Arazatí

 

Montevideo, 4 de diciembre de 2024

 

Carta a la opinión pública

 

La Reforma Constitucional de 2004 marca un hito al consagrar el derecho humano al agua e impedir la privatización de los servicios de agua potable, así como la privatización y mercantilización del agua en los territorios. Claramente ha quedado demostrado que el proyectoArazatí  eptunoN- impuesto por el Consorcio Aguas de Montevideo, es violatorio del principio de derecho humano de acceso a agua potable, por:

 

-          La eventual puesta en funcionamiento de esta propuesta disminuye la calidad de agua que OSE distribuirá a la población por la frecuencia de altos niveles de salinidad, floraciones de cianobacterias y presencia de trihalometanos, poniendo en riesgo la salud de la población. El sodio tiene repercusiones en la salud para pacientes hipertensos, enfermedades renales crónicas y dializados y para las mujeres embarazadas.Los trihalometanos declarados como posibles cancerígenos especialmente para tumores de vejiga colon.

-          El alto riesgo de contaminación del acuífero Raigón a partir de la Reserva de Agua Bruta (RAB) y del monorrelleno sanitario. Este acuífero actualmente es fuente de abastecimiento de agua para riego y para consumo humano en la zona. 

-          El costo de las obras para el consorcio privado será de 304 millones de dólares. Sin embargo, al finalizar los 20 años de contrato, el Estado habrá pagado un total de 1140 millones de dólares. Esto se debe a que cada año se abonarán 57 millones de dólares en concepto de canon y costos operativos.Esta situación limitará a OSE, que no podrá realizar nuevas obras durante los próximos 20 años. Además, implica un aumento en las tarifas de agua, afectando directamente a la población.

-          Es un proyecto inconstitucional, ya que incumple el artículo 47: nunca se habilitó participación social. Además,conel proyecto Neptuno-Arazatí el control de la prestación del servicio de agua potable queda en manos de los privados.

-          El proyecto como esta formulado atenta contra la integridad ambiental de la costa de San José que presenta alto valor social, ecológico, geológico, paleontológico y arqueológico.

 

Hay nuevos elementos, la Facultad de Ingeniería, registró 3 eventos de alta salinidad entre 2021 y 2023, que impedirían potabilizar. Y en dicho período, en total fueron casi 6 meses sin poder potabilizar el agua. Este no es un escenario de garantía para brindar de agua potable a la población en momentos de crisis hídrica.

 

Hay acciones en el Poder Judicial, en el Tribunal de los Contencioso Administrativo, y es esperable que por razones académicas detengan la ejecución del proyecto y si el contrato está firmado implicarán costos mucho más altos para el Estado Uruguayo. Las condiciones del Contrato están desbalanceadas a favor del privado y deja al Estado como garante para afrontar todos los riesgos y sobrecostos del Proyecto.

 

Como si no fuera poco, nos encontramos en el marco de una transición de gobierno, situaciones de incertidumbres políticas, si a eso se le suman los argumentos expuestos, más aún OSE no debe firmar el contrato y deberá ser el gobierno entrante que estudie alternativas a los desafíos que tenemos hoy para gestionar el agua, e implementar la serie de medidas sobre las que venimos trabajando para la recuperación ambiental de la Cuenca del Santa Lucía.

 

En síntesis, de implementarse el proyecto Neptuno-Arazatí toda la población pagara más caro por agua de peor calidad.

Firman:

FFOSE

Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida

REDES-Amigos de la Tierra

Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía

Comisión vecinos/as en defensa de la Laguna del Cisne y Yasyry (Solis Chico)

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