LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE SALUD DEL ESTADO
Fue una compra directa en Hospital de Río Branco; auditoría de edificios da cuenta de varias irregularidades.
La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) pagó 2.710.352 pesos por un sobretecho para el Hospital de Río Branco. La obra se finalizó en julio de 2013 y apenas un mes después se voló con un temporal, provocando la inundación de varios servicios, entre ellos la sala de partos, así como daños en varios equipamientos. La información corresponde a una auditoría interna que ASSE hizo en la División Arquitectura, a la que accedió El País.CARLOS TAPIA10 ene 2016
Sobre el Hospital de Río Branco el informe también añade que por la inundación se vieron afectadas las conexiones eléctricas al punto de que estas presentaban "graves deficiencias que no permiten un adecuado funcionamiento del Hospital".
La auditoría advierte que al volarse el sobretecho la segunda etapa de la obra se vio encarecida al punto de que costó algo más que el doble, 6.119.716 pesos, además de que hubo que hacer arreglos en las conexiones eléctricas por un monto de 2.649.657 pesos.
Todas las obras se hicieron por contratación directa, según el documento, "luego de que fracasaran los procedimientos licitatorios". La auditoría también señala que las dos obras se llevaron a cabo sin contar con la habilitación municipal.
En negro.
La auditoría da cuenta también de una serie de irregularidades en otras unidades ejecutoras de ASSE. Por ejemplo, en el Hospital de Minas se advierte que un "analista" cumple la función de Gerente Financiero dentro de la Comisión de Obras, sin que esté legalmente contratado para esto. Incluso, señala que por el trabajo percibe una suma de 4.000 pesos, la cual recibe "sin factura por concepto de honorarios", o sea que realiza esta labor en negro.
También señala que la transferencia de fondos para el pago de obras se hace a través de una cuenta del Banco Comercial que está a nombre del Ministerio de Salud Pública (MSP), lo que da cuenta de una irregularidad pues se supone que ASSE es un prestador de salud más que debe ser controlado por la cartera, y no parte de esta.
En cuanto a la Comisión de Obras del Hospital de Paysandú, la auditoría advierte que en este centro "no se cumple lo establecido en la normativa, en relación a los registros contables, balances auditados, entre otros, ya que los mismos no se realizan".
El informe cita al mismo director de este centro confesando que para las obras que se han realizado allí no se cuenta con constancia de inscripción de los trabajos en el Banco de Seguros del Estado (BSE), ni de habilitación por parte de la Intendencia.
Conclusiones.
El documento plantea una serie de conclusiones de cómo funciona la División Arquitectura de ASSE. En esta se advierte que se han ejecutado obras que "no fueron aprobadas por las autoridades correspondientes", que no existe "un relevamiento de la totalidad de metros cuadrados construidos", y que recién a noviembre del año 2013 se ejecutó el 92% de las obras que habían sido planificadas para 2011, con un costo real que superó en 350.323.777 pesos el costo estimado.
También se advierte que "en la mayoría" de las rendiciones de cuentas que fueron analizadas, "no se encontraron registros contables que respalden los movimientos incluidos en las mismas", al tiempo de que la propia auditoría interna, señala "la dificultad en el acceso y la escasez de información relacionada al proceso de obras".
Esta auditoría es la tercera que sale a la luz, luego de una interna y otra externa que analizaban la situación de las empresas tercerizadas que trabajan para ASSE. En ellas se daba cuenta de empleados en negro o que se aportaba menos de lo correcto al Banco de Previsión Social (BPS), además de que salieron a la luz varias contrataciones irregulares.
Obras sin inscribirlas en BPS ni en intendencias.
La auditoría interna de la División Arquitectura de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), da cuenta en sus conclusiones de que la mayoría de las obras que se han llevado a cabo, lo han hecho sin la debida inscripción del Banco de Previsión Social (BPS) y sin ser autorizadas por las intendencias correspondientes. La auditoría externa sobre las empresas tercerizadas, en tanto, también daba cuenta de que varias de estas tenían a sus trabajadores en negro.
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