cloro y soda

 

La dilatada reconversión en la industria de cloro y soda

Tras demorar la reconversión hasta la fecha del convenio internacional, Efice deberá cerrar la planta de cloro y soda cáustica con mercurio sin haber puesto en marcha tecnología alternativa

Víctor L. Bacchetta

Ante la aprobación por Uruguay, el 12 de setiembre de 2014, del Convenio de Minamata para la eliminación del mercurio en la vida cotidiana por sus serios riesgos sobre la salud humana, la entonces Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) le propuso en el año 2016 a Efice SA realizar en un plazo de cinco años la reconversión tecnológica de su planta industrial con vistas a cesar por completo en 2021 la producción de cloro y soda cáustica utilizando mercurio.

Diez días más tarde, la empresa respondió de esta manera: "Si bien es nuestra intención lograr la ejecución del proyecto cuanto antes y especialmente antes de cinco años, es sabido que proyectos de esta envergadura pueden sufrir retrasos o dificultades". Y agregó: "Por otra parte, la Convención de Minamata (...) prevé explícitamente la fecha límite para el año 2025. Es por ello que solicitamos comprensión a las autoridades".

Efice ya apelaba al plazo final del Convenio para justificar la prórroga hasta 2025 y agregaba como condición ineluctable: "Es claro que no es posible detener la producción en celdas de mercurio hasta tanto no estén operativas las celdas de membrana". Esto podía tener validez mientras Efice fuera la única industria de cloro-soda en el país y no se pudiera importarlos o no hubiera otra empresa que los produjera, circunstancias que eran modificables.

El 14 de setiembre de 2016, mediante la Resolución 0310/16, la Dinama ratificó su posición y le fijó a Efice SA un plazo de cinco años, hasta 2021, para llevar a cabo la reconversión industrial y el cierre de la planta de producción de cloro-soda con tecnología de mercurio.

En noviembre de 2016, en presencia del ex presidente Tabaré Vázquez y de la ex ministra de Industria, Carolina Cosse, Efice presentó en forma espectacular el Proyecto Omega dirigido a triplicar la producción de cloro y soda con tecnología sin mercurio y desarrollar 24 industrias derivadas. Aunque era el mismo proyecto de reconversión de 2011, el financiamiento de la ampliación requería unos 300 millones de dólares que la empresa no tenía.

Aparentemente, Efice estaba decidida a cumplir el plan establecido por la Dinama. En el año 2017 presentó un cronograma de tres años para el desmantelamiento de la planta de mercurio. En abril de 2020. el presidente y propietario de la empresa, Gómez Alcorta, declaró a la prensa que se encontraban cerca de lograr la financiación: "Aspiramos a terminar en 2020 este proceso de la arquitectura financiera y el año que viene empezar la construcción”.

Aviso publicitario de 2017

Cambio del gobierno

Tras la creación del nuevo Ministerio de Ambiente, la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) solicitó a Efice en diciembre de 2020 conocer el estado de avance del plan de reconversión industrial establecido por la Resolución de 2016 y le requirió la constitución de una garantía de cumplimiento del plan de desmantelamiento, presentando en 30 días el costo del plan, el método de cálculo de la garantía y la propuesta del instrumento a conformar.

El 19 de febrero de 2021, Efice respondió que, si bien había avanzado en la definición tecnológica y la evaluación ambiental del proyecto, la estructuración financiera era “de gran complejidad" (sic). La empresa informó que había contratado a la firma Aldwych Capitals con ese fin y dijo que no podía cumplir con el plazo de cinco años fijado en 2016, por lo cual solicitó prórroga hasta diciembre de 2025, o sea, el plazo final aceptado por el Convenio de Minamata.

Efice calculaba entonces en 2:750.000 dólares el costo del desmantelamiento y el tratamiento de los pasivos ambientales, de acuerdo con lo ocurrido en casos similares, pero declaró que no estaba en condiciones de asumir en ese momento la garantía o seguro ambiental requerido. La empresa agregó que tales condiciones se cumplirían una vez obtenido el financiamiento para el Proyecto Omega, que estimó que podría ocurrir a finales del año 2022.

El 25 de marzo de 2021, los técnicos de la Dinacea dijeron que la garantía del desmantelamiento de la planta actual no tenía por qué estar supeditada a la realización del proyecto de reconversión industrial, propusieron un plazo de 60 días para constituirla y, siguiendo la norma administrativa aplicable en estos casos, aceptaban concederle una única prórroga para cumplir con el plan por la mitad del plazo inicial establecido de cinco años, hasta el 14 de marzo de 2024.

Aunque estaba fundada en el Artículo 11 del Decreto 500/991, el director de la Dinacea, Eduardo Andrés, planteó a los técnicos que revieran esa prórroga teniendo en cuenta el plazo final del Convenio de Minamata.

Los técnicos terminaron aceptando una extensión de la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 y el entonces ministro Adrián Peña firmó, el 19 de mayo, la resolución concediendo la prórroga, pero exigiendo la presentación en 60 días de la garantía.

Nuevas postergaciones

El 21 de junio, Efice presentó unos costos por el desmantelamiento de la planta actual y la gestión de los pasivos ambientales, junto con la justificación, metodología de cálculo y los montos a ser asegurados, pero solicitó que esa información se mantuviera en reserva con carácter confidencial alegando que eran datos de índole económica, contables, jurídicos y administrativos, así como de 'know how' específicos, que podrían ser utilizados por la competencia.

Paralelamente, la empresa aseguró que presentaría en el plazo establecido una fianza o garantía de cumplimiento del plan de desmantelamiento de la planta industrial actual a favor del Ministerio de Ambiente por el valor de 1.750.000 dólares y un Seguro de Responsabilidad Civil (‘claims made’/reclamos hechos) por eventuales daños ambientales de un valor de un millón de dólares, que serían emitidos por una aseguradora con sede en el país.

Convenio de Minamata

El 16 de julio de 2021, los técnicos de Dinacea solicitaron informaciones adicionales sobre cantidad de operarios, horas y plazos de trabajo, incluyendo al personal técnico y superior, el detalle de las zonas de desmantelamiento previstas y el volumen de suelos a remediar, los ya identificados y debajo del depósito de sal, así como el costo del traslado y la disposición final de unas 26 toneladas de mercurio líquido contenido en las celdas.

Asimismo, solicitaron que Efice explicara en detalle el contenido de las 20 toneladas de residuos de Categoría I a ser trasladados al repositorio de seguridad gestionado por la Confederación de Industrias del Uruguay (CIU), especificando si incluían 0,9 toneladas de escombros y, en especial, que indicara cuáles eran las estructuras de hormigón, el saturador de salmuera y los cinco centímetros de la superficie de las paredes a ser removidos.

El entonces ministro Peña había establecido asimismo que el ajuste definitivo del proyecto debía estar concluido antes del 31 de enero de 2022 y que las obras correspondientes al plan de reconversión deberían iniciarse antes del 31 de diciembre del mismo año, bajo apercibimiento de incurrir en infracción, siempre y cuando contara con la autorización ambiental para su ejecución. Sin embargo, todas esas fechas se sobrepasaron y siguen pendientes hasta hoy.

Un cumplimiento incierto

Finalmente, el 10 de enero de este año, Efice realizó la Puesta de Manifiesto del proyecto de reconversión consistente en un complejo industrial que, además de cloro y soda cáustica, agrega la producción de policloruro de aluminio, cloruro de calcio. carbonato de calcio y cloruro férrico. Se planteaba la implementación en dos fases, comenzando la primera en enero de 2024, de dos años para la construcción de la nueva planta de cloro-soda con tecnología de membrana.

El 24 de enero, el Área Jurídica del Ministerio de Ambiente constató que la garantía y el seguro de responsabilidad civil ambiental de Efice SA estaban vencidos y que la empresa no había presentado aún un plazo para la ejecución del Plan de Desmantelamiento de la planta actual. Se requirió a la empresa el cumplimiento de esos aspectos, pero entre idas y vueltas administrativas, la última comunicación de Efice, evacuando parcialmente lo requerido, llegó el 8 de marzo.

En su respuesta, la empresa solicitó que se le concediera un plazo de 90 días para negociar los cambios requeridos por el ministerio en los seguros contratados, reafirmó la decisión de proceder al cambio de la tecnología antes de diciembre de 2025, la extracción inmediata a esta fecha del mercurio en celdas y el desmantelamiento de celdas y adicionales en los 36 meses posteriores, sin establecer fecha para el tratamiento de pasivos ambientales y remediaciones.

A fines de abril, la autorización ambiental del proyecto se encontraba pendiente y el ministerio le había concedido a Efice 60 días de plazo para ajustar los seguros de responsabilidad requeridos. De esta manera, suponiendo que la empresa tuviera el financiamiento, que de 300 millones de dólares originales ha bajado a 160 millones, le quedarían 18 meses hasta diciembre de 2025 para realizar las obras cuando en su cronograma estimó que requieren dos años.

Efice postergó la reconversión hasta la última fecha del Convenio de Minamata y es probable que deba clausurar, indefectiblemente, la actual planta con componentes de mercurio, sin haber puesto en marcha la nueva tecnología. El convenio habilitó la solicitud de una prórroga de cinco años en el momento de integrarse un país al acuerdo. Argentina, Ghana, Irán, Perú y Estados Unidos solicitaron la exención en la producción de cloro-soda, Uruguay no lo hizo.

Sudestada