Escuelas en Acapulco: entre las fuerzas represivas y el crimen organizado
Por orden del priista Héctor Astudillo Flores, flamante gobernador de Guerrero, el secretario de Educación de Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, y el coordinador estatal de la Policía Federal, Rafael Lomelí Martínez, desplegaron a la marina, el ejército y policía federal y estatal para vigilar escuelas.
El despliegue de las fuerzas represivas del Estado se realizará en establecimientos educativos de 10 rutas de las colonias Emiliano Zapata, Jardín, Ciudad Renacimiento y otras de la periferia del puerto y, afectará a escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior.
Este operativo se lleva a cabo con el aval del el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).
Según dieron a conocer varios medios de comunicación, miembros del crimen organizado irrumpieron en dos escuelas primarias y una secundaria y tomaron dinero de los maestros, computadoras de las instalaciones y exigieron el pago de piso. También pidieron un porcentaje del aguinaldo de los profesores. Por lo que hace uno días se habían suspendido actividades en ocho planteles.
Esta situación no es nueva. En 2014 ya se habían registrado el asesinato de 19 maestros, el secuestro de una maestra, extorsiones y abuso sexual de maestras y maestros, en especial de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). En esa oportunidad los maestros habían decidido cerrar los planteles por su seguridad.
Cabe destacar, asimismo, que la CETEG es parte de la resistencia magisterial contra la reaccionaria reforma educativa que busca flexibilizar las condiciones laborales de los maestros.
Ofensiva represiva contra el magisterio
Las fuerzas represivas del Estado no garantizan la seguridad de nadie más que de las empresas nacionales y extranjeras y sus bienes y, de la cuestionada casta política. En el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, los policías y el ejército actuaron coludidos con cárteles del narcotráfico.
No hay avanzada del crimen organizado si no hay brazo armado del Estado burgués que permita las operaciones de narcotráfico, redes de trata y todas las formas que adquiere la economía “ilegal” del capitalismo en decadencia.
Justo en el estado de Guerrero, escenario de la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa y en el marco de la reciente ofensiva represiva del gobierno contra sus compañeros, los golpes del crimen organizado parecen parte de un plan orquestado para legitimar la militarización de los planteles educativos.
Hace unos meses en Oaxaca, el gobierno había desplegado a la gendarmería para hacer “labores de mantenimiento” de las escuelas. Mientras tanto, venía el golpe contra el Instituto de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y luego la detención de los maestros Efraín Picazo, Othón Nazariega, Roberto Jiménez y Juan Carlos Orozco, junto con el despliegue de una verdadera caza de brujas desatada por Aurelio Nuño.
La militarización de las escuelas en Acapulco con la excusa de la “inseguridad” es una nueva trampa del régimen asesino de Peña Nieto, el PRI, el PAN y el PRD.
De nueva cuenta se pone de manifiesto que la llamada “guerra contra el narco” no es más que el despliegue represivo para sofocar el descontento social.
Ante esta situación, es fundamental luchar por ponerle un alto a la militarización impulsando un gran movimiento en las calles encabezado por la CETEG y otras organizaciones obreras y populares, que retome además la lucha contra la represión y por la libertad de todos los presos políticos. Frente a la acción de las fuerzas armadas y del llamado “crimen organizado”, los sindicatos junto a las organizaciones campesinas y populares deben discutir cómo garantizar su autodefensa, para poner un alto a las agresiones que sufren día a día.
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