El próximo martes 24 vence el plazo para negociar el contrato de explotación del proyecto Valentines con Aratirí. Está en juego el destino de buena parte de los yacimientos de hierro del país, así como el del territorio que éstos ocupan y de sus habitantes. Pero pese a que tales yacimientos “integran en forma inalienable e imprescriptible el dominio del Estado”,(1) las negociaciones se están haciendo a espaldas de la opinión pública. En el sigilo con que el gobierno negocia el contrato de inversión y el cambio de titularidad del proyecto hay algo más que el respeto a la confidencialidad avalado por la ley.
Por Sabina Goldaracena
El 14 de agosto pasado El País dio a conocer que Aurum Ventures, un fondo de inversión de India, se había mostrado interesado en comprar los títulos mineros a Pramod Agarwal, dueño de Aratirí. El diario informaba además que el grupo había mantenido ya un encuentro con la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, y señalaba que, fuese uno u otro el titular del proyecto, poco tiempo tendría para negociar un contrato con el gobierno, porque la prórroga que el Parlamento votó el 10 de febrero vence el 20 de noviembre. “No tenemos novedades sobre proyectos de explotación minera”, sostuvo no obstante el ministro de Economía, Danilo Astori, a mediados de octubre. Pero el día 30 el viceministro, Pablo Ferreri, confirmó que “la multinacional india Zamin Ferrous traspasó la titularidad del proyecto de Aratirí a la empresa del mismo país Aurum Ventures”. En el sitio web de esta última se presenta a Aratirí como una firma subsidiaria. En el expediente que está en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) se deja constancia de que Aratirí cambió su directorio. Pramod Agarwal ya no es más su presidente, y su vicepresidente ahora es Saurabh Sangekar, ejecutivo de Aurum Ventures.
Aratirí no tiene todavía el título minero de concesión para explotar. Lo que tiene son permisos de exploración. Existen tres formas en las que el traspaso de la titularidad del proyecto podría haber ocurrido: 1) cediendo Aratirí formalmente los permisos de exploración a Aurum Ventures, según el procedimiento que establece el artículo 13 del Código de Minería; 2) que el nuevo grupo inversor ingresara a Aratirí como accionista, alimentando a la sociedad actual financieramente y quedando dentro del conjunto económico, una suerte de asociación; 3) que Agarwal vendiera la empresa y Aratirí hubiera cambiado de dueño: de Zamin Ferrous a Aurum Ventures.
En cualquier caso, la consecuencia es la misma: la retención de los títulos mineros. Aunque el precio internacional del hierro torne la explotación del yacimiento económicamente inviable en el corto y mediano plazo, la maniobra permite que la minera (¿cuál?) conserve los títulos de prospección y exploración y que pueda especular con ellos hasta que se presente un nuevo interesado a quien venderle el proyecto. Mientras, los propietarios de los campos padecen la situación de tener sus inmuebles afectados, porque los títulos mineros bajan el valor de los campos, que tampoco pueden ser usados como prenda para acceder a créditos bancarios.
EL PROBLEMA DEL MÉTODO.
Antes de la firma del contrato Aratirí debe cumplir ciertos requisitos que tiene pendientes. Necesita la aprobación de la Dinama del estudio de impacto ambiental, para lo cual aún debía entregarle un plan de cierre de minas que exige el artículo 13 de la ley de minería de gran porte (LMGP). Éste ya fue presentado. El artículo 27 exige una garantía por el 5 por ciento de la inversión que, según la cifra declarada por Aratirí, ascendería a 150 millones de dólares.
Según la Cepal (2014) (2) existe evidencia a nivel mundial de que muchas compañías, a pesar de haber presentado planes de cierre al inicio del proyecto, subestimaron los costos de remediación, por lo que las garantías financieras resultaron no ser suficientes. En algunos casos el desmantelamiento de la mina puede tomar años, incluso décadas, y aunque se hayan efectuado las labores de remediación del sitio, es necesario mantenerlo de forma perpetua (plantas de agua, presas de relaves, mineroducto, etcétera). Esto requiere disponer de recursos durante todo el ciclo de vida del proyecto, e incluso mucho después de su cierre. Para que un plan de cierre de minas sea parte integral de todo el ciclo de vida de un proyecto se deben considerar varios aspectos: que la salud pública y seguridad de las personas no estén comprometidas; que los recursos ambientales no estén sujetos al deterioro físico y químico; el uso del sitio después de realizadas las explotaciones mineras debe ser beneficioso y sostenible en el largo plazo; cualquier impacto socioambiental tendrá que ser minimizado; y los beneficios económicos deberán ser maximizados.
Un problema, principalmente en los países en desarrollo, es que aunque los gobiernos comenzaron a regular y exigir planes de cierre para las minas, no han tenido la suficiente capacidad administrativa y técnica para que, una vez echado a andar el proceso, se concluya de manera eficaz y expedita.
“La minería de gran porte provoca una destrucción grave del ambiente: metodología, negocio y destrucción del ambiente, esas tres consideraciones son una sola”, insiste el fiscal Enrique Viana. El negocio consiste en tener una metodología de extracción de hierro que supone una destrucción vasta del territorio donde se aplica y sus aledaños. No existe negocio si no se hace esa destrucción. Viana considera fundamental este concepto, porque muchos se han preguntado si no se podrá extraer el hierro de otra manera, más paulatina, en menos cantidades, durante un proceso de 40 años, para que así Uruguay pueda establecer un ritmo de extracción y la producción de acero nacional. “El proyecto habla de un plazo no mayor a 12 años: en esa hipótesis, donde el hierro se va por un tubo, no hay posibilidades de desarrollar una industria nacional del acero o metalúrgica nacional”, sostiene Viana. Según su opinión, lo demás son fantasías, ya que “un hierro tan diseminado en forma de baja ley, en forma tan difusa en un vasto territorio, sólo se lo puede sacar rompiendo todo ese territorio, sacándolo rápidamente y llevándoselo sin miramientos”. Cualquier otra forma de extracción no da los dividendos y ganancias suficientes como para que un inversor decida apostar al proyecto.
En 2011 el aumento de la demanda de China hizo que el hierro alcanzara los 180 dólares la tonelada, lo que tornaba rentable la explotación de yacimientos pobres, de baja ley mineral, como el de Valentines. En tal coyuntura Aratirí presentó su proyecto y urgía que fuese aprobado. Aunque el gobierno hizo grandes esfuerzos y hasta una ley a su medida, la resistencia social y la falta de aprobación del estudio de impacto ambiental sirvieron de freno. El precio del hierro comenzó a bajar, hasta llegar a los actuales 50 dólares. A menos de 90, la explotación del yacimiento en cuestión es económicamente inviable. Pero pese a ello se negocia un contrato. Parece ilógico que lo propuesto para la coyuntura de un hierro a más del triple del precio actual aún tenga sentido. No queda claro si se piensa mantener la idea original de explotar 18 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro, o si, dadas las condiciones actuales del mercado, se estaría pensando en un proyecto menos ambicioso. El MEF declinó responder sobre esto a Brecha. Tampoco respondió acerca de cómo la empresa podría fijar en el contrato “un plazo previsto para la etapa de construcción y montaje, y un plazo para el período de explotación”, como exige la LMGP, y luego cumplirlo, sin saber cuándo el hierro alcanzará un precio que haga viable el proyecto. Como no parece posible que la empresa fije plazos para los planes de obra, desarrollo del proyecto y cierre, y luego logre cumplirlos, queda la duda de qué sentido tendría firmar un contrato.
PARA FAVORECER A UN AMIGO.
El doctor Alfredo Caputo, autor del Código de Minería anotado y profesor del posgrado en derecho minero en la Facultad de Derecho (Udelar), explica que si vencidas las prórrogas el 24 de noviembre el contrato no se llegó a realizar, la LMGP establece que el yacimiento iría al Registro de Vacancias y el Poder Ejecutivo tendría dos opciones: “Puede llamar a licitación. O sea, podría pasarlo a clase II, por considerarlo un yacimiento muy valioso, que tiene valor estratégico, es importante que lo explote no el primer minero que se presente sino el mejor minero, que se tengan en cuenta sus antecedentes internacionales como minero, y se llame a licitación para que se presenten todos y el Poder Ejecutivo elija al mejor, no al primero, como es la norma, sino al mejor”, dice Caputo. Pero a su vez “no es preceptivo que el Poder Ejecutivo termine licitando, sino que puede darle prioridad a un minero particular. Puede esperar a que un minero se presente y al primero que se presente dejarlo que lo explote”. Pero antes, el minero que no llegó a concretar el contrato de explotación puede proponer a otro, y este minero tendría prioridad para en un plazo muy breve –de siete meses– intentar formalizar el contrato con el Poder Ejecutivo. “El que no llegó a concretar el contrato puede descartar por imperio de la ley la posibilidad de que el Poder Ejecutivo llame a licitación al mejor minero, indicando el nombre de alguien. Parecería que la ley está consagrando el principio del amiguismo”, observa el autor del Código de Minería anotado. Caputo considera que esto es de dudosa constitucionalidad, porque vulnera el principio de igualdad y los fundamentos del derecho minero, porque los yacimientos minerales son bienes del Estado y del dominio público, o sea que toda la interpretación de las normas mineras ha de hacerse teniendo en cuenta que su explotación debe redundar en beneficio de todos los habitantes.
Según el fiscal Viana, el contrato de inversión previsto en la LMGP ha sido una vía oblicua por la cual se elude la licitación pública: el Estado puede conceder la explotación del hierro directamente a una empresa sin hacer el llamado internacional.
¿POR QUÉ DAR EL SÍ A ESTE MINERO?
Viana recuerda que no se conoce quién es Aratirí. “Se ha mantenido en el sigilo, en la propia confidencialidad, en el secreto, la identidad de quiénes son los principales, quién es el cuerpo industrial que se va a hacer cargo de la explotación del hierro, cuál va a ser la metodología exacta y cuáles van a ser el plan de obras y el plan de acción de la empresa”, lo que lo lleva a pensar que es una empresa fantasma.
Los pocos antecedentes conocidos no despiertan confianza. Desde 2014 Aratirí no paga servidumbres y cánones de superficie a varios dueños de los campos en el distrito minero. En Brasil, Zamin Ferrous enfrenta juicios y multas por deudas laborales y daños ambientales de la mina Bamin. El Ministerio Público brasileño solicitó el embargo de las cuentas de la minera y de su dueño, Agarwal. En el litigio en Londres contra Zamin, su ex socio ENRC sostiene que Zamin obtuvo el permiso ambiental de manera fraudulenta. Por su parte, de acuerdo a su Web, Aurum Ventures es un grupo inversor, ni siquiera es un minero, y dista de tener experiencia en minería de hierro más que por haber adquirido ahora proyectos de Zamin: Aratirí y Amapá.
El Estado debería ser el garante ante la población en la selección del explotador del yacimiento, pero el Poder Ejecutivo negocia con un bien del dominio público sin rendirle cuentas a aquélla, porque la información importante para ponderar el proyecto es secreta. La LMGP habilita al Ejecutivo a negociar un contrato evadiendo el procedimiento licitatorio, que permitiría seleccionar al mejor minero que se presente y no al primero, ni a sus financistas o elegidos. Dado que este mecanismo vulnera la soberanía de la nación sobre recursos no renovables que a todos pertenecen, en el contexto de una ley que declara como de interés público una actividad que de concretarse generará la destrucción irreversible del territorio y forzará al exilio a los productores rurales que residen en esas tierras, porque la ciudadanía está siendo excluida por sus representantes de juzgar lo que negocian en su nombre, y dado que de la poca evidencia disponible no se infiere que la explotación realmente redundará en el bienestar general ni en un desarrollo sostenible, la única alternativa que parece quedarle a la ciudadanía en su defensa es exigir que en Uruguay se prohíba la minería metalífera a cielo abierto.
Notas
1. Artículo 4, Capítulo III, Código de Minería, decreto-ley número 15.242.
2. “Buenas prácticas que favorezcan la minería sustentable”.
LA MEGAMINERÍA: SIN GARANTÍAS CONTRA DESASTRES
En Germano, mina de hierro a cielo abierto en Mariana (Minas Gerais, Brasil), dos presas de relaves colapsaron el pasado 5 de noviembre y al menos 62 millones de metros cúbicos de lodo inundaron el distrito Bento Rodrigues, destruyéndolo todo.(1) Hasta el momento hay al menos 16 muertos y 45 de-saparecidos; 612 personas quedaron sin hogar y debieron ser rescatadas por bomberos. Quince ciudades en los estados de Minas Gerais y Espírito Santo están bajo riesgo de inundación. El lodo avanzó 60 quilómetros y llegó a los ríos Gualaxo y Doce. El suministro de agua en Espírito Santo debió ser interrumpido. La empresa Samarco, propietaria de la mina, es una sociedad de la brasileña Vale y la anglo-australiana BHP Billiton, dos de los tres mayores productores mundiales de hierro.
Un reciente informe (2) prueba que las fallas catastróficas de los embalses de relaves mineros (ERM) están aumentando en frecuencia y severidad debido a las técnicas mineras modernas. La creciente tasa de fallas de los embalses está directamente relacionada con el aumento del número de ellos que son mayores de 5 millones de metros cúbicos de capacidad, requeridos para permitir la extracción rentable de minerales de bajo tenor. “Nuestra investigación demuestra que desastres como el derrame de residuos de la mina Germano de Brasil son inevitables”, dijo David Chambers, coautor del informe. Añadió que “la limpieza de cada uno de estos derrames costará al público cientos o miles de millones de dólares, si es que la limpieza resulta posible, y a veces, como en el derrame de Germano, tendrá un costo en vidas”.
El caso no es entonces la excepción, y deja una moraleja: cuando un yacimiento de minerales metálicos requiere una megaexplotación a cielo abierto, aunque se contrate a las empresas más conocidas y con amplios antecedentes en el rubro, no existen planes de cierre de minas ni garantías económicas ni de ningún otro tipo que puedan cubrir eventuales desastres socioambientales como este.
1. Según las cifras divulgadas por la empresa, uno de los depósitos tenía en el momento del accidente cerca de 55 millones de metros cúbicos de residuos minerales, y el otro 7 millones de metros cúbicos de agua.
2. “The Risk, Public Liability & Economics of Tailings Storage Facility Failure” (“Riesgo, responsabilidad civil y economía del fracaso de las instalaciones de almacenamiento de relaves”).
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