El crimen perpetrado en el municipio de la líder indígena suma otra nueva y grave agresión a los derechos humanos. Las multinacionales están operando, en tierras que son el hogar y el medio de vida de comunidades indígenas. Berta Cáceres era una activista reconocida internacionalmente por su labor a favor de los derechos sociales y ambientales, liderando la oposición ciudadana ante proyectos de grandes presas como el de Agua Zarca. En el último mes no solo han asesinado a la propia Berta, sino a numerosos indígenas del área de Río Blanco.
Amigos de la Tierra exige al Gobierno Hondureño que reaccione de forma inmediata contra los asesinos de Berta Cáceres y que proteja a Gustavo Castro, un activista también reconocido a nivel mundial, que ha resultado herido en el transcurso de los acontecimientos de la madrugada del jueves. Amigos de la Tierra exige igualmente al Gobierno Español que inicie de una vez por todas acciones preventivas de apoyo a las comunidades afectadas que están desprotegidas frente a los abusos de las multinacionales que se establecen ilegalmente en territorios indígenas.
La asociación ecologista llama hoy a la ciudadanía a participar en la concentración en Madrid frente a la Embajada de Honduras a las 18 horas, en el Paseo de la Castellana número 164, y a
para la protección inmediata de Gustavo Castro.
Además de condenar los hechos, Amigos de la Tierra expresa su indignación por la continua situación de desprotección física y legal en la que se ven inmersas las comunidades locales en toda América Latina. La organización ecologista recuerda que, con demasiada frecuencia, los proyectos de extracción de recursos naturales, madera y la construcción de presas están siendo avalados y financiados por gobiernos occidentales. Es responsabilidad también del Gobierno de España denunciar esta situación y establecer medidas para proteger los derechos humanos y ambientales en América Latina.
El dirigente quiché Pedro Tzicá denuncia una ofensiva de los macroproyectos mineros en Guatemala
Fue a partir de la firma de los acuerdos de paz de Guatemala, en 1996, que pusieron fin a 36 años de guerra civil, cuando Pedro Tzicá empezó a movilizarse. Hoy es uno de los dirigentes del Consejo de Comunidades de Cunén, municipio de 40.000 habitantes ubicado a 1.200 metros de altura en el departamento del Quiché. Vive actualmente en la aldea donde nació hace 51 años, Chiul, aunque hace unos días voló rumbo al estado español para impartir varias conferencias. Nada más aterrizar al aeropuerto de Madrid, fue conducido por la policía a una sala donde permaneció, con otros inmigrantes latinoamericanos, tres horas retenido. En Valencia ha participado en un acto organizado por Periféries, Cedsala, Brigadas Internacionales de Paz, Intersindical Valenciana, Acoec, Entrepobles, Cedsala y el Centre Social Terra.
Pedro Tzicá formó parte en su día del colectivo de poblaciones y comunidades de desarraigados en el municipio de Nebaj (Quiché). Su familia tenía tierras, relata, y tuvieron que organizarse al iniciarse la década de los 80 frente a la represión y las masacres que sufrían las comunidades en la zona de Ixcán, fronteriza con México. “Eran los tiempos del general Lucas García, presidente entre 1978 y 1982, cuando los gobiernos militares pretendían hacerse con el petróleo”. Hubo quien se traspasó la frontera, otros formaron comunidades en resistencia y otros, como Pedro Tzicá, se convirtieron en desplazados, sin otra opción más que esconderse de la represión y abandonar las tierras. “El gobierno de Ríos Montt entregó nuestras parcelas a las patrullas civiles o paramilitares”. “Nos fuimos de Ixcán”, recuerda. Cuando a mediados de los 90 se rubricaron los acuerdos de paz, se incluyó un punto sobre reasentamiento de población desarraigada. Era la oportunidad para recuperar las tierras, pero los procesos de reclamación se eternizaron. Hasta el año 2002 no se cumplió el objetivo.
El activista indígena ha vuelto Chiul, a su lugar de origen. Recuerda la guerra como “morir o vivir”, no había más. Hoy continúa siendo campesino, cuenta con algunos terrenos donde cultiva milpa (maíz) y frijol para el autoconsumo. Chiul es una aldea de unos cinco mil habitantes, donde tradicionalmente la población se dedicaba al campo, pero a la que se han sumado en la actualidad muchos profesionales. “Aunque muchos de ellos no tienen empleo”, matiza Pedro Tzicá. Además de campesino, Tzicá es miembro del Consejo de Comunidades de Cunén, constituido por 22 miembros de ocho pequeñas regiones, la gran mayoría de etnia quiché. Las razones para la fundación del consejo en 2008 dan buena cuenta de las amenazas que sufre el municipio. Por informaciones gubernamentales se supo de nueve macroproyectos, que podían terminar con el 80% de las tierras de Cunén. Las comunidades constataron sobre los planos el efecto de estas macroactuaciones, se organizaron y pidieron al gobierno que se convocara una consulta. “Así nació el Consejo de Comunidades de Cunén”, recuerda el activista.
En la consulta comunitaria organizada por el municipio y celebrada en octubre de 2009, unas 19.000 personas de 80 comunidades se pronunciaron en contra. “Todo el mundo participó y votó en sentido negativo, esto se elevó a acuerdo municipal pero el Estado no reconoció el resultado de la consulta al no considerarla vinculante”, explica el dirigente indígena. Se trataba de parar nueve macroproyectos en materia de minería, transporte y energía eléctrica, promovidas por transnacionales y sus filiales guatemaltecas. Pedro Tzicá cita, entre otras, a una empresa de Guatemala, Cementos Progreso, a la canadiense Nichromet, a Fersa, Trecsa o Deocsa, adquirida por IC Power. La alarma llegó con las declaraciones del nuevo ministro de Energía y Minas, Juan Pelayo Castañón, quien a primeros de febrero de 2016 reconoció que durante las presidencias de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina no se concedieron nuevas licencias mineras por la oposición popular. Con la excusa de reducir la pobreza, anunció el fin de las moratorias y la agilización de las concesiones. “Ése es el peligro que viene: ahí nos vendrá la represión y la violación de los derechos humanos, se trata de una provocación a la conflictividad”.
Las empresas reclaman seguridad al gobierno para poder desarrollar los megaproyectos. Pedro Quitzá relaciona las palabras del ministro de Energía y Minas con la reciente visita de funcionarios del Ministerio de Defensa y Gobernación al municipio de Chicamán (Quiché), en la que se comunicó a la población, en una reunión pública, que se requerían medidas de seguridad y un destacamento militar. “La gente dijo que no, porque no estamos en tiempo de guerra”, recuerda el miembro del Consejo de Comunidades de Cunén. “Somos guatemaltecos y conocemos perfectamente las mañas de los gobiernos, sabemos los proyectos que en la zona tienen la eléctrica italiana Enel, la colombiana Trecsa, dedicada al transporte de electricidad, y la eléctrica Fersa, además de las mineras en los territorios contiguos”.
La amenaza de que se aceleren las concesiones mineras, expresada por varios ministros del presidente Jimmy Morales, llevó a que el 24 de febrero el Consejo de Comunidades de Cunén, de manera coordinada con el Gobierno Municipal, organizara una asamblea abierta a la participación popular de las 80 comunidades quichés. La asamblea decidió, con el apoyo del Gobierno Municipal de Cunén, que había que fortalecer el consejo y movilizarse para defender los derechos básicos. Pedro Tzicá alerta del gran riesgo que actualmente representan las compañías eléctricas. “Están solicitando derecho de servidumbre de paso, de aproximadamente 24 metros de longitud lineales por cada parcela, con el fin de instalar el cableado de alta tensión; de ese modo las empresas mineras, debidamente “conectadas”, podrán operar”. “Están presionando a la gente para que firme”, agrega. El argumento de presión que utilizan las compañías es que sin los proyectos, el municipio y los vecinos se quedarán sin electricidad, o ésta vería menguada su potencia.
También se les ha dicho que si los cables no pasan por las parcelas, se echarán a perder otros proyectos comunitarios. Los alcaldes –aunque no el actual, matiza Pedro Tzicá- han sido cómplices en la estrategia de presión. Sin embargo, los cables atravesarán tierras de cultivo, aldeas, comunidades, caseríos, calles y áreas urbanas donde viven familias. Hasta el momento, las infraestructuras no se han podido ejecutar por la oposición de las comunidades, aunque “por reclamar nuestros derechos el gobierno nos llama rebeldes”. La situación de Cunén tampoco resulta excepcional en Guatemala. En el Ministerio de Energía y Minas hay actualmente 611 peticiones de licencia relacionadas con minerales (tanto metálicos como no metálicos) y materiales de construcción. Además, el ministerio cifra en 343 las licencias vigentes.
Pedro Tzicá trabaja asimismo en la Iniciativa de Recuperación de la Memoria Histórica (IMH) de los municipios del Quiché, el departamento de Guatemala donde se perpetró el mayor número de masacres durante una guerra civil que, entre 1960 y 1996, se saldó según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico con 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y unos 100.000 desplazados. El motivo de la iniciativa, que echó a andar hace aproximadamente una década, se sintetiza de este modo: “Para entender el presente hay que reconstruir el pasado”. Promueven talleres, reuniones de intercambio, platican con compañeros que vivieron la guerra para recomponer los hechos y han editado un libro (“El camino de las palabras de los pueblos”) sobre la memoria histórica del pueblo quiché -el mayor de los pueblos mayas- escrito a muchas manos, a partir de asambleas, del trabajo en grupo y las historias personales. ¿Qué parte de la memoria habría que priorizar? “Históricamente fue fundamental la resistencia”, explica Pedro Tzicá, “que empezó con la invasión española y continúa hasta hoy”. Añade que la conquista “impuso su religión, su lenguas y costumbres”. Tal vez por ello, reconoce el activista de la aldea de Chiul, “me quede muy poco de la cosmovisión maya”.
