monteviddeo y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), que presentó la denuncia penal, discrepan sobre las causas del fallecimiento.
La intendenta, Ana Olivera, aseguró tras el fallecimiento que “no ameritaba” la presentación de una denuncia penal porque “no se trató de un accidente” laboral, sino que Bustabad murió de un “síncope cardíaco”.
El trabajador, de 58 años, perdió el equilibrio cuando estaba trabajando en la parte trasera de un camión al que le estaba arreglando una luz superior. Cayó desde una altura aproximada de tres metros y permaneció 16 minutos sin asistencia.
Por su parte, la presidenta de Adeom, Elena Lequio, sostuvo en diálogo con El Observador que las “condiciones laborales no eran las adecuadas” en la Usina 3 y que el gremio de los municipales venía reclamando mejoras desde hacía algún tiempo.
La dirigente sindical indicó que en 2012, ante una denuncia presentada por Adeom, una inspección del Ministerio de Trabajo visitó la Usina 3 y realizó 16 observaciones sobre el lugar. Adeom exigía implementos de seguridad que no estaban presentes cuando falleció el trabajador.
Según Lequio, el gobierno departamental ignoró estas observaciones, y otra inspección del Ministerio de Trabajo que concurrió nuevamente a la Usina 3 luego del fallecimiento del trabajador constató precisamente esto. “Vamos a esperar las pericias y la resolución del juez”, remató la dirigente.
En el marco de esta causa, el juez y la fiscal dieron curso a la denuncia presentada por Adeom, dispusieron la exhumación del cuerpo para efectuarle pericias forenses y citarán a declarar a varias personas, entre ellas, la intendenta.
La jerarca todavía no fue citada a declarar al juzgado porque falta agregar al expediente la pericia toxicológica.
Al mismo tiempo que se desarrolla la investigación penal, se llevará a cabo la instancia civil, por la que la familia reclama la indemnización de US$ 500 mil. En caso de que la conciliación entre la comuna y los familiares no prospere la familia iniciará una demanda civil.
Los demandantes, que consideran que las condiciones de seguridad no estaban dadas al momento del accidente, exigen $ 2,8 millones por lucro cesante, esto es por el salario que no cobrará el trabajador fallecido, mientras que piden US$ 400 mil por el daño moral causado.
Al mismo tiempo, la fiscal Raquel González y el juez Carlos García investigan las causas del fallecimiento del trabajador y las posibles responsabilidades penales que caben a sus empleadores.
La Intendencia de Monteviddeo y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), que presentó la denuncia penal, discrepan sobre las causas del fallecimiento.
La intendenta, Ana Olivera, aseguró tras el fallecimiento que “no ameritaba” la presentación de una denuncia penal porque “no se trató de un accidente” laboral, sino que Bustabad murió de un “síncope cardíaco”.
El trabajador, de 58 años, perdió el equilibrio cuando estaba trabajando en la parte trasera de un camión al que le estaba arreglando una luz superior. Cayó desde una altura aproximada de tres metros y permaneció 16 minutos sin asistencia.
Por su parte, la presidenta de Adeom, Elena Lequio, sostuvo en diálogo con El Observador que las “condiciones laborales no eran las adecuadas” en la Usina 3 y que el gremio de los municipales venía reclamando mejoras desde hacía algún tiempo.
La dirigente sindical indicó que en 2012, ante una denuncia presentada por Adeom, una inspección del Ministerio de Trabajo visitó la Usina 3 y realizó 16 observaciones sobre el lugar. Adeom exigía implementos de seguridad que no estaban presentes cuando falleció el trabajador.
Según Lequio, el gobierno departamental ignoró estas observaciones, y otra inspección del Ministerio de Trabajo que concurrió nuevamente a la Usina 3 luego del fallecimiento del trabajador constató precisamente esto. “Vamos a esperar las pericias y la resolución del juez”, remató la dirigente.
En el marco de esta causa, el juez y la fiscal dieron curso a la denuncia presentada por Adeom, dispusieron la exhumación del cuerpo para efectuarle pericias forenses y citarán a declarar a varias personas, entre ellas, la intendenta.
La jerarca todavía no fue citada a declarar al juzgado porque falta agregar al expediente la pericia toxicológica.
Al mismo tiempo que se desarrolla la investigación penal, se llevará a cabo la instancia civil, por la que la familia reclama la indemnización de US$ 500 mil. En caso de que la conciliación entre la comuna y los familiares no prospere la familia iniciará una demanda civil.
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