LEY DE RIEGO
SE CUMPLE UNA PRIMER ETAPA
AL COMENZAR EL MES EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE OSE
(FFOSE) HA ANUNCIADO QUE TIENE YA 180
MIL FIRMAS JUNTADAS.
Recordemos que hace falta una cuarta parte del padrón
electoral para habilitar una consulta popular, unas 695.mil firmas.
La campaña que arranco a fines del año pasado tuvo una primer
etapa tratando de acercar el tema a la población ya que la mayoría de los
medios de comunicación han elegido ocultar el tema, la mayoría de las personas
desconocía la existencia de esta Ley privatizadora.
Con el avance de la campaña se fueron abriendo espacios en
los medios y la campaña de propaganda,
el trabajo de varios sindicatos, organizaciones sociales (FEUU, FUCVAM) y barriales hicieron que el tema del agua se
popularizara.
Las mesas en ferias
muestran el interés de la población por firmar cuando conocen el fondo
de esta Ley. También se ha trabajado en festivales, en la Vuelta Ciclista, etc.
La campaña debe crecer y hay que plantearse como norte
comenzar a desembarcar en los barrios e ir al puerta a puerta.
EL AGUA PARA POCOS
El presidente del sindicato Ffose, Gustavo Ricci, señalo que la ley “es
perjudicial, es una muy mala ley del gobierno, y nos queda el camino de repetir
lo que sucedió en el año 2004, cuando la población en su amplia mayoría aprobó
la reforma constitucional del agua, y estableció criterios claros, en su
artículo 47, que determinan cómo se debe gestionar el agua. Nosotros entendemos
que esta ley de riego viola, violenta claramente esos criterios y es por eso
que estamos en la campaña”.
El directivo agregó que la Constitución de la República dispone, a partir de esa reforma, “que las aguas superficiales y las aguas subterráneas son de dominio público estatal. Lo dice claramente”.
Ricci señaló que también está previsto en la Constitución que “para gestionar el recurso hídrico, para planificarlo y para controlarlo se le debe dar participación a la sociedad civil, y el Parlamento vota esta ley, que en definitiva también es una forma de gestionar el recurso hídrico y nunca consultó a la sociedad civil”. Esto a pesar de contar con los ámbitos como los comités de cuenca y de los comités regionales.
El tercer “pilar” en el que se fundamenta la oposición del sindicato es que “esta ley de riego lo que permite es la gestión del recurso agua exclusivamente en manos de privados, a través de las sociedades y asociaciones agrarias de riego”
El directivo agregó que la Constitución de la República dispone, a partir de esa reforma, “que las aguas superficiales y las aguas subterráneas son de dominio público estatal. Lo dice claramente”.
Ricci señaló que también está previsto en la Constitución que “para gestionar el recurso hídrico, para planificarlo y para controlarlo se le debe dar participación a la sociedad civil, y el Parlamento vota esta ley, que en definitiva también es una forma de gestionar el recurso hídrico y nunca consultó a la sociedad civil”. Esto a pesar de contar con los ámbitos como los comités de cuenca y de los comités regionales.
El tercer “pilar” en el que se fundamenta la oposición del sindicato es que “esta ley de riego lo que permite es la gestión del recurso agua exclusivamente en manos de privados, a través de las sociedades y asociaciones agrarias de riego”
El sindicato sostiene que mediante este texto –aún pendiente de
reglamentación– “se generan instrumentos que permiten un uso mercantilizado del
agua. Por ejemplo: la ley de riego anterior prohibía cortar el agua a
productores para riego, esta
ley de riego permite a los privados, a los que gestionan el agua, cortarle el suministro a los productores si los productores no pagan por el agua que reciben”
Además indican que el texto también permite captar –genera condiciones
favorables para ello– inversiones procedentes de personas (físicas o jurídicas)
nacionales o extranjeras que no estén vinculadas al rubro agropecuario.
“Es decir, puede venir cualquier inversor, de cualquier rubro, de cualquier palo e invierte en el negocio del agua. Son cuestiones básicas que a nosotros nos lleva claramente a decir que esta es una muy mala ley y por eso hay que hacer la campaña para derogarla” (El Telégrafo- Paysandú).
“Es decir, puede venir cualquier inversor, de cualquier rubro, de cualquier palo e invierte en el negocio del agua. Son cuestiones básicas que a nosotros nos lleva claramente a decir que esta es una muy mala ley y por eso hay que hacer la campaña para derogarla” (El Telégrafo- Paysandú).
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