Uruguay

Durante los últimos 15 años Uruguay transitó un intenso proceso de crecimiento económico ligado a un contexto internacional de altos precios de los “commodities” y al flujo de capital extranjero que recibió el país. La acumulación de capital, que se expresó en altas tasas de inversión en comparación con la media histórica, se produjo en varios sectores de la economía, con especial protagonismo del sector agropecuario.


El cultivo de soja pasó de ocupar 10.000 hectáreas a cerca de 1,33 millones de hectáreas en una década (casi 10% del territorio productivo), al tiempo que continuó la expansión del área forestada con eucaliptus y pinos iniciada en los 90s. Además de estos rubros “no tradicionales”, continuó la expansión de la producción lechera y ganadera que, a pesar de perder superficie a favor de la soja y la forestación, elevaron sus índices de productividad por hectárea y por trabajador gracias a la incorporación de tecnología(2).


En todos estos casos, el dinamismo fue producto de la elevación en las tasas de ganancia sectorial posibilitadas por los altos precios de las mercancías agrarias. Las determinaciones detrás del alza de precios son varias, aunque hay dos fundamentales: (i) la fase expansiva de acumulación de capital en China y parte del sudeste asiático hacia donde se relocalizó buena parte de la industria manufacturera global, y que requirió y requiere flujos crecientes de fuerza de trabajo (más o menos calificada) que se urbaniza e incorpora a su dieta proteínas de origen animal; y (ii) una fase particular de la crisis de rentabilidad del capital a nivel global que implicó la migración de formas del capital ficticio (simplificando, títulos que permiten apropiar plusvalía futura) hacia el mercado de las “commodities” luego de la crisis de las “Puntocom” en 2001.

Empalmaron así dos tendencias globales que provocaron profundas transformaciones a nivel global, en particular en aquellos países que se insertan en el mercado mundial como proveedores de materias primas y alimentos producidas en base a medios de producción finitos, heterogéneos y monopolizables. Estos países experimentaron procesos virtuosos de crecimiento económico que como tendencia redujeron los niveles de desocupación y elevaron los ingresos de la clase trabajadora por incrementos salariales, expansión del salario indirecto (gasto público) y transferencias monetarias.

Una de las “fuentes” fundamentales que posibilitó esta peculiar fase de acumulación en la periferia del capitalismo fue la renta del suelo. La renta del suelo, como desarrollara Marx(3), es una porción del plusvalor socialmente producido que apropian los dueños del suelo. Cuando la tierra se incorpora a la valorización del valor se vuelve mercancía (porque se compra y se vende a un precio en el mercado) pero no capital, ya que, con excepción de las mejoras, no es producto del trabajo humano (no tiene valor). Sin embargo, como la reproducción social requiere valores de uso que solo se obtienen explotando medios de producción naturales, la sociedad paga una renta a sus propietarios, la que se convierte en una fuente de ganancia extraordinaria que puede ser disputada sin afectar la tasa de ganancia media.

Bajando en el nivel de abstracción del análisis, el investigador argentino Juan Iñigo Carrera(4) identifica dos grandes destinos de la renta del suelo. El primero y más conocido es la renta que llega a los propietarios del suelo: los terratenientes. Estos pueden ser al mismo tiempo capitalistas (en cuyo caso apropian renta y ganancia) o simplemente arrendar sus tierras a un empresario que organiza la producción. El segundo destino, en general menos aparente, surge de la intervención del Estado en el proceso económico provocando que la renta no llegue a manos de los capitalistas agrarios (y por ende de los terratenientes), y se desvíe hacia otras fracciones del capital o hacia el propio Estado. La forma más conocida de apropiar renta de esta forma son las detracciones o retenciones a las exportaciones de mercancías que portan renta(5). Sin embargo existe un mecanismo más invisible, y por ende más efectivo, que es la sobrevaluación del tipo de cambio a partir del cual el sector exportador pierde parte del valor que apropiaría en tanto recibe “menos pesos” por cada dólar exportado, al tiempo que esa fracción de renta es apropiada por aquellos capitales que pasan a importar mercancías más baratas (precisan “menos pesos” para comprar igual cantidad de dólares). Estas mercancías pueden ser tecnología e insumos con destino industrial, o productos terminados en cuyo caso la renta abarata el costo de reproducción de la fuerza de trabajo (para un desarrollo más exhaustivo de la cuestión ver el artículo de Alonso y Barbeito en este número).

La renta del suelo en el Uruguay contemporáneo

En el caso de Uruguay se cuenta con buena información sobre la renta apropiada por los terratenientes gracias a los informes del mercado de tierras de la Dirección de Estadística Agropecuaria (DIEA-MGAP). No es el caso de la renta apropiada por otros actores cuyo análisis requerirá investigaciones particulares. En lo que sigue se abordará exclusivamente la renta apropiada por los dueños del suelo en el Uruguay de los últimos 15 años.

Según nuestras estimaciones(1) entre el 2000 y el 2015 la renta total apropiada por los dueños del suelo acumuló la friolera de 15.762 millones de dólares. Esta cifra representa 3% del producto bruto interno (PBI) acumulado en dicho período y 10% del plusvalor total. En otros términos, de cada diez dólares que apropiaron los dueños del capital en Uruguay entre el 2000 y el 2015, un dólar fue apropiado por los dueños del suelo agrario. Asimismo, su participación creció tanto en términos absolutos como en términos relativos, en la medida que si en el año 2000 los terratenientes apropiaban 5,9% del plusvalor, en el año 2014 llegaron a apropiar el 12,2%. ¿Quiénes apropiaron esta masa de ganancias?

Por lo pronto, el análisis concreto arroja que la figura del terrateniente no solo expresa la conocida imagen del gran latifundista agropecuario. Por el contrario, se puede distinguir entre: (i) los que solo son dueños del suelo (terratenientes en sentido estricto), (ii) los capitalistas agrarios que al mismo tiempo son propietarios, (iii) los productores mercantiles (que utilizan fuerza de trabajo propia y familiar) que son propietarios del suelo, y (iv) el Estado que apropia renta a través de la propiedad directa del suelo vía Instituto Nacional de Colonización (INC) y de políticas tributarias.

Así, con información de los censos agropecuarios, del INC y de la DGI se puede reconstruir de forma aproximada como es la participación de estos sujetos en la distribución de esta renta. Con información agregada para el período 2000-2015 (Cuadro 1) se obtiene que el 37,5% de la renta fue apropiada por los terratenientes “puros”, el 47,4% por los capitalistas, el 7,9% por los productores mercantiles y finalmente el 7,2% por el Estado.

Cuadro 1. Distribución renta del suelo terratenientes por sujeto, datos agregados 2000-2015 en miles de dólares y en porcentaje, y porcentaje en relación al plusvalor (PV) total

Son varias las conclusiones preliminares que se pueden extraer. En primer lugar existe un sujeto social que no participa del proceso de producción y que en el período analizado apropió 5.903 millones de dólares, el 37,5% de la renta total. Esta cifra representa el 3,7% del plusvalor total que apropió el capital en Uruguay entre 2000 y 2015 y que, cifras más cifras menos, permitiría construir unas tres plantas de celulosa. A quiénes y a dónde fue a parar esa cuantía de riqueza no lo sabemos, en tanto la información sobre los propietarios del suelo es muy precaria. Tampoco sabemos cuántas personas/familias integran esta clase, aunque un estudio detallado del Catastro Nacional y de los contribuyentes de los impuestos a la propiedad (Contribución Inmobiliaria, Impuestos de Primaria y al Patrimonio Rural) podría empezar a arrojar un poco de luz sobre el asunto.

En cuanto al destino de esa renta, se puede hipotetizar que en tanto es un sujeto que opta por no participar del proceso de producción de mercancías agrarias, seguramente una parte de la renta la destine al consumo y otra a inversiones poco riesgosas, como inversiones en el sector inmobiliario y colocaciones financieras en plaza y en el exterior. Sin embargo, no hay que descartar inversiones en el propio sector agropecuario, así como aquellos casos donde se invierte en tierra para valorizar capital a través de la renta(6). Por ejemplo, parte de las 2 millones de hectáreas en manos de uruguayos en Paraguay pueden haber sido financiadas con "renta local".

En segundo lugar, aparecen los capitalistas agrarios que apropiaron bajo la forma de renta 7.472 millones de dólares, equivalentes al 47,4% de la renta total y al 4,7% del plusvalor total de la economía entre 2000 y 2015. En términos abstractos, y bajo el supuesto de que todos los capitalistas obtienen al menos la ganancia media, la renta estaría remunerando exclusivamente su condición de propietarios del suelo, por lo cual el destino de la misma podría seguir cursos similares al de los terratenientes puros.

No obstante es necesario introducir algunas salvedades. En primer lugar, el hecho de que la compra de tierras sea en algunos casos una condición relevante para inversiones de largo plazo (por ejemplo en la forestación), hace que la renta permita recuperar la inversión inicial dado que el precio de compraventa no es más que un flujo de renta capitalizado según la tasa de interés vigente. En segundo lugar, el supuesto de que todos los capitalistas obtienen la ganancia media no es tal, en la medida que el proceso de competencia lleva a la conformación de múltiples tasas de ganancia, por lo que es esperable que tiendan a existir capitalistas que compensen su ineficiencia con la renta. De todas formas, la tendencia probable es que estos capitales menos productivos terminen optando por arrendar y/o vender sus campos para apropiar así íntegramente la renta del suelo. Seguramente sea el caso de parte de los 3.638 establecimientos de tipo “no-familiar” que desaparecieron entre 2000 y 2011(7).

La información que se tiene sobre los capitalistas dueños del suelo es algo mejor en comparación con los terratenientes puros, en tanto los establecimientos agropecuarios son censados cada diez años. En términos cuantitativos, esta clase está conformada por la fracción propietaria de los 15.777 establecimientos “no-familiares” identificados por Tommasino et al. (2014) en base al censo de 2011(7). Si para el total de establecimientos agropecuarios del Uruguay aproximadamente el 70% son total o parcialmente propietarios del suelo, con este ratio se podría suponer que los capitalistas agrarios propietarios rondaban en 2011 los 11.270. Es más, si se pone el foco en los 8.014 establecimientos (propietarios o arrendatarios) de más de 500 hectáreas que según el Censo de 2011 controlaban el 78% de la superficie productiva nacional, con el mismo supuesto se obtiene que unos 5.610 establecimientos podrían estar embolsando en el entorno del 80% de la renta que apropia este grupo.

El tercer sujeto que aparece en el análisis son los productores mercantiles directos. Se trata de una clase peculiar(8), de difícil delimitación para las ciencias sociales, en tanto contiene elementos del asalariado al explotar su fuerza de trabajo familiar, elementos del capitalista al ser propietario de medios de producción, y elementos del terrateniente cuando es propietario del suelo. En ese caso se condensan en una misma figura tres relaciones sociales diferentes. A los efectos de este artículo, interesa destacar que los productores mercantiles propietarios apropiaron bajo la forma de renta 1.247 millones de dólares, equivalentes al 7,9% de la renta total y al 0,8% del plusvalor acumulado en el período 2000-2015.

A diferencia de los anteriores, en este sujeto la renta difícilmente tenga otro destino que no sea el consumo productivo y/o reproductivo en la propia explotación, ya que los ingresos de la producción mercantil en general cubren la reproducción de la fuerza de trabajo y la reanudación del ciclo productivo. En base al procesamiento de la Encuesta Continua de Hogares(9), nuestras estimaciones muestran que, de 2006 a 2015, mientras los productores mercantiles propietarios incrementaron el poder de compra de sus ingresos un 9,6% con un nivel absoluto similar al de los asalariados al final del período, los cuenta propia arrendatarios (que no apropian renta) perdieron un 16,3% de poder de compra a lo largo del período y para 2015 su ingreso era 40% inferior al de los propietarios.

En términos cuantitativos, las estimaciones de Tommasino et al. (2014) con datos del censo 2011(7) arrojan que los establecimientos de tipo familiar eran 25.580, con 100 hectáreas de tierra promedio y solo la mitad en propiedad. De este total, unos 17.500 serían propietarios tomando como ratio el promedio de 70% antes utilizado.

Por último, está la renta que apropia el Estado como terrateniente directo y a través de su política tributaria. En total el Estado apropió 1.139 millones de dólares entre 2000 y 2015, equivalente al 7,2% de la renta total y al 0,7% del plusvalor de la economía. Lo peculiar es que su participación en la renta total sufre importantes oscilaciones en el período. Comienza arriba del 10%, cae a 5% en 2009 y se vuelve a recuperar hasta llegar al 8,6% de la renta total en 2015. Estas oscilaciones expresan las modificaciones tributarias del período, que pasaron de una etapa de “alivio fiscal” en el contexto de crisis 1999-2002, a una etapa de incremento de la presión fiscal de 2007 en adelante que incluyó nuevos impuestos que buscaron apropiar el incremento en la masa de renta. En concreto, el Impuesto al Patrimonio Rural (2013), la eliminación de la exoneración del Impuesto a la Enseñanza Primaria (2015) y del descuento del 18% en la Contribución Inmobiliaria Rural (desde 2016).

De la renta total apropiada, el 89% correspondió a tributos y el restante 11% a las rentas cobradas por el Instituto Nacional de Colonización. Es importante destacar que en tanto el INC cobra precios de arrendamiento por debajo de la renta de mercado, así como tiene un grupo no despreciable de morosos (que se fue regularizando desde 2005), deja de apropiar una masa de renta que puede ser capturada por los colonos (en general productores mercantiles). Comparando la renta potencial (precios de mercado) con la renta efectivamente apropiada (obtenida de los balances contables), se obtiene que el INC dejó de apropiar el 59% de la renta total (179 millones de dólares) en el período, parte de la cual llegó a manos de los colonos.


A modo de cierre

Como quedó en evidencia a lo largo del artículo, existen importantes lagunas de información con respecto al destino de la renta y sus propietarios en Uruguay. Las recientes investigaciones académicas sobre la distribución de la riqueza en el Uruguay parecen empezar a cubrir parte de estos baches, aunque se sigue sabiendo poco sobre el “poder económico”. Tampoco se sabe mucho sobre la distribución a la interna de los terratenientes y los capitalistas, aunque es de esperar un alto nivel de concentración dado el alto grado de centralización de la tierra. En particular, se sabe casi nada sobre ese grupo de propietarios del suelo que apropian cerca del 40% de la renta que llega los terratenientes sin siquiera participar del proceso productivo.

Las estimaciones presentadas dan cuenta tanto del flujo creciente de plusvalor apropiado por los dueños del suelo agrario en los últimos 15 años, como del escaso peso relativo de la renta capturada por el Estado (menos del 10%). Esto sin considerar la renta que no llega a los terratenientes por acción del Estado, en especial por la sobrevaluación del tipo de cambio.

En definitiva, es necesario seguir avanzando en el conocimiento concreto del movimiento del capital en nuestra economía y de las formas principales de apropiación del valor, de forma de visualizar y evidenciar el problema del uso y la distribución de la riqueza socialmente producida.

Notas

(1) Los datos que se presentan en este artículo se basan en el trabajo “Renta del suelo, ingreso laboral y ganancias en el agro en Uruguay 2000 – 2015” de Gabriel Oyhantçabal y Martín Sanguinetti. Las estimaciones de la plusvalía total son del autor.

(2) Ver por ejemplo “El crecimiento de la productividad agropecuaria 1980-2010” de Berbejillo, Mila y Bertamini en el Anuario OPYPA 2011.

(3) Para un desarrollo exhaustivo de la cuestión de la renta ver sección 6ª del Libro III “El Capital” de Karl Marx (edición Siglo XXI).

(4) Ver “La formación económica de la sociedad Argentina. Vol 1”, Juan Iñigo Carrera (2007), ediciones Imago Mundi.

(5) En Uruguay se implementaron detracciones con la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria de 1959 que eliminó el tipo de cambio diferencial (que también permitía apropiar renta). En la actualidad la Ley 17.780 (mayo de 2004) prohíbe cobrar detracciones con excepción de los cueros sin procesar (cueros crudos, salados, piquelados y wet-blue) a los que se les aplica una tasa de 5%. No es el caso de Argentina, que luego de la megadevaluación de 2002 (de más de 300%) introdujo este mecanismo impositivo para apropiar renta.

(6) Es el caso de la emisión en marzo de 2013 del Fideicomiso Financiero Fondo de Tierras Uruguay (FFFTU), orientado a la captación de inversiones para la compra de tierras para su posterior arrendamiento, administrado por la firma Farm and Forestry Management Services. A diciembre de 2014 según consta en su informe contable el fondo contaba con 52 millones de dólares invertidos en siete establecimientos que, a un promedio estimado de 4000 dólares la hectárea, equivalen a unas 13.000 hectáreas productivas, al tiempo que en un sólo año sus propiedades se valorizaron en 586.000 dólares y los ingresos por concepto de arrendamientos fueron en 2014 de 920.391 dólares.

(7) Ver “Tipología de productores agropecuarios: caracterización a partir del Censo Agropecuario 2011” de Tommasino, Cortelezzi, Mondelli, Berbejillo y Silva Carrazzona en el Anuario OPYPA 2014.

(8) Si en la literatura de la cuestión agraria clásica del marxismo esta clase era el campesinado, en la actualidad en territorios de capitalismo consolidado se los suele conceptuar como “agricultores familiares” (América del Sur) o “family farmers” (Estados Unidos).

(9) Para el procesamiento de la Encuesta Continua de Hogres se asumió que la categoría “cuenta propia con local” da cuenta de la producción mercantil agropecuaria.

* Docente de la Universidad de la República. Integrante del comité editorial de Hemisferio Izquierdo.