LEY DE RIEGO
DISTINTOS SECTORES ADVIERTEN
SOBRE LA GRAVEDAD DE LA APROBACION DE LA
La asociación de docentes
universitarios (ADUR) está difundiendo entre sus afiliados un documento
preparado por la abogada Gianella Bardazano sobre la Ley de Riego.
Según el documento el uso de agua
para el riego ya estaba previsto en la anterior Ley de Riego (Ley 16.858 del
97), pero la nueva tiene un mayor alcance al autorizar a empresas o fondos
nacionales o extranjeros a ser parte de
la gestión del agua para riego.
Según artículo de La Diaria
“ Bardazano cita la posición de la
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) sobre
este tema; la INDDHH concluyó que la ley de riego habilita a los actores
privados a tener control “sobre la cantidad, calidad y disponibilidad de agua
dulce, generando afectaciones ambientales no previstas y competencia por el
recurso”.
Para Bardazano “mientras la Constitución establece que
el acceso al agua potable y al saneamiento constituye un derecho humano, la ley
19.553 apunta a generar un mercado de aguas a partir de la gestión privada de su
represamiento”.
El documento de ADUR también hace
notar que la nueva Ley viola el Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU , que
establecen “el derecho a mantener el acceso a un
suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no
ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del
suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos”, así como “el
derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la
población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua”.
Esta Ley “habilita el
uso del agua de dominio público para la generación y venta mayorista de energía
eléctrica por particulares” y no prevé la participación de los usuarios y de la
sociedad civil en la gestión y el control de recursos hídricos, y por lo tanto
es “incompatible con el texto constitucional” y “supone consecuencias
regresivas en el alcance de los derechos constitucionalmente establecidos”.
Red de Agroecologia también
se pronuncia
Para la Red de
Agroecologia la nueva Ley de Riego agravara los problemas ya existentes con el
uso del agua en el País. Señalan como
ejemplo lo que ya sucede en el norte del País ,en Bella Unión , donde tres
empresas –Calpica, Calagua y Soforuce– venden agua del río Cuareim a los
productores hortícolas y de caña de
azúcar . “En
un comunicado, alerta sobre las consecuencias de la profundización del modelo
de riego a partir de la experiencia. Según cifras del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca de 2016, el costo de riego vinculado a la producción de
caña de azúcar es de 15%. La red cita un trabajo de Gabriel Oyhantçabal de 2015
que sostiene que en Artigas ,Calpica actúa como proveedor exclusivo de agua,
“lo que le permite cobrar precios monopólicos, por encima del precio de
producción, con los cuales se apropian de una masa creciente de plusvalor”.
“Sólo para tener una idea, en el verano de 2010, cuando las lluvias hicieron
prácticamente innecesaria la utilización del sistema de riego, su costo alcanzó
los U$ 300 por hectárea, cuando el costo de la renta del suelo ese año estaba
por debajo de los U$ 100 por hectárea. Para los colonos, el carácter monopólico
y privado del sistema de riego supone otra forma a través de la cual
transfieren plusvalor”. (La Diaria)
La Red señala también
que los precios serán fijados por
empresas monopólicas, condenando al pequeño o mediano productor a aceptar si o
si las condiciones del prestador.
Sobre los efectos
contaminantes de esta Ley señalan que : “El departamento de Canelones ya ha visto en los
últimos años varias experiencias de predios vinculados a la producción de
hortalizas que se han visto arruinados por la contaminación del agua usada para
riego, extraída de arroyos o tajamares particulares. Los niveles de
contaminación con herbicidas han sido tales que los cultivos regados se
perdieron en su totalidad. A ello se suma, en el caso de embalses, un problema
adicional”.
“La red concluye que la
opción de una producción orgánica o agroecológica se verá coartada con esta
ley, que implica una pérdida de soberanía “incalculable” y una mercantilización
“pura y dura” del agua”. (La Diaria)
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario