Por Raúl
Viñas, en El Telescopio 3/1/2017.
Por estos días, las tratativas o negociaciones entre el gobierno y la empresa UPM para que esta instale una segunda planta de producción de celulosa en Uruguay ocupan amplios espacios en la prensa y en los tiempos de nuestros gobernantes. Así, varios grupos de trabajo de nivel ministerial estarían analizando diferentes factores como la infraestructura, temas ambientales y condiciones financieras. Además, en los primeros días de febrero el Presidente Vázquez viajará a Finlandia.
Tanto es así que un observador externo podría pensar que lo de UPM es la única opción de crecimiento a la que apuesta el gobierno.
Toda esta efervescencia local no se refleja en las comunicaciones oficiales de UPM que en Julio solo decía estar estudiando la posibilidad a largo plazo de aumentar su capacidad de producción en Uruguay y que en su último informe a los accionistas de octubre no agrega nada nuevo repitiendo que:
“In Uruguay we are continuing negotiations on prospects for long-term development.”
Eso, mientras esos mismos reportes anuncian inversiones en Polonia y Finlandia por algo más de 200 millones de dólares para 2017 y 18.
Está claro que hasta la fecha UPM no se plantea plazos para ampliar su capacidad en Uruguay, mientras que aquí se habla del año 2018 y el 2019 para la construcción de la planta.
Tampoco ha especificado UPM ningún monto para su potencial inversión, que aquí se dice estaría en el orden de los 4.000 millones de dólares, tal como se publicó en este medio en agosto.
Apenas se comenzó a hablar de este tema, en julio de 2016, se hizo evidente que el mayor interesado, el gobierno uruguayo, estaba dispuesto a facilitar la instalación de esa planta, incluso aceptando la realización de obras de infraestructura por 1.000 millones de dólares para hacer posible la operación.
Eso hace que, tomando como buena la cifra de 4.000 millones de dólares de inversión de UPM, Uruguay participe con al menos el 20% de la inversión sin reclamar participación en las ganancias.
Por supuesto que esa casi patológica ansiedad no pasó desapercibida para la empresa, la que sin comprometerse ha logrado varias cosas. La primera y fundamental fue que de entrada desde la presidencia de Uruguay se asegure su instalación en régimen de Zona Franca.
Eso, que evidentemente incrementa las ganancias de la empresa, y lleva a cero los beneficios económicos a Uruguay de la producción de celulosa a partir de la madera que las plantas compran en nuestro país, solo fue tímidamente discutido por algunos integrantes de la bancada oficialista en diciembre y no he podido encontrar ninguna mención a esto como problema, duda o motivo de preocupación por parte de los legisladores de los demás partidos políticos.
Teniendo prácticamente asegurado ese punto, la empresa informó de entrada que nuevas rutas, vías férreas y acceso al puerto de Montevideo eran condiciones indispensables para considerar su instalación.
Hasta hoy la planta de UPM en Fray Bentos lleva en barcazas la pasta de celulosa al puerto de Nueva Palmira. Desde allí la envía a sus compradores, principalmente en China y los Países Bajos.
El uso del puerto de Montevideo permitiría la carga más completa de los barcos por tener mayor calado (profundidad), abaratando los fletes.
Además está implícito que la empresa en caso de instalarse y tal como lo hace hoy en su planta de Fray Bentos, tendrá acceso gratuito al agua en este caso del Río Negro.
Eso queda en evidencia, incluso en la tentativa selección por parte del gobierno, pero sin que la empresa haya comprado un metro de tierra en la zona ni comenzado trámite alguno de la autorización ambiental, de una zona sobre el Río Negro aguas abajo de la presa Gabriel Terra y Paso de los Toros.
La lista de pedidos de UPM parece bastante extensa y sobre todo costosa, con grandes ventajas para la empresa. Pero sin embargo sus requerimientos lejos de limitarse parecen haberse incrementado e incluyen ahora además que el gobierno garantice la “paz laboral” incluso con modificaciones legales al derecho de huelga.
Eso sin contar con la exigencia de una “carta de entendimiento” firmada por el gobierno nacional a fin de facilitar que UPM pueda salir al mercado internacional a la búsqueda de financiamiento para la hipotética nueva planta.
Cualquier parecido de esta carta de entendimiento con el descarado e ilegal intento de Aratirí en 2014 de que se le firmara un contrato de explotación previo al otorgamiento de las autorizaciones ambientales a fin de permitirle obtener la financiación internacional de su proyecto, lo que estuvo a punto de ser aceptado por el gobierno, NO son pura coincidencia.
Ambos caso reflejan la necesidad de financiamiento que, salvando las distancias, tenía Minera Aratirí SA y que tiene UPM. Nos muestran además la importancia en el mercado financiero del respaldo o al menos la aceptación por parte de los estados nacionales.
Todo esto debiera de ser suficiente para entender que las empresas necesitan tanto o mas de los estados de lo que los estados pueden necesitar de ellas y discutir las condiciones de instalación en pié de igualdad.
Por estos días, las tratativas o negociaciones entre el gobierno y la empresa UPM para que esta instale una segunda planta de producción de celulosa en Uruguay ocupan amplios espacios en la prensa y en los tiempos de nuestros gobernantes. Así, varios grupos de trabajo de nivel ministerial estarían analizando diferentes factores como la infraestructura, temas ambientales y condiciones financieras. Además, en los primeros días de febrero el Presidente Vázquez viajará a Finlandia.
Tanto es así que un observador externo podría pensar que lo de UPM es la única opción de crecimiento a la que apuesta el gobierno.
Toda esta efervescencia local no se refleja en las comunicaciones oficiales de UPM que en Julio solo decía estar estudiando la posibilidad a largo plazo de aumentar su capacidad de producción en Uruguay y que en su último informe a los accionistas de octubre no agrega nada nuevo repitiendo que:
“In Uruguay we are continuing negotiations on prospects for long-term development.”
Eso, mientras esos mismos reportes anuncian inversiones en Polonia y Finlandia por algo más de 200 millones de dólares para 2017 y 18.
Está claro que hasta la fecha UPM no se plantea plazos para ampliar su capacidad en Uruguay, mientras que aquí se habla del año 2018 y el 2019 para la construcción de la planta.
Tampoco ha especificado UPM ningún monto para su potencial inversión, que aquí se dice estaría en el orden de los 4.000 millones de dólares, tal como se publicó en este medio en agosto.
Apenas se comenzó a hablar de este tema, en julio de 2016, se hizo evidente que el mayor interesado, el gobierno uruguayo, estaba dispuesto a facilitar la instalación de esa planta, incluso aceptando la realización de obras de infraestructura por 1.000 millones de dólares para hacer posible la operación.
Eso hace que, tomando como buena la cifra de 4.000 millones de dólares de inversión de UPM, Uruguay participe con al menos el 20% de la inversión sin reclamar participación en las ganancias.
Por supuesto que esa casi patológica ansiedad no pasó desapercibida para la empresa, la que sin comprometerse ha logrado varias cosas. La primera y fundamental fue que de entrada desde la presidencia de Uruguay se asegure su instalación en régimen de Zona Franca.
Eso, que evidentemente incrementa las ganancias de la empresa, y lleva a cero los beneficios económicos a Uruguay de la producción de celulosa a partir de la madera que las plantas compran en nuestro país, solo fue tímidamente discutido por algunos integrantes de la bancada oficialista en diciembre y no he podido encontrar ninguna mención a esto como problema, duda o motivo de preocupación por parte de los legisladores de los demás partidos políticos.
Teniendo prácticamente asegurado ese punto, la empresa informó de entrada que nuevas rutas, vías férreas y acceso al puerto de Montevideo eran condiciones indispensables para considerar su instalación.
Hasta hoy la planta de UPM en Fray Bentos lleva en barcazas la pasta de celulosa al puerto de Nueva Palmira. Desde allí la envía a sus compradores, principalmente en China y los Países Bajos.
El uso del puerto de Montevideo permitiría la carga más completa de los barcos por tener mayor calado (profundidad), abaratando los fletes.
Además está implícito que la empresa en caso de instalarse y tal como lo hace hoy en su planta de Fray Bentos, tendrá acceso gratuito al agua en este caso del Río Negro.
Eso queda en evidencia, incluso en la tentativa selección por parte del gobierno, pero sin que la empresa haya comprado un metro de tierra en la zona ni comenzado trámite alguno de la autorización ambiental, de una zona sobre el Río Negro aguas abajo de la presa Gabriel Terra y Paso de los Toros.
La lista de pedidos de UPM parece bastante extensa y sobre todo costosa, con grandes ventajas para la empresa. Pero sin embargo sus requerimientos lejos de limitarse parecen haberse incrementado e incluyen ahora además que el gobierno garantice la “paz laboral” incluso con modificaciones legales al derecho de huelga.
Eso sin contar con la exigencia de una “carta de entendimiento” firmada por el gobierno nacional a fin de facilitar que UPM pueda salir al mercado internacional a la búsqueda de financiamiento para la hipotética nueva planta.
Cualquier parecido de esta carta de entendimiento con el descarado e ilegal intento de Aratirí en 2014 de que se le firmara un contrato de explotación previo al otorgamiento de las autorizaciones ambientales a fin de permitirle obtener la financiación internacional de su proyecto, lo que estuvo a punto de ser aceptado por el gobierno, NO son pura coincidencia.
Ambos caso reflejan la necesidad de financiamiento que, salvando las distancias, tenía Minera Aratirí SA y que tiene UPM. Nos muestran además la importancia en el mercado financiero del respaldo o al menos la aceptación por parte de los estados nacionales.
Todo esto debiera de ser suficiente para entender que las empresas necesitan tanto o mas de los estados de lo que los estados pueden necesitar de ellas y discutir las condiciones de instalación en pié de igualdad.
Hoy la manifiesta voluntad del gobierno para ”lograr la instalación”
de otra planta de UPM indicando que se “procurará darle todo lo posible” hace a las negociaciones todo menos
balanceadas.
En este punto sería fácil parafrasear a Artigas sobre el vil precio de la necesidad, pero quizá sea mejor repasar que nos ofrece UPM con la nueva planta.
Lo primero, un gran BOOM, durante los 2 años de la construcción de la planta, que el gobierno ubica en 2018 y 2019, con picos que en un principio se estimaron en 6000 trabajadores pero que algún tipo de “inflación laboral” ha elevado hoy a 8000.
¿8000 qué? ¿Empleos? O más bien changas y trabajos temporales.
Seguramente algo muy parecido al baño del papa en una “remake” de lo que ya vimos en Fray Bentos primero y en Conchillas después.
Pasado ese corto período, lo que queda es una planta operando en régimen de zona franca, por lo que no paga impuestos, haciendo que los beneficios económicos para el país de la cadena forestal terminen efectivamente en la puerta de la fábrica. Eso salvo por los sueldos del personal de la planta que no superaría las 500 personas, o sea un número similar a los que empleaba FANAPEL en Juan Lacaze y que hoy están en el seguro de paro. Como beneficio colateral y tomando en cuenta lo que Uruguay le exporta hoy a las zonas francas de Montes del Plata y UPM, podríamos esperar además una compra de insumos para la nueva planta por unos 20 millones de dólares anuales, la mitad de ello en forma de Fuel Oil que las plantas le compran a ANCAP.
Nada más.
Se me ocurren un par de preguntas ¿Vale la pena ceder tanto para recibir tan poco por la producción de una materia prima en la que tenemos ventajas comparativas?
¿Cómo se justifica otorgar los beneficios de zona franca a una industria hoy altamente rentable y que hace uso directo de recursos nuestros, que no abundan en el mundo?
Ni siquiera se habla de exigir que el proceso de producción de la celulosa sea libre de cloro como se hace en Chile o que el uso del agua sea en circuito cerrado atendiendo a que el Río Negro tiene un caudal 7 veces menor que el Uruguay.
Sin embargo, a pesar de todo lo que haga desde aquí para facilitar que una nueva planta se instale en Uruguay, algo que la empresa se había negado a considerar en 2014, cuando visitó Finlandia el entonces Presidente José Mujica, (10) la instalación dependerá de las condiciones del mercado mundial en términos de producción, demanda y precios ya que la empresa debe rendir cuentas a sus accionistas.
Veamos que en 2016 la capacidad mundial de producción de pasta de celulosa se incrementó en 2.7 millones de toneladas, casi un millón de toneladas más que el incremento del consumo. Solo en Brasil se espera se aumente la producción anual de los 7.4 millones de toneladas anuales de hoy a mas de 20 millones en pocos años.
En algunos ambientes ya se prenden luces amarillas ante la posibilidad de una sobreproducción que pudiera afectar los precios hoy controlados por un pequeño grupo de megaempresas, entre ellas UPM.
Justamente, esta UPM que nos Pide Mucho, pero que plantea dejarnos muy poco.
En este punto sería fácil parafrasear a Artigas sobre el vil precio de la necesidad, pero quizá sea mejor repasar que nos ofrece UPM con la nueva planta.
Lo primero, un gran BOOM, durante los 2 años de la construcción de la planta, que el gobierno ubica en 2018 y 2019, con picos que en un principio se estimaron en 6000 trabajadores pero que algún tipo de “inflación laboral” ha elevado hoy a 8000.
¿8000 qué? ¿Empleos? O más bien changas y trabajos temporales.
Seguramente algo muy parecido al baño del papa en una “remake” de lo que ya vimos en Fray Bentos primero y en Conchillas después.
Pasado ese corto período, lo que queda es una planta operando en régimen de zona franca, por lo que no paga impuestos, haciendo que los beneficios económicos para el país de la cadena forestal terminen efectivamente en la puerta de la fábrica. Eso salvo por los sueldos del personal de la planta que no superaría las 500 personas, o sea un número similar a los que empleaba FANAPEL en Juan Lacaze y que hoy están en el seguro de paro. Como beneficio colateral y tomando en cuenta lo que Uruguay le exporta hoy a las zonas francas de Montes del Plata y UPM, podríamos esperar además una compra de insumos para la nueva planta por unos 20 millones de dólares anuales, la mitad de ello en forma de Fuel Oil que las plantas le compran a ANCAP.
Nada más.
Se me ocurren un par de preguntas ¿Vale la pena ceder tanto para recibir tan poco por la producción de una materia prima en la que tenemos ventajas comparativas?
¿Cómo se justifica otorgar los beneficios de zona franca a una industria hoy altamente rentable y que hace uso directo de recursos nuestros, que no abundan en el mundo?
Ni siquiera se habla de exigir que el proceso de producción de la celulosa sea libre de cloro como se hace en Chile o que el uso del agua sea en circuito cerrado atendiendo a que el Río Negro tiene un caudal 7 veces menor que el Uruguay.
Sin embargo, a pesar de todo lo que haga desde aquí para facilitar que una nueva planta se instale en Uruguay, algo que la empresa se había negado a considerar en 2014, cuando visitó Finlandia el entonces Presidente José Mujica, (10) la instalación dependerá de las condiciones del mercado mundial en términos de producción, demanda y precios ya que la empresa debe rendir cuentas a sus accionistas.
Veamos que en 2016 la capacidad mundial de producción de pasta de celulosa se incrementó en 2.7 millones de toneladas, casi un millón de toneladas más que el incremento del consumo. Solo en Brasil se espera se aumente la producción anual de los 7.4 millones de toneladas anuales de hoy a mas de 20 millones en pocos años.
En algunos ambientes ya se prenden luces amarillas ante la posibilidad de una sobreproducción que pudiera afectar los precios hoy controlados por un pequeño grupo de megaempresas, entre ellas UPM.
Justamente, esta UPM que nos Pide Mucho, pero que plantea dejarnos muy poco.
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