LA CRISIS DEL AGUA EN URUGUAY
En una nueva fase de la economía
mundial, donde fluyen grandes inversiones para la explotación de los recursos
naturales de la región, el modelo de desarrollo basado en la exportación de
volúmenes cada vez mayores de productos primarios provoca una contaminación
generalizada de los suelos y la red hídrica del país.
Víctor L. Bacchetta. Periodista
especializado en temas socio-ambientales - Hemisferio Izquierdo |7 Sep.
2018
Uruguay se encuentra en la periferia
del sistema capitalista mundial, en una región pródiga en bienes naturales
apetecidos por los países más poderosos del planeta, que aportó en la etapa
colonial oro, plata y materias primas, junto con trabajo esclavo, a la
acumulación originaria del capital y siguió aportando después para la
reproducción ampliada de ese capital en las grandes metrópolis
industrializadas.
En la fase actual, denominada de
'globalización económica', el capital financiero y las empresas trasnacionales
predominan por encima incluso de las superpotencias de los siglos XIX y XX.
Tras el derrumbe de la URSS y la reversión del socialismo en China, la
incorporación de sus poblaciones al mercado capitalista hace que la explotación
de los recursos naturales amenace el e equilibrio ambiental del planeta.
En regiones como Sudamérica, donde
la división internacional del trabajo del sistema capitalista le asignó
históricamente el rol de proveedora de materias primas, viene una nueva ola de
grandes inversiones en proyectos extractivos y obras de infraestructura para
trasladar la producción primaria hacia los centros industriales, acompañada de
cambios normativos que refuerzan la dependencia económica y política.
Esa estrategia de desarrollo basada
en la apertura indiscriminada al capital extranjero para la explotación en una
mayor escala de los recursos naturales y su exportación como simples materias
primas ('commodities', en el comercio internacional), ha sido denominada por
estudiosos y movimientos sociales de la región como el "modelo extractivista"
para destacar su característica de saqueo depredador
Por carecer de reservas minerales y
petrolíferas significativas, Uruguay se mantuvo relativamente al margen de las
formas más agudas de explotación de los recursos y las poblaciones del
continente en las etapas anteriores. Sin embargo, en esta nueva fase surgen
inversiones extranjeras inéditas en la historia del país para explotar en gran
escala sus dos principales bienes naturales, la tierra y el agua
El ecosistema del Uruguay pertenece
al Bioma Pampa o Pastizales del Río de la Plata con un tapiz casi continuo de
pasturas naturales (71%), una pequeña parte de montes nativos (4,2%) y
humedales o sistemas costeros, bañados por una tupida red de ríos, arroyos y
acuíferos subterráneos, que hacen el 93% del territorio especialmente apto para
la producción de alimentos a partir de la agricultura y la ganadería.
El modelo extractivista en acción
La economía uruguaya experimentó
grandes transformaciones en los últimos 30 años, la mitad gobernada por una
coalición de las organizaciones históricas de la izquierda en el país. Sin
embargo, más allá de avances en los derechos laborales y sociales en general,
las políticas aplicadas fortalecieron su condición de economía primaria en el
marco de la globalización dirigida por los centros del sistema.
Los incentivos de la ley forestal en
1987, la habilitación de la propiedad de tierras por sociedades anónimas y la
aprobación de los cultivos de soja transgénica, desde 1995 en adelante,
hicieron que la forestación y la agricultura de secano, prácticamente todo
soja, crecieran entre 1999 y 2006 a una tasa real acumulativa anual de 9,8% y
6,5%, respectivamente, ocupando hoy un 14% de las tierras fértiles.
Con el mismo enfoque, en los últimos
años se otorgaron permisos de prospección por más de 5 millones de hectáreas
para la búsqueda de hierro, oro e hidrocarburos, Pero Uruguay no tiene
yacimientos significativos, su explotación sería de corta duración y con alto
costo ambiental, por la destrucción definitiva del suelo fértil y la
contaminación de aguas superficiales y subterráneas en las zonas involucradas.
Los monocultivos de eucaliptos y
soja transgénica, además de afectar la composición orgánica de los suelos,
consumen grandes volúmenes de fertilizantes y plaguicidas para lograr los
rendimientos deseados. En culturas tradicionales como la lechería y la
ganadería se han introducido también formas de explotación intensiva,
megatambos y 'feed-lots', que concentran productos químicos y efluentes
tóxicos.
Incluimos en el modelo extractivista,
junto con las plantaciones sojeras y forestales, las culturas tradicionales que
en su mayoría están orientadas hacia la exportación de la producción primaria,
sin un encadenamiento industrial significativo en el país. En la ganadería se
ha producido incluso un retroceso, al ir en aumento la exportación de ganado en
pie con el fin de eludir el 'pool' de frigoríficos extranjeros.
Si al drenaje y el escurrimiento
superficial de los insumos químicos y los desechos de las plantaciones y la
actividad agrícola-ganadera tradicional, que se descargan en los cursos de agua
cercanos, se le agregan los efluentes cloacales sin tratar de parte importante
de las poblaciones ribereñas, se completa el cuadro de contaminación
generalizada existente en los últimos años en la red hídrica del país.
La "crisis del agua" es el
resultado de la superexplotación de los dos bienes naturales fundamentales del
país, la tierra y el agua. Con la producción primaria, exportamos el agua y la
fertilidad del suelo necesarios para obtenerla. Una parte de la fertilidad se
pierde irreversiblemente, sin que siquiera paguen los que se la llevan, y en el
país quedan como herencia aguas y tierras contaminadas y degradadas
Los cambios introducidos en la Ley
de Riego, el llamado Plan Nacional de Aguas, el desmantelamiento de la enmienda
constitucional aprobada en el plebiscito de 2004 y el "contrato"
firmado por el gobierno con la trasnacional UPM para instalar una nueva planta
de celulosa, profundizan ese "modelo de desarrollo" y amenazan con
trastocar radicalmente los fundamentos político-institucionales del país
Estrategia-país del Banco Mundial
Las políticas públicas relacionadas
con la gestión del agua, desde las modificaciones de la Ley de Riego y el Plan
Nacional de Aguas, hasta la gestión de OSE, se inscriben en la estrategia-país
definida por el Banco Mundial para Uruguay que apunta a colocar el agua y los
recursos naturales bajo la égida del capital internacional.
El 28 de marzo de 2016, el Poder
Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley que estableció nuevas reglas
del riego para la agricultura. La iniciativa define al riego como "factor
determinante para alcanzar nuevos niveles de producción y productividad" y
busca incrementarlo mediante la creación de un sistema de represas abierto a la
inversión privada que va en contra del Artículo 47 de la Constitución
Los conceptos del gobierno y del
Banco Mundial coinciden. "Adaptar el marco jurídico (Ley de Riego y Leyes
de Alianzas Público-Privadas) a fin de mejorar las condiciones para la gestión
de los planes de riego y crear condiciones para el desarrollo de una nueva
generación de proyectos en Uruguay", planteaba el Banco(1)
Es lo que el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) puso a discusión
Pero el Banco es mucho más claro en
los fines. Mientras el exministro Tabaré Aguerre enfatizaba los beneficios que
obtendrían los pequeños productores, como si esta fuera su preocupación
central, el Banco explicaba que el objetivo es desarrollar, con la presencia
del sector privado, "planes de riego a gran escala con infraestructuras de
abastecimiento de agua de gran envergadura de múltiples fines"(2)
En julio de 2016, la Dirección
Nacional de Aguas (Dinagua) lanzó una consulta pública sobre el Plan Nacional
de Aguas (PNA) elaborado, según expresó, con varios actores, estudios y
consultorías. Pero el Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio, con
igual representación del gobierno, los usuarios y la sociedad civil, que por
ley debía ser quien formulara la propuesta del PNA, no fue convocado
Cuatro meses para realizar una
consulta pública sobre un informe de 250 páginas, cuya elaboración insumió
siete años, era mera fórmula. Se hicieron 17 reuniones, 7 abiertas al público
en 7 capitales departamentales y el resto fueron sesiones de las Comisiones de
Cuenca y Acuíferos, los Consejos Regionales de Recursos Hídricos y la Comisión
Asesora de Agua y Saneamiento (COASAS)
De la consulta pública surgieron
varias propuestas, pero la mayoría no tuvo acogida en la versión final del PNA.
En cambio, en base a que "el 80% del agua se utiliza en el sector
agropecuario, principalmente para riego", el MGAP incluyó en el PNA todos
sus programas. Así, el organismo que promueve el modelo de desarrollo que ha
generado la crisis hídrica del país seguirá controlándose a sí mismo
En definitiva, este proceso fue un
ejercicio formal para poder decir que Uruguay tiene un Plan Nacional de Aguas y
adoptar una terminología políticamente aceptable, como la de Gestión Integrada
de Recursos Hídricos. Los conceptos técnicos del Banco Mundial y del gobierno
nacional para justificar las políticas son impecables, pero son degradados en
su contenido y desvirtuados en la práctica
Retroceso en la normativa del agua
Los propósitos institucionales y
políticos de la reforma constitucional del agua, votada en el plebiscito
nacional de 2004, han sido gradualmente degradados por decisiones de los
poderes Ejecutivo y Legislativo, en línea con las recomendaciones del BID y el
Banco Mundial para habilitar la inversión privada en la gestión del agua
El 31 de octubre de 2004, 64,58% de
los votantes depositaron el SI a la enmienda al artículo 47 de la Constitución
impulsada por la Comisión en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV). Fue el triunfo
de un amplio movimiento social que tuvo la adhesión también de sectores
políticos, sobre todo del Partido Nacional y el Frente Amplio, este último
ganador de la elección nacional simultánea con el plebiscito
La reforma del Artículo 47 no anuló
la autoridad del Poder Ejecutivo establecida en el Código de Aguas de 1978,
pero implicaba un cambio de la institucionalidad y de sus relaciones internas.
Establecer que "Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las
instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos" no
era simple retórica, sino que se trataba de ser parte de las decisiones
El primer retroceso se dio con la
ley de Política Nacional de Aguas aprobada en 2009. El texto de la ley 18.610
parece fiel al Artículo 47 hasta establecer que las Comisiones de Cuenca y
Acuíferos "funcionarán como asesoras de los Consejos Regionales", los
que a su vez funcionan como "un órgano consultivo, deliberativo, asesor y
de apoyo a la gestión de la Autoridad de Aguas", es decir, el Poder
Ejecutivo
Desde su creación, las nueve
comisiones de cuenca y acuíferos fueron reducidas a simples asesoras del Poder
Ejecutivo y han cumplido un papel meramente decorativo. La institucionalidad
del agua sufrió nuevas alteraciones, todas en sentido contrario a una gestión
participativa y democrática. La centralización definitiva de la política
ambiental y del agua se concretó en el tercer gobierno del Frente Amplio
En 2015, por la Ley de Presupuesto,
fue creada la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático (SAACC)
y, en 2016, el Poder Ejecutivo creó el Sistema Nacional Ambiental, cuyo
gabinete integran el presidente y seis de sus ministros. Ni siquiera en las
instancias asesoras de esta temática se discutió la creación de estos
organismos, ambos bajo la órbita de la Presidencia de la República
En 2017, el Poder Ejecutivo dio por
aprobado el Plan Nacional de Aguas y estableció que el mismo "se formulará
y ejecutará a través de la nueva institucionalidad"(sic), o sea, la SAACC
y el Sistema Nacional Ambiental. De hecho, la 'nueva institucionalidad' se
contrapone a la reforma de 2004 e incluso a la propia ley de Política Nacional
de Aguas que buscó reglamentar el Artículo 47 de la Constitución
En suma, ignorando las opiniones de
la academia, de la sociedad civil organizada y el plebiscito nacional, el Poder
Ejecutivo organiza remedos de consultas públicas, por fuera de las instancias
legales establecidas, como la del Plan Nacional de Aguas, la reglamentación de
la nueva Ley de Riego y el Plan Ambiental Nacional, para cumplir con la
retórica de la participación social y legitimar sus decisiones
Perspectivas
A fines de 2017, el Poder Ejecutivo
firmó un documento con la multinacional UPM, al que denomina Contrato ROU-UPM,
por el cual se compromete al estado uruguayo a invertir miles de millones de
dólares en obras de infraestructuras para habilitar una nueva planta de
celulosa a orillas del Río Negro, sin contrapartida de esa inversión y haciendo
concesiones inéditas y lesivas para la soberanía nacional
El gobierno nacional y el gobierno
departamental de Durazno comenzaron a ejecutar los compromisos para un proyecto
que significa un salto cualitativo en el desarrollo forestal celulósico del
país. Se aprobó la localización de la planta, se desarrolló una licitación para
la construcción del ferrocarril especial Paso de los Toros-Montevideo y se han
expropiado más de 600 predios incluidos en su trayectoria
También al término de ese año, el
Gabinete de Bioseguridad aprobó cuatro nuevos transgénicos para la agricultura,
por primera vez, con oposición de los ministerios de Medio Ambiente y Salud
Pública. Son semillas diseñadas para utilizar un agrotóxico contra las malezas
generadas por el glifosato, evidenciando que ese sistema de producción requiere
venenos cada vez más potentes y peligrosos
En 2018, en el reglamento de la Ley
de Recursos Hidrobiológicos, el Poder Ejecutivo dispuso que las investigaciones
científicas y la publicación de sus datos requisieran la autorización de la
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), órgano del MGAP. Una
protesta unánime de la Universidad de la República obligó a relativizar esa
exigencia, pero se mantuvo de todas maneras la censura previa
Lejos de cambiar el rumbo, la
estrategia de desarrollo vigente pretende avanzar más aún, escondiendo incluso
sus efectos más negativos. No existe por el momento una oposición significativa
en el sistema político, pero son crecientes los movimientos de la sociedad
civil que toman conciencia de la situación, desarrollan distintas formas de
resistencia y procuran una alternativa social y ambiental sustentable.
Notas
[1] Documentos del Banco Mundial. Notas de política
Uruguay: desafíos y oportunidades 2015-2020, de febrero de 2015.
[2] Ibíd.
