VERGÜENZA Y SOLEDAD

 El plan B en tiempos de pandemia
En la crisis de Casa de Galicia quedan en evidencia cuáles son las prioridades de los diferentes actores. Pretender cerrar una mutualista en el medio de una pandemia y con una enorme presión sobre el primer nivel de atención, demuestra que los usuarios y los trabajadores, importamos poco y nada.
El 30 % de los usuarios de Casa de Galicia son mayores de 65 años, y cualquier cambio a esa edad, cuesta. Pensemos que estos usuarios, en el caso de cierre de la institución, tendrán que conocer el funcionamiento de la nueva institución de salud, qué médicos atienden en ella, y hasta dónde queda la farmacia para retirar medicación. Todo eso en el medio de una pandemia. Es, de alguna manera, empezar de nuevo.
Eso sin contar que, en el caso de aplicarse el Plan B, junto con usuarios también ingresan nuevos funcionarios, y eso también lleva un período mínimo de adaptación. Y todo esto, con trabajador@s luchando contra otra ola de COVID.
El ministro Salinas, así como el presidente de ASSE, salieron a la prensa a hablar sobre la importancia de las instalaciones y la estratégica ubicación de Casa de Galicia. Están tratando de quedarse con una instalación que tiene un valor de mercado y estratégico incalculable. Es un punto fundamental de atención en la zona norte y oeste de Montevideo. Tiene uno de los IMAE más importantes del país, además de un centro de diálisis. ¿Alguien cree que dejarán de internar o atender ahí? El dinero que mueven es incalculable. En el apuro por ponderar las bondades de la infraestructura, se olvidan que las mismas no están en el éter, sino que la mantienen trabajador@s y hacen uso de ella sus soci@s.
Ni los usuarios ni los trabajadores son responsables de esta crisis. De hecho, son las víctimas de ella. En estos momentos libran ambos una batalla contra el tiempo para mantenerla abierta.
Si en febrero se abre el corralito nuevamente, lo único que hará será agravar la ya complicada situación de Casa de Galicia. Es necesario frenar la -previsible- sangría de socios, por lo menos mientras dure la emergencia sanitaria. Es lo más responsable y sensato, dadas estas especiales circunstancias.
Es necesario implementar un corralito mutual por tres motivos: uno porque es una barbaridad distribuir 44.000 usuarios en una emergencia sanitaria.
Segundo, para encontrar cualquier solución se necesita tiempo, aún para armar un plan y presentarlo. Después de 20 años ¿qué son unos meses más?
Tercero, porque hasta para implementar la distribución de socios y funcionarios hay negociaciones que entablar y acuerdos que hacer.
Evidentemente todo esto necesita un acuerdo político. Un acuerdo que priorice a la gente y su salud y no el dinero y las ganancias. Un acuerdo político que debió haber sido liderado por quienes dirigen los ámbitos políticos de la FUS. Una federación que, extraña y erróneamente, toma una decisión relámpago, sale a defender y aceptar el PLAN B sin luchar por el mantenimiento de la fuente laboral, sin consultar una decisión tan importante con la masa de trabajadores y socios. Fue una decisión, como lo demostraron los sucesos posteriores, que no era del agrado de la asamblea de trabajador@s, ni de los soci@s. Tampoco del Frente Amplio, si analizamos la propuesta de la bancada de legisladores y las palabras de Lucía Topolanski, la que define al plan B como una “oferta miserable”. Hay que recordar que el plan B deja sin trabajo a más de 400 trabajadores, eso sin contar con los tercerizados y los que tienen un contrato unipersonal. Entonces, ¿por qué salió la dirigencia mayoritaria de la FUS en forma tan rápida en defensa de la propuesta del gobierno?
La resolución de la crisis de Casa de Galicia tendrá consecuencias para todo el sistema. La desprolijidad con la que se llevó a cabo todo este proceso, deja en vergüenza no solamente a la clase política, sino a la representación de los trabajadores de la salud privada. En vergüenza y soledad.
Rosalba Hunter Indart