lunes, 5 de octubre de 2026

Frigorífico Carrasco

 

Situación Frigorífico Carrasco 

El plan de impunidad 

 

El 4 de agosto la empresa le entregó al ministerio de trabajo un plan de reactivación operativa, donde intenta demostrar todo lo bueno que ha venido haciendo desde que detuvo la actividad en la planta y propone alternativas para su reactivación. La finalidad que inspiró dicho plan, es demostrar como la empresa viene estudiando la situación para retomar la producción, mientras le pide al Estado proveer de recursos económicos al trabajador. O sea, las leyes proteccionistas que nacieron para salvaguardar la dignidad humana de los damnificados, terminan administrando los reajustes funcionales al capital internacional. Ésto que suena anacrónico, no tiene nada que ver con la economía doméstica, tiene que ver con una estrategia empresarial, pero no cualquier empresa, sino una de las más poderosas de la industria cárnica. 

Seguramente esté en desventaja, ya que aunque podamos deducir el trasfondo, nada va a cambiar mi desfinanciamiento, ni los objetivos de la empresa.

Qué comprende el plan? -que llega a nuestras manos un mes después producto de la insistencia de algún compañero díscolo que se resiste a "la tranquilidad" como método de lucha- El plan comprende el interés de la empresa por redefinir el cometido comercial del frigorífico Carrasco, reduciendo una parte de su proceso productivo. Está estudiando -dice- la posibilidad de eliminar la primer etapa (sacrificio y faena) y concentrar su actividad en la elaboración del producto final, apuntando al abastecimiento local, el famoso "ciclo 2" para la jerga. Ésto implicaría la distribución de cierta cantidad de trabajadores o su desvinculación. 

La propuesta formal exige un margen de tiempo más amplio de evaluación, ya que su concreción depende mucho de factores exógenos o particulares, que rozan el alineamiento esotérico en una industria de pocas certezas. Más allá de éso, la empresa deja asentado que mantiene las condiciones de la planta óptimas para no perder su grado exportador. 

La intención por parte del ministerio de trabajo fué recibir de la empresa una propuesta concreta, que fundamente la nueva ley de subsidio que está en proceso administrativo. En la misma, la empresa deja constancia de la postura propositiva que ha tenido desde noviembre para alcanzar la reestructura comercial y operativa de la planta. Que tiene como mérito (según lo expresa en el plan) la desvinculación hasta la fecha de más de ochenta compañeros. Aunque muchos de ellos han abandonado el barco producto de la desesperación (a ésto le llamamos extorsión) la empresa lo expone en el plan, como un argumento positivo a la hora de evaluar su solicitud. Pero sabemos que la lista de desafectados no termina ahí, ya que de concretarse dicho plan, muchos puestos de trabajo quedarían al margen, se eliminarían setenta puestos de trabajo y los mismos pasarían a un régimen de negociación. 

Éstos planteos en un escenario normal serían para salir a confrontar, pero ahora al parecer son todos legítimos. Que el fundamento sea "necesito tiempo para reconvertirme" y que a su vez, la misma proponga elementos que no dependan de sí, como procurar que el mercado interno se amplifique a la brevedad o pretender que sus otras plantas produzcan para abastecer a Carrasco, son todas propuestas difíciles de regular o de garantizar. Pero además, advierten que la reestructura viene cumpliendo su cometido y se vanagloria de los más de ochenta compañeros desvinculados (que seguramente sigan en aumento). Todo parece indicar que al final del plazo previsto entraremos los que sobrevivan, y para ese entonces, quizás tengan que volver a contratar gente. 

El sindicato está desdibujado como colectivo, más allá de que la situación de Carrasco no es aislada, sino que va en sintonía con una estrategia general de la industria, tiene su cuota parte de responsabilidad. Muchos se descansan en el servicio de gestoría que ofrecen sus dirigentes y otros recurren al "sálvese quien pueda" por razones obvias, la organización sindical no puede dar soluciones económicas. Tampoco hay una demanda general por cambiar la pisada, hay visiones excluyentes o trasnochadas faciles de rehuir. Los bloques ante la situación están bien definidos, para algunos les es indiferente los planteos que hace la empresa, los ridiculiza, prefieren no discutirlos, sólo esperan que haya una definición a la hora de entrar (aunque quizás ya sea tarde). Para otros, la discusión en el seno del sindicato es la clave, sobre todo para analizar distintos escenarios, contraponer versiones instaladas o proponer otras acciones ante los planteos formales de la empresa. Pero en definitiva, ambos bloques responden a una dirección y esa dirección ya tomó partido. 

 

Anael Cardozo de Assis 

Trabajador del frigorífico Carrasco

 

 

OSE

 Comunicado de Prensa

OSE Proyecto Neptuno en Aguas Corrientes

Piedra fundamental para planta potabilizadora costosa e innecesaria

Este miércoles en Aguas Corrientes se colocará la “piedra fundamental” de una innecesaria y extremadamente cara planta potabilizadora. Esa planta no soluciona ninguno de los problemas del sistema metropolitano y compromete las finanzas de OSE.

OSE reconoce que diariamente se pierden más de 300 millones de litros de agua potable, y de éstos más de 100 millones constituyen agua no facturada, con pérdidas debidas a robos de agua que superan los 36 millones de dólares al año.

En lugar de reparar y gestionar adecuadamente la red existente, la “solución” del directorio es añadir más agua al sistema.

OSE ha intentado justificar esta obra citando un supuesto incremento demográfico y de consumo para 2045. Sin embargo, los datos censales indican que la población del área metropolitana podría disminuir para esa fecha. Además, OSE ya trata más agua para Montevideo y su área metropolitana que la que consume Madrid para 3.4 millones de personas.

Al igual que con el proyecto original en Arazatí, objeto de un contrato inconstitucional, este Neptuno observado por el Tribunal de Cuentas, es financiado por las empresas constructoras para OSE. La financiación se realiza con tasas efectivas anuales en dólares superiores al 15%, duplicando las tasas de interés locales, e incorporando ajustes por inflación en su modelo de pago. Una obra que se anuncia como una “inversión de 212 millones de dólares” se pagará más de 700.

El acto del miércoles culmina un proceso iniciado con la iniciativa privada de Arazatí en 2020, antes del período de sequía. La obra representa un suculento negocio para el privado y una carga financiera significativa para OSE que deberá pagar más de 40 millones de dólares reajustables anualmente y disponer de otros 10 millones para operar la nueva planta, sin haber destinado en este quinquenio ni un dólar al programa de reducción de pérdidas en Montevideo .

Estos fondos que OSE no tiene, tendrán que provenir de Rentas Generales, afectando a todos los contribuyentes o a través de incrementos en la tarifa del agua. Ya se experimentó este año un aumento significativo en las tarifas del cual casi la mitad fue dirigido a financiar proyectos “de inversión” que en este caso es gasto.

Desde MOVUS sostenemos que asegurar el suministro de agua potable en Montevideo no se logra con obras exorbitantemente caras que incrementan la extracción de agua para verterla en un sistema que pierde más de la mitad sino reparando y controlando las redes para evitar las desmesuradas pérdidas actuales.

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)

28 de setiembre de 2026

Contactos de prensa:

Ana Filippini 098 407 572

Fernando Moyano 099 142 105

Raúl Viñas 099 648 685

el veneno en alimento

 Cuando criticar el veneno en alimentos es delito

Luis E. Sabini Fernández

30 setiembre 2026

‘Estamos peor que ayer, pero mejor que mañana’

Este aforismo, no precisamente optimista, dibuja con creciente credibilidad lo que nos está pasando en nuestro presente… mundializado.

La democracia y su presunta y siempre mentida igualdad ya no sirve ni como taparrabos político; surgen referentes y políticos que “sinceran” el estado de cosas: escamoteo, desigualdad y silencio; triple consigna de nuestro presente.

Que se aplica en nuestros alimentos, particularmente.

Argentina, como en tantos otros rubros, es avanzada en este retroceso.

A fines del s xx, Argentina fue, junto con EE.UU. los únicos estados que promovieron y produjeron alimentos transgénicos antes del ingreso al s. xxi: la muy famosa soja transgénica.1 Un “puesto de vanguardia” que ya habría querido para sí el actual presidente Javier Milei.

El tecnooptimismo aplicado a nuestros alimentos (o a bolsillos, no precisamente los nuestros), como dice la canción, “fue más fuerte”.

Con el cambio de siglo hubo una suerte de estabilización, una suerte de armisticio no dicho entre el empuje de los grandes laboratorios buscando la implantación de una agricultura altamente tecnologizada y las redes refractarias de trabajadores rurales y campesinado advertido de los daños ambientales y sanitarios que veían en peligrosa expansión con la agroindustria. La internacional Vía Campesina y otras redes ambientalistas terminaron aceptando soja y maíz transgénicos, que se consumía principalmente como forrajes (aunque ambas semillas también pertenecían a la dieta humana directa) y los grandes laboratorios que desarrollaron las sojas y maíces transgénicos (y otros vegetales) aceptaron no incursionar en el arroz y el trigo –los dos vegetales más extendidos en la dieta humana– que siguieron como hasta entonces, sin genes incorporados.

Se sabía, empero, que los grandes consocios que producían buena parte de la alimentación industrializada, moderna, seguían investigando líneas transgénicas en arroz y trigo (que presentaban mayores dificultades técnicas para su implementación; que las respectivas de maíz y soja y sus consiguientes “remedios” para las plagas que pudieran fructificar en ellas.2

A comienzos de esta década, en Uruguay y en Argentina, se presenta un trigo transgénico. Sin antecedentes. El HB4, con su “siamés” el herbicida correspondiente; glufosinato de amonio.

Los veinte años transcurridos desde 2000 revelaban el debilitamiento de la resistencia y el papel de la ofensiva tecno en todos los órdenes. Lo que habría sido un escándalo político en el 2000 incursionaba ahora “con total normalidad”. Los gobiernos de Lacalle Pou en Uruguay y de Alberto Fernández en Argentina aceptaban gustosos los “avances” de la rentabilidad; única variable que al parecer importa a consorcios del rubro y gobiernos.

En Uruguay, en setiembre 2020 se aprobó toda una serie de mejoradores fitosanitarios como el glufosinato de amonio, sin pasar siquiera por la Comisión Nacional de Bioseguridad y al mismo tiempo se habilitó un trigo transgénico, HB4, primicia mundial.

En el caso del trigo se dieron dos aprobaciones, también para ensayos del Instituto Nacional de Semillas (Inase) e investigación, del evento transgénico HB4-PAT, que tiene tolerancia a la sequía y la salinidad, y también al herbicida glufosinato de amonio.

En Argentina logra la aprobación de ese trigo tolerante a sequía, “el primero en el mundo” Bioceres Crop Solutions, una empresa de biotecnología agropecuaria fundada en 2001 en Rosario, cuando el furor de los transgénicos y la siembra directa, que declara estar: “enfocada en la ciencia y la tecnología para el campo, fabrica bioinsumos, fertilizantes biológicos y semillas mejoradas.”

Estos últimos años han ido acumulando más pruebas y ejemplos de la contaminación generalizada que el uso de “probadísimos” herbicidas genera. Se modifica el “reparto” de funciones; tradicionalmente, los productos tóxicos provenían de laboratorios alojados en “los países centrales” y ahora, buena parte de la batería de control de malezas y plagas, son en el caso argentino, industria local).

Y esta relocalización de algunos productos problemáticos podría estar en el origen de un conflicto absolutamente presente.

Mientras en el pasado, incluso reciente campesinos contaminados o redes ecologistas refractarias generaban resistencia ante el uso de “mejoradores” tóxicos, y sus críticas iban a laboratorios estadounidenses o alemanes, no se había llegado nunca a la situación actual.

En Argentina se ha generado una situación relativamente inédita: grandes empresas como Bioceres, el complejo agroindustrial de Los Grobo o el sello Rizobacter se han dedicado a la biotecnología aplicada a la agricultura de próxima generación y se han convertido en “proveedores globales de licencias científicas e insumos biológicos”. Miremos detrás del vistoso vocabulario: han proliferado las soluciones de incremento de producción agraria mediante el uso de biocidas.

Y las investigaciones sobre sus efectos sanitarios resultan preocupantes: la investigadora Virginia Aparicio, con décadas de investigación en el INTA, firma en 2023 un informe lapidario sobre intoxicaciones humanas con agrotóxicos. Se trata del proyecto SPRINT de la UE (investigación internacional financiada por la Unión Europea), iniciada en 2020 y que culmina este año 2026, orientada a evaluar de manera integral el impacto de los plaguicidas de la agricultura industrial en la salud humana, animal y ambiental, con participación de varios países miembros de la UE 3 y un único ajeno al área: Argentina.

Pues bien: los resultados de semejante investigación de varios años, ubicó a la Argentina como el país más intoxicado; por ejemplo en las muestras de orina, los argentinos presentaron el

récor de 86,1% con glifosato, y entre bonaerenses, el glifosato aparece en el 100% de las muestras de materia fecal.

Desde que Aparicio señala los resultados (todavía preliminares) de SPRINT, en 2023, tan adversos para la Argentina, la dirección del INTA toma la medida habitual del poder político en estos casos: se cancela la publicación de tales resultados y se retira a la Argentina del proyecto internacional.4

Ahora sobreviene el paso del minué habitual en esta danza: se procesa a la investigadora Aparicio que participara en el proyecto, cuestionando ad hominem: no es la ciencia, no es la realidad, es la malevolencia presunta de la denunciada.

Transcribimos aquí el testimonio de Claudio de Francesco, quien en 2022 participara en la investigación “como voluntario argentino del proyecto SPRINT, un estudio internacional financiado por la Unión Europea que buscaba evaluar los impactos de los plaguicidas sobre el ambiente y la salud humana. Fue un proyecto de gran escala, desarrollado en Europa y Argentina, que analizó un amplio espectro de muestras ambientales, animales y humanas.

En Argentina participamos 73 voluntarios de 11 partidos del sudeste de la provincia de Buenos Aires: Adolfo González Chaves, Balcarce, Benito Juárez, Coronel Dorrego, General Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tandil y Tres Arroyos. Los participantes pertenecíamos a distintos grupos según nuestra relación con las zonas donde se aplican plaguicidas: productores, vecinos de zonas rurales —como en mi caso— y habitantes de zonas urbanas alejadas de los campos.

Nos tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal, además de un hisopado. También usamos durante siete días una pulsera que funcionaba como captador de plaguicidas presentes en el ambiente, recolectamos el polvo de nuestras casas y completamos una encuesta muy detallada sobre nuestra alimentación. Todo el muestreo siguió protocolos comunes del proyecto, diseñados para poder comparar los resultados obtenidos en los distintos sitios de estudio.”

Este investigador De Francesco, presentó un informe y evaluación memorables (se puede escuchar en https://www.laizquierdadiario.com/Video-Agrotoxicos-voluntario-del-SPRINT-cuenta-su-experiencia-en-el-proyecto-censurado-por-el-INTA) donde apunta diversas significaciones: por ejemplo, que el polvo de hogar es el mayor receptáculo de agrotóxicos, y aunque no usar el calzado de calle dentro del hogar achica ese roce, queda en pie el contacto que los bebés tienen con todo ese polvo tóxico en sus viviendas.

En 2023, el INTA suspendió la presentación pública de los resultados y posteriormente Argentina dejó de participar de SPRINT.

En 2024 pudimos enterarnos de esta enorme conflictividad gracias a colegas como Darío Aranda relevando, por ejemplo, la liberación al mercado de trigo GM y sus riesgos.5

Hoy, Virginia Aparicio, coordinadora de SPRINT en Argentina, enfrenta un sumario que podría derivar en su exoneración del INTA.

Está clarísimo que se la quiere anular profesionalmente. Que el éxito empresario “es más fuerte”.

Aquí dejamos un sitio suyo electrónico: AR-H38-SPRINT.pdf.

Habrá que ver si un gobierno, que no es precisamente benefactor, pero sí enceguecidamente volcado a la eficiencia, se sale con la suya.□