Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP)
La vuelta al siglo XIX
Fundación Rosa de Luxemburgo
EL nuevo modelo de tratado de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio de 2013, con la intención de crear la zona de libre comercio mayor del mundo. Tiene como principales objetivos llegar a un acuerdo que entre permita la superación de la soberanía de las naciones igualando a las multinacionales jurídicamente con los estados, imponer un modelos socioeconómico que no pueda poner trabas a las avaricias de poder social y económico de las casta neoliberales que atreves de organizaciones antidemocráticas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización mundial de comercio. Instituciones claves para el proyecto neoliberal.¿Qué se pretende? Eliminar las barreras arancelarias entre los dos socios y las barreras reglamentarias - las normativas básicas en materia social, medioambiental… - que limitan la acumulación de riqueza de las grandes corporaciones.
¿Por qué ahora? EEUU y la Unión Europea están perdiendo poder económico y político, y otros países, especialmente China, les están desplazando como mayores economías, exportadores y proveedores de inversión extranjera directa. El TTIP pretende por tanto consolidar los intereses geopolíticos y recuperar el poder y el protagonismo de ambas potencias, declarando una guerra comercial a países terceros.
¿Quién y cómo se está negociando? De manera formal, por parte de la Unión Europea es la Comisión Europea quien tiene el mandato de las negociaciones; y de la otra, el propio Gobierno de EEUU. Sin embargo, desde su origen, son los grandes lobbies empresariales de un lado y otro quienes presionan y participan de manera activa en ellas: industria automovilística, farmacéutica y agroalimentaria, empresas de servicios, bancos, fondos de inversión…
Las negociaciones además, están produciéndose de espaldas a la población, con un alto carácter secreto sobre su contenido, y sin participación y apenas consulta a la ciudadanía, e incluso con mucha desinformación hacia los Gobiernos de los países de la propia UE.
¿Qué regulará? Dado que los aranceles entre la UE y EEUU son ya muy bajos, este nuevo modelo de tratado se centra en la liberalización de todos los sectores y en conseguir una armonización legislativa, es decir, unificar leyes a ambos lados del Atlántico, con el fin de reducir costes y “retrasos innecesarios” para las corporaciones.
Un capítulo especialmente polémico es el de la protección de las inversiones, por el cual cualquier inversor privado internacional puede desafiar, ante tribunales internacionales poco transparentes, cualquier legislación (ambiental, laboral o social) que interfiera con sus beneficios. Por ejemplo, una moratoria al fracking (técnica muy contaminante de extracción de petróleo o gas) o una regulación sanitaria de sustancias tóxicas pueden ser objetos de demandas a los Gobiernos.
¿Qué supondrá? Se ahondará en los recortes en los derechos laborales , justificados por la reducción de costes y basados en la política antisindical de EEUU (que no ha ratificado convenios de la OIT) y en las reformas laborales impuestas por la Troika [link a www.troikaparty.eu/es] (Comisión Europea, FMI, BCE).
La liberalización de cada vez más sectores económicos profundizará en las privatizaciones de servicios públicos, cuyas consecuencias ya son conocidas. La armonización legislativa a la baja, aplicando la legislación más beneficiosa para las grandes corporaciones afectará a:Políticas medioambientales y del derecho a la salud: se flexibilizará el uso del fracking, se aumentará la producción y venta de transgénicos, el uso de toxinas y sustancias peligrosas, entre otros, que cuentan con legislación más favorable en EEUU.
La agroindustria se verá favorecida en detrimento de las pequeñas explotaciones más sostenibles, y por tanto se resentirá la soberanía alimentaria y la calidad en la alimentación.
Resumen. El Acuerdo TTIP, es un extenso tratado sobre libre comercio e inversión que están negociando (en secreto. El objetivo es llevar a cabo las conversaciones lo más rápidamente posible y sin que los detalles lleguen a la opinión pública, con la esperanza de poder cerrar las negociaciones antes de que la ciudadanía en Europa y EE.UU. descubra la verdadera envergadura de la amenaza que supone el TTIP.
Como ya han admitido funcionarios de ambas partes, el objetivo principal del TTIP no es estimular el comercio eliminando aranceles entre la UE y los EE.UU., pues son tan bajos que apenas pueden reducirse ya. Su principal finalidad es, como ellos mismos han reconocido, eliminar las “barreras” reguladoras que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales a los dos lados del Atlántico.
Estas “barreras” son en realidad algunas de nuestras normativas más preciadas en materia de derechos sociales y medio ambiente, como los derechos laborales, las normas de seguridad alimentaria (incluidas las restricciones a los OGM), la enseñanza, la sanidad, las regulaciones sobre el uso de substancias químicas tóxicas, las leyes de protección de la privacidad en internet e incluso las nuevas garantías en el ámbito bancario introducidas para prevenir otra crisis financiera como la de 2008. En otras palabras, no podría haber más en juego.
El TTIP también anhela crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la contratación pública a las empresas transnacionales, lo que amenaza con provocar nuevas olas de privatizaciones en sectores clave como la sanidad o la educación.
El TTIP pretende conceder a los inversores extranjeros el derecho de demandar a gobiernos soberanos frente a tribunales de arbitraje ad hoc, son los ‘tribunales’ de arbitraje, comisiones formadas por tres abogados privados que resuelven demandas de grandes empresas… a su favor. Sin legitimidad alguna porque solo son abogados caros, además de una verdadera amenaza para la democracia. para reclamar pérdidas de beneficios derivadas de decisiones sobre política pública . En la práctica, este mecanismo de resolución de disputas entre inversores y Estados eleva el capital transnacional a un estatus equiparable al del Estado nación y amenaza con minar los principios más básicos de la democracia tanto en la UE como en los EE.UU. Permite que las corporaciones privadas actúen, en defensa de sus genéricos intereses, contra los poderes públicos nacionales, autonómicos, regionales y locales. Se pueden recurrir las decisiones políticas que atenten contra el Tratado, siendo sus decisiones de aplicación inmediata y sin apelación. Así, la decisión el Consejo Constitucional de Francia, al declarar conforme a la constitución la ley que prohíbe el gas esquisto, puede dar lugar a la interposición - por un potencial inversor o conjunto de inversores favorables al gas esquisto- de una queja por atentar contra el contenido del TTIP. Es un sistema de arbitraje privado que sustrae de competencias a las instituciones del Estado para el ejercicio de las políticas públicas.El TTIP que forma parte de la armadura jurídica que limita el ejercicio de la democracia y de la soberanía de los pueblos. La herencia normativa del capitalismo global - los contratos, normas de comercio e inversiones de carácter multilateral, regional y bilateral y resoluciones de los tribunales arbitrales que conforman la nueva normativa condiciona el devenir de las mayorías sociales. El TTIP no es sólo un acuerdo comercial, es un nuevo tratado fundacional al servicio de las corporaciones transnacionales.
La técnica jurídica utilizada por el TTIP no es neutral: es una arquitectura construida a favor de las empresas multinacionales y del capital. La desigualdad y la asimetría son elementos constitutivos del Tratado; además, su opacidad, su falta de transparencia y la reinterpretación de los elementos formales que constituyen el Estado de Derecho, deben ser conocidos, desmontados y reapropiados por las mayorías sociales.
Contexto jurídico sobre el que actúa el TTIP . Los derechos de las empresas transnacionales se tutelan por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características son imperativas, coercitivas y favorables a las empresas multinacionales.
Los componentes fundamentales del TTIP son el acceso al mercado, las normas regulatorias, las cuestiones reglamentarias y las barreras no arancelarias; abarca aspectos materiales y formales.
Entre las cuestiones materiales nos encontramos con propuestas relacionadas con la quiebra de los derechos laborales y la normativa europea medioambiental, la desregulación del sector financiero, la apertura al mercado privado de los servicios públicos –el agua, la electricidad, la educación, la salud, el trasporte, la protección social…-, el blindaje de las patentes farmacéuticas, el consumo de productos modificados genéticamente, la contratación pública…
El TTIP forma parte de este entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de caminos entre los derechos humanos y los derechos corporativos; hay una profunda ruptura de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de protección de los derechos humanos. Además, resulta evidente la debilidad democrática de las instituciones económicas globales, incluidos los tribunales arbitrales alejados de los poderes judicialesLa falta de legitimidad democrática del TTIP. El secreto y la opacidad son elementos constituyentes del TTIP. Las normas de comercio e inversiones se elaboran fuera del control parlamentario y de la ciudadanía. Desconocemos los negociadores, los criterios utilizados, las decisiones adoptadas… y se envuelve todo el procedimiento de valoraciones técnicas que “necesitan de la confianza” y “discreción entre los negociadores”; se toman decisiones a espaldas de la ciudadanía y al margen de los procedimientos parlamentarios, “secuestrando” los textos en discusión incluso a los representantes públicos.
El TTIP combina la desregulación de las obligaciones de las empresas transnacionales con la re-regulación de sus derechos. Se pretende eliminar toda barrera – arancelaria o no- que dificulte el desarrollo del libre comercio y de la inversión. Para eso se procede a la armonización normativa a la baja; es decir, si el control financiero es más estricto en EEUU, se armoniza teniendo en cuenta la regulación europea. Si la legislación laboral es más tuitiva en la Unión Europea, se aplican las normas de EEUU que desregulan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Se armoniza desregulando los derechos de las mayorías sociales en todas las materias susceptibles de “comprarse y venderse”. La compra pública responsable que tenga en cuenta los derechos laborales de sus empleados y de las empresas subcontratadas, la promoción del comercio justo, la eliminación de diferencias entre hombres y mujeres… chocará con la idea de derogar toda reglamentación que sea un obstáculo a la apertura de los mercados públicos al comercio y a las inversiones.
Toda la tramitación del TTIP quiebra los principios básicos del Estado de Derecho, es decir, las garantías procesales de la ciudadanía transparencia, separación de poderes, debates parlamentarios.
La tramitación del TTIP fulmina los principios clásicos del Estado de Derecho: la contractualización de la ley y de las relaciones económicas – se suprimen la normas parlamentarias generales y se sustituyen por sistemas contractuales asimétricos o de adhesión - provoca la anulación de los procedimientos legislativos, se disloca la separación de poderes y la soberanía de los pueblos y naciones.
Por otra parte, la inflación normativa muy especializada, las cláusulas oscuras, vagas, la incorporación de los anexos al TTIP, atentan contra los derechos de las mayorías sociales. Además, la privatización del Derecho mediante las agencias de calificación, el Derecho blando y la emisión de laudos arbitrales por tribunales privados, cierran el círculo infernal de la arquitectura de la impunidad.
Esta técnica clásica del modelo neoliberal se combina con la re-regulación de los derechos de las transnacionales. Si en los 90 el neoliberalismo se planteaba reducir el Estado y dejar vía libre a los mercados, ahora con el TTIP se busca un Estado fuerte que garantice los beneficios de las transnacionales europeas y estadounidenses. El Estado es imprescindible para la acumulación de riqueza del capital y para dirigir y reformar la sociedad al servicio de la grandes corporaciones. El TTIP fortalece los derechos de las mismas.El modelo institucional de la UE no se adapta a los modelos tradicionales de democracia parlamentaria. El papel del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales es secundario en el devenir del TTIP. Además, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que “sobre los tratados internacionales se informará con total transparencia y adecuadamente al Parlamento Europeo en todas y cada una de las fases de negociación”. Es decir, se están saltando su propia legalidad. Las prácticas en torno a la elaboración del TTIP colisionan con la propia normativa comunitaria.
Si a esto le unimos el verdadero golpe de Estado ha supuesto , el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria y el Mecanismo Europeo de Estabilidad; estos dos textos actúan como vasos comunicantes, ya que, por un lado elevan a la cúspide de la pirámide normativa comunitaria el déficit público y la deuda pública –y, por tanto, la generalización de medidas de ajuste en contra de las mayorías sociales- y, por otro, se establece una intervención técnica de las instancias comunitarias al margen de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo. El debate parlamentario y la deliberación quedan subordinados a reglas rígidas y automáticas establecidas en el diseño de las políticas presupuestarias.
¿Por qué ahora? EEUU y la Unión Europea están perdiendo poder económico y político, y otros países, especialmente China, les están desplazando como mayores economías, exportadores y proveedores de inversión extranjera directa. El TTIP pretende por tanto consolidar los intereses geopolíticos y recuperar el poder y el protagonismo de ambas potencias, declarando una guerra comercial a países terceros.
¿Quién y cómo se está negociando? De manera formal, por parte de la Unión Europea es la Comisión Europea quien tiene el mandato de las negociaciones; y de la otra, el propio Gobierno de EEUU. Sin embargo, desde su origen, son los grandes lobbies empresariales de un lado y otro quienes presionan y participan de manera activa en ellas: industria automovilística, farmacéutica y agroalimentaria, empresas de servicios, bancos, fondos de inversión…
Las negociaciones además, están produciéndose de espaldas a la población, con un alto carácter secreto sobre su contenido, y sin participación y apenas consulta a la ciudadanía, e incluso con mucha desinformación hacia los Gobiernos de los países de la propia UE.
¿Qué regulará? Dado que los aranceles entre la UE y EEUU son ya muy bajos, este nuevo modelo de tratado se centra en la liberalización de todos los sectores y en conseguir una armonización legislativa, es decir, unificar leyes a ambos lados del Atlántico, con el fin de reducir costes y “retrasos innecesarios” para las corporaciones.
Un capítulo especialmente polémico es el de la protección de las inversiones, por el cual cualquier inversor privado internacional puede desafiar, ante tribunales internacionales poco transparentes, cualquier legislación (ambiental, laboral o social) que interfiera con sus beneficios. Por ejemplo, una moratoria al fracking (técnica muy contaminante de extracción de petróleo o gas) o una regulación sanitaria de sustancias tóxicas pueden ser objetos de demandas a los Gobiernos.
¿Qué supondrá? Se ahondará en los recortes en los derechos laborales , justificados por la reducción de costes y basados en la política antisindical de EEUU (que no ha ratificado convenios de la OIT) y en las reformas laborales impuestas por la Troika [link a www.troikaparty.eu/es] (Comisión Europea, FMI, BCE).
La liberalización de cada vez más sectores económicos profundizará en las privatizaciones de servicios públicos, cuyas consecuencias ya son conocidas. La armonización legislativa a la baja, aplicando la legislación más beneficiosa para las grandes corporaciones afectará a:Políticas medioambientales y del derecho a la salud: se flexibilizará el uso del fracking, se aumentará la producción y venta de transgénicos, el uso de toxinas y sustancias peligrosas, entre otros, que cuentan con legislación más favorable en EEUU.
La agroindustria se verá favorecida en detrimento de las pequeñas explotaciones más sostenibles, y por tanto se resentirá la soberanía alimentaria y la calidad en la alimentación.
Resumen. El Acuerdo TTIP, es un extenso tratado sobre libre comercio e inversión que están negociando (en secreto. El objetivo es llevar a cabo las conversaciones lo más rápidamente posible y sin que los detalles lleguen a la opinión pública, con la esperanza de poder cerrar las negociaciones antes de que la ciudadanía en Europa y EE.UU. descubra la verdadera envergadura de la amenaza que supone el TTIP.
Como ya han admitido funcionarios de ambas partes, el objetivo principal del TTIP no es estimular el comercio eliminando aranceles entre la UE y los EE.UU., pues son tan bajos que apenas pueden reducirse ya. Su principal finalidad es, como ellos mismos han reconocido, eliminar las “barreras” reguladoras que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales a los dos lados del Atlántico.
Estas “barreras” son en realidad algunas de nuestras normativas más preciadas en materia de derechos sociales y medio ambiente, como los derechos laborales, las normas de seguridad alimentaria (incluidas las restricciones a los OGM), la enseñanza, la sanidad, las regulaciones sobre el uso de substancias químicas tóxicas, las leyes de protección de la privacidad en internet e incluso las nuevas garantías en el ámbito bancario introducidas para prevenir otra crisis financiera como la de 2008. En otras palabras, no podría haber más en juego.
El TTIP también anhela crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la contratación pública a las empresas transnacionales, lo que amenaza con provocar nuevas olas de privatizaciones en sectores clave como la sanidad o la educación.
El TTIP pretende conceder a los inversores extranjeros el derecho de demandar a gobiernos soberanos frente a tribunales de arbitraje ad hoc, son los ‘tribunales’ de arbitraje, comisiones formadas por tres abogados privados que resuelven demandas de grandes empresas… a su favor. Sin legitimidad alguna porque solo son abogados caros, además de una verdadera amenaza para la democracia. para reclamar pérdidas de beneficios derivadas de decisiones sobre política pública . En la práctica, este mecanismo de resolución de disputas entre inversores y Estados eleva el capital transnacional a un estatus equiparable al del Estado nación y amenaza con minar los principios más básicos de la democracia tanto en la UE como en los EE.UU. Permite que las corporaciones privadas actúen, en defensa de sus genéricos intereses, contra los poderes públicos nacionales, autonómicos, regionales y locales. Se pueden recurrir las decisiones políticas que atenten contra el Tratado, siendo sus decisiones de aplicación inmediata y sin apelación. Así, la decisión el Consejo Constitucional de Francia, al declarar conforme a la constitución la ley que prohíbe el gas esquisto, puede dar lugar a la interposición - por un potencial inversor o conjunto de inversores favorables al gas esquisto- de una queja por atentar contra el contenido del TTIP. Es un sistema de arbitraje privado que sustrae de competencias a las instituciones del Estado para el ejercicio de las políticas públicas.El TTIP que forma parte de la armadura jurídica que limita el ejercicio de la democracia y de la soberanía de los pueblos. La herencia normativa del capitalismo global - los contratos, normas de comercio e inversiones de carácter multilateral, regional y bilateral y resoluciones de los tribunales arbitrales que conforman la nueva normativa condiciona el devenir de las mayorías sociales. El TTIP no es sólo un acuerdo comercial, es un nuevo tratado fundacional al servicio de las corporaciones transnacionales.
La técnica jurídica utilizada por el TTIP no es neutral: es una arquitectura construida a favor de las empresas multinacionales y del capital. La desigualdad y la asimetría son elementos constitutivos del Tratado; además, su opacidad, su falta de transparencia y la reinterpretación de los elementos formales que constituyen el Estado de Derecho, deben ser conocidos, desmontados y reapropiados por las mayorías sociales.
Contexto jurídico sobre el que actúa el TTIP . Los derechos de las empresas transnacionales se tutelan por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características son imperativas, coercitivas y favorables a las empresas multinacionales.
Los componentes fundamentales del TTIP son el acceso al mercado, las normas regulatorias, las cuestiones reglamentarias y las barreras no arancelarias; abarca aspectos materiales y formales.
Entre las cuestiones materiales nos encontramos con propuestas relacionadas con la quiebra de los derechos laborales y la normativa europea medioambiental, la desregulación del sector financiero, la apertura al mercado privado de los servicios públicos –el agua, la electricidad, la educación, la salud, el trasporte, la protección social…-, el blindaje de las patentes farmacéuticas, el consumo de productos modificados genéticamente, la contratación pública…
El TTIP forma parte de este entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de caminos entre los derechos humanos y los derechos corporativos; hay una profunda ruptura de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de protección de los derechos humanos. Además, resulta evidente la debilidad democrática de las instituciones económicas globales, incluidos los tribunales arbitrales alejados de los poderes judicialesLa falta de legitimidad democrática del TTIP. El secreto y la opacidad son elementos constituyentes del TTIP. Las normas de comercio e inversiones se elaboran fuera del control parlamentario y de la ciudadanía. Desconocemos los negociadores, los criterios utilizados, las decisiones adoptadas… y se envuelve todo el procedimiento de valoraciones técnicas que “necesitan de la confianza” y “discreción entre los negociadores”; se toman decisiones a espaldas de la ciudadanía y al margen de los procedimientos parlamentarios, “secuestrando” los textos en discusión incluso a los representantes públicos.
El TTIP combina la desregulación de las obligaciones de las empresas transnacionales con la re-regulación de sus derechos. Se pretende eliminar toda barrera – arancelaria o no- que dificulte el desarrollo del libre comercio y de la inversión. Para eso se procede a la armonización normativa a la baja; es decir, si el control financiero es más estricto en EEUU, se armoniza teniendo en cuenta la regulación europea. Si la legislación laboral es más tuitiva en la Unión Europea, se aplican las normas de EEUU que desregulan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Se armoniza desregulando los derechos de las mayorías sociales en todas las materias susceptibles de “comprarse y venderse”. La compra pública responsable que tenga en cuenta los derechos laborales de sus empleados y de las empresas subcontratadas, la promoción del comercio justo, la eliminación de diferencias entre hombres y mujeres… chocará con la idea de derogar toda reglamentación que sea un obstáculo a la apertura de los mercados públicos al comercio y a las inversiones.
Toda la tramitación del TTIP quiebra los principios básicos del Estado de Derecho, es decir, las garantías procesales de la ciudadanía transparencia, separación de poderes, debates parlamentarios.
La tramitación del TTIP fulmina los principios clásicos del Estado de Derecho: la contractualización de la ley y de las relaciones económicas – se suprimen la normas parlamentarias generales y se sustituyen por sistemas contractuales asimétricos o de adhesión - provoca la anulación de los procedimientos legislativos, se disloca la separación de poderes y la soberanía de los pueblos y naciones.
Por otra parte, la inflación normativa muy especializada, las cláusulas oscuras, vagas, la incorporación de los anexos al TTIP, atentan contra los derechos de las mayorías sociales. Además, la privatización del Derecho mediante las agencias de calificación, el Derecho blando y la emisión de laudos arbitrales por tribunales privados, cierran el círculo infernal de la arquitectura de la impunidad.
Esta técnica clásica del modelo neoliberal se combina con la re-regulación de los derechos de las transnacionales. Si en los 90 el neoliberalismo se planteaba reducir el Estado y dejar vía libre a los mercados, ahora con el TTIP se busca un Estado fuerte que garantice los beneficios de las transnacionales europeas y estadounidenses. El Estado es imprescindible para la acumulación de riqueza del capital y para dirigir y reformar la sociedad al servicio de la grandes corporaciones. El TTIP fortalece los derechos de las mismas.El modelo institucional de la UE no se adapta a los modelos tradicionales de democracia parlamentaria. El papel del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales es secundario en el devenir del TTIP. Además, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que “sobre los tratados internacionales se informará con total transparencia y adecuadamente al Parlamento Europeo en todas y cada una de las fases de negociación”. Es decir, se están saltando su propia legalidad. Las prácticas en torno a la elaboración del TTIP colisionan con la propia normativa comunitaria.
Si a esto le unimos el verdadero golpe de Estado ha supuesto , el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria y el Mecanismo Europeo de Estabilidad; estos dos textos actúan como vasos comunicantes, ya que, por un lado elevan a la cúspide de la pirámide normativa comunitaria el déficit público y la deuda pública –y, por tanto, la generalización de medidas de ajuste en contra de las mayorías sociales- y, por otro, se establece una intervención técnica de las instancias comunitarias al margen de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo. El debate parlamentario y la deliberación quedan subordinados a reglas rígidas y automáticas establecidas en el diseño de las políticas presupuestarias.
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