viernes, 5 de mayo de 2017

Martinez beneficia a empresa amiga

Intendencia concede regalo de fin de año de 600 mil dólares a multinacional

Martínez adjudicó directamente un trabajo de saneamiento a Montelecnor por $2,5 millones, pero esta boicoteó la obra y obtuvo un pago adicional de $17 millones que viola la Ley Orgánica


Montelecnor, filial de la multinacional Elecnor en Uruguay
, ganó el 25 de enero de 2010, una licitación pública de 172 millones de pesos para encargarse de la regularización del asentamiento “San Antonio” (Camino Santos, Instrucciones, Behering y Batlle y Ordóñez, barrio Lavalleja), en el marco del primer Programa de Mejoramiento de Barrios. 


Dos años después, el 22 de octubre de 2012, la comuna amplió en un 80 por ciento el contrato de aquella licitación, y le pagó a la multinacional otros 137 millones de pesos para que se ocupara de las obras de realojo del asentamiento de Isla de Gaspar y Larravide, a 10 kilómetros del asentamiento San Antonio. 


El Tribunal de Cuentas (TCR) observó ese gasto al considerar que se violenta el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) en tanto 
“no amplía el objeto del contrato, sino que incorpora el realojo de un asentamiento no considerado ni en el llamado ni en el contrato suscrito con la empresa Montelecnor S.A”
 en el año 2010, entre otros puntos. Pero las obras y los pagos por parte de la Intendencia durante el mandato de Ana Olivera (2010-2015), igualmente se ejecutaron. 


Seis años después de la adjudicación de la licitación pública a Montelecnor por 172 millones de pesos (2010), y cuatro luego de la primera ampliación por otros 137 millones de pesos (2012), la Intendencia firmó en 2016 una nueva extensión del contrato para encargarle a la multinacional las obras de saneamiento de las calles María Orticochea y Juan Bautista Saá.


Esa esquina del barrio Conciliación se encuentra a cinco kilómetros del barrio San Antonio (contrato original) y a 18 kilómetros del asentamiento de Isla de Gaspar (primera ampliación). 




Según la resolución de la Intendencia 4274/16, la División Tierras y Hábitat entiende que es 
“necesario incorporar las obras de infraestructura y saneamiento en las calles María Orticochea y Juan Bautista Saá”
; la Contaduría general 
“sugiere se modifique”
 la resolución del año 2012 que amplió el contrato con Montelecnor, ahora 
“incluyendo las obras mencionadas”
 por la suma de 2,56 millones de pesos; y la Dirección General del Departamento de Acondicionamiento Urbano es de 
“opinión favorable a que se proceda en consecuencia”


Así, el intendente Daniel Martínez firmó, el 19 de setiembre de 2016, la nueva ampliación del contrato con la multinacional para una obra distinta que sorteaba un nuevo llamado a licitación. El monto no era significativo –unos 89 mil dólares, aproximadamente–, teniendo en cuenta el contrato original y la anterior ampliación. 




Pero Montelecnor decidió parar la obra como represalia contra la comuna, a la que reclamaba un millón de dólares porque, a su juicio, los trabajos en el asentamiento Isla de Gaspar implicaron mayores gastos para la empresa al ejecutar el fraccionamiento de los terrenos –para el realojo de las familias– con frente a las calles Veracierto, Capitán Duarte y Cochabamba.


La situación, que la Intendencia bien pudo considerar como incumplimiento de parte de la empresa privada, se resolvió poco después con una erogación de las arcas públicas, de acuerdo a la documentación obtenida por 
Sudestada