áreas de protección ambiental

El gobierno comenzó a recortar las áreas de protección ambiental

 Aunque Uruguay está lejos de los acuerdos asumidos y atrasado con respecto a la mayoría de los países, el Poder Ejecutivo ha decidido congelar o reducir las áreas protegidas existentes

Víctor L. Bacchetta

La inclusión en la Ley de Urgente Consideración (LUC) de dos artículos que modifican la Ley de Áreas Protegidas (N° 17.234), volviendo al régimen anterior a 2005 por el cual para declararlas es necesario el consentimiento de los propietarios privados que sean incluidos o, en su defecto, deberían ser expropiados, ha desatado un amplio debate público sobre sus implicancias. Pero sin llegar a debatirse la reforma en las sesiones plenarias del Parlamento, el Poder Ejecutivo ya la está implementando.

Para el jefe de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Eduardo Andrés, el cambio propuesto en la ley “no es radical”, pues contempla el consentimiento del dueño de la tierra y también mantiene la posibilidad de la expropiación.  Andrés se pregunta, sin embargo, si el Estado tendrá la capacidad necesaria y afirma que conservar las áreas tiene “un costo humano y económico” muy importante y los presupuestos “no son ajustados al tamaño de lo que queremos hacer”.
Paralelamente a estas declaraciones, se produjo un hecho mucho más claro para entender cuáles son las motivaciones de la nueva administración. El senador por el Partido Nacional y ex intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, adelantó que con la actual Intendenta, Carmen Tort, el director de la Dinama y la ministra de Medio Ambiente, Irene Moreira, habían negociado la reducción del área protegida de Paso Centurión y “algunas ventajas compensatorias para los afectados”.
De esta manera, las autoridades se anticiparon a la sanción de la ley de urgente consideración y aplicaron de hecho la modificación propuesta. 

“Más que la reducción del área, sería bueno reverla totalmente para armar un proyecto más concreto y más eficaz, pero defender sobre todo la propiedad privada, que en este país es sagrada. En definitiva, el abuso fue traspasar lo que realmente se tenía que proteger, involucrando zonas realmente productivas”

, dijo ante el anuncio el productor rural Ignacio Gigena.

Ese mismo día, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, visitó Cerro Largo y confirmó la postura oficial. Señaló que el tema es “el territorio que abarcan, la interdicción que puede sufrir un vecino y el cese de algunas actividades productivas”. Tras afirmar que las áreas protegidas son importantes para el país y la biodiversidad sostuvo que las “áreas de demasiada extensión no las vamos a poder hacer cumplir la normativa y termina siendo injusto para los pobladores de la zona”.

Incumplimiento de acuerdos y atrasos

“Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente áreas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectado”, estableció el Plan Estratégico acordado por los países integrantes del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Uruguay participó de la 10ª Conferencia de las Partes de ese convenio, realizada en Nagoya, Japón, en el año 2010, que acordó las llamadas Metas de Aichi, 20 metas para ser alcanzadas en 2020. Desde la primera área de la Quebrada de los Cuervos en 2008 se agregaron 16 nuevas áreas, que totalizan hoy 334.125 hectáreas, incluyendo la superficie terrestre y marina, alcanzando al 1,05% del territorio.

Todos los países han avanzado en las áreas protegidas, si bien de forma dispar y la gran mayoría todavía no alcanzó la meta del 17% del territorio, pero Uruguay está entre los de más bajo desempeño. En el ranking elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Centro de Seguimiento de la Conservación Mundial, Uruguay ocupa el lugar 143 en un total de 188 países, aun asignándole un 2,3% del territorio bajo el régimen de áreas protegidas.

Además de las zonas que forman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en el resto del territorio existen otras formas de protección de la biodiversidad en el marco de convenios internacionales y bajo diversas normas nacionales y departamentales.

En Uruguay, la extensión de esos ecosistemas y espacios protegidos se sitúa en el entorno del 8% de la superficie terrestre y marina del país. El siguiente cuadro permite comparar la situación de Uruguay con otros países de la región y del mundo.

De acuerdo con UICN, el promedio de las áreas protegidas en Europa es de 11,4%, en América del Norte es de 11,9% y en América Latina y el Caribe es de 24,1%. Según el Banco Mundial, el promedio de las áreas protegidas existentes en el planeta en 2018 era de 14,7%.

Las cifras asignadas muestras ciertas variaciones entre las instituciones recopiladoras por aplicar distintos criterios para unificar los criterios, a su vez disímiles, de los diferentes países, pero las proporciones se mantienen.