Mineria a cielo abierto

Promueven referéndum contra minería en cuatro departamentos
En Lavalleja, Treinta y Tres, Tacuarembó y Rivera juntas firmas para que se prohiba la explotación de minerales a cielo abierto en sus territorios

Cada firma vale oro”. Bajo esa  consigna es que en los departamentos de Tacuarembó, Rivera, Treinta y Tres y Lavalleja se desarrollan  campañas de recolección de adhesiones para promover la prohibición de la minería a cielo abierto en sus territorios.
El primer objetivo es que sean las Juntas Departamentales las que voten una ordenanza que declare a las zonas rurales de cada municipio como áreas de reserva ambiental libres de minería a cielo abierto. Pero si eso no se logra el paso siguiente será la realización de un referéndum departamental para que se expida la población.
El pedido se basa en el artículo 14 de ley de Ordenamiento Territorial de 2008, que establece que los gobiernos departamentales tendrán la competencia para establecer y aplicar regulaciones territoriales sobre el uso de los suelos. Además, se apoya en el artículo 305 de la Constitución que habilita a los residentes en una localidad a tener derecho de iniciativa ante sus gobiernos en asuntos de su jurisdicción.
Para el abogado constitucionalista José Korzeniak  si la iniciativa prosperara el gobierno podría elaborar otra ley para derogar  lo que establece la norma de Ordenamiento Territorial. En este sentido, agregó que la Constitución tampoco establece que el uso de los suelos y la riqueza minera sea administrada por lo gobiernos departamentales.
Tacuarembó es uno de los departamentos donde más se ha avanzado. Se llevan recolectadas 10.800 firmas y se espera llegar en las próximas semanas a las 12.000 adhesiones requeridas por la Constitución (15% del padrón electoral).
El siguiente paso será presentarlas ante la Corte Electoral para que sean verificadas y de esa forma habilitar la discusión del tema en el legislativo departamental. En caso que la iniciativa no cuente con los votos necesarios para ser aprobada el tema pasará directamente al intendente, que en un plazo no mayor a 60 días deberá llamar a referéndum. Daniela Pirez del grupo “Por Tacuarembó, la vida y el agua”, dijo a El Observador que en el departamento hay 300.000 hectáreas solicitadas para destinarlas a  emprendimientos mineros.
Una movida similar está en marcha en Lavalleja donde se llevan recolectadas 3.500 firmas, y se espera que para el mes de junio se llegue a las 6.300 que se necesitan para presentar ante la Corte Electoral.
“Buscamos que la gente decida qué tipo de departamento quiere. Si bien ya hay minería controlada a cielo abierto no metálica, tenemos una matriz productiva sustentable”, afirmó a El Observador, la productora rural  e integrante del directorio del Partido Nacional, Carol Aviaga, que encabeza el movimiento social que lleva adelante la campaña. En octubre del año pasado   a pedido de 400 vecinos el tema fue tratado por la Junta, pero de los 20 ediles presentes en sala solo 9 votaron a favor.
En el departamento serrano hay 420.000 hectáreas sobre las que se han otorgado permisos a empresas multinacionales interesadas en la extracción de hierro y oro para que realicen investigaciones de su riqueza minera. El 80% de esos predios pertenecen a pequeños y medianos productores que viven y trabajan en su tierra.
Por otra parte, en Rivera, se tienen contabilizadas 1.500 firmas y se necesita llegar a 12.500. Si bien ya existen emprendimientos dedicados a la minería de metales y diamantes se pretende que no se otorguen nuevos permisos. De 208.000 hectáreas, 135.000 están pedidas para realizar trabajos de exploración. “Buscamos que el tema se debata. A la gente no le llega información, tienen los campos pedidos y no saben porque no leen el diario oficial y no saben que tienen 10 días para recurrir esas decisiones”, dijo a El Observador, Fabiana Campo, que encabeza la campaña en la zona.
En Treinta y Tres, la “Comisión de Defensa de la Tierra” tiene por objetivo alcanzar las 5.000 firmas para que el departamento se declare “libre de megaminería”. En ese lugar del país está enclavado el emprendimiento de la empresa Aratirí que persigue la extracción, procesamiento y exportación de mineral de hierro.
A fines del año pasado un relevamiento de la empresa Cifra dio como resultado que más de la mitad de los habitantes de Cerro Chato y zonas adyacentes están de acuerdo con la instalación de la minera y un porcentaje mayor considera que dará más fuentes de trabajo. El gobierno pidió este mes a la empresa que demuestre que cuenta con US$ 1.000 millones de capital propio para desarrollar su inversión.