apmu

 

agua

 

Una patronal despreciable ...

Una patronal despreciable ...

A veces las medias verdades son peores que las mentiras.

Hace un rato, en canal 10, escuché al presidente del CASMU.

Él, supremamente arrogante, argumentó que los despidos (68!) son despidos merecidos, y empezó a poner ejemplos: una licenciada vaga que mira Netflix y no atiende a los pacientes, una funcionaria que marca por tres y así sucesivamente.

Quizá alguno de los 68 despidos sea por esas causas. Pero, y el resto?

¿Hay 268 trabajadores vagos e inútiles en el CASMU que merecen unos el despido y otros el seguro? Sabemos que han despedido trabajadores con legajos impecables y que el único crimen que cometieron fue, quizá, ser parte de esos 1500 trabajadores que cobran un 20 % por encima del laudo, según dijo Rodríguez Amarguini.

Se olvidó decir, el supremo presidente, que es una vergüenza que haya en una misma institución dos laudos, uno FUS y otro CASMU, o sea que dos funcionarios realizando la misma tarea, ganan diferente.

Se olvidó decir, Rodríguez Amarguini, que la orgía de recortes que instrumenta no alcanza al rubro de la Gerencia y Dirección gastando 104.981.186 millones de pesos al año, solamente en ese rubro (Datos JUNASA).

El CASMU, pide dinero prestado al Estado para sobrevivir, pero tiene el mayor porcentaje de pago a las gerencia y direcciones técnicas de todo el sistema (ver recuadro abajo).

Se jactó que las y los trabajadores del CASMU no hacen paro, pero se olvidó decir, ese impresentable representante de las patronales de la salud, que tiene a los trabajadores aterrorizados aplicando una política de terrorismo antisindical.

Sin embargo, el miedo puede explicar nuestro comportamiento insolidario hasta cierto punto.

El miedo no justifica que veas a tu compañero ser despedido, ese que hace años está a tu lado y que nada hizo para merecer eso, y sigas trabajando como si nada pasara.

Hay un punto en el que, si no reaccionamos, pasamos de ser víctimas de la situación, a ser cómplices. Y de eso no se vuelve.

El arma más poderosa para enfrentar a estos tipejos que actúan con total desprecio por las y los trabajadores de la salud es la DIGNIDAD y la SOLIDARIDAD.

Haciendo honor a nuestra historia, tenemos compañeros que aún resisten y luchan. Luchan a pesar de la adversidad, resisten los cantos de sirenas del miedo y están para sostener a los compañeros caídos.

Por ellas y por ellos, vale la pena enfrentar a los Rodríguez Amarguini que pululan en las empresas de salud.

Salud a las y los valientes trabajadores que luchan y resisten!

Rosalba Hunter Indart

 

NEPTUNO-ARAZATÍ

 

Sábado 18 de febrero de 2023

COMUNICADO PÚBLICO EN RECHAZO AL PROYECTO NEPTUNO-ARAZATÍ

La eventual construcción del proyecto Neptuno tendrá graves consecuencias que

comprometen el funcionamiento de OSE a futuro para garantizar el derecho humano al

agua a toda la población del país.

El análisis detallado de la propuesta presentada por el gerente general de OSE y defendida

públicamente por el ex ministro de Ambiente Adrián Peña, con grandes y complejas

contradicciones en las distintas versiones del proyecto durante el año 2022, indica en primer

lugar una alevosa conjunción entre el interés público y privado.

Esta situación nos indica que estamos frente a un gran negociado impulsado por el

consorcio privado Aguas de Montevideo, que integran las empresas Saceem, Berkes,

Ciemsa y Fast y defendido por algunos integrantes y exintegrantes del gobierno actual.

Los elementos que nos conducen a esta conclusión son:

1) OSE debería centrar sus recursos en primer lugar en resolver las pérdidas de agua

en el sistema de suministro,

2) Aumentar la eficiencia en el uso del agua potable, nada se trabajó en este sentido en

los últimos años, sino que se habla de aumento del consumo.

3) Mejorar el estado ambiental de la Cuenca del Río Santa Lucía, ya se dispone de

diagnósticos y de líneas de acción que no se han implementado, pero los equipos de

administración parecen orientados en “abandonar” al Río Santa Lucía

4) Los costos de la propuesta del consorcio es mayor que la obra pública, los sobre

costos de las empresas privadas significan más de 10 millones de dólares al año.

5) La OSE debe pagar al consorcio 30 millones de dólares por año, además de los

costos de gestión de la planta.

6) Esta situación significará en los próximos 30 años un aumento de tarifa que debe

pagar toda la sociedad uruguaya (aumento de tarifa de agua entre el 6 y 12%).

7) Presencia de eventos de salinidad alta en el agua del Río de la Plata en la zona de

instalación del proyecto Neptuno, que impiden el funcionamiento de la planta

potabilizadora, durante periodos importantes al año.

Incertidumbre sobre la construcción de un reservorio de agua (pólder) dimensiones,

funcionamiento, eficiencia. Posibilidades de nuevos sobrecostos, futuros.

9) Presencia de floraciones de cianobacterias tóxicas recurrentes en la zona de

instalación del proyecto Neptuno y que no se explicita la estrategia para potabilizar

agua en estas condiciones.

10) Riesgo sobre la calidad del agua por el nuevo emisario subacuático de la cuenca del

Riachuelo de Buenos Aires.

11) El consorcio explícitamente no será responsable en caso de que las condiciones

ambientales impidan el funcionamiento de la planta, aunque OSE deberá seguir

pagando.

12) Esta propuesta constituye una clara violación de la reforma constitucional impulsada

por iniciativa popular y aprobada en 2004.

Estos elementos nunca han sido contestados claramente por los integrantes del gobierno

que promueven y defienden el proyecto Neptuno.

Los argumentos esgrimidos en todas las intervenciones de las autoridades del exministro y

de OSE, son engañosos o falsos:

Se dice que la población no va a tener que pagar por este emprendimiento, sin embargo la

población pagará a partir de la finalización de la obra un monto mucho mucho mayor que el

costo de la obra.

Se dice que el Río de la Plata es una fuente de “agua infinita”, esta expresión es falsa, ya

que hoy se conoce las limitaciones en la calidad del agua y mundialmente se reconoce que

no existen fuentes infinitas de agua dulce.

Sistemáticamente se evitaron, mediante engaños, los procesos de participación

democrática de la sociedad civil en esta discusión, por la debilidad de los argumentos que

sostienen desde el ministerio, violando las normativas de participación establecidas en la

Constitución y en la Ley 18610, cuando se convocó a la sociedad civil como lo marca la ley

poco cambio y es por eso que las organizaciones en rechazo al proyecto Neptuno no

avalamos estas instancias de intercambio y discusión como tales.

En síntesis, con este negociado la población de Uruguay pagará una tarifa mayor por agua

de peor calidad, consolidando una violación de la Constitución y avanzando hacia la

privatización del abastecimiento de agua potable.

Organizaciones en rechazo del proyecto Neptuno-Arazatí:

“Federación Funcionarios de O.S.E”, “REDES-Amigos de la Tierra”, “Comisión Nacional en

Defensa del Agua y la Vida”, “Agrupación Tucu Tucu”, “Comisión de vecinos y vecinas en

defensa de la Laguna del Cisne y Arroyo Solís Chico”, “Movimiento por la Tierra”, “Fucvam”,

“Jóvenes PIT-CNT”, “Unión ferroviaria”, “Asamblea por el agua del río Santa Lucía”, “Las

Vegas Lomas del Solís, Comisión de vecinos”

Canelones

 

La Justicia obligó al Ministerio de Ambiente a informar sobre agua potable que utilizará el data center de Google a instalarse en Canelones. Publicado el 17 de febrero de 2023

Escribe Camila Méndez en Ambiente y producción

La cartera no entregó los datos, amparándose en el “secreto industrial y comercial”, y decidió apelar la sentencia, que dictaminó que “el agua potable es un bien jurídico público y no un bien privado, sobre cuyo destino está involucrado indudablemente el interés público”

En 2020, Eleanor Applications SRL -empresa subsidiaria de Google- presentó ante el Ministerio de Ambiente (MA) la viabilidad ambiental de localización de un proyecto que tiene como objetivo “el desarrollo y la operación de edificios data center e instalaciones asociadas” en nuestro país. Este informe, que tiene 196 páginas y cuenta con una versión en inglés, está disponible en el Observatorio Ambiental Nacional.

Allí se detallan las características del emprendimiento que ocuparía 29,9 hectáreas del Parque de las Ciencias, una zona franca ubicada en el departamento de Canelones. Sin embargo, a partir de la página 92 del documento, donde deberían estar disponibles los “detalles del agua”, “detalles de aguas residuales” y “detalles de la energía”, aparece una sorpresa.

“La información de este Anexo es confidencial”, se sentencia, y la empresa agrega que “constituye secreto industrial y comercial del titular del proyecto”. Declara que, cuando sea el momento de realizar la evaluación ambiental, se van a aplicar “las medidas correspondientes para garantizar su trato confidencial y reservado, evitar daños y perjuicios al titular del proyecto así como ventajas ilegítimas para sus competidores”. En este contexto de sequía, en el que las autoridades alertan sobre los riesgos de abastecimiento del sistema de agua potable metropolitano, una pregunta emerge: ¿cuántos litros de agua utilizaría el data center de Google?

En el proyecto se describe que el funcionamiento de los centros de datos “deberá ser ininterrumpido, es decir, funcionará las 24 horas, los 365 días del año”. A su vez, cada uno de los soportes de información contará con un sistema de enfriamiento que rechazará “continuamente” el calor que generan. Este sistema incluye “bombas, tanques de almacenamiento de agua, una conexión a la red de agua de OSE para el agua de reposición, sistema de tratamiento de agua y un sistema de distribución de agua de enfriamiento en circuito cerrado para cada Data Center”.

Aquí radica un punto importante: para llevar adelante esta tarea necesitan agua potable de OSE y no brindan información sobre las cantidades que serán necesarias. Por otra parte, se expresa que la iniciativa “requerirá de un suministro continuo de energía, que será provisto por el sistema de abastecimiento eléctrico de UTE”. Sobre la cantidad de energía que necesitarán, tampoco se brindan datos.

El hecho de que esta información sea declarada “confidencial” despertó una disputa entre qué debe prevalecer, si el derecho comercial de las empresas o el derecho de acceso a la información pública que la población tiene cuando se trata de temáticas ambientales.

El comienzo

Todo comenzó en julio del año pasado, cuando Daniel Pena, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, realizó un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Ambiente para conocer el volumen de agua potable que sería necesario para el funcionamiento del proyecto presentado por Eleanor Applications. El 4 de agosto, el Ministerio de Ambiente le respondió que la información está declarada “secreto industrial” y, por lo tanto, se le negó el acceso. De esta forma, se contactó con Carolina Neme, abogada especializada en temáticas ambientales, y en diciembre presentaron una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

“Parte de mis investigaciones están vinculadas a la ecología política. Me enteré de que distintos centros de datos, de distintas empresas de servicios digitales, estaban generando conflictos socioambientales a nivel mundial. Empecé a buscar más información, vi que había conflictos en varias partes: Irlanda, Singapur, Holanda, Estados Unidos y también Chile. Cuando me encontré con este último caso, que es muy reciente, me pareció importante que tuviéramos la información del proyecto de Uruguay. Nos interesa específicamente la información de consumo de agua y energía, no las cuestiones comerciales o productivas”, contó Pena.

Es que, específicamente por estas dos temáticas -el agua y la energía-, las poblaciones locales de los diferentes países se han visto afectadas. “Suponiendo que los centros de datos en Uruguay tuvieran las mismas características que el proyecto en Cerrillos, Chile -que también buscó ocupar 30 hectáreas y pretendía utilizar 169 litros por segundo de agua para el enfriamiento-, implicaría sumar el equivalente a 120.000 personas a la red metropolitana, que ya está al límite”, planteó. Para visualizar la magnitud del consumo, Pena apuntó que esta cantidad de personas es similar a la población entera de un departamento como Colonia, Salto o Paysandú.

La demanda

“El Estado no puede declarar como ‘secreta’ información referente a la protección del medio ambiente, alegando ‘secreto industrial’, cuando no se está solicitando ni información comercial, ni financiera, ni administrativa, ni judicial”, escribe Neme en la demanda presentada, amparándose en legislación nacional e internacional. Por ejemplo, cita el artículo 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde se establece que no se puede invocar reservas cuando “la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos”.

“Está claro que la protección del medio ambiente es un derecho inherente a la especie humana, es un derecho de tercera generación, por tanto, es un derecho humano. No brindar la información solicitada violenta el derecho a la información, pero también la forma democrática republicana de gobierno”, apunta Neme, y a su vez añade que, por otra parte, se afecta “el derecho a la participación directa en los asuntos públicos”.

Al no contar con información sobre los volúmenes de agua que utilizará el proyecto que pretende instalarse en Canelones, el escrito toma como referencia otras experiencias de centros de datos de Google, como el de Chile. “Entendemos que el uso y apropiación de grandes volúmenes de agua y energía eléctrica en manos de una empresa transnacional de servicios que no son básicos para la población amenaza el efectivo cumplimiento del derecho al acceso al agua potable, a la electricidad y a un medio ambiente sano y equilibrado, porque puede implicar una sobrecarga de las redes eléctricas disponibles actualmente y de la red de agua potable” señala Neme. Esto podría “significar una grave amenaza para el consumo humano de la población”, sobre todo en contextos de sequía, como el que transcurre en la actualidad.

En el escrito también manifiesta que lo único que se busca saber es “el impacto ambiental de la actividad desarrollada por la empresa, información que posee el Ministerio de Ambiente”. “Los problemas ambientales, como son la cantidad y calidad de agua, se producen en un gran porcentaje por actividades como obras y construcciones que realizan grandes empresas privadas en sociedad con el Estado. Es evidente que el impacto ambiental y social de estas megainversiones recaen directamente en la sociedad más vulnerable que depende directamente del recurso y no puede comprarlo. Por tanto, es deber del Estado facilitar la información a toda la sociedad y especialmente a la más vulnerable, también a la academia que, entre sus cometidos y responsabilidades, está justamente la educación, información y difusión”, suma la abogada.

Una de las referencias jurídicas que adoptó en la demanda fue el Acuerdo de Escazú, ratificado por Uruguay en 2021. La normativa tiene por objetivo obligar a los Estados a garantizar justicia, transparencia y participación en asuntos ambientales. Incluso, en la actualidad, nuestro país está ocupando la presidencia de la Mesa Directiva del Acuerdo.

La sentencia

El juez encargado del caso fue Alejandro Martínez de las Heras. El 6 de febrero falló a favor de Neme y Pena, obligando al Ministerio de Ambiente a que “en el plazo de quince días corridos e ininterrumpidos” se entregue la “información pública” de los volúmenes de agua potable que utilizaría la subsidiaria de Google. En la sentencia apunta que la cartera, “en forma desajustada a derecho”, calificó información “no determinada concretamente” en la normativa como “secreta”.

“El acceso a la información podrá denegarse de conformidad con la legislación nacional”, indica, agregando que “en los casos en que una Parte no posea un régimen de excepciones establecido en la legislación nacional” podrá aplicar algunas excepciones, dentro de las que se encuentra el caso de cuando hacer pública la información pueda “poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física”, “cuando afecte negativamente la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, “cuando afecte negativamente la protección del medio ambiente”, “cuando genere un riesgo claro, probable y específico de un daño significativo a la ejecución de la ley, o a la prevención de la investigación y persecución de delitos”. Sin embargo, resalta que “claramente ninguna de las excepciones previstas” en la normativa “resultan de aplicación”.

El juez enfatiza que no se solicita acceso a la información de “las formas o procedimiento de producción, ni de procesos comerciales, técnicos o económicos” del proyecto, sino conocer el volumen de agua potable para su funcionamiento, que “encierra cuestiones de claro interés general”. “Teniendo en cuenta que toda la materia relativa al acceso al agua potable como derecho humano fundamental es de concreta tutela constitucional, materia que conforma el objeto del proceso en la causa, corresponde el amparo de la demanda instaurada, máxime considerando que el agua potable es un bien jurídico público y no un bien privado sobre cuyo destino está involucrado indudablemente el interés público, interés que la Administración no puede desconocer”, finaliza el texto de la sentencia.

La visión del MA

la diaria intentó comunicarse con representantes del Ministerio de Ambiente, pero prefirieron “no hacer comentarios estando el proceso en curso”. La cartera decidió apelar la sentencia por entender que no tiene “fundamento válido”, según consta en el escrito que presentó.

Su fundamentación gira en torno a que “el derecho de acceso a la información, más allá de estar consagrado a nivel nacional e internacional, no constituye un derecho absoluto”. A su vez, sostiene que se omitió “ponderar en su debida medida la convivencia” del derecho al acceso a la información pública con el de “la protección de datos” de la empresa. También afirma que “el simple hecho de que se haga referencia a información relativa al agua no habilita a cualquier persona a obtener la misma”.

“En esta situación nos encontramos ante un caso de información declarada secreto industrial o comercial”, señalan desde el Ministerio de Ambiente, derecho que definen como “aquel que, referido a los procesos de producción de determinada empresa, en caso de acceder al mismo, podría otorgar una ventaja competitiva, tanto para el titular del mismo como para sus competidores. En cambio, el secreto comercial es aquel referido a los procesos comerciales, técnicos, económicos, etcétera, de determinada empresa, que en caso de acceder a los mismos, podría otorgar una ventaja competitiva a sus competidores”.

Desde el ministerio entienden entonces que “La ley habilita a reservar este tipo de información, habiéndose resuelto por la Administración que se está en la especie ante un secreto de índole comercial, dictando una resolución que, además de legítima, se encuentra suficiente y debidamente motivada”.

Retruque

Ahora el caso será abordado en el Tribunal de Apelaciones. Ambas partes esperan que haya una sentencia a la brevedad. Por su parte, Neme también presentó su respuesta ante las afirmaciones del Ministerio de Ambiente en la apelación, donde sumó más información vinculada a antecedentes de conflictos ambientales generados por data centers en otros países.

Calificó de “asombroso” que la cartera afirme que “el simple hecho de que se haga referencia a información relativa al agua no habilita a cualquier persona a obtener la misma”. Recordó el artículo 47 de la Constitución, donde se establece que “el agua es un recurso esencial para la vida”, que los usuarios y la sociedad civil deben participar en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos, además de que la prestación del servicio de agua potable debe hacerse “anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico”. Para la abogada, no estamos siendo referentes en cuanto al cumplimiento del Acuerdo de Escazú.

“El principal argumento a favor de ampliar los derechos de acceso al Poder Judicial en temas ambientales es que los procedimientos de planificación y permisos ambientales involucran intereses supraindividuales y que, además, su intervención contribuye a la calidad de la decisión a tomar, por tanto, disminuye los conflictos socioambientales e imparte justicia”, finaliza el escrito.

Apoyo de la sociedad civil organizada

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida emitió un comunicado en el que brinda apoyo a Pena y Neme. “En un contexto de extrema sequía como el actual, donde representantes de OSE han comenzado a alertar a la población de posibles desabastecimientos de agua potable para consumo humano en Montevideo y zona metropolitana, resulta sumamente importante saber cuánta agua consumirá este proyecto si se concreta, ya que la tomará de la red de Aguas Corrientes, lo que agravaría aún más la situación de desabastecimiento en un futuro cercano”, declaran.

Entienden que no contar con la información “es un grave impedimento a la participación real de la ciudadanía en un asunto de interés general, como el acceso al agua potable y la gestión de las cuencas”. Al mismo tiempo, critican que el Ministerio de Ambiente haya decidido apelar la sentencia “primando el interés de protección de datos comerciales sobre el derecho humano al acceso al agua potable”. “Este proyecto funcionará exento del pago de impuestos por estar en Zona Franca, y no generará puestos de trabajo una vez operativo, pues se trata de treinta hectáreas de galpones llenos de servidores que almacenan datos”, suman. Por último, los activistas llaman a comenzar “un profundo debate con toda la ciudadanía sobre la gestión de nuestro territorio, agua y energía”. Habrá que esperar la nueva sentencia

 

LA DIARIA

 

Una historia de tres ciudades

 

La hipocresía de Washington sobre su “orden internacional basado en reglas”

Philip M. Giraldi • 7 de febrero de 2023 1

Traducción-e. Revisada por Luis E. Sabini Fernández

En realidad, uno podría estar dispuesto a considerar que podría haber algún valor en el "orden internacional basado en reglas" que promueve la Administración de Joe Biden si tal cosa realmente existiera y se aplicara por igual a todos los transgresores. Por supuesto, en realidad, las "reglas" a las que se hace referencia no están acordadas ni impulsadas por un amplio consenso internacional y son simplemente un truco que se explota para promover los intereses de los EE.UU. y sus aliados más cercanos. De hecho, las "reglas", tal como son, se ignoran con la mayor frecuencia para pasar por alto el mal comportamiento que exhibe EE. UU. y sus amigos.

Si las "reglas" en realidad tuvieran la intención de poner límites a las interacciones violentas entre las naciones, considere por un momento el historial real de EE.UU. al respecto. Encuestas de opinión recientes demuestran que EE.UU. es considerado por un amplio margen entre otras naciones como el país más peligroso del mundo. Ese juicio se basa no sólo en la memoria histórica de Hiroshima y Nagasaki, sino también de la Guerra de Vietnam y el derrocamiento de supuestos regímenes “izquierdistas” en lugares como Irán, Chile y Guatemala. Las intervenciones armadas en mayor o menor escala han sido una característica habitual de las iniciativas estadounidenses en todo el Caribe y América Latina desde la Guerra entre EE.UU. y España a fines del s XIX.

Más recientemente ha habido una guerra global contra el terrorismo, desatada en todo el mundo basada en la condena de EE.UU. a países que no se percibían aceptando la línea diseñada por Washington sobre lo que constituye terrorismo. Esto ha llevado a intervenciones inútiles y finalmente fallidas en Afganistán, Irak, Libia y Somalía en las que, según algunas estimaciones, millones de civiles han muerto directa o indirectamente, y EE.UU. ha sostenido el gasto de la guerra en moneda puramente fiduciaria, sin respaldo, mediante la impresión de billones de dólares, acumulando enormes deudas, que llegarán “a casa” con sus problemas más pronto de lo que imaginamos. En Afganistán, y también en Yemen e Irak, EE. UU. se ha involucrado en ubicar civiles, objetivos seleccionados que son asesinados mediante drones.

El aspecto más problemático de toda la violencia que EE. UU. ha iniciado es que no hay reglas aplicables a la vista, aparte de los payasos de Blinken, Biden y Austin en Washington citando amenazas sin pruebas convincentes que provienen de países incapaces de hacer daño, como Irán, o países como Rusia y China que no tenían previamente intención de enfrentarse al coloso militar estadounidense.

Así que Washington es el corazón palpitante de las políticas que han creado un torbellino en todo el mundo al tiempo que acercan la hora del Juicio Final que bien podría llegar con una guerra nuclear. Y todas las poses son literalmente en vano, por una mala causa, apoyando a un régimen autocrático y corrupto y en un país que no es una democracia, que tampoco se la ve a la vista. La hipocresía de aquellos en la Casa Blanca y en el Congreso, así como en los medios de comunicación, que son tan negligentes con las vidas y los bienes de sus conciudadanos, desafía toda credibilidad.

Si Washington es la primera de las tres ciudades que estoy considerando, Moscú ciertamente debe ser la segunda, ya que es el receptor de la hipocresía de EE. UU., acusado de haberse desviado del orden internacional "basado en reglas" al invadir Ucrania un año atrás.

Rusia, sin embargo, ve las cosas de otro modo. El Kremlin ha argumentado que ha buscado en repetidas ocasiones negociar un acuerdo con Ucrania sobre la base de dos cuestiones fundamentales que, según afirma plausiblemente, amenazan su propia identidad y seguridad nacional. La primera es el incumplimiento de Ucrania de los Acuerdos de Minsk de 2014, que concedieron mucha autonomía a la región de Donbas, un área indiscutiblemente habitada por rusos étnicos, como Crimea.

Recientemente, la ex canciller alemana, Ángela Merkel, ha dejado escapar que nunca hubo intención de cumplir con los Acuerdos de Minsk, lo que implica que todo fue una farsa para permitir el fortalecimiento de Ucrania para unirse a la OTAN y, si fuera necesario, luchar contra Rusia. De hecho, los Acuerdos fueron ignorados desde el principio, y las milicias ucranianas y otros elementos armados usaron artillería para bombardear Donbas, matando en los últimos años a unos 15.000 residentes, en su mayoría de origen ruso, una estimación que parece estar confirmada por fuentes independientes.

El segundo problema de seguridad nacional vital para Moscú era sobre los planes para ofrecer a Ucrania la membresía en la OTAN, que situaría frente a Rusia una alianza militar hostil, posiblemente superior. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha observado repetidamente que los temas eran negociables y que Zelensky solo tenía que aceptar mantener a su país como "neutral", es decir, no vinculado a ninguna alianza militar, y honrar una autonomía razonable para Donbas. Según se informa, fueron EE.UU. y Gran Bretaña los que empujaron a Ucrania a rechazar todas y cada una de las demandas rusas en un intento por iniciar una guerra de desgaste utilizando vidas ucranianas para desestabilizar al gobierno de Putin y reducir su capacidad para oponerse al dominio estadounidense y occidental.

Y, por supuesto, está la historia de fondo, que EE.UU. se había entrometido durante mucho tiempo en Europa del Este a pesar de su compromiso de no aprovechar la desintegración de la Unión Soviética para expandir la OTAN hacia el este. EE.UU. había provocado un “cambio de régimen” en Ucrania en 2014 para eliminar un gobierno amistoso hacia Moscú. Pero en este caso, la creciente participación de EE. UU. y la OTAN en la lucha ha sido un desarrollo extremadamente peligroso porque ha intensificado el conflicto y lo ha convertido en lo que podría devenir un intercambio nuclear devastador. A uno le gustaría ver que se iniciara una tregua inmediata para detener la lucha, seguida de negociaciones serias para llegar a un arreglo en la disputa territorial. Pero, por supuesto, EE.UU., que ha proporcionado a Zelensky más de 100.000 millones de dólares en ayuda, ha dejado en claro que no está interesado en un acuerdo negociado a menos que Putin esté dispuesto, como primer paso para generar confianza, a retirarse de todo el territorio ucraniano ocupado, incluida Crimea. En otras palabras, rendición incondicional.

Entonces, si Moscú ha roto con el “orden internacional basado en reglas” veamos cómo se definen las amenazas. Como mínimo, Washington se ha comportado mucho peor que Rusia durante los últimos veinte años, lo que más bien confirma que las “reglas” son esencialmente una ficción conveniente.

Finalmente, mi tercera ciudad a considerar es Jerusalén, la capital reclamada del Estado de Israel. Como se puede decir que el estado judío es el aliado más cercano de Washington o, como muchos creen, la cola que mueve al perro de la Casa Blanca, es instructivo observar su comportamiento para examinar si EE. UU. aplica un estándar uniforme a amigos y enemigos por igual cuando reparte el castigo a los infractores de las reglas del invocado “orden internacional.”

Si EE.UU. es considerado por la comunidad mundial como el país “superpotencia” más peligroso, Israel debe ser considerado el paria principal entre las naciones más pequeñas y con enfoques más regionales. Y su control sobre la Casa Blanca, el Congreso y los medios masivos nacionales en EE. UU. es tal que nunca se le pide que rinda cuentas

por nada. Acaba de hacerse un ataque de soldados israelíes a un campo de refugiados palestinos en Jenin, Cisjordania, en el que diez árabes fueron matados. En represalia, un palestino con una pistola mató a tiros a siete israelíes en Jerusalén antes de suicidarse. Hablando desde la Oficina Oval, el presidente Biden consideró apropiado sólo mencionar el contraataque palestino, diciendo simplemente que “Éste fue un ataque contra el mundo civilizado”. El ataque israelí inicial que mató a diez palestinos ni siquiera fue citado, dando a entender que las atrocidades israelíes matando palestinos no dañan al mundo civilizado en que Biden vive.

En otra demostración de la Casa Blanca de dónde están sus prioridades, la muerte a tiros el año pasado de la periodista estadounidense-palestina Shireen Abu Akleh a manos de un soldado israelí llevó finalmente a conceder una investigación por parte de la Casa Blanca, a pesar de que Biden y compañía se tragaron abiertamente la versión del gobierno israelí de que fue un accidente probablemente desencadenado por muchos disparos de terroristas palestinos en el área, lo cual sencillamente no es verdad. Y no espere usted ningún retroceso real en el Congreso contra la política de Israel de disparar primero; la semana pasada el Congreso dio de baja a la congresista Ilhan Omar del Comité de Asuntos Exteriores porque era “antisemita” debido a sus críticas al comportamiento de Israel.

El Ministerio de Defensa israelí indicó que no cooperaría con ninguna investigación sobre su propio comportamiento en el caso Abu Akleh y el caso ha desaparecido desde entonces. Israel ha matado también a otros ciudadanos estadounidenses sin ninguna consecuencia, incluida Rachel Corrie y 34 marineros a bordo del buque de guerra USS Liberty en 1967. Nunca antes un gobierno había matado a estadounidenses solo para ser recompensado con un regalo de $ 3800 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses cada año. El gobierno del estado judío ha señalado recientemente que su política de fuego libre contra civiles palestinos y sus partidarios extranjeros no se modificará. Los soldados y policías israelíes que matan a palestinos, a quienes habitualmente se describe como “terroristas”, casi nunca son investigados o procesados y, en algunos casos, han sido elogiados en los medios, y promovidos.

El control israelí sobre partes importantes del gobierno federal estadounidense parece estar reforzándose. En una conferencia de prensa la semana pasada, el Dpto. de Estado de EE.UU. se negó a confirmar que Israel está ocupando ilegalmente gran parte de Palestina. Tampoco se admite que Israel tiene un arsenal nuclear.

El historial de Israel frente a sus vecinos es algo similar al patrón estadounidense de aplicación de normas; rara vez se molesta en excusar su comportamiento. Inició incluso una guerra de proporciones, atacando en 1967 a todos sus vecinos, después de quejarse falsamente de que lo estaban "amenazando", con lo cual se apoderó y ocupó ilegalmente sus territorios. Actualmente está bombardeando Siria de forma regular y también ha atacado a Irán, Líbano y a los palestinos en Gaza. Ha asesinado a científicos y técnicos iraníes.

Israel ha invadido y ocupado el sur del Líbano y ha facilitado una masacre de palestinos asentados en campamentos allí. Ni Siria ni Irán han atacado jamás a Israel ni han amenazado con hacerlo, pero Israel persiste en afirmar que está amenazado y está tratando de convencer a Biden de unirse para atacar a los iraníes. El nuevo gobierno ultraderechista y racista del primer ministro Benajmin Netanyahu está intensificando en particular la presión sobre los palestinos mediante acciones que son ilegales según el derecho internacional sin que salga ni un chistido de la Casa Blanca. Las demoliciones de viviendas, las incautaciones de propiedades, los puestos de control y otros hostigamientos incesantes contra los palestinos también están aumentando en frecuencia a medida que los israelíes expanden su ocupación de Cisjordania.

Y algunos israelíes también están pensando en algo a mauyor escala, en forma de genocidio, cuando se trata de sus vecinos palestinos. Un prominente miembro del

parlamento israelí de la derecha ha sugerido lo que él y quizás muchos de sus colegas quisieran hacer con los palestinos restantes. Zvika Fogel, miembro de la coalición gobernante, ha convocado a una "guerra final" contra los palestinos para "sometirlos de una vez por todas", luego de la condena internacional a la incursión del ministro de seguridad Itamar Ben-Gvir en la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén Este ocupada; otro procedimiento ilegal para controlar por completo el acceso a los lugares sagrados musulmanes. Fogel respondió a las críticas, diciendo en una entrevista que la política de Israel de ir a la guerra con los palestinos “cada dos o tres años” ya no era lo suficientemente buena y que debería haber una última guerra “para someterlos de una vez por todas. Valdría la pena porque ésta será la guerra final…”

Así es que estamos en una historia de tres ciudades. Moscú está comprometido en una guerra que al menos tiene un sentido, aun cuando uno debe oponerse a las intervenciones armadas entre países vecinos. La operación rusa ha tenido la oposiciòn de EE.UU. que negligentemente ha escalado la guerra y producido una siutacion que puede resultar devastadora para toda la vida del planeta. Washington ha sido también el gran hipócrita en el juego puesto que se ha comportado muchísimo peor que Moscú en los últlmos veinte años. Y la tercera, Jerusalén, o si se prefiera Tel-Aviv: un Israel monstruoso que se gana el premio por ser el peor de lo peor en cuanto a su inhumandad y crímenes de guerra, sin que se escuche el más mínimo rezongo desde Washington o de Biden, mencionando violaciones a “un orden internacional basado en reglas”.

Philip M. Giraldi es director ejecutivo del Councilforthenationalinterest.org. En su juventud perteneció a la CIA. 

DE SABERES Y TITULACIONES

 

DE SABERES Y TITULACIONES

Luis E. Sabini Fernández

https://revistafuturos.noblogs.org/

Cambios culturales acaecen en el país.

Y la mirada mediática, oficial o crítica, no registsra conflictos, sólo un avance indefinido. Siguiendo, obviamente, la ideología dominante. Que no es la vieja religión pagana o el deísmo, tampoco el nhilismo, ni filosofia alguna de la escasez.

Esa ideología dominante, en primer lugar ni se menciona a sí misma. Dejemos para otro momento aproximarnos a esa ideología esquiva de sí misma. Y concentrémonos en un solo aspecto o manifestación. Bajo esa modalidad, estamos en un proceso fuerte de curriculización de las actividades. Sobre todo, académicas. Como siempre, hay buenos motivos, Costó mucho a la salud de las poblaciones distinguir barberos y dentistas superando la silla que tenian en común, o, por ejemplo, a médicos de curanderos.

A lo largo de la historia se fueron afianzando colegios profesionales con dos cometidos primordiales; asegurar un ejercicio de calidad profesional y proteger la colegiatura de esa profesión.

El proceso de curriculización ha sido en absoluto desparejo. Se sabe que muy a menudo los mejores fotógrafos no provenian de una escuela de fotografía; no eran egresados de un colegio profesional. Lo mismo puede decirse de periodistas. Todavía en el siglo XXI perviven periodistas de enjundia autodidactas junto a egresados de escuelas de periodismo.

Pero el proceso de profesionalización y curriculización ha proseguido ocupando más y más áreas.

Hay disciplinas más compatibles con dicho proceso, como la química, tal vez, la arqueo-logía… hay otras francamente renuentes a esa homogeneización, como puede ser la poesía…

Hay profesiones altamente curriculizadas, como la de médico, que ha ido cambiando sustancialmente en sí misma, en particular, a través de un proceso de especializaciòn; desde el médico renancentista que era a la vez biólogo, filósofo, potencialmente panteísta, científico, hasta el actual especialista en, por ejemplo, cirugía de mano. Profesión la médica, cada más vertebrada desde el mercado de medicamentos que convierte a su vez al médico también en un hiperespecializado; ciertos médicos devienen así, expendedores del BigPharma, médicos que carecen de visión o lectura integral, que se conforman con reconocer un síntoma y aplicar “la pastilla” programada para tratar ese síntoma. Que no han desarrollado la calidad de investigar, remontarse a las causas; sólo administran una secuencia estímulo-respuesta. Médicos, titulados, que ponen tan orondos, al verificar una muerte “causa del deceso: paro cardiorrespiratorio”.

La crisis actual de la medicina, expuesta, por ejemplo, con la pandemia 2020 o desde algo antes, con el aluvión reciente de vacunas “para todo”, o con la proliferacion de partos por cesárea, suprimiéndole al ser por venir “el trabajo de parto” (no sólo a su madre), o con la política encarada por instituciones médicas de gran peso planetario como el NCI o la ACS de EE.UU.1 para enfrentar los cánceres, sin plantearse medidas para erradicar o al menos achicar sus causas, sólo empeñadas en prolongar la vida de los cancerosos; política ésta coincidente, con la de las ramas industriales montadas de farmacología y aparatología para “combatir” el cáncer.

Sucinta e incompleta enumeración de nudos sanitarios conflictivos, que nos lleva a pensar que la curriculización, incluso la más severa, dista de asegurarnos lo que debiera ser el impulso de cada profesión para bregar por una vida y una sociedad mejores.

Pero la curriculización avanza. Y episodios como los ya repetidos en nuestra sociedad, de usurpación de títulos (distintos entre sí, pero con un denominador común en la cuestión); caso Sendic, caso Peña (y seguramente unos cuantos más no tan notorios) llevan el foco a la tenencia legítima de titulaciones, y no al de la calidad de la profesión ejercida bajo ese título.

¡Qué lejos estamos de nuestro maestro Carlos Vaz Ferreira! (maestro no personal mío, que no lo tuve, sino social, del Uruguay, sobre todo de la primera mitad del s XX con una prolongaciòn en su segunda mitad). Con justicia es considerado un filòsofo fundacional en la cultura de nuestro país. Y su aporte, su filosofar, su “lógica viva” sus análisis no provienen de algún título que pueda haber obtenido. Se recibiò de abogado a los 25 años y de inmediato, todavía siglo XIX, se dedicò a filosofar, como docente. Sin título de docente ni de filósofo. Fue así inolvidable filósofo y maestro, en la tarima, en el pupitre. Y en sus escritos, a menudo de origen oral, en sus clases magistrales; Moral para intelectuales, Sobre la propiedad de la tierra, Sobre el feminismo, Fermentario, Los problemas de la libertad y los del determinismo.

Se podría argüir que el filosofar de Vaz Ferreira se hizo más espontáneamente porque a fines del siglo XIX estaban muy poco desarrrolladas las carreras y colegiaturas del área. Pero vengamos más cerca de nuestro tiempo. En la década de los tormentosos ’70, de los cuales hoy recordamos su medio centenario.

No pretendo que sea ni el mejor ni el primero, pero un filósofo fundamental y fundacional del Uruguay incluido nuestro presente, fue Mario Sambarino, catedrático de Filosofía de la Práctica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UDELAR, hasta 1973, precisamente. No tenía título de licenciado ni de filósofo. ¡Tampoco tenia Carlos Real de Azúa el de politólogo y fue uno de los más severos analistas de la política de su tiempo!

Entonces, como ya había licenciados en filosofía, hubo intentos de cuestionar la calidad pedagógica y filosófica de un maestro como Sambarino. Por carecer de títulos. El peso intelectual de su aporte era tan insoslayable que las autoridades académicas de entonces desecharon todo opción curriculista. La dictadura, ya entronizada con pretension de definitiva en el segundo semestre de 1973, acabó con su cátedra, junto con la de tantos otros docentes del momento, mediante un cierre de la UDELAR que duró unos veinte meses con anulación expresa de todo compromiso laboral o contractual (Sambnarino murió en el exilio). Tenía en su haber, por ejemplo, Investigaciones sobre la estructura aporético-dialéctica de la eticidad, un detallado análisis de las modalidades éticas; no necesitó, para pensar y ayudar a pensar, pasar por el cedazo de una colegiatura o por la disponibilidad de un título.

Tomemos otro ejemplo histórico de nuestro país. Pedro G. Scaron es considerado por buena parte de la exégesis marxiana como el mejor o entre los mejores traductores de Karl Marx al castellano. Así lo considera, por ejemplo, un marxólogo como Horacio Tarcus, erudito muy considerado en amplios círculos intelectuales, cofundador y actual director del CEDINCI (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, Buenos Aires). Las traducciones producidas por Scaron son consideradas un buen paso adelante respecto de muchas otras de egresados académicos con muy estimables títulos, sobre todo a causa del aparato crítico que acompaña sus traducciones presentando borradores y opciones del mismo Marx, o cotejos con otras fuentes.

Y bien: Scaron era autodidacta, no sé si con bachillerato completo. En su caso, queda prístino que importa ver la calidad de su producción intelectual, no su foja curricular.

Este fenómeno que he sucintamente reseñado con Vaz Ferreira, Sambarino, Real de Azúa o Scaron se repite a lo largo de la historia con legión de forjadores extracurriculares de cultura.

Una ”prueba del nueve” es saber qué motiva a un estudioso; si aprender y ejercer lo que lo desafía u obtener un título.

Entiendo que la sociedad uruguaya se empobrece si sustituimos los asuntos del saber por el de las titulaciones para legitimar saberes.

Me llama la atención el empeño, sobre todo en los medios de incomunicación de masas, en atender la calidad de los títulos como si fuera lo único problematizable.

La mentira importa, al engañar, pero no puede sustituir la importancia del conocer.

AFSA

 

QUE LA INJUSTICIA NO NOS SEA INDIFERENTE

Por este medio les informamos que los trabajadores del Sanatorio Americano hemos definido en el mes de diciembre entrar en conflicto.

Nuevamente la patronal del Sanatorio decide despedir por notoria mala conducta a una trabajadora sin el debido proceso de investigación, y sin tener en cuenta las evidencias que demuestran su inocencia.

Una compañera que hace 15 años trabaja en la empresa, que notificó de su falta antes de comenzar su guardia, cumplió con dirigirse a su prestador, quien luego de realizar hisopado (el cual dio negativo), descartar infección, le certifico durante 3 días desde el 3/12 al 5/12 con permiso de salir de domicilio.

Compañera que ya había acordado compactados 4 y 5 de diciembre con otras compañeras, los cuales se cumplieron ( las compañeras cubrieron sus guardias esos días) pero, sin embargo la empresa la despide el día 9/12, por Notoria Mala Conducta por recibir insumos que muestran que el 3 a la noche participo de una fiesta. Sin corroborar información de certificado, sin tener en cuenta que no existió mala voluntad de parte de la compañera de momento que los compactados se cumplieron más allá de que había una certificación que la amparaba.

Hemos mantenido instancia en Dinatra, la misma no volcó ningún resultado ya que la gerente de rrhh quien fue en representación de la empresa, mantuvo su postura intacta frente a nuestras pruebas, mostrando el certificado, el ingreso de bps dónde claramente dice que podía abandonar domicilio. Nuestro reclamo de reintegro fue desoído.  

Es por la gravedad de lo expresado, la peligrosa situación en la que todos los trabajadores quedamos expuestos al permitir que la patronal nos eche  incumpliendo una normativa legal que abre la puerta a qué mañana cualquiera pueda ser atropellado de igual o peor manera, que los trabajadores hemos decidido hacer lo que se debe hacer, emprender el camino de lucha y reivindicación por el reintegro de la compañera.

Encontrándonos en enero sin haber tenido ningún cambio frente a la postura de la patronal, seguiremos gradualmente tomando las medidas necesarias para llevar adelante nuestra lucha. La empresa no nos ha dado instancia con ningún jerarca para poder tratar este tema de forma adecuada . Han tomado una decisión negligente sin recaudar la información necesaria, y frente al reclamo asumen un actitud aún peor, no queriendo asumir la gravedad del error.

Cómo siempre AFSA estará en pie de lucha, en defensa de nuestros derechos como trabajadores.

AFSA sos vos,

AFSA somos todos…

 

Agua, poca y en peligro.

 Comunicado de Prensa
Agua, poca y en peligro.
Continúa la sequía ya declarada por el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), que va en camino de
convertirse en una emergencia hídrica. Falta el agua en los suelos y las pocas precipitaciones registradas el fin de
semana pasado han sido claramente insuficientes para revertir la situación.
Incluso el agua para consumo humano se ha convertido en un problema en algunos lugares
y la OSE se ha visto forzada a realizar obras de emergencia para asegurar el suministro.
En medio de este panorama, hace sólo diez días que presentamos denuncia ante el
Ministerio de Ambiente por los vertidos de contaminantes a los afluentes del Queguay por
parte de la empresa UPM. Ahora desde el grupo “Guichón por los bienes naturales y el
agua” se informa del deplorable estado del Queguay cubierto de cianobacterias.
La situación se repite en aguas interiores como son los embalses del Río Negro, en
especial el de Baygorria, sobre el que se ha construido la segunda planta de UPM, e
incluso en aguas del Río de la Plata. Hay floraciones presentes en varias partes de la costa
argentina y también del lado uruguayo en las playas de Carmelo, Colonia, Kiyú y muy
especialmente Arazatí.
En esta última localidad es donde un consorcio de empresas
pretende colocar tomas de agua para abastecer a Montevideo.
Es el denominado Proyecto Neptuno, cuya licitación y
adjudicación avanzan sin evaluación ambiental por parte de
Ministerio de Ambiente. En esa zona las floraciones han
estado presentes desde hace más de tres semanas.
En estas condiciones desde el MOVUS llamamos a que se
haga un profundo análisis y estricto control de la calidad del
agua incorporando verdaderas medidas en las cuencas para
identificar, limitar y de ser posible eliminar en el menor
plazo posible las fuentes de contaminación puntuales y
difusas.
Situaciones como la del vivero de UPM en Guichón, al que el Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca nunca multó por el uso indebido durante años de compuestos
químicos altamente nocivos que se detectaron en cursos de agua cercanos, no pueden
repetirse.
Tenemos el deber de cuidar los recursos naturales que como el agua aseguran la vida en
el territorio.
Esperemos que esta crisis sirva para mejor valorar la importancia del agua y que desde
todos los ámbitos se hagan mejoras en el tratamiento que le damos a este invalorable
recurso.
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
25 de enero de 2023.
Contactos de referencia:
Ana Filippini 098 407 572
Raúl Viñas 099 648 685

Ucrania por Luis Sabini

 

Ucrania, pez diablo

Guerra proxy o política y esa delgada línea roja que las une

El strip-tease se ha acentuado.

Hace pocos meses todavía, el presidente del estado considerado primus inter non pares, Joe Biden, entendía sensato no abastecer directamente de armas a Ucrania porque ese aporte y su aplicación podían fácilmente abrir el grifo de la guerra, entonces sí abierta de Rusia con la OTAN (o más bien de la OTAN con Rusia).

Ahora la OTAN ha aprobado enviar armamentos de diversos tipos y calibre, como por ejemplo, tanques de última generación, por 40 mil millones de dólares, y una partida todavía superior para avituallamiento de bienes sociales, civiles, a Ucrania.

La acometida otánica no se hace sin fisuras. En Alemania existe para algunos la convicción que, tal vez por sus coincidencias “energéticas” con Rusia, le ha tocado el papel del “pato de la boda”, descoyuntando de manera incisiva su complejo industrial, por décadas el motor de la UE.

Pero no se trata sólo de tales aspectos económico-materiales. Alemania, tras la pesadilla nazi, quedó entrampada en un complejo de culpa no del todo correcto ni justo, puesto que el origen del nazismo no fue una expresión alemana, como tantos aliadófilos quisieron hacernos creer, sino una reacción frente a la “Paz de Versalles” (a su vez, una estratagema de la “Raposa” europea para quitar de en medio una competencia que se presentaba muy seria). Como consecuencia, la Alemania de la segunda posguerra fijó una conducta antimilitarista, antiguerrerista, antiintervencionista.

Las rencillas, purgas y designaciones que se acaban de suceder en Alemania 2023 obedecen a los roces y diferencias ante esos dos factores que persiguen a Alemania “como su esqueleto y su sombra”.

¿Qué significa este reaprovisionamiento ahora con armas y bagajes a granel? Queda ya casi prístino que la OTAN es la que está en guerra con Rusia. Aunque se trata, como se ven tantas ahora (¿más que otrora?) de una guerra proxy.

Y si ya está tan desenfadado el comportamiento otanesco, ¿qué va a pasar con el ruso?

Rusia, crecientemente hostigada por el eje anglo-israelo-norteamericano a través de su representante o emisario regional, la OTAN, no supo/pudo encarar ese atroz hostigamiento que se focalizó en lo que el ideólogo estadounidense de extrema derecha Samuel P. Huntington definió como víctima propiciatoria.

Huntington, analizando el mundo postsoviético vislumbraba dos estados medianos, muy aprovechables para afianzar “Occidente” (su militancia prooccidental era tan descarada como para que en un pretendido ensayo sociológico; The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order[1] tenga un capítulo titulado, por ejemplo “Occidente y el resto”).

En ese abordaje del mundo postsoviético que una vez más, como en los ’40, sus cofrades se disponen a deglutir (a fines de los ’40 se les cortó la digestión por la irrupción geopolítica de la URSS), Huntington toma como ejemplos de naciones “escindidas” a Turquía y a Ucrania, sitios en el mundo postsoviético por donde las fuerzas occidentales pueden abrir brechas en fortalezas ajenas (y enemigas).

Tras el colapso soviético en la década de los ’90, Rusia pervive. Aun perdiendo la corte de estados vasallos de Europa oriental (y un poco más, también en Asia) y los aditamentos que mantuvieran en pie a la URSS durante siete décadas; su fe ideológica  y el “centralismo democrático” (curiosa definición socialista del verticalismo policíaco-militar)− retiene, gracias a su enorme extensión, población y armamento nuclear, una serie de elementos claves que impiden el pleno poderío mundializado de EE.UU. y el eje que, otra vez desde los ’90, procura controlar el mundo.[2]

Esto ha significado que el eje triple ya mencionado busca por donde penetrar la “fortaleza” rusa.

Y siguiendo la visión del mencionado Huntington, Ucrania, la fracturada Ucrania,[3] constituye un verdadero bocato di cardinale.

Entiendo imposible soslayar que Robert Kagan, figura clave del proyecto neoimperial ya citado (n. 2) es pareja de Victoria Nuland, la emisaria estadounidense que llega a Ucrania hacia 2014 para generar el desequlibrio necesario para la consecución de tales planes. Munida de miles de millones de dólares, será clave, por ejemplo, en la instalación de una cadena de laboratorios diseñados para el biowarfare (vale decir, la guerra a través de la acción de laboratorios de ingeniería genética).[4]

Justo entonces se produce un cambio de presidentes en Ucrania y el impulso de  agrupamientos de extrema derecha y a la vez profundamente antirrusos. Preparando el terreno para un enfrentamiento cada vez más violento. Episodio de Maidan (decenas de muertos y piedra de toque para que población rusófona en Ucrania y la misma Rusia modificaran su actuación. Crimea declara su independencia respecto de Ucrania y posterior incorporación a Rusia (algo vital desde el punto de vista militar para Rusia en el Mar Negro). Rusófonos empiezan a estar muy hostigados por la Ucrania “independiente”, más bien pro-occidental, desde 2014 (con el abandono forzado del presidente Yanukovich más bien prorruso). Lugansk y Donetsk, dos municipios o provincias rusófonas proclaman su rebeldía institucional y armada contra las autoridades ucranianas.

La OTAN logró “estirar la cuerda” de modo tal que se le rompiera a Putin en las manos. Tras por lo menos 8 años de agresión, logra establecer claramente un agresor en el “teatro de operaciones”, que resulta, sin duda, Putin.

¿Cómo se logra esa reparto de roles? Porque la OTAN y el eje triple que la dirige tiene éxito en tocar sensibilidades del régimen ruso y lo va a llevar a sacar a luz su propia modalidad de poder: Rusia no soporta el maltrato y la presión y opta por aplicar “un puñetazo en la mesa” que ya vio no era de negociaciones. Como hiciera en Osetia, en Chechenia. Craso error. Zelenski, versátil actor, cumple aquí la función de “pez diablo” para que el oso sufra una pequeña hemorragia; al fondo de la escena, están las pirañas.

Introduce su planta en un territorio preparado como celada. La OTAN interviene rápidamente. Tanto debilitando al concierto asistencial europeo (quitándole a Alemania la provisión de energía rusa) como otorgando todo tipo de asistencia a Ucrania. Inicialmente, para la defensa; luego, poco a poco, para el ataque.

El lenguaje figurado tiene sus límites; y la realidad mucho más; lo futuro es no solo desconocido sino incognoscible.

Luis Sabini

---

[1]  Editado por Simon & Schuster, N.Y., 1996.

[2]  Un eje con varios planos: en primer lugar la Santísima Trinidad del Reino Unido, Israel y EE.UU.; en segundo lugar el de la red Echelon, compuesta por el acuerdo anglófono (pero de raza blanca) de 1948; EE.UU., Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelandia, también llamado de “Los cinco ojos”, y en tercer lugar volver, una vez más tras el derrumbe soviético, al diseño preciso de la craneoteca pentagonal, The Project for the New American Century. Setiembre, 2000. Entre sus principales redactores: William Kristol, Robert, Donald y Fred Kagan, Gary Schmitt, Paul Wolfowitz, Dov Zakheim.

[3]  Ucrania, también llamada “Rusia pequeña”, con su capital Kiev cuna de la unificación rusa (de la Rusia Grande o mayor, hoy simplemente llamada Rusia), mantuvo cuando el colapso soviético, armas nucleares, junto con Rusia. Sin embargo, con  o por acuerdo de “las grandes potencias”, EE.UU. y Rusia, en 1996, Ucrania fue desnuclearizada. Con compromisos recíprocos de “los grandes” de preservar su independencia. Algo que debe haber hecho sonreír a Huntington, que había profetizado la fractura tres años antes.

[4]  Lo que hasta la década de los ’70 se denominaba en EE.UU. test tube war, que otorgaba enorme poder al desarrollo químico, de venenos para uso militar, con los avances en ingeniería genética habilitando la creación, mejor dicho la construcción de “quimeras”, entes vivos transgénicos, los afiebrados militares norteamericanos y sus acólitos han llegado así al desarrollo de laboratorios que directamente califican de biowarfare (guerra biológica) y los han diseminado por todos los continentes.