Más allá de otras
irregularidades,la insuficiencia de la información brindada para la evaluación
del impacto social y ambiental del proyecto no impedirá su aprobación
Víctor L.
Bacchetta Sudestada 19/12/18
Este 18 de
diciembre venció el plazo de la Puesta de Manifiesto por la Dirección Nacional
de Medio Ambiente (DINAMA) del Proyecto Ferroviario Montevideo - Paso de los
Toros, componente clave del proyecto de planta de producción de celulosa de la
multinacional finlandesa UPM a orillas del Río Negro y la construcción de una
terminal portuaria en la Capital para la exportación de esa materia prima.
El día
anterior, el grupo denominado “Por el costado de la vía”, con el aval de más de
200 firmas de vecinos, se presentó a la DINAMA solicitando la realización de
estudios independientes que evalúen los impactos negativos de ese proyecto, por
considerar que el Informe Ambiental Resumen (IAR) a consideración del público
tenía serias carencias. Por ese motivo pedían también la suspensión de la
autorización de las obras.
Pero la
DINAMA ya había convocado las audiencias públicas exigidas por la evaluación de
los proyectos incluidos como éste en la Categoría C, cuya ejecución puede
producir impactos ambientales negativos significativos. Para el trayecto de 273
kilómetros del tren se previeron dos audiencias, una en el barrio Colón de
Montevideo, el viernes 21 de diciembre, y otra en la ciudad de Florida, el
jueves 27 del mismo mes.
De hecho, la
evaluación ambiental no está teniendo ninguna incidencia en la puesta en marcha
del Proyecto Ferroviario. Tanto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas
(MTOP) viene realizando actividades que dan por aceptado el proyecto (la
licitación y firma del contrato de adjudicación de las obras, las
expropiaciones, entre otras), como la propia DINAMA relativiza la importancia
de su proceso de evaluación.
"Vamos
a empezar en la segunda quincena del año que viene", ha asegurado con
insistencia el titular del MTOP, Víctor Rossi
.
"Estas obras no las hacemos por UPM", sostiene el ministro, pero más
adelante agrega: "Lo cierto es que en 2022 tenemos que tenerlo terminado
al proyecto", reconociendo que la construcción de la vía férrea se
entronca con la instalación de la planta de celulosa.
Al mismo
tiempo, las autoridades de la DINAMA parecen querer desvincularse de la
responsabilidad que les cabe en la aceptación de los proyectos, el ferroviario
entre otros. “La competencia de la DINAMA no es habilitar o no un
proyecto", afirmó al semanario Búsqueda el
director del organismo, Alejandro Nario, en contra de lo dispuesto en la Ley de Medio
Ambiente (N°16.466) de enero de 1994.
La ley
N°16.466 estableció en el Artículo 7° que, para "iniciar la ejecución de
las actividades, construcciones u obras" de un proyecto, los interesados
deben obtener la "autorización previa" del MVOTMA. Y, en el Artículo
16°, agrega que éste ministerio "deberá negar la autorización" si
considera que el proyecto "provoca un impacto ambiental negativo o nocivo
superior a los mínimos admisibles" (sic).
Que la
"autorización previa", es previa, no admite dos interpretaciones, y
alcanza a todas las actividades vinculadas a la ejecución del proyecto. Y si la
ley dice que el MVOTMA "deberá negar la autorización" en determinadas
situaciones, significa que puede habilitar o no un proyecto. Tampoco cabe otra
interpretación.
Evaluación
ambiental del Proyecto Ferroviario
Si se
olvidan por un momento las
irregularidades que rodean al Proyecto Ferroviario ROU-UPM y se centra la atención en la evaluación
realizada por el MTOP y la DINAMA, se constata aquí también una serie de
carencias e imprevisiones sobre los posibles impactos ambientales y sociales
del tren que son la causa de una creciente inquietud entre los vecinos a ser
directamente afectados.
En el
informe entregado a la DINAMA, “Por el costado de la vía” considera que la
ausencia de distancias de seguridad claras entre el pasaje del tren y las
viviendas cercanas para los impactos posibles (contaminación del aire, efectos
vibratorios y acústicos, fallas del sistema de señalización, accidentes por
descarrilamiento y/o derrames químicos, entre otros) configura una falla del
principio precautorio. Los vecinos apelan al Reglamento de las
Evaluaciones de Impacto Ambiental (Decreto 349/005) que exige prever
"impactos directos e indirectos, simples y acumulativos, así como la
evaluación de los riesgos derivados de la situación ambiental resultante de la
ejecución del proyecto", junto con una "cuantificación de los
impactos ambientales identificados, tanto geográfica como temporalmente"
(Artículo 12).
"El
informe puesto a consideración por la DINAMA contiene un error fundamental en
la evaluación y prevención de los riesgos del proyecto al proponer simplemente
medir (monitorear) los impactos en lugar de definir acciones para mitigarlos.
Por esta vía, los vecinos pasan a ser conejillos de indias de las posibles
afectaciones", expresa un comunicado del grupo “Por el costado de la vía”
localizado en la Capital.
Mientras los
vecinos consideran que se trata de un proyecto totalmente diferente, para la
autoridad ambiental solo sería una adaptación de lo existente. “Si fueras a
hacer un trazado nuevo, por razones diversas, se expropiaría mucho más. Pero
esto es una adecuación de una vía ya existente. ¿Sería lo ideal que estuviese a
150 metros? En teoría, pero yo me enfrento a evaluar lo que hay ahora”, afirmó
Nario.
Si bien la
obra propuesta mantiene el actual terraplén, implica el desmantelamiento de las
vías existentes para instalar una infraestructura adecuada que garantice el
tránsito las 24 horas del día los 365 días del año de trenes de carga de unos
800 metros de largo con locomotoras a una velocidad máxima 100 kilómetros por
hora, transportando la celulosa y los productos químicos requeridos por la
planta de UPM.
Para los
vecinos esto constituirá una barrera física que bloqueará las comunicaciones
entre la gente de un lado y el otro de la vía. "Serán los trenes de UPM
que decidirán cuándo podremos cruzar a la escuela, a la farmacia, al centro de
salud, a locales de cobranza o al liceo. Barrios enteros de la ciudad de
Montevideo y otras localidades del Interior quedarán divididos, dejando
poblaciones aisladas", advierten.
Las
audiencias públicas convocadas, que al no ser vinculantes solo permitirán que
se exprese aprobación o desaprobación -el popular "derecho al
pataleo"- serán seguidas inmediatamente por la decisión ministerial que
dará luz verde definitiva al proyecto. Así, concluida la licencia anual de la
construcción, el tren para UPM comenzará a tomar forma, aunque sus
consecuencias sigan siendo imprevisibles.
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