A la opinión pública
FIN DE
ARATIRÍ CIERRA UNA ETAPA DE LUCHA CONTRA LA MEGAMINERÍA
++ Venció el último plazo del que disponía
Aratirí para llevar a cabo su proyecto.
++ Suspenderemos la recolección de firmas,
pero el propósito no ha cambiado.
++ La minería metalífera a cielo abierto
no es una vía de desarrollo para Uruguay.
En estos días se completaron todos los
plazos previstos en la Ley de Minería de Gran Porte para la firma de un
contrato de inversión para la extracción de hierro entre el gobierno y la
empresa Aratirí. Los títulos mineros sobre los terrenos afectados por el
proyecto deben pasar al Registro de Vacancias de la Dinamige (Dirección
Nacional de Minería y Geología) quedando a disposición de posibles interesados. La inviabilidad económica de la explotación del yacimiento de Valentines
hizo que no se llegara al acuerdo. No obstante, la minera le asignó un alto
valor a la información obtenida por sus estudios y pretende vendérsela a algún
inversionista o al gobierno uruguayo. Si a Aratirí no le sirvió y tampoco hubo
otras firmas privadas interesadas, mal le puede ser útil al gobierno hacer un
gasto por esa información.
Con el paso del tiempo se evidenció algo
que fue advertido desde la presentación del proyecto en 2011. El objetivo de
Zamin Ferrous con Aratirí en Uruguay, al igual que en otros emprendimientos
análogos en Brasil, era armar un proyecto para venderlo. Se buscaba aprovechar
una coyuntura financiera extraordinaria con las materias primas en que el
precio del hierro se multiplicó por siete entre 2006 y 2011. Los yacimientos metalíferos uruguayos, pequeños y de bajo tenor, solo son
rentables con precios muy superiores a la media histórica del mercado. El
gobierno no reconoció el propósito especulativo de Aratirí ni que su aporte
económico al país sería irrisorio, intentó acelerar la autorización ambiental e
ignoró a sectores sociales que requerían explicaciones, pese a estar negociando
bienes del dominio público. Es más, la
Ley de Minería de Gran Porte sólo estuvo dirigida a adecuarse al proyecto de
Aratirí y por eso la calificamos de ley con nombre y apellido. Durante la
discusión parlamentaria de esa ley, otras propuestas que procuraban una
explotación del hierro de forma más racional y conveniente para el país, fueron
rechazadas.
¿Qué habría pasado si se hubiera
iniciado la explotación en Valentines? Podemos trazar un paralelo con la
conducta que tuvo Zamin Ferrous en Brasil: instalaciones abandonadas, daños
ambientales y sociales irreparables, litigios judiciales nacionales e
internacionales, deudas incobrables y decenas de contratistas arruinados. Sucedió aquí con la regasificadora, un proyecto que estaba encadenado con
el de Aratirí. Algo similar habría ocurrido si se hubieran iniciado las
expropiaciones y las obras del proyectado puerto de aguas profundas en la costa
de Rocha.
El 2 de diciembre de 2013 se
constituyó el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería con el fin de realizar un
plebiscito nacional que decida si el pueblo uruguayo entiende apropiada para
nuestro país la minería metalífera a cielo abierto. Desde entonces hemos venido
recogiendo firmas con una papeleta que propone una enmienda constitucional que
prohíba esta minería en todo el territorio nacional. Lo consideramos una acción complementaria de las otras que se iban
desarrollando en defensa de la tierra y los bienes naturales, donde resaltamos
que la ciudadanía debe ser escuchada cuando se toman decisiones tan importantes
para el país. El concepto de una ciudadanía informada y participante se
reafirmó en la calle donde esa preocupación se tradujo en la disposición para
firmar las papeletas. La derrota
del proyecto de Aratirí no fue, como algunos pretenden, solo consecuencia de la
baja del precio del hierro. Esto ocurrió y lo invalidó definitivamente, pero
para que el gobierno uruguayo no entrara en esa aventura fue necesaria una
movilización sin precedentes de amplios sectores de la población que se
enfrentaron a los impactos ambientales y sociales negativos que podría traer
ese proyecto. En el corto y
mediano plazo, propuestas como la de Aratirí no son probables, pero la amenaza
estará latente mientras no haya una norma legal que impida proyectos de esa
naturaleza en el Uruguay. El Código de Minería, en especial luego de las
reformas de 2011, posibilita una especulación con títulos mineros que mantiene
como rehenes por muchos años la producción sobre vastas extensiones de
tierras .Si observamos lo que ocurre con
las explotaciones existentes, no podemos ser optimistas. La extracción de oro
en Minas de Corrales está prácticamente agotada, pero la minera Orosur viene
estirando la vida útil de sus instalaciones con pequeños proyectos extractivos
en otros departamentos, que destrozan y contaminan los suelos y las aguas con
una sucesión de cráteres y pilas de estériles abandonados.
¿Qué hace el gobierno? Le concede
subvenciones y exenciones, la exonera del pago del canon de producción, le
permite ingresar el cianuro y exportar el oro sin pagar impuestos. ¿Qué dejará
Orosur cuando se vaya del país? La destrucción ambiental y una calamidad social
porque la minería, en esas condiciones, fuera de las ganancias para las
empresas, no ofrece nada más que empleo transitorio. En el presente, hay un sentimiento de que la amenaza de Aratirí fue
superada y vamos a suspender momentáneamente la recolección de firmas, pero el
propósito no se ha modificado. Mantendremos las otras actividades y estaremos
alertas ante cualquier indicio de renovación de estos proyectos. Las firmas no
pierden vigencia, podremos retomar la recolección no bien estimemos necesario
hacerlo.
Seguiremos cumpliendo con el ideario
de Artigas cuando dijo:
* No venderé el rico patrimonio de los
orientales al bajo precio de la necesidad.
* Mi autoridad emana de vosotros y cesa
ante vuestra presencia soberana.
URUGUAY LIBRE DE MEGAMINERÍA / 26 de julio
de 2016.
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