sábado, 31 de octubre de 2020

LA LUC Y LAS EMPRESAS PUBLICAS

  

LA LUC Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS (EEPP)

La LUC contiene el marco legal que permite modificar definitivamente todo funcionamiento y actividades que las Empresas Públicas (EEPP) realizan, lo cual entre otras cosas incluye su privatización, mercantilización y desmantelamiento.

ATACA EL PRESUPUESTO DE LAS EEPP

La LUC establece exoneraciones de impuestos a los sectores más ricos y modifica leyes que dan mayores facilidades para la evasión impositiva y la informalidad laboral, reduciendo significativamente la recaudación estatal. Esto implica que las EEPP serán una de las principales variables de ajuste para cumplir con los planes de ahorro anunciados por el Gobierno.

En este sentido, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) definió las nuevas pautas presupuestales para las EEPP, profundizando significativamente los recortes que han sufrido en el último quinquenio, sobre todo en lo que implica el déficit de personal genuino y de inversiones.

La aplicación de estas pautas no solo empeorará la calidad de los servicios públicos, sino que necesariamente implicará una modificación de todo el funcionamiento de las EEPP: es imposible que sigan desarrollando todas las actividades que realizan y al mismo tiempo cumplir con los recortes.

ENTORPECE EL FUNCIONAMIENTO Y QUITA AUTONOMÍA

La LUC, crea nuevos organismos y le da mayor jerarquía a otros existentes, con el objetivo de hacer migrar funciones que actualmente están en la órbita de las EEPP o de establecer pautas para incidir en su gestión, quitándoles autonomía para la toma de decisiones, y justificando así la aplicación de recortes y su desmantelamiento.

Se aumenta la jerarquía de los organismos reguladores, URSEA y URSEC, y pasan a desempeñar funciones que históricamente desarrollaron las EEPP como la elaboración de la propuesta tarifaria.

Esto, además de entorpecer el funcionamiento de las EEPP, desvaloriza el conocimiento que allí se ha desarrollado y acumulado históricamente, drenándolo fuera de ellas y debilitándolas. Conocimiento que se pone al servicio del sector privado y el lucro, en lugar de estar al servicio del pueblo.

También se jerarquiza la Oficina Nacional de Servicio Civil y el Tribunal de cuentas. Además, se crean la Agencia Reguladora de Compras Estatales y la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas.

GENERA NUEVOS MERCADOS AL SERVICIO DEL SECTOR PRIVADO

Se habilita la apertura de parte del capital accionario de las Sociedades Anónimas en órbita de las EEPP, accediendo los privados a beneficios que actualmente obtienen las EEPP.

A su vez se define un Plan Estratégico de Fortalecimiento de Infraestructura, que implica la privatización de infraestructura estratégica mediante el mecanismo de Participación Público Privada (PPP). Se fomenta este mecanismo, que está comprobado resulta más costoso que la inversión pública tradicional, dando mayores facilidades y acortando plazos para su implementación.

Por otra parte, fomenta la competencia con Empresas Privadas cuando es posible (estableciendo condiciones que perjudican a las EEPP compitiendo en condiciones desiguales).

¿QUÉ PASA CON LAS TARIFAS Y LA CALIDAD DEL SERVICIO?

Los recortes presupuestales impactarán negativamente en la calidad de los servicios, por contar con menos recursos para realizar las tareas necesarias.

La profundización de las privatizaciones y tercerización de personal, y los nuevos mercados creados al servicio de los privados incrementarán los costos de las EEPP, lo cual se verá reflejado en las tarifas públicas.

Los nuevos criterios tarifarios conciben a los servicios públicos como mercancías y no como insumos fundamentales para la satisfacción de necesidades básicas (como lo son el caso del acceso al agua potable, saneamiento y energía eléctrica), atacando las tarifas residenciales en beneficio de las tarifas de los grandes sectores empresariales.

Las pautas presupuestales ponen trabas para el desarrollo de tarifas sociales, y comprometen la realización de inversiones para ampliación del acceso a los servicios para la población. Estos costos ya no podrán asignarse al presupuesto de las EEPP, sino que debe asignarse al presupuesto de los distintos ministerios (por ejemplo el MIDES). La LUC crea una nueva Regla Fiscal que limitará el presupuesto de los ministerios, limitando así el presupuesto para tarifas sociales.

 

La LUC brinda las herramientas para aplicar los recortes presupuestales sobre las EEPP que, por su profundidad, dejarían escasas posibilidades de revertir la situación en el futuro. Además, el impacto negativo que tendrán sobre la calidad del servicio y las tarifas contribuirá a alimentar el discurso privatizador. 

Es necesario el compromiso de todes les usuaries de los servicios públicos para poder contar con EEPP al servicio del pueblo, y no del lucro y el capital. La LUC modificará drásticamente multiplicidad de aspectos de la vida del país, luchar contra ella será definitorio también para el futuro de las EEPP.

 


 

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