COMUNICADO DE PRENSA
Ministro de Ambiente insiste en impulsar proyecto sin evaluación ambiental
Mañana comparecerá el Ministro de Ambiente en régimen de Comisión General en la Cámara de Diputados para responder sobre el proyecto Neptuno, la iniciativa privada de extraer agua del Río de la Plata desde el paraje conocido como Arazatí, para complementar el abastecimiento de agua a Montevideo y cuya factibilidad técnica aprobó por mayoría el directorio de OSE.No es ésta la primera vez que se discute un proyecto similar. Hasta ahora todas las propuestas terminaron siendo rechazadas por consideraciones económicas y técnicas, en especial por la presencia de agua salada en la zona, lo que imposibilita la potabilización, ya que hasta el momento no hay soluciones que no sean la desalinización, inconveniente desde el punto de vista económico y complejo desde el punto de vista técnico.
En el tema económico, la propuesta actual del grupo de empresas que conforman el denominado “Consorcio Aguas de Montevideo” se anunció en 2021 con un costo cercano a los 200 millones de dólares, pero ya se ha incrementado en más de 40% el costo previsto, llegando ahora a casi 290 millones.
La discusión del tema se ha centrado en su legalidad, se habla incluso de la inconstitucionalidad del proyecto, y si se operaría desde lo público o lo privado.
En ambos casos de hecho se acepta el proyecto, dejando de lado que el mismo no tiene estudio ni habilitación ambiental alguna. A la fecha no se ha ingresado al Ministerio de Ambiente ningún expediente en ese sentido.
Cabe agregar que el propio estudio de factibilidad del proyecto Neptuno hecho por las empresas proponentes detecta unos noventa puntos de impacto ambiental, veinticinco de ellos con un impacto negativo significativo.
Sobre esto desde el MOVUS destacamos la inconveniencia de las declaraciones del Ministro de Ambiente sobre cómo defenderá con “uñas y dientes” un proyecto que no tiene estudios de su cartera y que además sería licitado antes de que sea estudiado en lo ambiental.
El estudio y la aprobación o denegación ambiental, debe ser un proceso previo a la licitación y adjudicación de los proyectos, ya que evidentemente puede alterar las condiciones económicas del mismo. La licitación previa genera un antecedente que si tuviera que ser modificado por consideraciones ambientales expone al estado a asumir mayores costos e incluso consecuencias legales, además de ser inconveniente para un país que se vanagloria de su seguridad jurídica y cuidado ambiental, puntos en que poco ayuda el firme posicionamiento previo, favorable al proyecto, del Ministro de Ambiente.
18 de octubre de 2022Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)
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