Declaración de Uruguay Libre

SIN CONTRATO CON ARATIRÍ, EL GOBIERNO INSISTE EN PROYECTOS SIMILARES

Tras el nuevo fracasó de la firma de un contrato de inversión con Aratirí, por la imposibilidad de la minera de cumplir con las condiciones básicas para concederle la explotación del hierro de Valentines, el gobierno nacional mantiene la expectativa en estos proyectos que implican, sin mínimas contrapartidas, altísimos riesgos para la integridad del territorio nacional.

“Si no está la autorización ambiental no se firma ningún contrato. La Ley de Minería de Gran Porte es clara en ese sentido: tiene que estar la autorización”, dijo la ministra de Industria, Carolina Cosse. Sin embargo, informaciones de la prensa revelaron que el Poder Ejecutivo admitió hasta último momento la posibilidad de eludir ese requisito para firmar el contrato con Aratirí y no era el único aspecto legal pendiente para concederle a la minera la explotación solicitada.

Como proyecto de minería de gran porte, la empresa debe fijar la fecha y los plazos para el inicio y la realización de la actividad extractiva, presentar un plan de negocio viable y, como garantía del cumplimiento del contrato, efectuar un depósito del 5% de la inversión comprometida, unos 150 millones de dólares estadounidenses, si nos atenemos a los anuncios de Aratirí.

El gobierno nacional no ha querido admitir que el proyecto de Aratirí es inviable económicamente porque fue concebido para una coyuntura de alza excepcional del precio del hierro que ya pasó.

Desde hace más de un año, Aratirí no paga la servidumbre minera o el canon a los propietarios de los campos afectados por sus actividades. Ahora se suma el conflicto porque no cumple tampoco con el pago del despido a un personal que mantuvo casi cuatro años en el Seguro de Paro, cuando el plazo para los trabajadores de cualquier actividad son seis meses.

Uruguay Libre se solidariza con los trabajadores de Aratirí despedidos, que son víctimas no solo de la empresa sino también de las políticas de un gobierno que se desentiende de la generación de empleo genuino, de calidad y duradero, y la sustituye por falsas expectativas de ocupación en actividades meramente extractivas e inversiones extranjeras de carácter especulativo.

Es impensable que una empresa que prometió inversiones de miles de millones de dólares y que pretende firmar un contrato con el Estado, pero que no cumple con sus obligaciones más elementales, pueda ofrecer las mínimas garantías, y no solo económicas, necesarias para que se le conceda la explotación del yacimiento de Valentines.

Es preocupante que la ministra de Industria no haya hecho ninguna referencia a estos aspectos y no puede ser un simple olvido. En una entrevista de prensa, Cosse admitió que están evaluando la posibilidad de eximir del pago del canon a la empresa Orosur que explota el yacimiento de oro en Minas de Corrales. Sería regalar simplemente a un privado el patrimonio nacional.

La preocupación se refuerza cuando el mismo ministerio se ha resistido a cumplir con decisiones de la Justicia para transparentar a la población sus procedimientos y, acompañado por Aratirí, ha dilatado desde hace un año un fallo inapelable que le obliga a entregar esa información.

Hemos demostrado, y nadie ha rebatido hasta hoy, que el proyecto de Aratirí no es viable, no dejaría beneficios económicos al país, no generaría desarrollo y solo crearía una limitada oferta de trabajo altamente insalubre y por menos de 15 años, dejando grandes pasivos ambientales.

La reciente catástrofe de un proyecto más chico en Brasil muestra los peligros a que se expondría Uruguay. El derrame de Samarco provocó la muerte de unas 25 personas y sepultó a un poblado de 600 personas a 2,8 kilómetros del dique. El lodo mató flora y fauna en un área equivalente a medio Uruguay. En 15 días, el lodo recorrió 650 kilómetros de los ríos Piracicaba y Doce hasta llegar al Océano Atlántico, destruyendo la vida a su paso y causando la suspensión del suministro de agua potable en decenas de poblados, afectando a unas 250 mil personas.

Uruguay Libre propone prohibir la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional por ser inapropiada para las características, las dimensiones y la preservación de nuestros bienes naturales, que hoy generan riqueza de forma sustentable. Por estas razones, hoy más que nunca, seguiremos recogiendo firmas para promover un plebiscito nacional donde sea el pueblo uruguayo quien decida si quiere o no estos proyectos de desarrollo en el país.

URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA

26 de noviembre de 2015.

sINDICALEs

El día que mataron a las Mirabal

La historia del trágico asesinato de tres hermanas al norte de República Dominicana.

Por: Sorayda Peguero Isaac

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Pedro Genaro Rodríguez.

Las facultades adivinatorias de Mercedes Reyes (doña Chea) eran conocidas por toda la familia. Lo que doña Chea anunciaba, decía Dedé —una de sus hijas—, “pasaba porque pasaba”. Tantas veces había aconsejado a Minerva: “Mi hija, te van a matar. El que ama el peligro, en él perece. Te van a desriscar por un barranco, te van a matar”. El 25 de noviembre de 1960, los fatídicos presagios de doña Chea se cumplieron. Al norte de La República Dominicana, en un precipicio de cientos de metros de profundidad, aparecieron los cuerpos sin vida de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal Reyes. Rufino de la Cruz, el chofer que las acompañaba, también fue asesinado.

Dieciocho meses antes del crimen (16 de mayo de 1960), el periódico El Caribe publicó una reseña que, en su primer párrafo, decía: “El padre de la Patria Nueva, Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, hizo hoy trascendentes declaraciones a la prensa; en las cuales denunció las actividades clandestinas a que se han estado dedicando algunas personas en ciudades y secciones del Cibao”. La reseña afirmaba que el dictador incluía a las hermanas Mirabal en la lista de “destacados comunistas” que conspiraban contra su régimen.

Bélgica Adela Mirabal Reyes (Dedé) recordaba el 13 de octubre de 1949 como la fecha que marcó a su familia con el signo de la desgracia. La familia Mirabal fue invitada a una de las famosas fiestas organizadas por Trujillo. Patria y Dedé asistieron junto a sus esposos, acompañadas por su hermana Minerva y por Enrique Mirabal, padre de las hermanas. Viajaron desde Ojo de Agua —localidad de la actual provincia Hermanas Mirabal— hasta la Hacienda Borinquen, en Hatillo, un pueblo de la provincia de San Cristóbal. La familia Mirabal no era simpatizante del régimen. Doña Chea no quería que sus hijas fueran a la fiesta. Las atenciones del dictador le daban mala espina, pero para nadie era un secreto que rechazar una invitación de Trujillo podía ser peligroso. —Hay que ir— dijo Enrique Mirabal.

Aquella noche, un hombre se acercó a la mesa de los Mirabal y pidió permiso para bailar con una de las muchachas. Minerva se negó. —Yo no sé bailar— pretextó Patria. La acuciante insistencia del individuo hizo que Minerva acabara accediendo a su petición. El hombre la condujo hasta la pista. Bailaron durante poco rato, el tiempo suficiente para que el emisario cumpliera con su encomienda: entregar la mano de Minerva Mirabal a Trujillo. La orquesta tocaba un merengue tras otro. Bailaron un set completo que, para Minerva y su familia, se hizo interminable. Al final de cada pieza, el dictador se quedada esperando que sonaran los acordes de la siguiente canción. En aquella época la gente hablaba con miedo y discreción sobre las artimañas empleadas por Trujillo para embaucar mujeres. Decían que el dictador ofrecía una copa a las muchachas que bailaban con él, y que no se trataba de una bebida ordinaria, decían que era una droga que las sometía a su voluntad. Minerva tenía veintidós años. Atormentados con la idea de que el tirano pudiera drogarla, su padre, sus hermanas y sus cuñados se mantenían vigilantes. Con los ojos fijos en la pista de baile, en cada movimiento de los labios, en cada gesto. Era una escena aborrecible, una imagen que no hubieran querido ver nunca: Minerva bailando con Trujillo.

Trujillo y Minerva conversaron:

— ¿Usted tiene novio? — preguntó el dictador.

— No — respondió ella.

— ¿Y a usted no le interesa mi política, o no le gusta?

— No, no me gusta —

Trujillo trató de disuadirla. — ¿Y si yo mando a mis seguidores a conquistarla?

— ¿Y si yo los conquisto a ellos? Espetó Minerva, desafiante.

Bailaron hasta que Minerva le expresó a Trujillo su deseo de regresar a la mesa. Le dijo que estaba cansada.

—¿Dónde está la joven Mirabal?— preguntó el dictador más tarde. Cuando Trujillo pedía algo, su corte de secuaces se ponía en marcha. La buscaron por toda la finca. No la encontraron. Los Mirabal incurrieron en una falta grave: abandonaron la fiesta antes que Trujillo. Esa misma noche regresaron a Ojo de Agua, el pueblo natal de las Mirabal. A escasas horas del incidente, y aconsejado por un enviado de las autoridades, Enrique Mirabal escribió un telegrama para presentar sus disculpas al dictador. No sirvió de nada. Tres días más tarde, y con el pretexto de realizar unas investigaciones, el padre de las Mirabal fue detenido. Veinticuatro horas después, la familia Mirabal volvió a recibir la visita de los militares del régimen; esta vez detuvieron a Minerva. A partir de ese momento, y aunque al cabo de seis días fueron puestos en libertad, la familia Mirabal permaneció vigilada, sufrió el acoso constante de la dictadura y fue víctima de una de las practicas recurrentes del régimen: el despojo ilegal de propiedades. Minerva y María Teresa fueron arrestadas varias veces. A oídos del tirano llegaron rumores de que Minerva era anti-trujillista. Para algunos, la invitación a la fiesta fue una provocación, un gesto mal intencionado, una trampa. La actitud de Minerva pudo confirmarle al dictador que las informaciones que había recibido eran ciertas. Y no sólo eso, dejándole claro a Trujillo que no le interesaba como político, ni como hombre, Minerva Mirabal había clavado una estaca en su ego.

Trujillo era “el jefe”, el “padre y benefactor de la patria nueva”. Durante los años de su dictadura la capital del país (Santo Domingo) cambió de nombre, entonces se llamaba Ciudad Trujillo. La República Dominicana se convirtió en una finca de su propiedad. Cientos de estatuas reproducían su imagen. Las calles, los puentes, las instituciones públicas, la montaña más alta del territorio dominicano, casi todo le pertenecía a él, casi todo llevaba su nombre o el de un miembro del clan Trujillo. El culto a su persona alcanzaba niveles absurdos. “Dios en el cielo y Trujillo en la tierra”, enunciaba una de las consignas popularizadas por el régimen. Con el paso de los años se invirtió el orden de la frase: el nombre de Trujillo se antepuso al de Dios. Minerva Mirabal desafió a uno de los dictadores más temidos y crueles de Latinoamérica. Un hombre acostumbrado a la adulación constante y a emplear los métodos más perversos para obtener cualquier cosa que se propusiera.

El 9 de enero de 1960 tuvo lugar la primera reunión del Movimiento Revolucionario 14 de Junio. La organización operaba de forma clandestina y contaba con pequeñas células que se extendieron progresivamente por todo el país. Minerva Mirabal y Manolo Tavárez (su esposo) eran miembros fundadores de este movimiento. Sus hermanas, Patria y María Teresa, y sus cuñados, Pedro González y Leandro Guzmán, también se comprometieron con la causa. Derrocar la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, aprobar una nueva constitución y celebrar elecciones libres eran algunos de los objetivos de la organización.

Los esbirros del dictador no tardaron en tomar medidas. La mayoría de los jóvenes involucrados con el movimiento revolucionario fueron perseguidos, encarcelados y torturados, física y psicológicamente. Minerva y María Teresa guardaron prisión en una de las cárceles más horrendas de la dictadura: La Cuarenta. Junto a ellas, fueron apresadas cinco mujeres que también eran opositoras del régimen. Las forzaron a presentarse desnudas delante de sus compañeros y las obligaron a presenciar las sesiones de torturas en las que éstos eran sometidos a crueles vejaciones.

El atentado orquestado por Trujillo para acabar con la vida del presidente venezolano Rómulo Betancourt (24 de junio de 1960), atrajo la atención de La Organización de los Estados Americanos (OEA). Trujillo empezó a sentirse presionado por el organismo internacional, no quería emprender acciones que llamaran demasiado la atención. El 9 de agosto de 1960, Minerva y María Teresa, que habían sido condenadas a tres años de prisión, fueron puestas en libertad bajo régimen de arresto domiciliario. Sólo tenían permiso para visitar a sus esposos.

El 8 de noviembre de 1960, Manolo Tavárez y Leandro Guzmán, esposos de Minerva y María Teresa respectivamente, fueron traslados de la cárcel de La Victoria (Santo Domingo) a la cárcel de Puerto Plata (zona norte de República Dominicana). Pedro González (esposo de Patria) permaneció en la prisión de Santo Domingo. “Trasladaron a los esposos para matarlas”, presintió doña Chea.

Diez días después del traslado, Minerva y María Teresa fletaron un carro y viajaron acompañadas por un chofer, dos mujeres y la niña pequeña de María Teresa. Era la primera vez que podían ver a sus esposos en la cárcel de Puerto Plata. —Dedé, ¿ves? vinimos sanas y salvas— dijo María Teresa a su hermana cuando regresaron de la visita. “Las cosas se van a arreglar, porque nosotras vamos a estar con ustedes dos veces a la semana, vamos a estar cerca”. Las hermanas trataron de reconfortar a sus esposos con la idea de alquilar una casa en Puerto Plata. Se despidieron de ellos con la ilusión de acortar la distancia que los separaba y con la promesa de regresar el próximo día de visita: el viernes 25 de noviembre.

Era noche cerrada. Las manecillas del reloj marcaban más de la nueve. Las muchachas no llegaban. —Ya a mis hijas me las mataron. Ya esto es lo último. Quién sabe a dónde me las han tirado —decía doña Chea, entre sollozos, mientras palpaba con las yemas de sus dedos las cuentas de un rosario. Una vez más, doña Chea no se equivocó: El jeep en el que viajaban sus hijas fue interceptado por un Pontiac de color azul y blanco. En el kilómetro 3 1/2, en el puente Marapicá de Puerto Plata, vieron que Patria Mirabal salió corriendo de un vehículo, gritando desesperada: “¡Socorro, auxíliennos, son caliés y nos van a matar! ¡Avisen a los Mirabal que nos van a matar!” A pesar de que su esposo permanecía preso en Santo Domingo, y a pesar de que su madre le suplicó con lágrimas en los ojos que pensara en sus hijos, que no fuera, Patria insistió en acompañar a sus hermanas.

Durante el juicio a los asesinos (27 de junio-25 de noviembre de 1962), José Gabriel Pérez —un repartidor de medicamentos que fue testigo del asalto— declaró que uno de los hombres que participó en el asesinato caminó hasta donde estaba estacionado el camión que conducía. Los amenazó, a él y a los tres hombres que lo acompañaban: “Tengan mucho cuidado con hablar, porque si no se joden. Esto es muy delicado, yo voy a tomar la placa del camión por si acaso”. Después de intimidarlos, el hombre arrastró a la mujer que, sujetándose con fuerza al manubrio del camión, pedía auxilio. Los asesinos tenían órdenes estrictas de cometer el crimen y simular un accidente de tránsito: las mataron a palos. Ciriaco de la Rosa, uno de los cinco autores materiales del crimen, confesó: “Después de apresarlas las condujimos al sitio cerca del abismo, donde ordené a Rojas Lora que cogiera palos y se llevara a una de las muchachas. Cumplió la orden en el acto y se llevó a una de ellas, la de las trenzas largas (María Teresa); Alfonso Cruz Valerio eligió a la más alta (Minerva), yo elegí a la más bajita y gordita (Patria), y Malleta al chofer (Rufino). Ordené a cada uno que se internara en un cañaveral a orillas de la carretera, separados todos para que las víctimas no presenciaran la ejecución de cada una de ellas”.

Era una tarde de domingo. Los niños jugaban en el patio frontal de la casa. De repente, una retahíla de insultos llamó la atención de doña Chea. “Mamá Chea es bruja”, murmuraban a veces sus nietos. La abuela podía salir inesperadamente de cualquier rincón, con el rosario en una mano y un cinturón en la otra, sin hacer el más mínimo alarde. Doña Chea caminó hasta al garaje, sigilosa, con toda su calma. Allí descubrió que sus nietos habían estado bombardeando a la gente que pasaba por la carretera con cáscaras de mandarinas. Un camionero montó en cólera. Se apeó del vehículo y comenzó a lanzar improperios contra los niños. La abuela trató de disculpar la travesura: “Es que ellos son medio locos porque a sus mamás se las mataron cuando estaban chiquitos”. Jacqueline perdió a María Teresa, Minou y Manolito a Minerva. Nelson, Noris y Fidel, a Patria. Los seis quedaron huérfanos de madre el mismo día. El día que mataron a las Mirabal, a las mariposas —como eran llamadas y como aún se las recuerda— doña Chea cerró la puerta principal de su casa. No volvió a abrirla nunca más. Veinte años de luto. Veinte años que le pesaban en los parpados, en los hombros, en las piernas y el pecho. Era tanto dolor, era tan grande la pena, que no se explicaba cómo podía seguir viviendo. Doña Chea no fue a la misa, no fue al entierro. Tampoco visitó las tumbas de sus hijas. “Nunca voy al cementerio, porque yo espero que vuelvan”, decía. 

La mayoría de los datos históricos incluidos en este artículo, provienen de las memorias recogidas por Dedé Mirabal en el libro “Vivas en su jardín”.

sorayda.peguero@gmail.com

Mas de ANCAP

Investigación en la UdelaR pone de manifiesto irregularidades en prospecciones de Ancap

El Telégrafo, Paysandú, 22/11/15.

A comienzos de la década de 2000, Ancap inició un proceso de exploración de hidrocarburos offshore (mar adentro), así como onshore (en tierra), bajo la firma de diversos contratos con empresas especializadas incluso en una posible explotación del producto.

Así comenzó la delimitación en tierra de las áreas conocidas como “bloques”, que en el caso de Paysandú se ubicó al Este del departamento, y la tarea quedó a cargo de la firma estadounidense Schuepbach Energy, especializada en la técnica de fractura hidráulica o fracking.

Ante este hecho, grupos de la sociedad civil organizada alertaron sobre los riesgos que implicaría la instrumentación de esta técnica para el Acuífero Guaraní, mientras constataban la contaminación con gas y petróleo en experiencias realizadas en otros países. La movida social se transformó en una campaña de concientización basada en charlas y conferencias, hasta avanzar en la declaración de la Junta Departamental de Paysandú, que prohibió el desarrollo del fracking en el departamento y --según sus impulsores-- tendría fuerza de ley para frenar efectivamente la mencionada técnica.

El movimiento local obtuvo una respuesta del ente estatal en julio de 2013, con la presencia del gerente general de exploración y explotación de Ancap, Héctor de Santa Ana --quien negoció los contratos con las empresas que finalmente firmó el organismo-- en el marco de una audiencia pública efectuada en el Centro Universitario de Paysandú, donde aseguró que no se iba a utilizar dicha técnica. Sin embargo, tal afirmación fue cuestionada por la sociedad civil organizada y los activistas, quienes sostuvieron que los contratos firmados habilitaban explícitamente el uso del fracking.

DE SANTA ANA Y VEROSLAVSKY

De Santa Ana se desempeña como jerarca de la División Planificación y Desarrollo de Ancap, es doctor en Geología, profesor adjunto de la Cátedra de Sedimentología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (UdelaR) y además es socio junto a su sobrino, Gerardo Veroslavsky, en las mineras Edowel S.A y Exploraciones Mineras SRL, empresas que habitualmente ganan las licitaciones en Ancap.

La vinculación de Santa Ana con estas empresas --un factor que contradice las normativas vigentes que impiden a un funcionario público realizar un contrato con el Estado-- no resultaron evidentes desde el principio, sino que surgieron a raíz de una investigación que la Facultad de Ciencias llevó adelante contra el docente Veroslavsky, quien no cumplía con su trabajo en la UdelaR, con régimen de dedicación total. En las actas de dicha comisión investigadora, declaró la imposibilidad de cumplir con su carga horaria, en tanto actuaba como testaferro de su tío, de Santa Ana, en las citadas empresas.
Veroslavsky es doctor en Geología, profesor adjunto de la Cátedra con régimen de dedicación total. 

Además, es titular de Explotaciones Mineras S.A y Edowel S.A. Con el avance de la investigación, aparecen nuevos vínculos entre ambos y el Licenciado en Geología Mario Torterolo, propietario de varias empresas con permisos mineros, como por ejemplo Ermal S.A o Los Naranjos S.A.

EN BUSCA DE CALIZAS

La actual titular de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige), doctora en Geología Leda Sánchez, elaboró en el año 2001 un estudio denominado “Mapa Geológico”, orientado a la prospección de rocas calcáreas, al noroeste de la hoja Fuente del Puma, en Minas, mediante un convenio entre la Facultad de Ciencias y Ancap. En representación de la Facultad se presentó Veroslavsky y por Ancap, lo hizo de Santa Ana.

Pero la información surgida de este estudio se filtró a Torterolo, que una vez en conocimiento de esos datos denunció para su empresa Los Naranjos S.A., los mejores yacimientos descriptos en el mapeo.
A comienzos de ese año, Sánchez solicitó una copia del Mapeo a De Santa Ana y Veroslavsky, mientras recopilaba documentos de trabajo para presentarse a un concurso en proceso para proveer un cargo de Profesor Adjunto en Geología Estructural y Geotectónica. Ambos le negaron esa posibilidad con el argumento de que “no podía presentar una fotocopia completa de dichos informes por ser de carácter confidencial”.

COMENZÓ POR UN PLAGIO

En el año 2002, un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias presentó una denuncia por plagio realizado sobre este trabajo de la Dra. Sánchez, al programa Plan B, que conducía el periodista Daniel Figares en AM Libre, junto a su colaborador, el periodista Carlos Peláez. “Informamos esa situación que parecía grave entre docentes y no tuvo mayor trascendencia para nosotros en aquel momento. Sin embargo, en enero de este año --leyendo La Diaria-- me entero que la ingeniera Carolina Cosse, designada ministra de Industria por Tabaré Vázquez había nombrado a Veroslavsky como el Director de Dinamige. Es así que recordé la historia del plagio y volví sobre ella”, señaló Peláez a EL TELEGRAFO.
El comunicador profundizó su investigación que demostró “en primer lugar que Veroslavsky tenía tiempo completo en la Facultad, por lo cual no podía tener otro trabajo y allí se descubrió que presidía dos empresas mineras”. Cuando se ordenó la investigación desde el ámbito académico, el geólogo señaló que “en realidad era un prestanombre porque el titular de las empresas era su tío; un funcionario público que no podía ocupar ese cargo”. 

Tras las averiguaciones de rigor, se comprueba que su familiar era Héctor de Santa Ana, quien actualmente se desempeña como Gerente de Petróleo de Ancap. “El artículo 20 del Código de Minería prohíbe a determinados funcionarios públicos, su titularidad en ciertos tipos de empresas y se redactó expresamente para los funcionarios de Ancap, Dinamige y en ese momento no incluía a la Facultad de Ciencias, porque se aprobó en 1982. Sin embargo, la idea era evitar la conjunción de intereses y en este caso se verificaba”, añadió el periodista. 

Este plagio se presentó ante la justicia por la doctora Leda Sánchez y el paleontólogo Richard Fariña. Como resultado de esta denuncia, resultó procesado con sentencia firme el empresario, geólogo y exfuncionario de Dinamige, Mario Torterolo, propietario de la empresa Ermal S.A y uno de los perforadores más importantes del país.

Durante las audiencias judiciales, de Santa Ana reconoció que entregó el documento público “en un pacto de caballeros”, que finalmente no era otra cosa que un estudio geológico sobre Cerro Méndez, Isla Patrulla, donde se encuentra una planta de cal.

“Ese lugar se denomina genéricamente Cerro Méndez norte y Cerro Méndez sur. El trabajo realizado por Sánchez era muy completo porque determinaba la calidad de las calizas existentes allí”, añadió Peláez. En el marco de este proceso surgen las denuncias mineras y, de acuerdo al informe académico “quedaba claro que la parte sur tenía calizas de menor calidad por exceso de magnesio”. 

Por eso la pregunta era clave: ¿Qué parte de la caliza denunciaba Ancap para sí, tras financiar dicho estudio en forma conjunta con la Facultad de Ciencias y contar con la información privilegiada desde hacía un año? Si la respuesta parece obvia y correspondía a la parte norte, donde se encontraba la caliza de mejor calidad, resultó todo lo contrario. El ente denunció la parte sur y a la parte norte, lo hizo Torterolo a quien de Santa Ana le entregó el Mapeo efectuado por Sánchez.

A raíz de la trascendencia de su denuncia, Peláez fue citado en octubre a declarar en la comisión investigadora de Ancap instalada en la Cámara de Senadores. “Allí entregamos algunos documentos, pero a la mayoría lo dejamos en una investigadora interna que en abril pasado se abrió por orden del presidente de Ancap, José Coya. Aportamos los nombres de una escribana, una abogada y una contadora, que eran las instructoras del sumario sobre las presuntas actividades de De Santa Ana en Ancap, que ya había tenido una investigadora interna hace algunos años y había pasado sin pena ni gloria”, dijo Peláez. A siete meses de esa investigación, no se registraron mayores avances. “El día que concurrimos a la investigadora de Senadores, le preguntamos acerca de este otro asunto y los legisladores contestaron que no tenían esa información, a pesar de haber presentado la solicitud”, precisó.

EN PEPE NUÑEZ

A mediados de 2012, Ancap realizó perforaciones en búsqueda de petróleo en la localidad salteña de Pepe Núñez, ubicada a unos 100 kilómetros de Tacuarembó.

El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, anunció que “nuestros geólogos e ingenieros” eligieron ese lugar “porque había indicios de hidrocarburo”. En principio se anunciaron cuatro perforaciones, a partir de las cuales De Santa Ana resaltó que “nunca hubo una inversión tan grande en el mundo en un período tan corto para áreas de frontera exploratoria”, donde lo más importante era la confirmación de un sistema petrolero offshore. 

La empresa contratada por Ancap para realizar dichas perforaciones era Ermal S.A. Su vicepresidente, Alberto Torterolo, explicó que la perforación mínima de cada pozo era de 200 metros y máximo de 3.800, en tanto se extenderían hasta fines de aquel año. 

“En una entrevista realizada para Radio El Espectador, uno de los geólogos más importantes me dijo ‘me tomo todo el petróleo que hay en Pepe Núñez’ y lo anunció mucho antes que Ancap confirmara que allí no había petróleo”, recordó el periodista. Su entrevistado explicó que las formaciones rocosas no cuentan con la antigüedad, ni estuvieron expuestas a la temperatura suficiente para la generación de hidrocarburo.

Sin embargo, “la contratación de esta empresa costó U$S 450.000 y además, Ancap le financió la adquisición de la perforadora en U$S 650.000. Esto ha sido reconocido por el propio Alberto, hermano de Mario Torterolo”, dijo Peláez. Ermal S.A es una de las empresas más importantes del grupo y cuenta con varias perforadoras de alto equipamiento. 

La ubicación de Pepe Núñez como un área de posible explotación petrolera se basó en un estudio palinológico, o la ciencia que estudia la evolución vegetal del polen y las esporas que permite la reconstrucción de los ambientes fósiles, efectuado a unos 100 kilómetros en una perforación realizada hace 30 años. “El estudio estuvo a cargo de la esposa de Veroslavsky, Gloria Daners”, recordó.

“El dato curioso aquí es que Veroslavsky fue el geólogo de Aratirí y, además, es técnico geólogo de Schuepbach Energy, que es la empresa que tiene el contrato sobre esa porción del territorio uruguayo”, consignó Peláez. 

En este caso, la sospecha resulta obvia. “Una de las operaciones más importantes del país, como es la búsqueda de petróleo, está dirigida por Ancap, cuyo ejecutivo más relevante del rubro es De Santa Ana, y su sobrino aparece en el mismo contrato junto a un empresario procesado por un plagio que afecta a los intereses del organismo, en relación a un yacimiento de cal”, reflexionó.

Es así que --ante el surgimiento de la investigación interna de Ancap-- dos de sus fuentes se ofrecieron a presentar sus declaraciones. “Nunca me había pasado que dos fuentes que había mantenido en reserva me manifestaran su interés en concurrir a declarar y una de ellas fue citada a la investigadora de Senadores”, precisó en relación a Fariña y al abogado Pablo Jauregui, especializado en derecho minero.

Mientras, la cal “se envía a Electrobras (Candiota), en el sur de Brasil y a su vez se devuelve por problemas de calidad ante el exceso de magnesio”, una sustancia no apta para las necesidades de esa planta. “A pesar de la negación, nadie puede explicar de dónde surge la multa de casi U$S 8 millones ni tampoco pueden explicar los depósitos de cal que hay en Treinta y Tres”, recordó Peláez.

En oportunidad de la inauguración de la planta en este departamento, con la presencia del entonces presidente José Mujica, el ente contrató camiones tanque para regar los árboles y su entorno ante el polvillo constatado en animales, campos y alambrados. “La justicia resolverá si hay irregularidades, pero es evidente las fallas en la gestión. Incluso aparece el nepotismo y amiguismo que han afectado los intereses del ente”, sostuvo.

Finalmente, el entonces electo presidente Tabaré Vázquez, se opuso antes de asumir a que Veroslavsky pasara a ocupar la titularidad de la Dinamige y se basó en el mencionado artículo del Código Minero.

LAS ACTAS

En quince páginas del acta correspondiente a las declaraciones de Peláez ante la comisión investigadora instalada en la Cámara de Senadores, el periodista enfatiza en los lazos familiares y de amistad que afectaron los intereses de la petrolera estatal. 

“La planta de cal de Treinta y Tres funciona mal, costó una fortuna y se deben pagar multas escandalosas. Lo demás resultó por acumulación de material y de acceso a nuevas fuentes que generaron otras historias paralelas al plagio”, sintetizó Peláez.

El comunicador reconoció que “una de las razones por las cuales se le da poca importancia a todo este asunto, es porque se trata de un tema complejo, manejado por poca gente y perteneciente a un ámbito muy reducido. Hay pocos empresarios mineros y geólogos” en Uruguay.

Peláez recordó que durante su pasaje por la investigadora “no intervino ningún legislador del Frente Amplio, salvo su presidente, Marcos Otegui”, en tanto Pedro Bordaberry, José Carlos Cardoso, Álvaro Delgado y Pablo Mieres participaron activamente. “Las actas de la investigadora son muy ilustrativas y allí nos encontramos con muchas sorpresas, sobre todo cuando concurren los gerentes”, reseñó.

Fiscal pide procesamiento por torturas para "Charleta" Gundelzoph, el otro Amodio

Noviembre 21, 2015 13:21

TIEMPO DE LECTURA: 2 MINUTOS

Ana María Telechea acusa al delator comunista de torturar a varios exmilitantes durante la dictadura

Jorge “Charleta” Gundelzoph en la edición del jueves 3 de la revista Galería

La fiscal Ana María Telechea pidió el procesamiento de Jorge Gundelzoph, apodado "Charleta", por el delito de tortura.

Según explicó la fiscal a El Observador, el pedido se enmarca en una causa en la que "muchos" denunciantes afirman haber sido torturados por Gundelzoph en el edificio donde funcionaba la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), de las calles Maldonado y Paraguay, donde hoy funciona laInterpol.

El "Charleta" es un exmilitante comunista que, según los testimonios, colaboró de manera salvaje con los represores. En la causa judicial por la que fue apresado el exdictador Gregorio Alvarez, Guldenzoph es mencionado como partícipe en las torturas a Ary Severo Barreto quien fue desaparecido por la dictadura.

"Es una causa con muchas personas lo sindican a él -entre otros- como torturadores", dijo Telechea. Según la fiscal, a él lo lograron encontrar pero a los otros denunciados aún no.

Guldenzoph ya declaró en esa causa, que está a cargo de la jueza Blanca Riero, y aseguró que nunca torturó.

La información sobre el pedido de procesamiento por parte de Telechea fue difundida por el periodista Roger Rodríguez en su cuenta de la red social Facebook.

El "joven muy elegante y correcto" que se paseaba por 18 de Julio delatando gente, era, según sus excompañeros, un sádico que, incluso, violó a una detenida porque no le había dado corte cuando militaban juntos. El ya fallecido dirigente comunista Gonzalo Carámbula recordó que en sus andanzas Gundelzoph se sentía tan seguro e impune que "disfrutaba" quitándole la capucha a los prisioneros para que, por unos segundos, reconocieran a su verdugo.

El Espectador recordó en agosto, que Gundelzoph fue acusado en el Parlamento en 1985 por el entonces senador Germán Araújo de haber participado en esas sesiones de tortura por las que ahora la fiscal Telechea pretende procesarlo.

Vea aquí la denuncia de Araújo, recordada por El Espectador este año.

TESTIMONIOS JORGE "CHARLETA" GULDENZOPH

Aratirí sigue ocupada y la minera responde el lunes

Los trabajadores de Aratirí decidieron en una asamblea realizada el jueves de noche mantener la ocupación de las oficinas de la empresa en la localidad de Valentines y aceptaron una propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para cobrar sus despidos en cuotas.

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En la próxima semana vendrán inversores indios para reavivar el proyecto. 

JUAN PABLO CORREA21 nov 2015

La empresa quedó en responder el lunes o el martes a la propuesta del ministerio. De acuerdo con esa propuesta, los trabajadores cobrarían en la próxima semana el 50% de sus despidos. Percibirían un 20% en cada uno de los dos meses siguientes y el 10% en el último, detalló a El País el dirigente del sindicato de la empresa, Francisco da Silva, que consideró "un avance" la idea del ministerio. El sindicato calcula que Aratirí debe pagar US$ 700.000 en despidos.

Las oficinas son ocupadas por unos 95 trabajadores que están recibiendo apoyo de los pobladores del lugar que les acercan alimentos no perecederos, dijo da Silva. La ocupación se produjo luego de que se labrara un acta notarial. Los trabajadores cobraron varios años seguro de paro y plantean que se conforme un registro para que en el caso de que finalmente comience la extracción de hierro en la zona se contrate a las personas que estén en esa lista.

El sindicato decidió esta semana ocupar las instalaciones porque entendía que los despidos deberían haberse pagado el miércoles Fuentes de la empresa adujeron que el problema no es de dinero y que el pago no se realizó porque sus autoridades querían estar presentes y llegarán recién en la próxima semana a Uruguay.

De todas formas, ya es un hecho que la hoy accionista de Aratirí (Zamin Ferrous de la India) no estará en condiciones de firmar un contrato de explotación el próximo 24, fecha límite establecida por el Parlamento para que se llegue a un acuerdo. A partir de esa fecha, Zamin Ferrous tendría un plazo de 90 días para presentar a otro grupo interesado. En caso de que se presente otro interesado comenzaría a correr otro plazo de 120 días para que se llegue a un entendimiento. Las fuentes de la empresa dijeron que seguramente ese inversor será otro grupo indio, Aurum Ventures, que actualmente negocia con Zamin Ferrous.

La página web de Aurum Ventures indica que fue fundado por el inversionista Ashish Deora en 1999. Deora planeaba venir a Uruguay por estos días. Su división de minería se llama Aurum Earth y tiene permisos de explotación de carbón en Mozambique y de oro en Tanzania. También tiene oficinas en Singapur y en la India. De la página no se desprende que el grupo indio esté extrayendo metales en ningún país del mundo. Aurum sí tiene en marcha un proyecto de energía solar en el estado indio de Gujarat.

Las fuentes dijeron que no sería un inconveniente la presentación de garantías de mantenimiento de oferta pero reconocieron que continúa pendiente la autorización ambiental previa que debe dar la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). La empresa presentó el año pasado un estudio de impacto ambiental de su proyecto de explotar cinco minas de hierro en las cercanías de Valentines y Cerro Chato que la Dinama todavía está estudiando.

El proyecto de Aratirí ha tenido múltiples idas y venidas y varias veces pareció que se estaba por firmar durante el gobierno del ex presidente José Mujica que le había asignado gran importancia para dinamizar la zona centro-este del país.

La fuerte caída que ha tenido el precio del hierro parece haber tenido también incidencia para el enfriamiento de las tratativas entre el gobierno y los inversores.

Ambientalistas siguen alertas contra minería.

El movimiento Uruguay Libre, que quiere prohibir la minería metalífera a cielo abierto en Uruguay, advirtió que seguirá en campaña contra el proyecto Aratirí. Raúl Viñas, uno de sus referentes, dijo que "hemos demostrado y nadie ha podido siquiera discutirlo, que esa explotación no dejaría beneficios económicos al país, no generaría desarrollo y solo crearía una limitada oferta de trabajo altamente insalubre y por un lapso de menos de 15 años, dejando grandes pasivos ambientales".

Lo esencial es la lucha (documental completo)

RECORTES EN LA IMM

ANUNCIÓ REDUCCIÓN DE 15% DEL PRESUPUESTO EN TODAS LAS UNIDADES"

Si consiguen $ 1.100 millones para darme me vendrían bien", bromeó el intendente Daniel Martínez al retirarse ayer de la Mesa Política del Frente Amplio. Las finanzas de la intendencia y los problemas de caja quedaron en evidencia durante el encuentro.

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El intendente de Montevideo se reunió ayer con la Mesa Política.

21 nov 2015

Martínez definió la situación como "difícil" y reconoció los "problemas de caja", pero anunció la ejecución de un plan para abatir el déficit que heredó de la administración de la exintendenta Ana Olivera.

"El intendente dijo que ellos habían tenido un problema de financiamiento en este 2015 por el calendario de inversiones y gastos en el último año de la pasada administración. Además, los mayores ingresos de la intendencia todavía no se concretaron, porque se recauda más a fin de año", explicó a El País Enrique Rubio, integrante del terceto que dirige el Frente.

Rubio dijo que Martínez reconoció "problemas de caja", pero aseguró que en los próximos años tendrán un "funcionamiento equilibrado", como consecuencia de un ajuste.

El intendente anunció una reducción de presupuesto del 15% en todas las divisiones, inclusive los municipios. "Daniel dijo que habían recortado el 15% en todo. Y yo pedí que no se toque a los municipios, porque creo que hay que blindar la gestión municipal", dijo a el País el diputado Pablo González (Lista 711).

Después de esta intervención, Martínez aclaró que el 15% de reducción del presupuesto también incluye a los municipios. Según dijo, con las medidas adoptadas, al final del año se reducirá el déficit de la intendencia a $ 900 millones.

Con respecto al plan de obras, dijo que la mayor parte de la infraestructura se financiará mediante el fideicomiso llamado Fondo Capital, que actualmente está a estudio de la Junta Departamental y requiere del voto de la oposición para ser aprobado.

En ese marco, Martínez hizo referencia a las acusaciones realizadas por el diputado colorado Guillermo Facello sobre la "compra de votos" a ediles del Partido de la Concertación. "No estoy comprando los votos de nadie", finalizó.

PACO DE IBAÑEZ (SOLDADITO DE BOLIVIA)

Luis Eduardo Aute - AL ALBA

MEXICO

Escuelas en Acapulco: entre las fuerzas represivas y el crimen organizado

En Guerrero, el estado de los normalistas desaparecidos, el gobierno desplegó un operativo del que participan la marina, el ejército y la policía federal y estatal. La excusa: “proteger” a la comunidad educativa del crimen organizado.

Bárbara Funes
México D.F | @barbarafunes2

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Por orden del priista Héctor Astudillo Flores, flamante gobernador de Guerrero, el secretario de Educación de Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, y el coordinador estatal de la Policía Federal, Rafael Lomelí Martínez, desplegaron a la marina, el ejército y policía federal y estatal para vigilar escuelas.

El despliegue de las fuerzas represivas del Estado se realizará en establecimientos educativos de 10 rutas de las colonias Emiliano Zapata, Jardín, Ciudad Renacimiento y otras de la periferia del puerto y, afectará a escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior.

Este operativo se lleva a cabo con el aval del el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).

Según dieron a conocer varios medios de comunicación, miembros del crimen organizado irrumpieron en dos escuelas primarias y una secundaria y tomaron dinero de los maestros, computadoras de las instalaciones y exigieron el pago de piso. También pidieron un porcentaje del aguinaldo de los profesores. Por lo que hace uno días se habían suspendido actividades en ocho planteles.

Esta situación no es nueva. En 2014 ya se habían registrado el asesinato de 19 maestros, el secuestro de una maestra, extorsiones y abuso sexual de maestras y maestros, en especial de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). En esa oportunidad los maestros habían decidido cerrar los planteles por su seguridad.

Cabe destacar, asimismo, que la CETEG es parte de la resistencia magisterial contra la reaccionaria reforma educativa que busca flexibilizar las condiciones laborales de los maestros.

Ofensiva represiva contra el magisterio

Las fuerzas represivas del Estado no garantizan la seguridad de nadie más que de las empresas nacionales y extranjeras y sus bienes y, de la cuestionada casta política. En el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, los policías y el ejército actuaron coludidos con cárteles del narcotráfico.

No hay avanzada del crimen organizado si no hay brazo armado del Estado burgués que permita las operaciones de narcotráfico, redes de trata y todas las formas que adquiere la economía “ilegal” del capitalismo en decadencia.

Justo en el estado de Guerrero, escenario de la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa y en el marco de la reciente ofensiva represiva del gobierno contra sus compañeros, los golpes del crimen organizado parecen parte de un plan orquestado para legitimar la militarización de los planteles educativos.

Hace unos meses en Oaxaca, el gobierno había desplegado a la gendarmería para hacer “labores de mantenimiento” de las escuelas. Mientras tanto, venía el golpe contra el Instituto de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y luego la detención de los maestros Efraín Picazo, Othón Nazariega, Roberto Jiménez y Juan Carlos Orozco, junto con el despliegue de una verdadera caza de brujas desatada por Aurelio Nuño.

La militarización de las escuelas en Acapulco con la excusa de la “inseguridad” es una nueva trampa del régimen asesino de Peña Nieto, el PRI, el PAN y el PRD.

De nueva cuenta se pone de manifiesto que la llamada “guerra contra el narco” no es más que el despliegue represivo para sofocar el descontento social.

Ante esta situación, es fundamental luchar por ponerle un alto a la militarización impulsando un gran movimiento en las calles encabezado por la CETEG y otras organizaciones obreras y populares, que retome además la lucha contra la represión y por la libertad de todos los presos políticos. Frente a la acción de las fuerzas armadas y del llamado “crimen organizado”, los sindicatos junto a las organizaciones campesinas y populares deben discutir cómo garantizar su autodefensa, para poner un alto a las agresiones que sufren día a día.