viernes, 25 de diciembre de 2015

Complicidad de corbata


Patrocinantes pedirán que “se indaguen las responsabilidades de civiles vinculados a la empresa CICSSA” en muerte de Pascaretta.
Plenaria Memoria y Justicia convocó ayer a un escrache frente al domicilio del coronel retirado Carlos Alberto Rossel Argimón, uno de los indagados en la causa que investiga la muerte de Humberto Pascaretta Correa, acaecida el 4 de junio de 1977 en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, después de ser sometido a intensos interrogatorios durante un mes a manos de la Compañía de Contra-informaciones del Departamento II del Estado Mayor del Ejército. El caso tomó notoriedad en setiembre, cuando 13 militares que habían sido citados a declarar como indagados por la jueza Beatriz Larrieu no comparecieron porque no fue posible ubicarlos.
Las citaciones se reiteraron el 30 de octubre por medio del Equipo Auxiliar de la Justicia en terrorismo de Estado que funciona en la órbita del Ministerio del Interior. Dos de los militares fueron ubicados y citados a audiencia para el 8 de diciembre. Rossel Argimón compareció a declarar y adujo que cuando Pascaretta falleció, él se encontraba realizando un curso. El otro indagado citado, el coronel retirado Glauco Yanone, no concurrió y su abogado presentó una solicitud de clausura del proceso. El abogado Pablo Chargoñia, del Observatorio Luz Ibarburu dijo a la diaria que no tiene “noticias” sobre los demás militares indagados, y explicó que ante la declaración de Rossel Argimón, el Ministerio Público envió una consulta al Ministerio de Defensa Nacional sobre si la asistencia a un curso exime al militar retirado “de las operaciones propias de la represión”, ya que integraba la Inteligencia del Ejército.
Pero la causa podría tener otras derivaciones. Pascaretta era militante del Partido Comunista y trabajaba en la Compañía Industrial Comercial del Sur Sociedad Anónima (CICSSA), por entonces fábrica de papel. Según el testimonio de Hugo García Rivas, desertor de la Compañía de Contra-informaciones, la patronal de esa empresa denunció un sabotaje en la producción de bolsas de pórtland, por lo que el Ejército diseñó un operativo para identificar “a los presuntos saboteadores”. “En esa época había una partida muy grande para exportar, decían que con eso se pretendía crearle un problema al país. [...] La finalidad de la operación de la Compañía era dar con los saboteadores, con la aceptación del Directorio de la Empresa, el capitán Méndez infiltró a dos elementos de la Compañía en CICSSA, a trabajar, para observar a Pascaretta y a los otros elementos”, testimonió García Rivas, según la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Según Chargoñia, el curso de la investigación reveló que “había algo más que colaboración con la dictadura: había participación” de los directores de la empresa, e incluso “fueron mencionados algunos mandos medios”. “Nos estamos distrayendo respecto de las complicidades de algunos componentes de las empresas que colaboraron activamente con el aparato represivo”, agregó el abogado. Por el momento la fiscalía no ha citado a civiles por esta causa, pero los abogados denunciantes pedirán que “se indaguen las responsabilidades de civiles vinculados a la empresa CICSSA”.