Se intimó a la empresa en enero; citan a ministros al Parlamento
Dinama exige a Aratirí los informes ambientales
La Dinama intimó a Aratirí a presentar un
estudio de impacto ambiental sobre su proyecto minero. Para la oposición
no están dadas las condiciones para firmar el contrato con la empresa y
convocará al Parlamento a Kreimerman y Beltrame.
A pocos días de que se cumpla el plazo previsto por el
Poder Ejecutivo para firmar el contrato de inversión con la minera
Aratirí (que inicialmente era el 20 de enero pero luego se postergó para
los primeros días de febrero), la oposición salió a jugar sus cartas y
advirtió que falta "información decisiva" que impediría dar ese paso.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) intimó
a mediados de enero a Aratirí a presentar "un estudio de impacto
ambiental completo" de su emprendimiento, según información que maneja
el senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay).
"Hasta donde sabemos nosotros, la empresa no cumplió
con ese requerimiento de la Dinama", dijo Pasquet ayer en conferencia de
prensa.
Así, a juicio del legislador colorado, "faltando
información decisiva" de parte de Aratirí "es más que claro que no puede
firmarse el contrato".
Además, Pasquet señaló que sin la autorización
ambiental y sin que la empresa haya aportado al Estado una garantía del
5% de la inversión (que en total es de US$ 3.000 millones) no es posible
firmar el contrato, según lo que establece la ley de Minería de Gran
Porte aprobada en septiembre de 2013.
"Acá no hay ni autorización ambiental previa, ni
estudios de impacto ambiental y hasta donde sabemos nosotros tampoco se
cumplió con la garantía", dijo Pasquet.
"Si la ley dice que el contrato debe ajustarse a los
términos de la autorización ambiental y que solo puede firmarse previa
constitución de garantía, esas normas legales no se pueden ignorar",
agregó.
El senador colorado señaló que es "inadmisible" que
el gobierno siga sin hacer público el contrato que prevé firmar con
Aratirí. "Se insiste con mantener en reserva y sin difundir el texto de
un contrato que nos interesa a todos", dijo.
Pasquet anunció que por eso, y para conocer los
detalles del acuerdo, el Partido Colorado y el Partido Nacional
plantearán la convocatoria a la Comisión Permanente del Poder
Legislativo a los ministros de Industria, Roberto Kreimerman, y de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame.
"No entendemos cómo después del episodio de Pluna el
gobierno insiste con el secretismo y estas actitudes que están
colindando con la ilegalidad", sostuvo Pasquet en la conferencia de
prensa que brindó ayer en el Palacio Legislativo.
El senador dijo que si finalmente el contrato con
Aratirí se firma antes de que los ministros Kreimerman y Beltrame
concurran al Parlamento, la oposición promoverá la interpelación de
ambos para "reclamar la responsabilidad política de los ministros".
Aratirí prevé explotar cinco yacimientos mineros de hierro en la zona de Valentines y Cerro Chato.
El proyecto también implica la construcción de un
mineroducto que llevará el hierro mezclado con agua a la terminal
marítima en Rocha (también en trámites para su construcción) desde donde
se exportará.
La empresa ha señalado que pretende extraer 18 millones de toneladas de hierro anuales durante un período de 30 años.
Agua.
Por otro lado, el Movimiento pro-Plebiscito Nacional
Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto, conocido como
"Uruguay Libre", denunció que la cuenca que OSE y la Dinama acordaron
declarar como reserva hídrica alternativa para abastecer a los
departamentos de Montevideo, Canelones y San José en caso de que colapse
la potabilizadora de Aguas Corrientes, en el pasado reciente se ha
explotado una mina de oro y ahora se han concedido al menos tres
permisos para la futura explotación minera y otros para explotar cobre y
hierro.
El movimiento anunció en conferencia de prensa una
serie de acciones legales buscando evitar que el gobierno firme el
contrato de explotación minera con la empresa Aratirí.
Se trata de la cuenca de los arroyos Casupá y El Soldado, que a la vez son afluentes del río Santa Lucía.
Para asegurarse la disponibilidad futura de agua,
OSE se plantea armar dos embalses complementarios en el tercio superior
del Santa Lucía, uno en cada arroyo mencionado.
"No hay una planificación territorial", advirtió Carol Aviaga, integrante de la comisión Uruguay Libre.
"Queremos exhortar a los ciudadanos a que se sigan
informando y firmen para que haya un plebiscito para que todo el país
tome la decisión", afirmó Aviaga.
Los tres emprendimientos autorizados están en la zona donde OSE piensa tener su reserva hídrica.
"Es todo sobre la misma cuenca. Las autorizaciones
que dio la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) son a
Bastia S.A., a Triselco S.A. y a otra donde se encontraba la mina
Crucera", apuntó Aviaga.
A su vez, otro miembro de Uruguay Libre, Víctor
Bachetta, advirtió que el Estado "quiebra su neutralidad al utilizar
fondos públicos en una campaña de propaganda en defensa del proyecto
Aratirí, que es un emprendimiento privado".
Bachetta destacó que el movimiento llevará adelante
una acción de amparo preventiva para evitar la firma del acuerdo entre
la empresa y el Poder Ejecutivo, y que si eso finalmente ocurre se
presentará un recurso de revocación.
Aguerre dijo que Aratirí afectará predios rurales poco productivos
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca,
Tabaré Aguerre, defendió la Ley de Minería de Gran Porte y el
cuestionado emprendimiento de la empresa Aratirí que, dijo, abarcará
entre 5.000 y 10.000 hectáreas pero en una zona donde la productividad
es inferior a la media del resto del país."
¿Por qué está bien generar energía eléctrica sobre
campos que antes fueron ganaderos y que hoy están tapados por represas y
no usarlos para otro sistema productivo?", preguntó ayer Aguerre en el
marco de una rueda de prensa en la que se le consultó sobre Aratirí.
Por otro lado, dijo que quienes tengan que dejar de
ser productores porque la Ley de Minería de Gran Porte establece que el
uso del subsuelo es propiedad del Estado, "deberán ser indemnizados".
"Ese fue nuestro primer compromiso", subrayó el ministro.
"Los que tengan que dejar de ser productores, pueden
optar por un sistema de rentas que puede ser de entre 7 y 15 veces por
encima del valor del mercado", explicó Aguerre. La segunda opción para
esos productores es vender sus predios al Instituto Nacional de
Colonización, organismo que deberá relocalizarlos; y la tercera
alternativa es "es hacerse socio de la minera, recibiendo el 2% de lo
recaudado", señaló.
Fuente: La Diaria
Apuren el trámite
Dinama intimó a Aratirí a presentar análisis de impacto urbano, plan de cierre de minas y auditoría.
La
Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) intimó a mediados de
enero a la minera Aratirí a que presente información faltante para
evaluar la autorización ambiental. La información fue difundida ayer por
el senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay) y confirmada a la
diaria por la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Raquel Lejtreger.
“Una vez
que se aprueba la Ley de Minería de Gran Porte, se establecen nuevos
requerimientos. Se intimó a Aratirí a que presente esa información,
adicional a lo que se exigía previo a la ley”, explicó la jerarca. La
minera deberá presentar un análisis de impacto urbano y un plan de
cierre de minas que especifique el conjunto de medidas y acciones
destinadas a mitigar los efectos negativos de la actividad minera,
incluyendo el reacondicionamiento del territorio. Aratirí ya había
presentado un plan de cierre antes de que se aprobara la ley, pero la
nueva norma “es mucho más exigente”, explicó Lejtreger.
La minera
deberá presentar además una auditoría del estudio de impacto ambiental.
Aratirí tendrá que proponer el nombre de la consultora internacional que
realizará la auditoría, y le compete al ministerio aceptarlo o no. “En
la auditoría, se pide que los términos de referencia tengan la
aprobación del MVOTMA. Además, la empresa propone quién hace la
auditoría y el MVOTMA tiene que avalarlo”, explicó Lejtreger.
La
subsecretaria informó que la solicitud de esta información a Aratirí se
realiza por primera vez y que desde el MVOTMA se pretende que “todos los
pasos sean lo más claros posible”.
Ayer Pasquet dio una
conferencia de prensa en la que reclamó que el contrato entre el
gobierno y Aratirí, cuya firma está prevista para el 7 de febrero,
respete la Ley de Minería de Gran Porte. “La ley establece exigencias
muy claras. Dice que el contrato debe ajustarse a los términos de la
autorización ambiental previa y dice además que el contrato sólo se
firmará previa constitución de garantía por parte de la empresa. Hasta
donde sabemos, no hay garantía constituida todavía”, señaló el
legislador.
Advirtió que Aratirí aún no ha cumplido con lo exigido
por la Dinama, y que “en estas condiciones, faltando el aporte de
información decisiva por parte de la empresa”, parece “más que claro que
no puede firmarse el contrato”.
Pasquet se mostró también
preocupado porque el gobierno no da a conocer el texto del contrato.
“Hay un incomprensible secretismo del gobierno, que no da a conocer lo
que es de interés público. Queremos saber de qué se trata, cuáles son
las cláusulas. Acá no estamos discutiendo que si el medio ambiente, que
si el desarrollo. Estamos diciendo que se cumpla con la ley”, remarcó.
“No entendemos cómo después de lo de Pluna el gobierno insiste con el
secretismo y con estas actitudes que están colindando con la
ilegalidad”, agregó.
En tanto, el gobierno interpreta que la ley
no lo obliga a tener la autorización ambiental de Aratirí antes de la
firma del contrato. Lejtreger admitió que este punto puede ser
discutible, pero que lo que es “indiscutible” es que el contrato “debe
adscribirse a la autorización ambiental” y que “no va a entrar en vigor
hasta que no esté la autorización ambiental”.
Contras y pro
El
Movimiento por un Uruguay Libre de Megaminería (Movus) también realizó
una conferencia ayer, en la que advirtió que Aratirí no tendrá los
efectos beneficiosos que el gobierno proclama, sobre todo en materia
económica. En la misma línea que Pasquet, advirtió sobre las
ilegalidades en las que incurriría el gobierno si firmara el contrato en
estas condiciones (ver la diaria de ayer).
Por otra parte, Movus
denuncia que existe una mina a cielo abierto de Orosur, en la cuenca del
Santa Lucía, en Florida, que está en estado de abandono y a la que no
se le aplicó el plan de cierre previsto en el estudio de impacto
ambiental presentado por la empresa. Desde la Dinama señalaron a la
diaria que la mina tiene “todas las autorizaciones vigentes” y que “no
está abandonada técnicamente”. Informaron que Orosur presentó en agosto
del año pasado una nota en la que explicaba que hasta diciembre del año
pasado la mina permanecería sin operar, para evaluar si continúan o no
con la búsqueda.
En tanto, ayer el ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, defendió el proyecto de Aratirí.
Dijo que se afectarán territorios cuya productividad es inferior a la
media nacional y que se indemnizará a los perjudicados. “Los que tengan
que dejar de ser productores pueden optar por un sistema de rentas que
puede estar entre siete y 15 veces por encima del valor del mercado”,
aseguró. Otra opción que tienen es “vender el campo al Instituto
Nacional de Colonización” o “hacerse socios de la minera, recibiendo 2%
de lo recaudado”. Además, Aguerre consideró que el proyecto no tendrá un
impacto significativo en materia de consumo de agua. “Se usará el
equivalente a regar 1.000 hectáreas de arroz. No es nada”, valoró.
Natalia Uval
Según Viña, Aratirí podrá declarar los ingresos por renta que desee porque por un artículo de la ley de minería de gran porte podría, por ejemplo, trasladar costos hacia la terminal portuaria que será de su propiedad.
Ambientalistas ven riesgo por la búsqueda de oro
El activista Raúl Viñas dijo a El País que hay muchos pedidos para explotar oro en la zona y que en su extracción, si se concreta, se utilizaría cianuro. Denunció, además, que la mina Crucera, en la zona este de Florida que explotaba la empresa Orosur, está inactiva y no se implementó allí el plan de cierre previsto. Por otra parte, hoy el senador colorado Ope Pasquet denunciará lo que considera irregularidades en el contrato que el gobierno se apresta a firmar con Aratirí, el grupo que pretende extraer hierro de la zona de Valentines y Cerro Chato, en Durazno, Treinta y Tres y Florida. También respecto a Aratirí, los impulsores del referéndum señalarán hoy en conferencia de prensa que la empresa invertirá menos de lo que anunció en un primer momento, adelantó Viñas.
https://www.youtube.com/watch?
Crqs,
Fuente: El País
Fuerte crítica a las exoneraciones de impuestos
"En los primeros 8 años no pagará"
El integrante del movimiento Uruguay Libre
Raúl Viñas rechazó las afirmaciones de miembros del Poder Ejecutivo en
cuanto a que la explotación de Aratirí dejará al país una suma estimada
en US$ 450 millones por concepto de pago de impuestos.
Según Viña, Aratirí podrá declarar los ingresos por renta que desee porque por un artículo de la ley de minería de gran porte podría, por ejemplo, trasladar costos hacia la terminal portuaria que será de su propiedad.
"Si el aporte de impuestos fuera realmente de US$ 450
millones, como ha dicho el ministro (Roberto) Kreimermann, al descontar
la inversión que según la empresa será superior a US$ 3.000 millones, en
los primeros ocho años Aratirí no pagará un solo peso de impuestos",
aseguró Viña.
Y agregó que "a Aratirí no le cobrarán impuesto al
Patrimonio, IVA, Imesi, y los aranceles de importación y exportación,
así como la energía eléctrica provista por UTE".
También criticó al gobierno por afirmar que habrá 5.000
puestos de trabajo mientras dure la construcción del obrador y otros
1.000 en la actividad minera en sí misma. "Esto es más de lo que dice la
empresa", dijo.Ambientalistas ven riesgo por la búsqueda de oro
Advierten amenaza al Santa Lucía
Los impulsores del referéndum para
prohibir la minería de metales a cielo abierto denuncian que la eventual
explotación de oro en el oeste del departamento de Lavalleja, en la
zona donde nacen el río Santa Lucía y el arroyo El Soldado, pondría en
riesgo al abastecimiento de agua a Montevideo. En dicha zona OSE planea
construir dos importantes represas para complementar la de Paso Severino
e incrementar el abastecimiento de agua a la zona metropolitana.
El activista Raúl Viñas dijo a El País que hay muchos pedidos para explotar oro en la zona y que en su extracción, si se concreta, se utilizaría cianuro. Denunció, además, que la mina Crucera, en la zona este de Florida que explotaba la empresa Orosur, está inactiva y no se implementó allí el plan de cierre previsto. Por otra parte, hoy el senador colorado Ope Pasquet denunciará lo que considera irregularidades en el contrato que el gobierno se apresta a firmar con Aratirí, el grupo que pretende extraer hierro de la zona de Valentines y Cerro Chato, en Durazno, Treinta y Tres y Florida. También respecto a Aratirí, los impulsores del referéndum señalarán hoy en conferencia de prensa que la empresa invertirá menos de lo que anunció en un primer momento, adelantó Viñas.
Fuente: SUBRAYADO TV
Crqs,
En el día de hoy se realizó una conferencia de
prensa a la que asistieron 4 canales de TV (TNU, 10, 12 y VTV) y varios
medios de prensa escrita.
Divulgamos el comunicado que copio abajo y adjunto en formato pdf para que puedan reenviar a sus contactos.
Comunicado de prensa
FALSEDADES Y CONTRADICCIONES DE LA CAMPAÑA
OFICIAL
IMPUGNACIONES LEGALES DEL CONTRATO CON
ARATIRÍ
Utilizando fondos públicos, el gobierno
nacional ha emprendido una campaña de propaganda en defensa del proyecto minero
de Aratirí y la ley de minería de gran porte (19.126) que lo beneficia en forma
directa, quebrando la neutralidad que debe mantener el estado uruguayo ante
cualquier emprendimiento privado y confundiendo a la población sobre sus
propósitos.
Se están falseando, entre otras,
informaciones sobre los posibles aportes económicos de Aratirí, sobre el empleo
y la restauración de las áreas afectadas por este tipo de minería. Se autorizan
proyectos de extracción de oro y cobre que no cumplen los requisitos exigidos
por la Dinama y que ponen en riesgo áreas consideradas como reservas hídricas
del país.
Falsedades
Por la ley 19.126, el IRAE se aplica sobre la
renta efectiva y no la renta presunta, habilitando el traslado de costos para
no declarar ganancias. Así, por el Artículo 42 de esta ley no se consideran
actividades mineras el uso de terminales especializadas al interior de un
puerto, lo que permite trasladar costos hacia la terminal portuaria que es
propiedad de la misma empresa.
El Artículo 40 de la misma ley permite que
los costos de prospección, exploración y los estudios de impacto ambiental
anteriores a la firma del contrato puedan ser considerados pérdidas en los
balances económicos de la empresa. La ley dispone asimismo que el Canon se
descuente del Adicional del IRAE, lo que equivale a ceder a la empresa el 100%
del valor del mineral.
Si el aporte de impuestos fuera realmente de
USD 450 millones, como ha dicho recientemente el ministro Kreimerman, al
descontar la inversión que, según la minera, será de más de USD 3.000 millones,
en los primeros 8 (ocho) años Aratirí no pagará un solo peso de impuestos.
A lo anterior debemos agregar los impuestos
que no le cobrarán a Aratirí: Impuesto al Patrimonio, IVA, IMESI y los
aranceles de importación y exportación, así como la energía eléctrica provista
por la UTE con el proyecto de la regasificadora. Esta inversión la pagaremos
todos los uruguayos para venderle energía subsidiada a Aratirí por un tercio de
la tarifa residencial.
Como resultado, el
aporte económico de Aratirí será nulo o negativo.
Fuera de los dos a tres años de la obra
inicial, se beneficiarán directamente unos mil trabajadores con sus sueldos y
los comercios locales durante los 12 años de vida del proyecto. Esto implicará,
al mismo tiempo, el desplazamiento de un número mayor de productores familiares
y trabajadores rurales que no podrán volver a una zona que quedará
irreversiblemente devastada.
El Fondo Soberano Intergeneracional de
Inversión, adonde irían los aportes económicos de la minería para las
generaciones futuras, es entonces una cáscara vacía sin base real.
Contradicciones
Mientras la Dirección Nacional de Minería y
Geología (DINAMIGE) emite decenas de cedulones de prospección para la búsqueda
de oro, hierro, cobre y otros minerales en las cuencas de los arroyos Casupá y
El Soldado, afluentes del Río Santa Lucía, la Dirección Nacional de Medio
Ambiente (DINAMA) propone que esa zona rural del departamento de Lavalleja sea
declarada reserva hídrica con vistas al abastecimiento de agua de la zona
metropolitana.
El Plan de Acción para la Protección del Agua en la Cuenca del Santa
Lucía declaró "reserva de agua potable" la cuenca hidrológica del
Arroyo Casupá. Para asegurar la disponibilidad de agua, OSE se plantea la
ejecución de dos embalses complementarios a Paso Severino en el tercio superior
del Santa Lucía: uno en el Arroyo Casupá y otro en el Arroyo El Soldado.
Para saber lo que puede significar la
explotación metalífera en la zona basta remontarse aguas arriba hasta el Arroyo
Chamamé, un afluente del Casupá, y observar los cráteres y las pilas de
estériles abandonadas por la empresa Orosur en la Mina Crucera. La actividad
consistió en extraer y llevarse el mineral para separar el oro en Minas de
Corrales.
La Autorización Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente decía que la explotación se realizaría en 5 (cinco) años, pero
llevó un año y medio, sin realizar reparaciones ambientales de ningún tipo.
Estas pequeñas explotaciones sirven a Orosur para prolongar la vida útil de sus
instalaciones de separación de oro con cianuro en Rivera, donde las minas están
prácticamente agotadas.
La explotación de minas metalíferas a cielo
abierto en yacimientos de baja concentración, como los que posee nuestro país,
es una actividad meramente depredadora. No proporciona ingresos económicos ni
fuentes laborales duraderas y destruye el ambiente natural de tierras fértiles
e irrigadas capaces de proveer alimentos y agua en forma sustentable.
Improcedencia
Por último, ante la reiteración por el
gobierno nacional de la intención de firmar un contrato con la empresa Aratirí
para llevar a cabo su proyecto de extraer a cielo abierto el hierro del
yacimiento de Valentines, advertimos que se estarían violando disposiciones
constitucionales y legales, así como el procedimiento de evaluación ambiental
de estos proyectos, razón por la cual iniciaremos las acciones legales que
corresponden para impedir o revocar dicho acto.
La ley 19.126 está siendo cuestionada por
inconstitucional ante la Justicia pero, a su vez, la firma de un contrato ahora
se haría sin la reglamentación de aspectos fundamentales de esa ley, tales como
las mejores prácticas mineras del Artículo 5° o el plan de cierre del Artículo
13° y sin que se haya presentado la Auditoria del Estudio de Impacto Ambiental
del proyecto prevista en el Artículo 6°. Además, previo a esa firma y de
acuerdo con el Artículo 27° de la misma ley, Aratirí debería gestionar un aval
bancario u otra garantía por el 5% de la inversión.
No están dadas entonces las condiciones
mínimas requeridas para la aceptación de proyectos de esta índole. Por esta
razón, el Movimiento Uruguay Libre se encuentra abocado a una campaña de
información transparente y a la recolección de firmas para que el pueblo
decida, que la ciudadanía se pronuncie a través de un plebiscito nacional sobre
una actividad extractiva que implica graves consecuencias económicas, sociales
y ambientales para el país.
URUGUAY LIBRE DE
MEGAMINERÍA
Contactos:
Raúl Viñas 099 648685
Carol Aviaga 099 844407
Víctor L. Bacchetta 098 935317
Agro - GANANCIAS (El País)
Aguerre dijo que Aratirí dará mejores ingresos que el campo
El ministro de Ganadería defendió la instalación de la empresa minera
Los productores cuyos campos sean utilizados para la
explotación minera de Aratirí, tomen la decisión que tomen a la hora de
ser indemnizados, pasarán a obtener mejores ingresos que lo que hoy les
da el campo, destacó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP), Tabaré Aguerre.
En una conferencia por la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, consultado sobre los impactos de dicho emprendimiento, informó que la ley de minería de gran porte prevé un régimen de compensación para quien deba dejar de producir allí.
Se puede optar por un sistema de renta, que puede ser de siete a 15 veces el valor de una renta de mercado, establecida por el MGAP. Dijo que “15 veces una renta de US$ 60 o US$ 70 es US$ 900 o US$ 1.000 por hectárea”, cuando esos establecimientos, según el tercil superior de las carpetas verdes del Plan Agropecuario, dan US$ 116 por hectárea, según el índice Coneat de esos campos.
Otra opción es vender el campo a Colonización, obligándose dicho instituto a pagar el precio de mercado, “más algo más”, y a relocalizar a los productores con menos de 200 hectáreas.
Otra es ser socio de la minera, participando del 2% del canon, instando Aguerre a calcular ese porcentaje en base a US$ 3.000 millones dividido en 10.000 hectáreas por año.
Aguerre, tras agradecer que se le haya preguntado por este tema, dijo que el proyecto considera una zona donde “la productividad es inferior a la media nacional” y que la existencia de una adecuada indemnización fue el primer compromiso que asumió, junto con el ministro (de Industria) Roberto Kreimerman, en una reunión en Valentines en la que expusieron ante gremiales de productores.
Añadió que la indemnización se dará además para los que no son superficiarios, aludiendo a los vecinos linderos y traslinderos.
Destacó que la ley establece que aproximadamente el 50% del valor de los recursos extraídos lo recauda el Estado, que en una visión estratégica se autolimita a no utilizar más que el 30% de esos recursos, creando el Fondo Intergeneracional de Inversión.
Sobre otros impactos, dijo que el agua que se utilizará equivale a regar 1.000 hectáreas de arroz. “No es nada que llame la atención a quienes manejan agua”, y está previsto reciclarla; que no es lo mismo extraer el hierro por procedimientos físico mecánicos –como lo contempla el proyecto– que con productos químicos; y que “todas las actividades económicas que realiza el ser humano tienen impactos ambientales”.
Aguerre agregó que el proyecto considera un área mucho menor a la que hubo que destinar en su momento para hacer la represa de Salto Grande, que produce el mayor porcentaje de la energía electrica al que hoy accede la sociedad uruguaya. La zona dejó de ser citrícola, arrocera, triguera, lechera o ganadera, acotó.
Y agregó que próximo a Montevideo hay “tremendos agujeros”, aludiendo por ejemplo a las areneras, que si se suman dan lugar a un área mucho mayor que la comprendida en el proyecto Aratirí.
En una conferencia por la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, consultado sobre los impactos de dicho emprendimiento, informó que la ley de minería de gran porte prevé un régimen de compensación para quien deba dejar de producir allí.
Se puede optar por un sistema de renta, que puede ser de siete a 15 veces el valor de una renta de mercado, establecida por el MGAP. Dijo que “15 veces una renta de US$ 60 o US$ 70 es US$ 900 o US$ 1.000 por hectárea”, cuando esos establecimientos, según el tercil superior de las carpetas verdes del Plan Agropecuario, dan US$ 116 por hectárea, según el índice Coneat de esos campos.
Otra opción es vender el campo a Colonización, obligándose dicho instituto a pagar el precio de mercado, “más algo más”, y a relocalizar a los productores con menos de 200 hectáreas.
Otra es ser socio de la minera, participando del 2% del canon, instando Aguerre a calcular ese porcentaje en base a US$ 3.000 millones dividido en 10.000 hectáreas por año.
Aguerre, tras agradecer que se le haya preguntado por este tema, dijo que el proyecto considera una zona donde “la productividad es inferior a la media nacional” y que la existencia de una adecuada indemnización fue el primer compromiso que asumió, junto con el ministro (de Industria) Roberto Kreimerman, en una reunión en Valentines en la que expusieron ante gremiales de productores.
Añadió que la indemnización se dará además para los que no son superficiarios, aludiendo a los vecinos linderos y traslinderos.
Destacó que la ley establece que aproximadamente el 50% del valor de los recursos extraídos lo recauda el Estado, que en una visión estratégica se autolimita a no utilizar más que el 30% de esos recursos, creando el Fondo Intergeneracional de Inversión.
Sobre otros impactos, dijo que el agua que se utilizará equivale a regar 1.000 hectáreas de arroz. “No es nada que llame la atención a quienes manejan agua”, y está previsto reciclarla; que no es lo mismo extraer el hierro por procedimientos físico mecánicos –como lo contempla el proyecto– que con productos químicos; y que “todas las actividades económicas que realiza el ser humano tienen impactos ambientales”.
Aguerre agregó que el proyecto considera un área mucho menor a la que hubo que destinar en su momento para hacer la represa de Salto Grande, que produce el mayor porcentaje de la energía electrica al que hoy accede la sociedad uruguaya. La zona dejó de ser citrícola, arrocera, triguera, lechera o ganadera, acotó.
Y agregó que próximo a Montevideo hay “tremendos agujeros”, aludiendo por ejemplo a las areneras, que si se suman dan lugar a un área mucho mayor que la comprendida en el proyecto Aratirí.
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