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Comunicado de prensa 20 de enero de 2014.
SOBRE LA CAMPAÑA OFICIAL DEL GOBIERNO EN DEFENSA DE ARATIRÍ
La campaña de prensa encomendada por el Presidente Mujica a sus
ministros para defender el proyecto minero de Aratirí ha quedado
reducida, en lo sustancial, a una serie de declaraciones generales del
ministro Kreimerman al sitio Web de la Presidencia y a los medios de
comunicación, con las que se pretende justificar la firma de un contrato
con la minera sin haber cumplido con requisitos legales e
institucionales fundamentales para asumir ese compromiso.
Significativamente, en estas declaraciones, Kreimerman no habla del
proyecto de Aratirí, sino que procura destacar los aspectos
supuestamente modernos y positivos de los cambos legislativos en el tema
minero producidos desde 2010 en adelante. Esos mismos cambios que
sistemáticamente no se tienen en cuenta o se violan cuando se reitera la
intención de firmar, anunciada ahora para el próximo 7 de febrero, el
contrato de Concesión de Explotación con Aratirí S.A.
Así por
ejemplo se hace referencia a garantías en los temas ambientales y
económicos, cuando al mismo tiempo no se está exigiendo a la empresa
que, previo a la firma del contrato, deposite la garantía de
cumplimiento como lo exige la ley de minería de gran porte(1).
Se habla asimismo de que la ley permite que el estado recaude hasta el
50% de las ganancias de la minería, sin especificar las deducciones
habilitadas por la misma ley y que hacen de tales afirmaciones una
perspectiva completamente falsa.
En ese sentido conviene
recordar que el estado ya recauda por impuesto a la renta de todas las
actividades económicas el 25% de las ganancias y que el mecanismo de los
precios de referencia a que alude el ministro, con márgenes de hasta un
10% y sin un control independiente del mineral exportado, es poco más
que una medida voluntarista.(2)
Nada se dice de que la
definición específica de los conjuntos económicos en la ley de minería
de gran porte facilita a Aratirí la evasión impositiva por el manejo de
los costos(3), además de la exención del pago del Impuesto al
Patrimonio, el IVA, el IMESI y los aranceles de importación y
exportación anunciado por Kreimerman en el Senado.
La campaña
ministerial no ha podido mostrar la conveniencia para el país del
proyecto de Aratirí, que no ha completado los requisitos de
documentación ante la DINAMA y la DINAMIGE, tal como lo han declarado a
la prensa los respectivos directores de esos organismos. Esto hace
inconveniente y posiblemente ilegal la firma de un contrato en tales
condiciones.
Por estas razones y los graves impactos de orden
social y ambiental que significan éste y otros proyectos similares, el
Movimiento Uruguay Libre de Megaminería está abocado a la recolección de
firmas para que la ciudadanía decida, a través de un plebiscito
nacional, si este es o no el futuro que desea para nuestro pueblo y
nuestro país.
Movimiento Uruguay Libre de Megaminería
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