Una sentencia del 2010 ,de la SCJ, dejaria mal parados a Lorenzo y Calloia (El Observador 23/12)
A la Suprema Corte de Justicia (SCJ) habitualmente le lleva entre seis y ocho meses resolver si una norma es inconstitucional. Sin embargo, es probable que la suerte del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y la del presidente del Banco República, Fernando Calloia, por el caso Pluna, se dilucide antes porque hay varios antecedentes. Si bien la jurisprudencia no es preceptiva, es probable que la Corte atienda estos casos para fallar.
De hecho, en 2010, tres de los cinco ministros que hoy integran la Suprema Corte de Justicia analizaron un caso similar y opinaron que el artículo 162 del Código Penal no es inconstitucional, como pretende demostrar la defensa de Lorenzo y Calloia. En el fallo hacen referencia a una sentencia de 2005 “por su exacta adecuación” al caso. Además, citan el Código General del Proceso para justificar la posibilidad de mantener el criterio cuando existe jurisprudencia.
Los ministros que en 2010 entendieron que el delito de abuso de funciones no es inconstitucional son Jorge Chediak, Jorge Ruibal Pino y Jorge Larrieux. Hoy también integran la SCJ Ricardo Pérez Manrique y Julio César Chalar.
A su vez, actualmente la Suprema Corte tiene en carpeta el caso del intendente de Colonia, Walter Zimmer, que hace seis meses también fue acusado por el artículo 162 del Código Penal y apeló a la inconstitucionalidad del mismo. Aunque todavía no hubo sentencia respecto a Zimmer, los ministros ya estudiaron el tema, lo cual seguramente adelante el fallo del recurso interpuesto por los abogados de Lorenzo y Calloia.
Según juristas consultados por El Observador, los artículos de la Constitución que generalmente se han utilizado para plantear la inconstitucionalidad del delito de abuso de funciones son el 7, el 10 y el 72.
Los dos primeros refieren a la libertad de hacer aquello que no está prohibido. Los abogados han pretendido demostrar que esto colide con el 162 porque este último es muy amplio y no tipifica un delito concreto. El 72, en tanto, menciona que hay más derechos “inherentes a la forma republicana de gobierno” de los que enumera la Constitución.
LA SOLIRADIDAD CON LOS CORRUPTOS (El Observador 23/12)
Una caravana por Lorenzo
"No se va a ir por la puerta chica", dijo el director de Casinos del Estado y organizó caravana hacia su casa en Araminda
A fines de octubre de 2012, cuando las desprolijidades de la subasta de los aviones Bombardier salpicaban a la cúpula astorista, a un grupo de dirigentes se les ocurrió que la mejor manera de dar su apoyo a los ministros Fernando Lorenzo (Economía) y Enrique Pintado (Transporte) era con un acto de desagravio en las instalaciones del Hipódromo de Maroñas. “Será un brindis de agasajo, apoyo y camaradería que busca demostrar el respaldo a los ministros”, dijo en ese momento el director de Casinos del Estado, Javier Cha. Pero a ninguno de los dos homenajeados les gustó la idea, y mandaron parar. Ahora que renunció Lorenzo por las derivaciones judiciales sobre el caso, Cha retoma la idea y prepara junto a dirigentes, militantes y amigos del exministro de Economía una caravana hacia Araminda (Canelones), adonde Lorenzo disfruta de sus vacaciones desde el sábado cuando salió del juzgado del Crimen Organizado.
“No vamos a permitir que se vaya por la puerta chica. Fernando fue un gran ministro. Como dijo el presidente (José Mujica) fue un ministro brillante, así que los amigos lo vamos a ir a apoyar. No se puede ir como si nada”, dijo el director de Casinos a El Observador.
Lorenzo recibió la llamada de Cha y aceptó esta vez la movida política. El jueves a la tardecita recibirá al grupo de dirigentes del Frente Líber Seregni que se sumen a la caravana. La casa de veraneo del jerarca acusado de abusar de sus funciones tiene grandes ventanales al frente y ocupa una esquina de cara al mar en el balneario canario.
Al igual que el ministro de Economía renunciante, Cha es dirigente del Nuevo Espacio. El sábado, cuando al mediodía Mujica junto al vicepresidente Danilo Astori leyó una declaración sobre las inminentes consecuencias judiciales del caso Pluna, el director de Casinos estaba en primera fila para escuchar los elogios del mandatario hacia Lorenzo. Junto a él estuvieron otros jerarcas notorios del grupo astorista, como el ministro Pintado, la ministra Liliam Kechichián (Turismo y Deporte) y el director de la Dirección General Impositiva (DGI), Pablo Ferreri.
El sábado a la noche, el FLS se reunió de urgencia en su sede de la avenida 18 de julio. Con Astori y sus principales referentes en torno a una mesa, evaluaron que con el revés de la justicia tanto a Lorenzo como a Fernando Calloia (Brou) se vienen tiempos duros para el sector. Entienden, de todos modos, que la gestión del equipo económico no debería verse manchada con este caso, dijeron a El Observador fuentes del sector. “La prédica del Partido Nacional para destruir la imagen del Uruguay que crece económicamente dio sus frutos”, dice un pasaje de la declaración que aprobó esa misma noche el FLS.
"ABSO DE PODER"
Lorenzo y Calloia cometieron "abuso de poder funcional", según el fiscal
Los socios de Leadgate fueron a prisión. Aunque lograron aplazar el fallo, al exministro de Economía y el presidente del BROU el fiscal los acusó de delinquir al gestionar un aval irregular
El rumor de que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo y el presidente Fernando Calloia serian procesados llegó a la Torre Ejecutiva en la noche del jueves y ayer se confirmó. El fiscal de crimen especializado Juan Gómez pidió los procesamientos de ambos jerarcas del gobierno de José Mujica por cometer “verdaderos actos arbitrarios” para lograr el aval que el BROU otorgó a la empresa Cosmo para que se presentara como oferente en el remate de los siete aviones Bombardier de Pluna. Sin embargo, Lorenzo y Calloia finalmente no fueron procesados por un recurso de sus defensores que lograron que el pronunciamiento se aplace por unos meses.
El fiscal también pidió el procesamiento, y fueron procesados con prisión por la jueza Adriana de los Santos, el exgerente de Pluna, Matías Campiani y sus exsocios, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez, por un delito continuado de estafa especialmente agravado.
Los tres fueron trasladados ayer a la ex Cárcel Central donde permanecerán una semana. Allí funciona el centro de diagnóstico que los evaluará para definir en qué cárcel serán recluidos.
El fiscal los acusó de falsear balances y crear una operativa por medio de empresas asociadas para beneficiarse económicamente y perjudicar al Estado, mientras dirigieron el 75% del capital de Pluna entre 2007 y 2012. Aunque admitió que hubo omisiones en los controles por ahora no indagará a repsresentantes del Estado de esa época (ver nota de página 3).
El cuarto procesado, aunque sin prisión, fue el escribano que redactó el acta del remate de los aviones, Pablo Seitún, por falsificar el nombre del oferente, ya que lo inscribió como Antonio Sánchez, cuando su nombre era Hernán Calvo.
“Verdaderos actos arbitrarios”
El fiscal señaló que Lorenzo “excedió los límites de su competencia funcional” para lograr que en dos o tras horas el BROU otorgara el aval a una sola empresa de cuatro interesadas: Grupo Molinari, Mont Fortelco, y la Embajada de Venezuela. Además afirmó que no le exigieron contragarantía.
El BROU “no contaba con información necesaria –ni siquiera mínima-“ acerca de Cosmo.
Lorenzo intentó explicar que su llamada a Calloia fue para pedir “flexiblidad en el manejo de riesgos inherentes” y descartó que el aval se haya dado por su pedido.
Sobre Calloia, el fiscal dijo que “aceptando esta situación irregular”, le ordenó a un funcionario tramitar el aval poruqe era “un tema de interés nacional”.
El gerente ejecutivo del BROU declaró que los avales telefónicos no son comunes y que se hizo en este caso por “el respaldo del MEF”.
“Estas actuaciones exceden la mera irregularidad administrativa. Se trata de verdaderos actos arbitrarios cometido con abuso de poder funcional”, afirmaron.
Unos meses de alivio
La defensa de Fernando Lorenzo y de Calloia, integrada por los abogados Amadeo Otatti y Mario Spangberg, logró aplazar el pronunciamiento de la Justicia sobre ambos. El abogado presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones comprendido en el artículo 162 del Código Penal, que el fiscal pidió tipificarles.
El expediente deberá ir a ahora a la Suprema Corte de Justicia, por lo que el fallo con respecto a Lorenzo y Calloia demorará varios meses.
Otatti presentó un recurso en el que planteó que esa norma viola entre otros, el artículo 7 de la Constitución que consagra el derecho al honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad”.
La Suprema Corte de Justicia ya se pronunció en otros casos sobre recursos similares contra ese delito y falló que era constitucionaldiad. Pero fue una sentencia con otra integración de la SCJ y además este tipo de fallos sólo se aplican al caso concreto por lo que habrá que esperar el estudio de los ministros.
Raúl Oxandabarat, vocero de la SCJ, explicó que a la jueza no le quedó más remedio que suspender las actuaciones con respecto a ambos indagados y elevar el caso a la SCJ, la única competente para fallar sobre inconstitucionalidades.
“Me voy caminando”
Al retirarse del juzgado con los ojos llorosos y voz temblorosa Lorenzo declaró: “Estoy tranquilo con las decisiones que tomé”. El exministro afirmó que no esperaba que se pidiera su procesamiento, ya que actuó “correctamente”.
Celebró que se iba como llegó: “Caminando como cualquier ciudadano a encontrarme con mi familia”, dijo el ministro.
También dijo estar “emocionado por las palabras del presidente” José Mujica por el apoyo que le dio y “con mucho agradecimiento” a todos los que lo apoyaron.
En una breve conferencia que dio al mediodía en la Torre Ejecutiva, el mandatario afirmó que no tiene dudas de “la integridad ética y el compromiso positivo” Lorenzo y Calloia.
En un tono distinto al de Lorenzo, Calloia dijo que salía “optimista” y se limitó a aclarar que no renunció a su cargo –aunque horas más tarde la senadora Lucía Topolansky dijo que también se iría–.
Fallaron los controles del Estado
“Los controles realizados tanto por los directores de Pluna Ente Autónomo, como los de los ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas, al menos hasta el año 2010, no fueron suficientes, lo que impidió una exacta consideración respecto a la forma en que se desarrollaba la operativa de Pluna SA”, afirmó el fiscal Juan Gómez en el escrito en el que pidió los procesamientos por el caso Pluna.Sin embargo, consultado acerca de si investigará a esas autoridades que según él estuvieron omisas, el fiscal dijo que por el momento no están bajo indagatoria.
En su dictamen el fiscal explicó que Campiani y sus socios “adquirieron en la República de Panamá la sociedad denominada Leadgate Investment Corp que desde el principio inicia una serie de oscuridades, que se mantendrán hasta el final de su actuación”.
El fiscal centró el cuestionamiento a Campiani y sus socios en el uso de las empresas subsidiarias con importantes transferencias de fondos que permitían luego la facción de balances consolidados; o el manejo de Aerovip, creando una compleja ingeniería de empresas, les permitió girar fondos hacia ellas, por Pluna SA, incrementando los gastos de Pluna en beneficio de las empresas subsidiarias.
En el último punto de su dictamen, el fiscal Gómez pidió a la jueza formar un presumario para indagar la responsabilidades de otros participantes de los hechos investigados. En esa petición, el fiscal se refiere a que quiere indagar a otros representantes de la empresa Leadgate.
Además, el dictamen señala que “desde la celebración del convenio respectivo a la provisión de combustible de noviembre de 2008, ANCAP cumplió con la obligación de proveerlos pactada, en tanto Pluna SA también lo hizo según lo acordado hasta diciembre de 2010”, pero a partir de esa fecha “Pluna SA empezó a entregar cheques de pago diferido que no se ajustaban a lo estipulado, en aplicación de una decisión empresarial que implicaba la búsqueda de aliviar la presión sobre el capital de giro mediante la extensión del plazo de los acreedores conforme a las declaraciones del contador José Cabrera, gerente financiero del Área Financiera de Pluna”.
Cuando ANCAP le cortó el suministro de combustible a Pluna, el Ministerio de Economía realizó gestiones para que se reanudara el servicio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario