La empresa Aratirí, que hace cuatro años y medio
presentó el primer proyecto minero para extraer hierro a
cielo abierto en Uruguay, desistiría de llevar adelante su
apuesta por el país.
Luego de años de prórrogas, cambios
en las normas y negociaciones para firmar el contrato con
el gobierno, que nunca se concretó, la minera también
estaría estudiando la opción de llevar a cabo un juicio
contra el Estado, según afirmaron algunas
fuentes.
Tanto el gobierno como los trabajadores y los
ambientalistas coinciden en la falta de experiencia e
incumplimiento de lo acordado por parte de la multinacional.
“El gobierno y el grupo minero Zamin Ferrous
unirán esfuerzos en el desarrollo del
primer puerto de aguas profundas del Cono
Sur, a construirse en la costa oceánica uruguaya.
Las exportaciones de mineral de hierro podrían convertirse en la plataforma para
concretar la construcción de dicho puerto
con proyección regional para el hinterland
del Río dela Plata”, expresaba un comunicado
de Presidencia dela República enjulio de
2012.
El entonces presidente y actual senador,
JoséMujica,defendía la minería de gran porte para
“mejorar la vida en Uruguay”y hacía
hincapié en la necesidad de que el país explotara sus yacimientos de hierro respetando
el medio ambiente.
El proyecto, junto con el
desarrollo del puerto de aguas profundas,
había sido definido por el exmandatario
como“la decisión de política exterior más importante
de este gobierno”.
El plan minero y el puerto de aguas profundas,
dos grandes prioridades impulsadas
fervientemente por el gobierno de Mujica
que al parecer no verán la luz -para Vázquez
“no sería redituable”-, están estrechamente
relacionadas,puesto que la exportación de 18
millones de toneladas de mineral de hierro
por año,requiere de un puerto de aguas profundas
que pueda recibir buques de hasta 19
metros de calado. Esta visión se contrapone
con la de algunos expertos que consideran
que el proyecto no requiere de un puerto de
esa envergadura sino apenas una terminal,
lo que es sustancialmente distinto, dado que
tiene una menor afectación ambiental que
un puerto.
Hasta mediados del 2014, Mujica todavía
creía que el negocio con la minera Aratirí dejaría
cerca de 1.000 millones de dólares por
año al país.También exhortaba a la población
-sobre todo a los ambientalistas- a confiar en
lo que dispusiera la Dirección Nacional de
Medio Ambiente (Dinama), que nunca llegó
a otorgar la habilitación ambiental a la empresa.
Según pudo saber CRÓNICAS, la autorización
ambiental para la terminal estaba
prácticamente lista cuando al equipo cercano
a Mujica se le ocurrió cambiar la ubicación.
Los retrasos para comenzar con este emprendimiento
se dieron prácticamente desde
el inicio.
Fuentes de la empresa dijeron que Aratirí
contestó más del 90% de las solicitudes adicionales de información,pero esto no
fue suficiente para la Dinama.
También
se postergó
por el debate de una ley de minería de gran
porte -que aumenta los impuestos al sector y
que finalmente fue aprobada-,así como el rechazo
de parte dela oposición a este proyecto,
el desplome del hierro y problemas de
Zamin Ferrous en otros países.
Estos factores
dificultaron la firma del contrato con la minera,
que nunca se pudo concretar.
Desde el 2011, año en que la empresa presentó
al gobierno su primer proyecto, hubo
muchas idas y vueltas por que las partes no se
ponían de acuerdo.
Los planes eran incompletos o no presentaban las garantías necesarias, según nuestras
normas, y las negociaciones eran inconclusas.
Fue por esto que en varias instancias
se tuvo que recurrir al Parlamento para que
votara una prórroga para continuar las tratativas
y lograr un acuerdo de extracción de
hierro.
“A ningún otro proyecto se le pidieron tantos
detalles. La información presentada es
mucho más completa que la de Botnia,Montes
del Plata, la Regasificadora y el Puerto de
Aguas Profundas. Incluso estuvo por encima
de los estándares de Suecia, Noruega y Australia”,
dijo a CRÓNICAS un experto que siguió
de cerca el tema.
Como se vencieron los plazos legales y el
contrato nunca se firmó, Minera Aratirí SA
piensa sustituir el nombre de Pramod Agarwal,
fundador de Zamin Ferrous, y sus representantes,
por los de los integrantes de
Aurum Ventures en su Directorio.De hecho,
en el último documento entregado a la Dinama,
integrantes de esta empresa figuran
como los nuevos responsables de la minera,
según a firmó a CRÓNICAS,Raúl Viñas,uno
de los representantes del movimiento ambientalista
Uruguay Libre de Megaminería.
Aurum Ventures es una compañía de origen
hindú (Bombay) que se dedica a invertir
en distintos tipos de proyectos como los inmobiliarios
o de energías renovables, pero
con muy poca experiencia en el sector minero.
Viñas planteó serias dudas sobre la verdadera razón del nterés de AurumVentures en
desarrollar el proyecto en nuestro país, y
propuso revisar las inversiones de “dudosa
credibilidad”, declaradas por Aratirí.
Hasta finales de febrero hay tiempo para
llegar a un acuerdo con la empresa o que se
presente un nuevo interesado en explotar los
yacimientos.Si esto no ocurre,el Estado tiene
la facultad de adquirir la información de la
empresa, que consta de los estudios realizados sobre las canteras.
Sila actual administración decide
comprar los datos, sostuvo el vocero,es oportuno conocer su valor,basado en
los montos que Aratirí dice haber invertido
en Uruguay para obtenerlos.
Según los documentos oficiales entregados
ala Dinama en octubrede2011,Aratirí había
invertido 60 millones de dólares.Pasados tres
meses de aquella declaración, con todo su
personal en seguro de paro y finalizadas las
actividades de exploración, la empresa dijo
que el monto total invertido hasta ese momento
era de 170 millones de dólares. Luego
de un año con las actividades totalmente paralizadas,
declaró que llevaba invertidos
unos 250 millones de dólares.
Según pudo saber CRÓNICAS,a esa cantidad
la empresa llega sumando adquisición
de tierras, estudios hechos en Uruguay y en el extranjero. “En muchos casos, el dinero
ni siquiera pasa por Uruguay como en el
caso de la contratación de Sandwell”, expresó
un experto.
Por su parte, Viñas recordó que hasta el
2014 no se volvió a hablar al respecto. Ese
año,Mujica y el senador del Movimiento de
Participación Popular (MPP), Ernesto
Agazzi, se refirieron al tema en la prensa,
donde expresaron que la inversión total realizada por Aratirí era de300 millones de dólares.
Luego el ambientalista se cuestionó: “¿Cómo fue posible llegar a esta cifra, que era
cinco veces mayor que la del primer documento
presentado?
A partir de esa inversión
se puede determinar el valor de la información que podría comprar el Estado.
Sin oportunidades de
concretar e l negocio y perdiendo
los derechos mineros -por no firmar contrato-,
yo me pregunto si no será la venta de
esa información la razón por la que Aurum
Ventures ha tomado el control de Aratirí”.
Más cambios, menos
inversores
Según afirmaron a CRÓNICAS fuentes
oficiales, cuando el gobierno pretendía sacar
adelante el proyecto minero -el expresidente
JoséMujica y algunos integrantes del Ministerio
de Economía-, desde algunos organismos de la propia administración hacían
todo
para ponerle escollos en el camino.
El proyecto tuvo sus inicios en el año 2009,
donde ingresó bajo la ley de Iniciativa Privada
y el decreto reglamentario entonces vigente,
que tiene importantes beneficios. Sin
embargo,se llevaron a cabo muchos cambios
por parte del gobierno,incluso sin precedentes
en nuestro país y catalogados como
insólitos por algunos analistas. Esto hizo que
los inversores se desalentaran para continuar
con el proyecto en territorio uruguayo.
El primer cambio consistió en la modificación
del decreto reglamentario de la Ley de
Promoción de Inversiones, que según las
fuentes consultadas, es mucho peor para los
inversores que el anterior. El segundo fue la
primera modificación del código minero que
incrementa el canon. El tercero, la ley de
Minería de Gran Porte, que deja sin efecto la
aplicación de la ley de Promoción de
Inversiones e incluye el IRAE y el Impuesto
de Minería de Gran Porte, un impuesto adicional;
es decir, agrega impuestos.
Otro cambio en las reglas de juego fue la interpretación
de un artículo de la normativa
sobre las autorizaciones ambientales.
Para la
exploración no se necesitaba autorización
ambiental previa, pero las nuevas autoridades
de la Dinama interpretaron, sin cambiar
el texto,lo contrario a aquello que redactaron
de la extracción de material para análisis,
cuando el espíritu de la norma era la comercialización,
pero la extracción de mineral
para muestra no es para comercialización.
Entonces se dijo que para ello se tenía que
haber pedido autorización ambiental previa,
cuando en realidad era una diferencia en la
interpretación de la norma. Con ese criterio,
según un analista consultado, todas las perforaciones
anteriores de todas las empresas
mineras estaban en falta. Para resolver este
problema, la Dinama le pidió a Aratirí que
solicitara retroactivamente autorización ambiental.
Era una recomendación de la Dinama,
Aratirí lo hizo, y luego ella sancionó a la
minera por haber pedido autorización ambiental
retroactivamente.
A su vez, Aratirí anunció al gobierno que
quería hacer el puerto en Puerta del Sol, al
este de El Palenque. ¿La razón? Según la información
que se disponía en ese momento,
por el tema batimétrico -la profundidad-, ese
parecía ser el lugar óptimo, incluso el diseño conceptual se hizo utilizando ese lugar.
El gobierno respondió que se hiciera en Las
Bases, zona situada entre La Esmeralda y La
Angostura, por un tema de Ordenamiento
Territorial y porque existe un predio grande
que pertenece al Estado y, por ende, se concesionaría
una pequeña parte para eso. La
empresa gastó varios millones de dólares en
estudios en esa zona.Pero después el gobierno
decidió impulsar el puerto de aguas profundas y que
tenía que trasladarse a El Palenque.
Incluso, hay un informe confidencial, según
supo CRÓNICAS, hecho a solicitud de
Mujica que tiene todo el detalle.
El ministro Rossi ya en el nuevo gobierno
volvió a liberar la ubicación y Aratirí decidió
retornar a La Angostura .El Ministerio de Defensa
negó la autorización. La negativa del
Ministerio de Defensa de no ceder la zona de
LaAngostura puede haber sido una decisión
enteramente política, sostuvo una de las
fuentes. No dependió del ministro Eleuterio
Fernández Huidobro,sino del segundo de la
cartera, Jorge Menéndez, quien formó parte
de la Comisión del Puerto de Aguas Profundas,
se jugó por ese lugar, y no quería que la
terminal de Aratirí fuera en otro sitio.
Acerca del futuro del proyecto,un allegado
al gobierno afirmó que es complicado.Aratirí
tenía un año para buscar un sucesor, pero
“nadie va a querer invertir después de tantos
cambios”, opinó.
Añadió que la empresa de capitales indios
Zamin Ferrous, quería un socio para encarar
el proyecto, pero nunca venderlo en su totalidad.
Al dueño le ofrecieron 1.800 millones
de dólares por el 100% del proyecto, pero
este entendía que vale -por el valor presente
neto- 3.800millones y no aceptó la oferta. De
todas formas,él solo hubiera vendido el 50%.
Inexperiencia minera
Una fuente activa del sector cercana al proyecto,
que prefirió mantener el anonimato,
indicó que en el país hay mucho más hierro
de lo que se pensaba y que los recursos son
descomunales y las reservas son importantes.
Las reservas mínimas calculadas al principio del proyecto eran de700millones de
toneladas
de hierro, pero en realidad son muchísimo más altas
que esas .En la zona de Isla
Cristalina, en Rivera, hay más reservas que
en Valentines, incluso existe un tercer yacimiento
del que no se habla hasta ahora, aseguró.
Consultado acerca del impacto de la baja
del precio del hierro en la caída del emprendimiento,
explicó -a diferencia de otros analistas-
que el proyecto no se rige por el valor
actual del hierro sino por el valor futuro,para
lo cual hay empresas que hacen previsiones
de precios. Una de ellas es CRU (CommoditiesResearchUnit) en cuyas predicciones estaba previsto
que el hierro iba caer, y eso estaba
dentro de las previsiones del proyecto.
Sin embargo, estimó que el plan no se va a
llevar a cabo porque con la ley actual es imposible
y hay que cambiarla. “Nadie va a hacer
una inversión en Uruguay en minería
por dos motivos:la ley es muy mala y el Estado
no ofrece garantías. Esto ya se sabe en
todo el mundo.
La inexperiencia de nuestro
país en materia minera fue fundamental en
los errores que tiene la ley. Es producto de
inexperiencia y obvia subestimación dela tarea,
pero con gente honesta”, remarcó la
fuente.
Por otro lado, uno de los cambios de la ley
surgió porque el entonces asesor presidencial
Pedro Buonomo entendía que un 38% iba
para el Estado y el restante 62% se quedaba la
empresa -como resultaba de la modelación
con la legislación anterior-, y que eso era insuficiente.
Buonomo dijo que tenía que ser 50-
50%, lo que es una estimación, dado que depende
del precio del hierro, entre otras variables,
según un experto consultado sobre el
tema. Pero con ese espíritu del 50% empezó a
trabajar elMinisterio deEconomía yFinanzas.
Varios expertos que analizaron la ley llegan
por distintas vías a la conclusión de que el
50/50 no se da, sino que la aplicación de la ley
podría resultar, dependiendo del precio del
hierro, en un 70% para el Estado y un 30%
para la empresa. Incluso,algunos de ellos manejan
para este caso el término “expropiación”.
Una cuestión es el canon y otra los impuestos,señaló un analista a CRÓNICAS.Algunos
legisladores hacen referencia a que Uruguay
solo retendría el 5% y que el95% se lo llevaría
la empresa. La información, según la fuente,
es incompleta. Una cosa es el canon y otra los
impuestos, es decir, hayimpuestos que se pagan
yhay costos -hay que pagar BPS, salarios,
luz, agua-, explicó.
Zamin tuvo la oportunidad de asociarse a
tres empresas productoras de acero que se
sentían rehenes de los precios impuestos por
las grandes productoras.
Una era de Chile,
otra de China y una de Estados Unidos.Incluso,
estaban analizando industrializar el hierro
en Uruguay,pero renunciaron a ello desalentados
por la ley.
CRÓNICAS consultó también a Fernando
Puntigliano,quien decidió dejar Zamin en julio
de 2014 y que en general prefiere no hacer
declaraciones. Después de muchos intentos
para recoger su opinión,se limitó a afirmar:“si
hubiera funcionado la asociación, hoy tendríamos
un “proyectazo” en marcha, porque
el proyecto de SNC-Lavalin para Valentines
está muy bien diseñado y tiene un alto reconocimiento
internacional”.
Otras fuentes dijeron que si bien el gobierno
cometió muchos errores, habría que buscarle
una solución al tema porque el proyecto “es
muy bueno para el país”.
Sostuvieron que lamentablemente
“con esta administración de
gobierno no cambió nada, porque Vázquez
está en una situación política interna muy
complicada como para meterse en este tema”,
y adelantaron que de no haber cambios,el juicio
de Aratirí al Estado sería inevitable, y por
cifras millonarias.
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