LUC

 LA LUC Y EL SISTEMA PATRIARCAL

 La LUC profundiza la situación de vulnerabilidad de las mujeres en muchos aspectos, más aún cuando somos trabajadoras y militantes. Sin embargo, el gobierno creó un discurso falso que asegura que las propuestas de la LUC son para protegernos.

 En primer lugar, una de las modificaciones más complejas que se plantean es la creación de la Dirección General de Violencia de Género (Art. 56) siendo su jerarca un cargo de confianza, resolución que desconoce la existencia previa de la División de políticas de Género, cuyos cargos eran asignados por concurso en base a méritos. Pero como si esto fuera poco grave, las Direcciones Nacionales tienen sus propias funciones, funcionarios, recursos y espacios físicos (por ejemplo, si quiero sacarme la cédula debo concurrir a la Dirección nacional de Registro Civil), en este sentido las 270 seccionales que previo a la aprobación de la Ley recibían las denuncias por violencia de género ya no serían espacios competentes.

 La LUC no establece cuáles serán los espacios que absorberán dicha tarea ¿Se crearán nuevos organismos (lo cual no está previsto en la Ley presupuestal)? ¿sólo sería asumida por las 56 unidades especializadas en violencia de Género que hay en todo el país? ¿Te imaginas a una mujer que debe realizar una denuncia viajando lejos? ¿Podrá ausentarse de su casa tanto rato? ¿de dónde sacaría la plata para el boleto? ¿Tendrá la energía física y emocional para viajar a realizar la denuncia? 

Según el artículo 31 se agrega a las salidas transitorias y a la prisión domiciliaria la posibilidad de utilizar dispositivos electrónicos (entre los que se encuentran las tobilleras) en el caso de la libertad a prueba. Actualmente solo hay mil ejemplares de tobilleras, utilizados en su totalidad (hasta el momento) para los casos de violencia de género y/o intrafamiliar, y aún así hay aproximadamente 300 mujeres en “lista de espera” de esta medida de “cuidado”. 

Este artículo en particular no solo desconoce la realidad del país, sino que expone aún más a las mujeres en la medida que nos quita el único recurso legal que actualmente podemos utilizar para salvar nuestras vidas ante un hombre que implique un riesgo. Así mismo, el artículo 16 pena con el procesamiento de 10 a 18 meses de prisión, más una multa, a quien rompa su tobillera. 

Sin embargo, esta misma falta podría enmarcarse en un delito de desacato, con el agravante de que en caso de romper la medida cautelar el castigo será de 3 meses de prisión a dos años de penitenciaría; y la multa ya existe por atacar un bien público. Este artículo demagógico crea un nuevo delito ya contemplado en la legislación actual, y propone el castigo como única forma de solucionar la violencia, cuando bien sabemos que son necesarias políticas públicas de género y educación.

 Se propone la petición de libertad a prueba (Art. 32), en donde algunos delitos, como la rapiña o el abigeato, quedan excluidos de esta posibilidad. Sin embargo la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre, la prostitución y pornografía infantil y la violencia intrafamiliar o basada en género no son nombrados como delitos excluídos, es decir que pueden solicitar la libertad a prueba. 

Entendemos que esto refuerza y legitima el sistema patriarcal y la garantía judicial que tienen los proxenetas y las redes de pedofilia, esclavistas y explotadores.Estas personas, que ponen particularmente en riesgo la integridad de mujeres y niñes, podrán gozar del privilegio de circular libremente. Este artículo tiene un claro tinte de clase, ya que en general las personas que ejercen los delitos mencionados, son personas con poder político y económico, como está dejando claro la Operación Océano. Por otro lado, en el capítulo sobre privación de libertad no menciona a las mujeres ni disidencias, ni a les hijes de presas (que viven con ellas, o en ocasiones quedan soles fuera). 

Para esta ley parece que solo hay varones cis presos. Así mismo, la Estrategia Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario solo propone aumentar los castigos, sin reeducar ni sanar, sin incorporar una perspectiva de Derechos Humanos ni de género, aunque ya ha quedado demostrado que este tipo de sistemas carcelarios deshumanizan y marginalizan aún más a las personas aumentando los niveles de agresividad y violencia.

 El artículo 105 propone que el Estado otorgue una pensión a víctimas de delitos violentos, sin incluir a las mujeres violadas y víctimas de explotación sexual. El artículo 109 plantea que el Estado debe adjudicar un dos por ciento de los cargos públicos a personas que hayan sido víctimas de violencia, lo cual en primera instancia es positivo. Sin embargo cuando se analiza a fondo vemos que omite la tentativa de feminicidio (a lo cual las mujeres estamos expuestas frecuentemente); excluye la violencia psicológica y emocional, clave en la violencia de género. 

En ocasiones ante situaciones de violencia, no podemos dejar el hogar compartido con el victimario por falta de recursos materiales; garantizar que las mujeres violentadas tengan oportunidades laborales es clave para luchar contra la violencia de género. Así mismo tan necesario para sanar. Por otro lado reduce el proceso de adopción, lo cual sería altamente positivo si esto se hiciera invirtiendo en más personal capaz de acelerar los pasos, y a su vez garantizando la exigencia en pro de la seguridad de les niñes. Sin embargo, se toman la adopción como un simple trámite, sin medir que de eso depende la vida de les niñes ¿los proxenetas y pedófilos no podrán aprovechar esta flexibilidad?

 Además se abre la puerta de adopciones sin intervención reguladora, a sola voluntad de las partes interesadas frente a la presencia de un fiscal, dejando a les niñes en exposición a intereses económicos. Esta ley atenta contra el derecho del interés superior de les niñes además de es sumamente adultocéntrica.

 La ley nos atraviesa en su totalidad, por ejemplo los desalojos expres ¿No afectarán especialmente a las mujeres, siendo nosotras muchas veces madres solas, y con trabajos precarizados? La desbancarización va a perjudicar especialmente a los trabajos más subestimados, entre ellos los de cuidados y limpieza, ocupados en general por mujeres ¿Cómo negocio con un patrón machista y clasista mi salario ahora que ya nadie controla cómo y cuánto me paga? 

Al margen de estar a favor o en contra de la bancarización obligatoria, esta medida de regularización favorece a las patronales, sin otorgarnos ningún tipo de garantías a las trabajadoras. ¿Qué va a pasar con nosotras ante la policía, ahora que tienen muchas más opciones para deternos arbitrariamente? ¿Ahora que los policías varones pueden cacharnos? ¿Ahora que podemos estar 4hs en comisaría sin que se registre la detención ni se notifica a fiscalía? 

Siempre fue una práctica de las fuerzas represivas la violencia sexual, de hecho desde que se aprobó la LUC, ha quedado patente: manoseos en la vulva de chicas que detienen en la calle sin motivo, detención en una alerta feminista en Maldonado (movilización pacífica), con malos tratos verbales a las dos detenidas, amenazas en las calles a muchas mujeres con discursos como “ahora con la LUC te puedo llevar si quiero”, insultos lascivos, “finitos” con los coches policiales a las compañeras, todo amparado en la impunidad absoluta que esta ley les otorga (y para la cual están preparados hace rato, porque la militarización policial fue una desición de los gobiernos pasados). Si bien esta campaña represiva busca someter a la sociedad toda, entendemos que particularmente pretende amedrentar los movimientos sociales y el movimiento feminista 

Es una ley completamente machista, para la cual solo existen varones y mujeres heterosexuales, desconociendo otras identidades de género; es clasista porque minimiza el castigo a delitos que suelen cometer personas con poder económico y político, incluyendo abusos sexuales y la pedofilia y criminaliza a la pobreza. No busca solucionar el problema de raíz, ya que en lugar de proponer medidas educativas y políticas públicas que combatan la violencia de género, inventa supuestos castigos para ejecutar una vez que el daño ya está hecho, como si dichos castigos no existieran ya. 

Sabemos que el castigo y la privación de la libertad lejos de solucionar los problemas sociales buscan quitar del paisaje social lo que se busca marginar y no reconocer las personas más vulneradas por el sistema 

Sumate a la lucha contra toda la LUC -

 Los derechos no se tocan. 

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