UPM, AUDIENCIA EXPRESS DEJA MAS DUDAS QUE CERTEZAS
Se presentó recurso de nulidad a la Audiencia Pública realizada ayer.
Sin que haya culminado el plazo de la Puesta de Manifiesto del proyecto de planta de celulosa de UPM, se realizó la Audiencia Pública convocada por la Dinama en Paso de los Toros, con un público de unas 200 personas, incluyendo más de 40 funcionarios del gobierno nacional, autoridades departamentales, UPM y la empresa contratada para realizar el estudio de impacto ambiental.
El director de la Dinama, Alejandro Nario, declaró que esa superposición es un procedimiento más beneficioso para la participación de los ciudadanos. Pero el director de la Dinama no tiene atribuciones para cambiar el Reglamento de las Evaluaciones de Impacto Ambiental. Primero debe cumplirlo y, si no le satisface, debe buscar la vía idónea para modificarlo.
La realización simultánea de audiencias públicas con la puesta de manifiesto del informe de la empresa se suma a varias irregularidades en la evaluación ambiental de este proyecto, que se iniciaron con la propia decisión de localización de la planta a orillas del Río Negro, que han sido cuestionadas e incluso recurridos legalmente en los ámbitos correspondientes.
Con tal de facilitar a toda costa la decisión de inversión que UPM todavía no tomó, el gobierno nacional y los gobiernos departamentales han venido alterando por la vía de hecho una serie de normas de procedimiento del estado uruguayo, configurando así un peligroso antecedente que afecta la seguridad jurídica de las inversiones tanto locales como extranjeras en el país.
Pretender acallar los cuestionamientos a un proyecto de alto impacto ambiental, social y territorial como el de UPM y convertir en un simple trámite burocrático las instancias de participación previstas, aún cuando las mismas tienen grandes carencias, está solo postergando el posible estallido de conflictos futuros en nuestra sociedad.
Con respecto a la reunión realizada en Paso de los Toros, quedó nuevamente en evidencia que el Río Negro no cuenta con los volúmenes de agua necesarios para soportar los requerimientos de esa planta de UPM. La empresa admitió que la planta debería detenerse en períodos de sequía y reconoció que fue al menos un error no incluir esa consideración en el informe final.
También se verificó que los niveles de empleo, aún en la etapa de construcción de la planta, serán mucho menores a los anunciados, al tiempo que por su duración se los calificó como ”changas” más que empleos genuinos. Por los gastos asumidos por el gobierno para facilitar este proyecto, cada puestos de trabajo costaría más de 8 millones de dólares.
Ante esta situación, desde la sociedad civil utilizaremos todos los recursos legales y constitucionales disponibles para impedir que este proyecto nefasto se instale en el país. En particular, ante la falta de atención de las autoridades, ciudadanos de varias localidades ya han lanzado inciativas legislativas para impedir que el pasaje del tren de UPM ponga en riesgo a sus poblaciones.
El director de la Dinama, Alejandro Nario, declaró que esa superposición es un procedimiento más beneficioso para la participación de los ciudadanos. Pero el director de la Dinama no tiene atribuciones para cambiar el Reglamento de las Evaluaciones de Impacto Ambiental. Primero debe cumplirlo y, si no le satisface, debe buscar la vía idónea para modificarlo.
La realización simultánea de audiencias públicas con la puesta de manifiesto del informe de la empresa se suma a varias irregularidades en la evaluación ambiental de este proyecto, que se iniciaron con la propia decisión de localización de la planta a orillas del Río Negro, que han sido cuestionadas e incluso recurridos legalmente en los ámbitos correspondientes.
Con tal de facilitar a toda costa la decisión de inversión que UPM todavía no tomó, el gobierno nacional y los gobiernos departamentales han venido alterando por la vía de hecho una serie de normas de procedimiento del estado uruguayo, configurando así un peligroso antecedente que afecta la seguridad jurídica de las inversiones tanto locales como extranjeras en el país.
Pretender acallar los cuestionamientos a un proyecto de alto impacto ambiental, social y territorial como el de UPM y convertir en un simple trámite burocrático las instancias de participación previstas, aún cuando las mismas tienen grandes carencias, está solo postergando el posible estallido de conflictos futuros en nuestra sociedad.
Con respecto a la reunión realizada en Paso de los Toros, quedó nuevamente en evidencia que el Río Negro no cuenta con los volúmenes de agua necesarios para soportar los requerimientos de esa planta de UPM. La empresa admitió que la planta debería detenerse en períodos de sequía y reconoció que fue al menos un error no incluir esa consideración en el informe final.
También se verificó que los niveles de empleo, aún en la etapa de construcción de la planta, serán mucho menores a los anunciados, al tiempo que por su duración se los calificó como ”changas” más que empleos genuinos. Por los gastos asumidos por el gobierno para facilitar este proyecto, cada puestos de trabajo costaría más de 8 millones de dólares.
Ante esta situación, desde la sociedad civil utilizaremos todos los recursos legales y constitucionales disponibles para impedir que este proyecto nefasto se instale en el país. En particular, ante la falta de atención de las autoridades, ciudadanos de varias localidades ya han lanzado inciativas legislativas para impedir que el pasaje del tren de UPM ponga en riesgo a sus poblaciones.
¡No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad!
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
1° de mayo de 2019
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