LUC

QUÉ PLANTEA LA LUC EN MATERIA DE "SEGURIDAD"

             El sistema represivo y punitivo es utilizado en la mayoría de los países del mundo, y Uruguay no es la excepción. En nuestro país, estas medidas han sido sostenidas en el tiempo y reforzadas gobierno, tras  gobierno. Bajo la excusa de solucionar los problemas de seguridad y mantener el orden y la tranquilidad en el territorio, los estados ponen, cada vez más, todos sus recursos y sus cuerpos militares y policiales en las calles para tener un control social total sobre las personas que los habitan.

             Está demostrado que Iejos están estas medidas de cumplir con los supuestos objetivos. Este sistema solo refuerza mecanismos perversos como la criminalización de la pobreza, habilitado y legitimando el gatillo fácil por parte de los fuerzas policiales. Impone el aumento sistemático de penas, a pesar de que no solucionan el problema de la reinserción de las personas privadas de libertad. Aumenta la persecución y la criminalización de la protesta, profundizando de esta forma el control de nuestras luchas y el recorte de nuestras libertades.

Profundiza el modelo represivo

             Uruguay cuenta con más de 1100 personas recluidas en sus cárceles, siendo una de las tasas más altas de personas privadas de libertad per cápita en Latinoamérica. La superpoblación y el hacinamiento llevan al aumento en los índices de reincidencia delictiva. Las políticas que el estado aplica no velan por la reinserción de las personas en la sociedad y los gobiernos tienden a ver la reclusión de las personas como un castigo y como un negocio, como es el caso de las cárceles de participación público privada.  La LUC profundiza aún más los aspectos punitivos con el aumento de penas y la creación de nuevos delitos: aumenta penas, elimina libertades y crear nuevos delitos o agravantes a delitos preexistentes.

             Nuevamente se plantea un aumento de las penas a adolescentes y amplía la permanencia de antecedentes penales.  Al mismo tiempo limita las alternativas a la prisión, generando la profundización del hacinamiento y las condiciones inhumanas de las cárceles.

Aumenta la criminalización de la pobreza

             Con la LUC se profundiza la criminalización de la pobreza, no solo producto del aumento de penas, sino también por una serie de artículos que refuerzan el poder de los cuerpos militarizados. Esto les dará aún más impunidad y legitimidad para la violencia policial, que como siempre vulnera principalmente, en las calles y en los barrios, a la gente más pobre.

             Se amplía el marco de la legítima defensa, esto da un marco de impunidad mayor para el gatillo fácil y la violencia policial. Se presume que el accionar policial siempre es en cumplimiento de la Constitución, las Leyes y la normativa, salvo prueba contraria. Esto facilitará que los policías en los casos de gatillo fácil queden impunes.

             Crea la figura de apariencia delictiva y deja a criterio del personal policial cuáles son las actitudes y las apariencias sospechosas, lo que generará aun más discriminación y represión a ciertas personas.

             Se amplían las causas para el uso de la fuerza y de armas de fuego, así también se prevé que se puede omitir la identificación y advertencia por parte del personal policial antes de detener o disparar a una persona.

             En la LUC se prevé una mayor autonomía para el accionar policial, lo que vulnera muchos de los derechos adquiridos por las personas. La policía tendrá autonomía para hacer interrogatorios dentro de las comisarías sin presencia de autoridades judiciales ni defensa de la persona detenida. Se extiende el tiempo para comunicar las detenciones y procedimientos a la fiscalía, se pasa de dos a 4 horas. Aquellas personas que sean testigos de hechos "delictivos" podrán permanecer hasta 24hs en dependencias policiales.

Aumenta la criminalización de la protesta

             En esta Ley también se pueden ver artículos que apuntan a un aumento de los mecanismos por parte del estado para la criminalización de la protesta, controlando aún más nuestras luchas, adquiriendo nuevas garantías legales para seguir reprimiendo nuestras movilizaciones y recortando nuestras libertades. A su vez recorta la libertad de expresión y el derecho a huelga.

             Se crean los delitos de resistencia al arresto y agravio a la autoridad policial, ambos con penas máximas de penitenciaría. Se posibilita el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en movilizaciones, por el solo hecho de ocultar su identidad.

             Se limita y controla aún más el derecho de huelga, al generarse importantes cambios en las obligaciones que deberán asumir aquellos sindicatos que tomen bajo control obrero sus lugares de trabajo.

             Se prohíben los cortes de calles, retomándose el camino iniciado por el decreto antipiquetes de 2017. La policía podrá disolver la movilización sin que sea necesaria previa autorización judicial.

             Se habilita al Ministerio del Interior para pedir información a las empresas de telecomunicaciones sin participación judicial.

             La secretaría de inteligencia pasa a manos del Poder Ejecutivo, lo que habilita un control social aún mayor por parte del gobierno.