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Investigación en la UdelaR pone de manifiesto irregularidades en prospecciones de Ancap

El Telégrafo, Paysandú, 22/11/15.

A comienzos de la década de 2000, Ancap inició un proceso de exploración de hidrocarburos offshore (mar adentro), así como onshore (en tierra), bajo la firma de diversos contratos con empresas especializadas incluso en una posible explotación del producto.

Así comenzó la delimitación en tierra de las áreas conocidas como “bloques”, que en el caso de Paysandú se ubicó al Este del departamento, y la tarea quedó a cargo de la firma estadounidense Schuepbach Energy, especializada en la técnica de fractura hidráulica o fracking.

Ante este hecho, grupos de la sociedad civil organizada alertaron sobre los riesgos que implicaría la instrumentación de esta técnica para el Acuífero Guaraní, mientras constataban la contaminación con gas y petróleo en experiencias realizadas en otros países. La movida social se transformó en una campaña de concientización basada en charlas y conferencias, hasta avanzar en la declaración de la Junta Departamental de Paysandú, que prohibió el desarrollo del fracking en el departamento y --según sus impulsores-- tendría fuerza de ley para frenar efectivamente la mencionada técnica.

El movimiento local obtuvo una respuesta del ente estatal en julio de 2013, con la presencia del gerente general de exploración y explotación de Ancap, Héctor de Santa Ana --quien negoció los contratos con las empresas que finalmente firmó el organismo-- en el marco de una audiencia pública efectuada en el Centro Universitario de Paysandú, donde aseguró que no se iba a utilizar dicha técnica. Sin embargo, tal afirmación fue cuestionada por la sociedad civil organizada y los activistas, quienes sostuvieron que los contratos firmados habilitaban explícitamente el uso del fracking.

DE SANTA ANA Y VEROSLAVSKY

De Santa Ana se desempeña como jerarca de la División Planificación y Desarrollo de Ancap, es doctor en Geología, profesor adjunto de la Cátedra de Sedimentología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (UdelaR) y además es socio junto a su sobrino, Gerardo Veroslavsky, en las mineras Edowel S.A y Exploraciones Mineras SRL, empresas que habitualmente ganan las licitaciones en Ancap.

La vinculación de Santa Ana con estas empresas --un factor que contradice las normativas vigentes que impiden a un funcionario público realizar un contrato con el Estado-- no resultaron evidentes desde el principio, sino que surgieron a raíz de una investigación que la Facultad de Ciencias llevó adelante contra el docente Veroslavsky, quien no cumplía con su trabajo en la UdelaR, con régimen de dedicación total. En las actas de dicha comisión investigadora, declaró la imposibilidad de cumplir con su carga horaria, en tanto actuaba como testaferro de su tío, de Santa Ana, en las citadas empresas.
Veroslavsky es doctor en Geología, profesor adjunto de la Cátedra con régimen de dedicación total. 

Además, es titular de Explotaciones Mineras S.A y Edowel S.A. Con el avance de la investigación, aparecen nuevos vínculos entre ambos y el Licenciado en Geología Mario Torterolo, propietario de varias empresas con permisos mineros, como por ejemplo Ermal S.A o Los Naranjos S.A.

EN BUSCA DE CALIZAS

La actual titular de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige), doctora en Geología Leda Sánchez, elaboró en el año 2001 un estudio denominado “Mapa Geológico”, orientado a la prospección de rocas calcáreas, al noroeste de la hoja Fuente del Puma, en Minas, mediante un convenio entre la Facultad de Ciencias y Ancap. En representación de la Facultad se presentó Veroslavsky y por Ancap, lo hizo de Santa Ana.

Pero la información surgida de este estudio se filtró a Torterolo, que una vez en conocimiento de esos datos denunció para su empresa Los Naranjos S.A., los mejores yacimientos descriptos en el mapeo.
A comienzos de ese año, Sánchez solicitó una copia del Mapeo a De Santa Ana y Veroslavsky, mientras recopilaba documentos de trabajo para presentarse a un concurso en proceso para proveer un cargo de Profesor Adjunto en Geología Estructural y Geotectónica. Ambos le negaron esa posibilidad con el argumento de que “no podía presentar una fotocopia completa de dichos informes por ser de carácter confidencial”.

COMENZÓ POR UN PLAGIO

En el año 2002, un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias presentó una denuncia por plagio realizado sobre este trabajo de la Dra. Sánchez, al programa Plan B, que conducía el periodista Daniel Figares en AM Libre, junto a su colaborador, el periodista Carlos Peláez. “Informamos esa situación que parecía grave entre docentes y no tuvo mayor trascendencia para nosotros en aquel momento. Sin embargo, en enero de este año --leyendo La Diaria-- me entero que la ingeniera Carolina Cosse, designada ministra de Industria por Tabaré Vázquez había nombrado a Veroslavsky como el Director de Dinamige. Es así que recordé la historia del plagio y volví sobre ella”, señaló Peláez a EL TELEGRAFO.
El comunicador profundizó su investigación que demostró “en primer lugar que Veroslavsky tenía tiempo completo en la Facultad, por lo cual no podía tener otro trabajo y allí se descubrió que presidía dos empresas mineras”. Cuando se ordenó la investigación desde el ámbito académico, el geólogo señaló que “en realidad era un prestanombre porque el titular de las empresas era su tío; un funcionario público que no podía ocupar ese cargo”. 

Tras las averiguaciones de rigor, se comprueba que su familiar era Héctor de Santa Ana, quien actualmente se desempeña como Gerente de Petróleo de Ancap. “El artículo 20 del Código de Minería prohíbe a determinados funcionarios públicos, su titularidad en ciertos tipos de empresas y se redactó expresamente para los funcionarios de Ancap, Dinamige y en ese momento no incluía a la Facultad de Ciencias, porque se aprobó en 1982. Sin embargo, la idea era evitar la conjunción de intereses y en este caso se verificaba”, añadió el periodista. 

Este plagio se presentó ante la justicia por la doctora Leda Sánchez y el paleontólogo Richard Fariña. Como resultado de esta denuncia, resultó procesado con sentencia firme el empresario, geólogo y exfuncionario de Dinamige, Mario Torterolo, propietario de la empresa Ermal S.A y uno de los perforadores más importantes del país.

Durante las audiencias judiciales, de Santa Ana reconoció que entregó el documento público “en un pacto de caballeros”, que finalmente no era otra cosa que un estudio geológico sobre Cerro Méndez, Isla Patrulla, donde se encuentra una planta de cal.

“Ese lugar se denomina genéricamente Cerro Méndez norte y Cerro Méndez sur. El trabajo realizado por Sánchez era muy completo porque determinaba la calidad de las calizas existentes allí”, añadió Peláez. En el marco de este proceso surgen las denuncias mineras y, de acuerdo al informe académico “quedaba claro que la parte sur tenía calizas de menor calidad por exceso de magnesio”. 

Por eso la pregunta era clave: ¿Qué parte de la caliza denunciaba Ancap para sí, tras financiar dicho estudio en forma conjunta con la Facultad de Ciencias y contar con la información privilegiada desde hacía un año? Si la respuesta parece obvia y correspondía a la parte norte, donde se encontraba la caliza de mejor calidad, resultó todo lo contrario. El ente denunció la parte sur y a la parte norte, lo hizo Torterolo a quien de Santa Ana le entregó el Mapeo efectuado por Sánchez.

A raíz de la trascendencia de su denuncia, Peláez fue citado en octubre a declarar en la comisión investigadora de Ancap instalada en la Cámara de Senadores. “Allí entregamos algunos documentos, pero a la mayoría lo dejamos en una investigadora interna que en abril pasado se abrió por orden del presidente de Ancap, José Coya. Aportamos los nombres de una escribana, una abogada y una contadora, que eran las instructoras del sumario sobre las presuntas actividades de De Santa Ana en Ancap, que ya había tenido una investigadora interna hace algunos años y había pasado sin pena ni gloria”, dijo Peláez. A siete meses de esa investigación, no se registraron mayores avances. “El día que concurrimos a la investigadora de Senadores, le preguntamos acerca de este otro asunto y los legisladores contestaron que no tenían esa información, a pesar de haber presentado la solicitud”, precisó.

EN PEPE NUÑEZ

A mediados de 2012, Ancap realizó perforaciones en búsqueda de petróleo en la localidad salteña de Pepe Núñez, ubicada a unos 100 kilómetros de Tacuarembó.

El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, anunció que “nuestros geólogos e ingenieros” eligieron ese lugar “porque había indicios de hidrocarburo”. En principio se anunciaron cuatro perforaciones, a partir de las cuales De Santa Ana resaltó que “nunca hubo una inversión tan grande en el mundo en un período tan corto para áreas de frontera exploratoria”, donde lo más importante era la confirmación de un sistema petrolero offshore. 

La empresa contratada por Ancap para realizar dichas perforaciones era Ermal S.A. Su vicepresidente, Alberto Torterolo, explicó que la perforación mínima de cada pozo era de 200 metros y máximo de 3.800, en tanto se extenderían hasta fines de aquel año. 

“En una entrevista realizada para Radio El Espectador, uno de los geólogos más importantes me dijo ‘me tomo todo el petróleo que hay en Pepe Núñez’ y lo anunció mucho antes que Ancap confirmara que allí no había petróleo”, recordó el periodista. Su entrevistado explicó que las formaciones rocosas no cuentan con la antigüedad, ni estuvieron expuestas a la temperatura suficiente para la generación de hidrocarburo.

Sin embargo, “la contratación de esta empresa costó U$S 450.000 y además, Ancap le financió la adquisición de la perforadora en U$S 650.000. Esto ha sido reconocido por el propio Alberto, hermano de Mario Torterolo”, dijo Peláez. Ermal S.A es una de las empresas más importantes del grupo y cuenta con varias perforadoras de alto equipamiento. 

La ubicación de Pepe Núñez como un área de posible explotación petrolera se basó en un estudio palinológico, o la ciencia que estudia la evolución vegetal del polen y las esporas que permite la reconstrucción de los ambientes fósiles, efectuado a unos 100 kilómetros en una perforación realizada hace 30 años. “El estudio estuvo a cargo de la esposa de Veroslavsky, Gloria Daners”, recordó.

“El dato curioso aquí es que Veroslavsky fue el geólogo de Aratirí y, además, es técnico geólogo de Schuepbach Energy, que es la empresa que tiene el contrato sobre esa porción del territorio uruguayo”, consignó Peláez. 

En este caso, la sospecha resulta obvia. “Una de las operaciones más importantes del país, como es la búsqueda de petróleo, está dirigida por Ancap, cuyo ejecutivo más relevante del rubro es De Santa Ana, y su sobrino aparece en el mismo contrato junto a un empresario procesado por un plagio que afecta a los intereses del organismo, en relación a un yacimiento de cal”, reflexionó.

Es así que --ante el surgimiento de la investigación interna de Ancap-- dos de sus fuentes se ofrecieron a presentar sus declaraciones. “Nunca me había pasado que dos fuentes que había mantenido en reserva me manifestaran su interés en concurrir a declarar y una de ellas fue citada a la investigadora de Senadores”, precisó en relación a Fariña y al abogado Pablo Jauregui, especializado en derecho minero.

Mientras, la cal “se envía a Electrobras (Candiota), en el sur de Brasil y a su vez se devuelve por problemas de calidad ante el exceso de magnesio”, una sustancia no apta para las necesidades de esa planta. “A pesar de la negación, nadie puede explicar de dónde surge la multa de casi U$S 8 millones ni tampoco pueden explicar los depósitos de cal que hay en Treinta y Tres”, recordó Peláez.

En oportunidad de la inauguración de la planta en este departamento, con la presencia del entonces presidente José Mujica, el ente contrató camiones tanque para regar los árboles y su entorno ante el polvillo constatado en animales, campos y alambrados. “La justicia resolverá si hay irregularidades, pero es evidente las fallas en la gestión. Incluso aparece el nepotismo y amiguismo que han afectado los intereses del ente”, sostuvo.

Finalmente, el entonces electo presidente Tabaré Vázquez, se opuso antes de asumir a que Veroslavsky pasara a ocupar la titularidad de la Dinamige y se basó en el mencionado artículo del Código Minero.

LAS ACTAS

En quince páginas del acta correspondiente a las declaraciones de Peláez ante la comisión investigadora instalada en la Cámara de Senadores, el periodista enfatiza en los lazos familiares y de amistad que afectaron los intereses de la petrolera estatal. 

“La planta de cal de Treinta y Tres funciona mal, costó una fortuna y se deben pagar multas escandalosas. Lo demás resultó por acumulación de material y de acceso a nuevas fuentes que generaron otras historias paralelas al plagio”, sintetizó Peláez.

El comunicador reconoció que “una de las razones por las cuales se le da poca importancia a todo este asunto, es porque se trata de un tema complejo, manejado por poca gente y perteneciente a un ámbito muy reducido. Hay pocos empresarios mineros y geólogos” en Uruguay.

Peláez recordó que durante su pasaje por la investigadora “no intervino ningún legislador del Frente Amplio, salvo su presidente, Marcos Otegui”, en tanto Pedro Bordaberry, José Carlos Cardoso, Álvaro Delgado y Pablo Mieres participaron activamente. “Las actas de la investigadora son muy ilustrativas y allí nos encontramos con muchas sorpresas, sobre todo cuando concurren los gerentes”, reseñó.