Las dos caras de la política ambiental de UPM
La multinacional obtuvo un préstamo a
condición de preservar la biodiversidad de sus plantaciones en Finlandia, donde
sólo admiten especies nativas, mientras en Uruguay hace lo contrario
Víctor L. Bacchetta
Con la afirmación de que está “mostrando el camino a nivel global” (sic), la empresa
finlandesa UPM anunció la última semana la firma, con un conglomerado de bancos
internacionales, de una línea de crédito renovable de 750 millones de euros,
condicionada al cumplimiento de objetivos de largo plazo relacionados con la
preservación de la biodiversidad y la reducción de las emisiones de gases que
provocan el cambio climático.
La línea de crédito renovable está
vinculada a dos indicadores clave de desempeño. Uno es el impacto neto positivo
en la biodiversidad de las plantaciones forestales de la empresa. El otro es la
reducción para el año 2030 del 65% de las emisiones de dióxido de carbono de
los combustibles y la electricidad utilizados por UPM con respecto al nivel de
esas emisiones en 2015, señala la multinacional en un comunicado oficial.
Da la impresión de ser una loable
actitud, pero al ir a ver el compromiso de producir un impacto positivo en la
biodiversidad, resulta que este sólo se refiere a las plantaciones forestales
de UPM en Finlanda. ¿Por qué en este compromiso tan importante de la empresa
finlandesa no figuran sus plantaciones en Uruguay, el país en donde UPM estaría
haciendo en este momento la mayor inversión de su historia?
Veamos algunas cifras para entender
la magnitud del problema. Tres cuartas partes de la superficie terrestre de
Finlandia, alrededor de 23 millones de hectáreas, están cubiertas por árboles.
De ese total, 20 millones de hectáreas son tierras forestales, de las cuales
UPM posee cerca de 500 mil hectáreas, según sus propios datos. Es decir que UPM
tiene en Finlandia un 2,5% de los bosques y plantaciones.
En Uruguay, con un ecosistema de
pastizal o pradera natural, 16 millones de hectáreas son aptos para agricultura
y ganadería. De ese total 2,5 millones de hectáreas están cubiertos de árboles
si se suma el monte nativo y las plantaciones de las empresas forestales. UPM
maneja actualmente en este país unas 400 mil hectáreas, según su informe anual
de 2019, o sea 16% del total de bosques y plantaciones.
Visiblemente, la gravitación de UPM
en las zonas forestadas de Uruguay es mucho mayor que en Finlandia y si vemos
la concepción de las plantaciones la diferencia es abismal. En Finlandia, UPM
cultiva 100% de especies nativas en sus tierras, pero en Uruguay hace
exactamente lo opuesto, sus plantaciones son exclusivamente de eucaliptos, una
especie exótica o extraña al ecosistema original.
Ni siquiera en Finlandia esa es una
decisión de la empresa, sino que es una política del país que, por tradición y
un sistema particular de propiedad de la tierra, no permite la plantación de
especies exóticas. Entonces, el anuncio de UPM y los bancos de que acordaron
ese préstamo a cambio de un compromiso en defensa de la biodiversidad en
Finlandia es el disfraz ecologista de una mera operación financiera.
UPM se presenta en Uruguay también
como defensora de la biodiversidad, utilizando las certificaciones forestales
como garantía de buen desempeño ambiental. Toda la industria forestal
internacional utiliza las certificaciones del
Forest Stewardship Council
(FSC, Consejo de Administración
Forestal) y entidades similares con ese fin, pero el sistema está siendo cada
vez más cuestionado por sus inconsistencias.
El negocio de las certificaciones
El sistema de certificaciones
forestales es un ejemplo de una idea que se desvirtúa y se convierte en lo
contrario de lo que propuso. Tras la Cumbre de la Tierra, en 1994, un grupo de
empresas, ambientalistas y líderes comunitarios se unieron en el FSC para “crear un concepto revolucionario: un
enfoque voluntario, basado en el mercado, que mejoraría las prácticas
forestales en todo el mundo”, según sus palabras.
El objetivo del FSC era
promover “un manejo ambiental responsable, socialmente beneficioso y económicamente
viable de los bosques”
, mediante la aplicación de un
conjunto de principios y criterios reconocidos y respetados. La falla ya estuvo
en la pretensión contradictoria de cumplir ese fin por medio de un “enfoque voluntario, basado en el mercado”, porque lo que
se impuso fue la lógica del mercado.
En su última edición, la Ethical Corporation Magazine, de Londres,
se ocupó de las certificaciones del FSC. El entrevistado Simon Counsell, ex
director de la Rainforest Foundation y participante en el inicio del FSC,
explicó que la idea con la certificación era dar una ventaja a la silvicultura
comunitaria sostenible, pero que resultó ser caro y tampoco se logró un mayor
valor de mercado para sus productos FSC.
A pesar entonces de la
certificación, la silvicultura comunitaria no pudo competir con las grandes
empresas industriales. Este pudo ser el fin del FSC, pero hubo empresas
forestales que vieron que el sello del FSC podía serles útil al dar a sus
compradores la confianza de que los productos ofrecidos habían sido rastreados
a través de la cadena de suministro y provenían de un manejo sostenible de los
bosques.
El FSC no hace las auditorías, sino
que hay más de 80 entidades evaluadoras que son contratadas por las empresas
forestales para realizar la inspección y aquí surgió uno de los
problemas.
“Esto resulta en una carrera por reducir el rigor de
las auditorías que realizan. Los más indulgentes y laxos con el incumplimiento
o las fallas de los clientes, son los que más probablemente tengan negocios en
curso”, dijo Counsell.
El ex auditor de Rainforest Alliance, Walter Smith,
admitió que “la presión económica por obtener y mantener clientes es un factor que
puede conducir a parcialidad". Smith agregó que a lo largo de su
carrera descubrió que "las grandes empresas pueden emprender acciones legales contra los
organismos de certificación si amenazan con suspenderlos”. En estas
condiciones, la parcialidad queda fuera de dudas.
Hace varios años que se le reclama
al FSC un cambio en sus procedimientos por no regular suficientemente a los
auditores. El ex director de Rainforest Alliance relató que se le propuso
invertir todo el proceso, de tal manera que las solicitudes de certificación se
dirigieran al FSC, siendo luego elegidos los auditores más rigurosos. Counsell
dijo que la respuesta del FSC fue que era “demasiado difícil y complicado”. Hace 13 años el
técnico forestal Ricardo Carrere publicó una investigación sobre las
certificaciones del FSC en Uruguay. La tituló Maquillaje verde, porque llegó
a la conclusión de que las plantaciones de especies exóticas conducen a “
la destrucción completa del principal ecosistema del
país”, la pradera. Sin embargo, UPM nos sigue dando lecciones de silvicultura
sostenible de la mano del FSC.
Tomado de “Sudestada”
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