viernes, 21 de noviembre de 2014

MEXICO DUELE

Ayotzinapa
la historia que no termina
Gloria Muñoz Ramírez
Ayotzinapa, Guerrero
Corre el segundo mes de una de las crisis de Estado más graves de los últimos tiempos. La evidencia de las complicidades entre los diferentes niveles de gobierno y el crimen organizado es clara. “Fue el Estado”, es la consigna de la tercera jornada global que exige la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, y la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto.
Cientos de miles de personas tomaron las calles en estas semanas. La demanda de castigo a los culpables de los asesinatos de tres normalistas no está resuelta y nada parece indicar que se cumpla. Los más de 50 detenidos, entre policías municipales, integrantes del crimen organizado y la pareja “del mal” compuesta por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, no conforma la indignación. La operación mediática un día antes de la multitudinaria concentración en la ciudad de México no mermó la movilización.

Bolivia, 2014. Foto: Nadja Massün
El mensaje de los compañeros de los jóvenes caídos y de los 43 detenidos y desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre, en un ataque de la policía de Iguala, es claro: “Denunciamos que el gobierno federal pretende dar carpetazo al problema de Ayotzinapa como lo han hecho con multitud de casos en nuestro país. Denunciamos que el Procurador de Justicia, el presidente Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, todo el gabinete, y con ellos, todos los partidos políticos, pretenden dar a conocer a la opinión pública que nuestros compañeros están muertos”, adelanta el joven Omar, del Comité Estudiantil de la Normal. “No nos dejen solos”, claman los padres que, uno a uno, suben el tono de sus reclamos.
Pocas veces frente a Palacio Nacional se han escuchado mensajes tan contundentes. Los insultos a la figura presidencial se suceden. “Fuera Peña Nieto”, grita la multitud al unísono en la plancha más grande de este país.
La percepción del mundo sobre México cambió, y eso hasta el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, lo reconoce. “No aceptamos los resultados de sus investigaciones”, dice una de las madres luego del anuncio de la detención de la pareja Abarca.
“Claro que no es suficiente con esas detenciones. Todo eso es un teatro armado para echarle la culpa a alguien, para tratar de responsabilizar nada más a esas personas, cuando el responsable es el Estado, que está tratando de esconder lo que realmente pasó. Desgraciadamente tememos lo peor, pero esto es un crimen de Estado, no es un crimen de esa pareja”, dice el pintor Gabriel Macotela dentro de una de las tantas movilizaciones. En sus palabras se refleja la Nación. Nadie les cree.
Ayotzinapa cambia su rostro
En la enorme sala de espera en que se convirtió la cancha de basquetbol de este plantel rural construido en 1926, se ha conformado una comunidad que visibiliza la otra cara de la tragedia. La solidaridad muestra su rostro en costales de alimentos, cobijas, colchonetas, decenas de mantas de organizaciones sociales, apoyo económico y cientos de visitas diarias, en su mayoría jóvenes estudiantes de muchas partes del país, que ofrecen hombros y manos para lo que se necesite.
Noviembre. En el altar de muertos del patio no están sólo los rostros de Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón y Julio César Ramírez Nava, los tres estudiantes ejecutados extrajudicialmente por policías de Iguala el 26 de septiembre. “No son sólo tres o cuatro los que han muerto asesinados por el gobierno”, señala un joven normalista, quien compartió grupo con Daniel Solís, y que llama a que estas muertes “no sigan en la impunidad”. Están también Gabriel Echeverría y Alexis Herrera Pino, “los de la matanza de Ángel Aguirre”, ejecutados también extrajudicialmente el 12 de diciembre de 2011, durante el desalojo de una protesta en la Autopista del Sol. La fotografía de uno de ellos lo muestra montado en una cría de burro, jugando, mientras el otro sonríe desde el marco.
Las madres y los padres lucen agotados. No hay un minuto de respiro, y encima tienen que estar atendiendo a la prensa y a las organizaciones que llegan a apoyarlos. “No es que no quiera hablar. Sabemos que es importante. Pero ya no puedo. No estoy cansada, sólo es que ya no puedo hablar de mi hijo”, dice, como disculpándose, una de ellas. Y es que han repetido hasta el cansancio sus historias. Las cámaras de medios nacionales e internacionales hacen guardia en estas instalaciones de dos hectáreas de territorio asediado por los planes de la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos estatales en turno, el crimen organizado, las trasnacionales mineras y los partidos políticos. Nadie niega las pugnas internas y las distintas corrientes que confluyen en esta escuela-internado, pero hoy la tragedia los une.
Omar García, una de las caras visibles de los estudiantes ante los medios, el mismo que denunció desde el inicio que solicitó auxilio al Ejército durante los ataques y nadie le hizo caso, es claro cuando señala que no esperaban este apoyo, porque, en primer lugar “nunca esperamos que algo así nos pasara”. La solidaridad, dice, llegó en primer lugar de la mano de los familiares y de los campesinos de Tixtla. Luego llegaron contingentes de universidades de muchas partes de México, hasta que “nuestra escuela, que antes nos parecía enorme, hoy nos parece pequeña, pues no tenemos espacio para tanta gente”.
Tanto joven junto no estaba en sus planes. Hoy, dice Omar, “nada más que se lo imagine el poder y el Estado, ¿cómo le hacen estos muchachos de 19 o 20 años para organizar a tanta gente? Que se lo sigan preguntando”.
El encuentro estudiantil entre bambalinas es palpable. “Pensamos en los sacrificios que están haciendo para estar con nosotros. Nos preguntamos qué han de haber dicho en sus trabajos, en sus escuelas, en sus lugares de origen. Con qué pretexto salieron a vernos, con qué pretexto la señora dejó al marido cuidando la casa, o el marido se vino desatendiendo a la familia. Con qué pretexto dijo el campesino, oye mujer, tenemos que llevarles un kilo de frijol a estos muchachos. Todo eso nos lo preguntamos. Con qué argumento dijo el campesino, tenemos poco pero hay que llevarles cien pesos a los muchachos para su movimiento”.
Apenas tres días antes de esta entrevista con Ojarasca, Omar habló ante más de 200 mil personas en una plaza a reventar en la Ciudad de México. Y convocó a la organización de una Caravana Nacional de Indignaciones, que permita articular un “movimiento nacional, y si Enrique (Peña Nieto) se va, que se vaya, y preferiblemente que ya no vuelva, porque va a encontrar otro país cuando regrese… el hecho de que todo mundo se haya indignado por lo que pasó el 26 de septiembre refleja claramente que no somos solamente nosotros los indignados, como estudiantes de Ayotzinapa, (sino que) es todo un país el que ha sufrido durante muchos años estos atropellos. Y no sólo se trata de la indignación por tanta delincuencia e inseguridad, sino que hay indignación también cuando vemos al campesino sin trabajo, al obrero sin trabajo, al estudiante que después de cursar una carrera no tiene acceso a una plaza (…) Cada indignación de la población tiene que llegarnos hasta el fondo, no sólo cuando se mata o se desaparece a 43 estudiantes. Las cifras aquí no importan, somos miles en el país, somos miles de inconformes y de atropellados, diariamente, y ese es el problema”.
Cinco horas con el presidente
“Saludó a los padres de mano.
A los del comité de alumnos no.
Ni queríamos”
Testimonio de un estudiante del Comité Ricardo Flores Magón, presente en la reunión del 29 de octubre con el presidente Enrique Peña Nieto, en la residencia oficial de Los Pinos.
Antes de las dos de la tarde llegamos a Los Pinos. Había funcionarios en la entrada, gendarmería, guardias. Nos pidieron identificaciones. Íbamos 115 personas: 86 padres de familia de desaparecidos, los padres de los heridos, de los caídos del 26 de octubre y del 12 de diciembre del 2011, cinco estudiantes del Comité Ricardo Flores y las personas de la Comisión Civil que nos acompañan.
Primero nos pasaron a una sala muy mala, para nuestro gusto. Con sillas improvisadas. Cuando se abrían las puertas, veíamos salas elegantes. Me imagino que las usan cuando los visitan otras personas. No había mesa, puras sillas. La sala tiene un templete de unos 15 centímetros de altura y ahí estaban sentados ellos, con Peña Nieto en medio, Osorio Chong a un a lado, y el procurador Murillo Karam al otro.
Esperamos cerca de media hora, hasta que por fin dijeron que venía. Sus agentes se pasaban de un lado para otro, secreteándose, dándose instrucciones, en actitud de misterio todo el tiempo. Nosotros sentados, esperando. Por fin llegó el presidente. Saludó a los padres de mano. A los del Comité de alumnos no los saludó. Y ni queríamos.
Habló primero él, dijo que desde el principio se había interesado, que su gobierno había hecho lo que estaba a su alcance y que lamentaba que hasta el momento no hubiera resultados. Los padres de familia tomaron la palabra y dijeron los diez puntos. Y cada punto era argumentado por un padre distinto.
El punto central fue el primero: presentación con vida y búsqueda en vida de los desparecidos. Los padres argumentaron que el gobierno se había dedicado a buscar en fosas y que tenían que buscarlos en vida, puesto que vivos se los llevaron. Le dijeron que quienes se los llevaron fueron los policías y que por lo tanto es responsabilidad del Estado devolverlos.
Los padres no tuvieron miramientos en decir lo que sentían y pensaban, hablaron fuerte, seguros. Peña parecía que escuchaba, preguntaba el nombre del padre que participaba.
La argumentación de los padres fue larga. La posición fue que si un padre tenía algo que decir, lo hiciera. Hablaron las mamás y hablaron fuerte. Hablaron de su dolor, dijeron que los mandaron a estudiar, no a que los mataran, que el gobierno está para cuidar a la gente, no para desaparecerlos.
Las mamás dijeron que no es posible que se les hostigue en su casa, que por qué quería el gobierno ponerlas a ellas en contra de la Normal. A una señora cuando fue a recoger el cuerpo de su hijo al Semefo, el Ministerio Público pretendió hacerle declarar en contra de la Normal. Y ella los mandó a la fregada.
El padre de Alexis Herrera, asesinado en 2011 por la policía, recalcó al presidente que tenía que hacer algo contra Ángel Aguirre (ex gobernador de Guerrero) porque no había reparado el daño integral por la muerte de su hijo y porque los beneficios que había obtenido del gobierno estatal le fueron retirados cuando se negó a declarar en contra de la Normal.
Otro padre le recalcó que debe investigarse al ejército por su omisión y por no atender a un herido, teniéndolo frente a sus ojos y bajo petición de sus compañeros. La segunda balacera ocurrió como a cinco minutos de distancia del ejército.
Ya habían pasado cinco horas y no habíamos comido. Sólo agua ofrecieron. Y al final no quería firmar los acuerdos. Dijo que su palabra bastaba y que públicamente lo diría ante los medios. Los padres dijeron que no, que ellos podían esperar el tiempo que fuera porque ya bastaba de compromisos al aire, y que si habían esperado más de un mes para que él se reuniera con ellos, por qué no habrían de esperar más horas.
Peña Nieto consultó a sus funcionarios, hicieron una bolita y finalmente accedieron. La  redacción de la minuta llevó poco más de una hora. Nosotros no fuimos a tomarnos una foto con él ni a hacer ninguna declaración conjunta.
Los acuerdos están, pero de aquí a que se cumplan. No era firmar acuerdos, porque no era una negociación, pero sí había que responsabilizar al Estado de las desapariciones forzadas y por eso demandamos que los papeles llevaran la firma del presidente




                                                                         .Desaparecer
Ramón Vera Herrera
Hace unos años que el Estado contemporáneo juega a que desapareció, refuncionalizado como una despiadada pero eficiente maquinaria productivo-industrial, financiera, “de servicios y entretenimiento”, corporativa en esencia, aunque siga detentando aparatos militares y policiacos omnipresentes.
Lo real es que el Estado se fragmentó y se va imbricando —fluido y cambiante— con las estructuras de las corporaciones que lo cubren y le ordenan. De cuando en cuando aparece ahí, agazapado, cumpliendo la función central de administrarle facilidades a las corporaciones y controlar a la población, lo que abre dos modos monstruosamente interconectados: el enorme aparato burocrático con su enmarañamiento jurídico-legal, de papeleo, de historial, fiscalización, registro identitario, normas, estándares y políticas públicas que (como hemos insistido) abre margen de maniobra a las corporaciones y obstruye la justicia a la población, más un enorme aparato represivo de policía, ejército, gendarmería y fuerzas especiales que el Estado pone a disposición de todo (o parte) de su entramado.
En México y Centroamérica se juega hoy un experimento donde la condición de guerra es necesaria para la “estabilidad” (como en 1984 de Orwell). Es tal la imbricación, la interconexión entre tantos intereses contrapunteados, que la imagen de Estado frente a “grandes corporaciones” no alcanza a abarcar la “viralidad”, el entrecruzamiento de minúsculos, medianos y grandes grupos de negocios con las estructuras institucionales, visibles, gubernamentales y corporativas. El resultado es una fragmentación brutal de todas las relaciones, de la población y de las instituciones, una pugna angustiosa por mantener los márgenes de ganancia y una ineficiencia desigual de los mecanismos corporativos para seguirlo logrando. El panorama se extrema a niveles realmente enfermos: una voracidad que atropella y devasta con tal de lograr el despojo de lo que todavía queda. Para lograrlo, el dominio se cifra en instaurar una condición permanente de indefensión, confusión y fragmentación: un verdadero caos programado cuya planificación se la van peleando los bandos de un totalitarismo fragmentario y hasta feudal.

Uyuni, Bolivia, 2014. Foto: Nadja Massün
La delincuencia organizada crece y se hace visible, fomentada por la violencia institucional. En tanto se reproduce, los medios nos la muestran como separada de las estructuras corporativo-estatales, cuando empresa y gobierno están sumamente interpenetradas. Su sino es la corrupción.
Hoy es más cierta que nunca la frase de don Alfredo Osuna, del consejo de ancianos de la tribu yoreme de Cohuirimpo, en Sonora, cuando dijo que “el gobierno es la fase superior del crimen organizado”.
Desde los años ochenta, con las reformas estructurales, las corporaciones se esfuerzan por deshacerse expresamente de todas las consecuencias indeseadas de su actuación. Las políticas derivadas de los ajustes estructurales, y los tratados de libre comercio que las hicieron inamovibles, buscaron que corporaciones y gobiernos evadieran la responsabilidad de los nocivos efectos de la devastación, el despojo y los crímenes de lesa humanidad desatados para mantener una condición perpetua de precariedad general (laboral, de género, alimentaria, habitacional, jurídica, educativa), esa deshabilitación general de los esfuerzos autónomos creativos de la gente, condición que fomenta la dependencia y la imposibilidad de zafarse de las redes delincuenciales en más y más estratos de la población.
En ese escenario sombrío, la desaparición de personas (como es el caso los muchachos de la Normal Rural de Ayotzinapa y muchos miles más) resulta tan consustancial al entrevero estructural del “sistema establecido”: una evasión de responsabilidades que casi no sorprende, combinado con un estado de terror con miras a paralizar en extremo.
Las primeras teorizaciones de este modo de operar se conocieron en los juicios de Nuremberg, donde se reconstruyó un decreto que los ideólogos nazis preconizaban como “innovación básica en la organización del Estado”: las desapariciones forzadas. Según Hitler y sus compinches el decreto era instaurar “la noche y la niebla” —una total incertidumbre sorda, ciega y muda. No dejar rastro, que no existiera ninguna información, ninguna pista, ningún atisbo de esperanza, porque incluso la muerte puede transfigurarse en sacrificio y por ende acrecentar la presencia de quien se quería literalmente “desaparecer”. Ni siquiera les parecía aconsejable entregar los cuerpos a los familiares “porque el lugar del entierro podrá ser utilizado para manifestaciones... A través de la diseminación de tal terror toda disposición de resistencia entre el pueblo, será eliminada”.
Hoy es más cierta que nunca
la frase de don Alfredo Osuna, del consejo de ancianos de la tribu
yoreme de Cohuirimpo,
en Sonora, cuando dijo que
“el gobierno es la fase superior
del crimen organizado”.
Para los generales argentinos, empezando por Videla en los años setenta del siglo pasado, ésta fue una táctica central de su contrainsurgencia. Así lo declaró en entrevista a la periodista argentina María Seoane: “si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo”. Y para El Clarín en diciembre de 1979: “Es una incógnita el desaparecido. Si reapareciera tendría un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tendría un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, no tiene entidad [sic], no está ni muerto ni vivo, está desaparecido”.
Ésta es la brutalidad que se impone en estos momentos en México. El Estado-maraña no sólo desaparece a las personas, sino el sentido del tiempo y la significación de lo vivido por los familiares y la gente cercana o comprometida con romper esta pesadez que buscan instalarnos como condición permanente. Que la memoria, los presentes y futuros no hallen una salida y se conjuren para castigar las posibles ilusiones o expectativas de que estén vivos pero también el duelo y el horror de una muerte. Nos quieren refundir en el punto ciego.
Y no hay duda. En las condiciones actuales de México, el Estado es esa maraña que impide la vida cotidiana; esa imbricación de violencia, crimen organizado, corporaciones que devastan y despojan, y un sistema que empuja para que nada se aclare, para que todo se sumerja en un NO LUGAR y en un NO TIEMPO coludidos contra la esperanza de la gente.
Parafraseando al narrador de La peste de Camus, tenemos que tener la convicción de que a partir del momento en que la más mínima esperanza se hace posible en el ánimo de la gente, el reinado efectivo de la Peste pierde su viralidad, su poder de miasma asfixiante.
Como si la silla vacía
Poema para los desaparecidos
Margaret Randall
¿No podemos simplemente dejarlo atrás?
preguntan los intocados,
pero ¿dónde es atrás,
hacia qué punto cardinal
se yergue,
qué clima soporta,
qué intersección
de latitud y longitud,
el punto de la mira convergiendo
sobre su rostro hambriento?
¿No podemos simplemente seguir adelante?
como si la silla vacía
no estuviera metida bajo el borde de la mesa,
ese lado de la cama desierto y frío,
o el espejo reflejando una cara sola
no se burlara de estas vidas
que habitamos:
ocupantes incómodos
pagando en cuotas
por lo que ya no tenemos.
Sin él, sin ella,
sin aquellos que arrancaron
de este aire que respiramos,
ya no poseemos nuestras vidas
el espacio que nos rodea,
sonidos dulces de la calle o el campo.
Sin ellos
no podemos seguir adelante,
porque ¿cómo van a encontrarnos
cuando vuelvan trastabillando a casa?
Margaret Randall (Nueva York, 1936) ha publicado un centenar de libros. En primer lugar poeta, como tal vivió en México en los años sesenta del siglo pasado, animando la revista binacional El corno emplumado/The Plummed Horn, junto con el poeta morelense Sergio Mondragón. Activista, feminista, fotógrafa, vivió en la Cuba revolucionaria y en Nicaragua durante los buenos primeros tiempos del sandinismo. En 2010 publicó As if the empty chair, que en 2012 apareció en versión bilingüe, Como si la silla vacía. Poemas a los desaparecidos (traducción de Diego Guerra y Leandro Katz, La Cabra Ediciones, México).
En la nota introductoria, Randall escribe: “Desaparición. Desaparecido. Palabras extrañamente pasivas para describir semejante brutalidad. Desde la riqueza del léxico latinoamericano pudimos haber inventado un término que definiera mejor el crimen. En cambio, lo que ocurrió fue que esta palabra se despojó de su pasividad y adquirió un sentido nuevo, instantánea y dolorosamente reconocible para cualquiera que haya habitado el continente durante la segunda mitad del siglo XX”.
Siniestra metodología la llama. Se usó en Argentina, Guatemala, Uruguay, Chile, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Paraguay, México, Perú, Bolivia. “Algunos países perdieron sus mentes más brillantes, los más sensibles y valientes ciudadanos: desaparecidos”. En este siglo XXI, en México la siniestra metodología se usa como nunca. Se los siguen llevando.





 

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