domingo, 29 de diciembre de 2013
jueves, 26 de diciembre de 2013
ARATIRI
Aratirí pide casi 900 predios para su actividad
COFE suma fuerzas a la campaña contra minería
La Confederación de Organizaciones de
Funcionarios del Estado (COFE) decidió adherir a la campaña de
recolección de firmas para prohibir la minería a cielo abierto. Aratirí
pidió casi 900 predios en cuatro departamentos del centro y este.
Juan Pablo Correa
El lunes la asamblea de COFE decidió
prácticamente por unanimidad adherir a la campaña de recolección de
firmas para que en forma simultánea con las elecciones nacionales se
vote para prohibir expresamente en la Constitución la minería metalífera
a cielo abierto.
El directivo de COFE, Pablo Cabrera, dijo a El País
que el sindicato recibió información de los activistas contra la minería
y que los gremios que forman la confederación llegaron a la conclusión
de que el beneficio que traería la extracción de hierro por parte de
Aratirí sería "mínimo". "Estamos comprometidos con el medio ambiente y
la extracción deterioraría la tierra en un futuro no muy lejano",
sostuvo Cabrera.
De esta forma, COFE se suma a la Federación Rural que
también adhirió a la campaña. En el otro extremo, el sindicato de
Aratirí está participando en la campaña que el gobierno realiza en los
medios para destacar los beneficios de la minería de gran porte.
En paralelo, una cincuentena de productores presentó el
lunes un recurso administrativo ante la Dirección Nacional de Minería y
Geología contra las solicitudes que presentó la empresa Aratirí para
acceder a sus predios para explotar hierro y para instalar el ducto que
llevaría el mineral a la costa oceánica de Rocha.
Los productores entienden que las solicitudes no son
válidas porque no fueron acompañadas de certificados notariales
actualizados que acrediten la propiedad de los establecimientos.
Incluso, un agrimensor de Dinamige notó la omisión y solicitó a Aratirí
que presentara sus pedidos de forma apropiada, dijo a El País Julio
Gómez García, un productor de Cerro Chato que está coordinando las
acciones jurídicas de los productores.
Gómez García explicó que los funcionarios del
Ministerio de Industria entregaron los cedulones "en base a un listado
que dio la empresa" que no refleja información reciente sobre eventuales
cambios de titularidad de los predios. Los productores que recurrieron
provienen de la zona de Cerro Chato (en el límite entre Durazno, Florida
y Treinta y Tres), la zona de Valentines (entre Treinta y Tres y
Florida) y del departamento de Rocha.
Aproximadamente 400 productores fueron notificados este
mes por funcionarios del Ministerio de Industria acompañados de agentes
policiales.
El 2 de diciembre se lanzó una campaña para promover
una reforma constitucional que prohíba la minería metalífera a cielo
abierto. Este viernes se realizará una primera evaluación de la campaña
que ha reunido hasta unas 10.000 firmas, informó el activista Óscar
Baccheta.
"El tema está instalado en la población pero nos
falta gente para recolectar firmas", reconoció. Se requieren unas
260.000 firmas seis meses antes de las elecciones para lograr que en
octubre se vote la reforma constitucional.
El gobierno logró la aprobación este año de la ley de
minería de gran porte y en este mes declaró que el proyecto de Aratirí
cuenta con esas características.
Gómez García dijo que la empresa está queriendo
actuar "a los ponchazos y al galope" y que los productores entienden
que, por lo que consideran vicios formales, no puede comenzar a correr
todavía el plazo de que disponen para recurrir las solicitudes de
explotación que es de 30 días hábiles que no son prorrogables.
Aquellos productores que se oponen a la minería
entienden que los predios donde se realice la extracción de hierro
quedarán inutilizables para las actividades agropecuarias. La zona en la
que planea actuar Valentines es predominantemente ganadera y de
productividad media aunque también se realiza allí algo de agricultura.
Aratirí está discutiendo con el gobierno el contrato
que enmarcará su actividad. También están pendientes las autorizaciones
ambientales para que extraiga hierro y para que lo transporte a través
de un mineroducto a un eventual nuevo puerto de aguas profundas en
Rocha.
De acuerdo a un relevamiento de El País, hay unos 350
predios en Rocha afectados, 99 en Lavalleja, 157 en Treinta y Tres, 192
en Florida y 197 en Durazno.
En Lavalleja hay pedidos por oro
Si bien en Uruguay hoy se asocia la megaminería a
cielo abierto con el proyecto Aratirí, otro grupo de productores del
centro y oeste de Lavalleja presentó recursos contra los pedidos de
prospección para buscar oro y cobre a cielo abierto que realizó una
empresa. La activista Carol Aviaga dijo que las zonas afectadas son las
cercanías del arroyo El Soldado y las zonas de Barriga Negra, Sierras
Blancas y Espuelitas.
Aviaga agregó que vecinos de José Pedro Varela, al
norte de Lavalleja, presentaron recursos también porque les
preocupa que se ha reservado un predio a menos de 20 cuadras de la plaza
principal de esa localidad para que por allí pase el ducto de Aratirí
que podría sufrir roturas.
Les preocupa que esté previsto que el ducto pase
sobre el arroyo Corrales que forma el límite entre Lavalleja y Treinta y
Tres y que abastece a esa localidad.
En Rocha se han pedido predios para el ducto cerca
de Lascano, en el noroeste del departamento. Aratirí planeaba exportar
el hierro a través de un puerto que se ubicaría en La Angostura (Rocha)
pero el gobierno le pidió que lo haga por el puerto de "aguas profundas"
al suroeste. Aratirí no terminó aún los estudios de impacto sobre el
nuevo trayecto que se le exigió.
lunes, 23 de diciembre de 2013
PLUNA :NO PUEDEN TAPAR LA CORRUPCION
PLUNA :LA CORRUPCION PROGRESISTA
Una sentencia del 2010 ,de la SCJ, dejaria mal parados a Lorenzo y Calloia (El Observador 23/12)
A la Suprema Corte de Justicia (SCJ) habitualmente le lleva entre seis y ocho meses resolver si una norma es inconstitucional. Sin embargo, es probable que la suerte del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y la del presidente del Banco República, Fernando Calloia, por el caso Pluna, se dilucide antes porque hay varios antecedentes. Si bien la jurisprudencia no es preceptiva, es probable que la Corte atienda estos casos para fallar.
De hecho, en 2010, tres de los cinco ministros que hoy integran la Suprema Corte de Justicia analizaron un caso similar y opinaron que el artículo 162 del Código Penal no es inconstitucional, como pretende demostrar la defensa de Lorenzo y Calloia. En el fallo hacen referencia a una sentencia de 2005 “por su exacta adecuación” al caso. Además, citan el Código General del Proceso para justificar la posibilidad de mantener el criterio cuando existe jurisprudencia.
Los ministros que en 2010 entendieron que el delito de abuso de funciones no es inconstitucional son Jorge Chediak, Jorge Ruibal Pino y Jorge Larrieux. Hoy también integran la SCJ Ricardo Pérez Manrique y Julio César Chalar.
A su vez, actualmente la Suprema Corte tiene en carpeta el caso del intendente de Colonia, Walter Zimmer, que hace seis meses también fue acusado por el artículo 162 del Código Penal y apeló a la inconstitucionalidad del mismo. Aunque todavía no hubo sentencia respecto a Zimmer, los ministros ya estudiaron el tema, lo cual seguramente adelante el fallo del recurso interpuesto por los abogados de Lorenzo y Calloia.
Según juristas consultados por El Observador, los artículos de la Constitución que generalmente se han utilizado para plantear la inconstitucionalidad del delito de abuso de funciones son el 7, el 10 y el 72.
Los dos primeros refieren a la libertad de hacer aquello que no está prohibido. Los abogados han pretendido demostrar que esto colide con el 162 porque este último es muy amplio y no tipifica un delito concreto. El 72, en tanto, menciona que hay más derechos “inherentes a la forma republicana de gobierno” de los que enumera la Constitución.
LA SOLIRADIDAD CON LOS CORRUPTOS (El Observador 23/12)
A fines de octubre de 2012, cuando las desprolijidades de la subasta de los aviones Bombardier salpicaban a la cúpula astorista, a un grupo de dirigentes se les ocurrió que la mejor manera de dar su apoyo a los ministros Fernando Lorenzo (Economía) y Enrique Pintado (Transporte) era con un acto de desagravio en las instalaciones del Hipódromo de Maroñas. “Será un brindis de agasajo, apoyo y camaradería que busca demostrar el respaldo a los ministros”, dijo en ese momento el director de Casinos del Estado, Javier Cha. Pero a ninguno de los dos homenajeados les gustó la idea, y mandaron parar. Ahora que renunció Lorenzo por las derivaciones judiciales sobre el caso, Cha retoma la idea y prepara junto a dirigentes, militantes y amigos del exministro de Economía una caravana hacia Araminda (Canelones), adonde Lorenzo disfruta de sus vacaciones desde el sábado cuando salió del juzgado del Crimen Organizado.
“No vamos a permitir que se vaya por la puerta chica. Fernando fue un gran ministro. Como dijo el presidente (José Mujica) fue un ministro brillante, así que los amigos lo vamos a ir a apoyar. No se puede ir como si nada”, dijo el director de Casinos a El Observador.
Lorenzo recibió la llamada de Cha y aceptó esta vez la movida política. El jueves a la tardecita recibirá al grupo de dirigentes del Frente Líber Seregni que se sumen a la caravana. La casa de veraneo del jerarca acusado de abusar de sus funciones tiene grandes ventanales al frente y ocupa una esquina de cara al mar en el balneario canario.
Al igual que el ministro de Economía renunciante, Cha es dirigente del Nuevo Espacio. El sábado, cuando al mediodía Mujica junto al vicepresidente Danilo Astori leyó una declaración sobre las inminentes consecuencias judiciales del caso Pluna, el director de Casinos estaba en primera fila para escuchar los elogios del mandatario hacia Lorenzo. Junto a él estuvieron otros jerarcas notorios del grupo astorista, como el ministro Pintado, la ministra Liliam Kechichián (Turismo y Deporte) y el director de la Dirección General Impositiva (DGI), Pablo Ferreri.
El sábado a la noche, el FLS se reunió de urgencia en su sede de la avenida 18 de julio. Con Astori y sus principales referentes en torno a una mesa, evaluaron que con el revés de la justicia tanto a Lorenzo como a Fernando Calloia (Brou) se vienen tiempos duros para el sector. Entienden, de todos modos, que la gestión del equipo económico no debería verse manchada con este caso, dijeron a El Observador fuentes del sector. “La prédica del Partido Nacional para destruir la imagen del Uruguay que crece económicamente dio sus frutos”, dice un pasaje de la declaración que aprobó esa misma noche el FLS.
"ABSO DE PODER"
El rumor de que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo y el presidente Fernando Calloia serian procesados llegó a la Torre Ejecutiva en la noche del jueves y ayer se confirmó. El fiscal de crimen especializado Juan Gómez pidió los procesamientos de ambos jerarcas del gobierno de José Mujica por cometer “verdaderos actos arbitrarios” para lograr el aval que el BROU otorgó a la empresa Cosmo para que se presentara como oferente en el remate de los siete aviones Bombardier de Pluna. Sin embargo, Lorenzo y Calloia finalmente no fueron procesados por un recurso de sus defensores que lograron que el pronunciamiento se aplace por unos meses.
El fiscal también pidió el procesamiento, y fueron procesados con prisión por la jueza Adriana de los Santos, el exgerente de Pluna, Matías Campiani y sus exsocios, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez, por un delito continuado de estafa especialmente agravado.
Los tres fueron trasladados ayer a la ex Cárcel Central donde permanecerán una semana. Allí funciona el centro de diagnóstico que los evaluará para definir en qué cárcel serán recluidos.
El fiscal los acusó de falsear balances y crear una operativa por medio de empresas asociadas para beneficiarse económicamente y perjudicar al Estado, mientras dirigieron el 75% del capital de Pluna entre 2007 y 2012. Aunque admitió que hubo omisiones en los controles por ahora no indagará a repsresentantes del Estado de esa época (ver nota de página 3).
El cuarto procesado, aunque sin prisión, fue el escribano que redactó el acta del remate de los aviones, Pablo Seitún, por falsificar el nombre del oferente, ya que lo inscribió como Antonio Sánchez, cuando su nombre era Hernán Calvo.
“Verdaderos actos arbitrarios”
El fiscal señaló que Lorenzo “excedió los límites de su competencia funcional” para lograr que en dos o tras horas el BROU otorgara el aval a una sola empresa de cuatro interesadas: Grupo Molinari, Mont Fortelco, y la Embajada de Venezuela. Además afirmó que no le exigieron contragarantía.
El BROU “no contaba con información necesaria –ni siquiera mínima-“ acerca de Cosmo.
Lorenzo intentó explicar que su llamada a Calloia fue para pedir “flexiblidad en el manejo de riesgos inherentes” y descartó que el aval se haya dado por su pedido.
Sobre Calloia, el fiscal dijo que “aceptando esta situación irregular”, le ordenó a un funcionario tramitar el aval poruqe era “un tema de interés nacional”.
El gerente ejecutivo del BROU declaró que los avales telefónicos no son comunes y que se hizo en este caso por “el respaldo del MEF”.
“Estas actuaciones exceden la mera irregularidad administrativa. Se trata de verdaderos actos arbitrarios cometido con abuso de poder funcional”, afirmaron.
Unos meses de alivio
La defensa de Fernando Lorenzo y de Calloia, integrada por los abogados Amadeo Otatti y Mario Spangberg, logró aplazar el pronunciamiento de la Justicia sobre ambos. El abogado presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones comprendido en el artículo 162 del Código Penal, que el fiscal pidió tipificarles.
El expediente deberá ir a ahora a la Suprema Corte de Justicia, por lo que el fallo con respecto a Lorenzo y Calloia demorará varios meses.
Otatti presentó un recurso en el que planteó que esa norma viola entre otros, el artículo 7 de la Constitución que consagra el derecho al honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad”.
La Suprema Corte de Justicia ya se pronunció en otros casos sobre recursos similares contra ese delito y falló que era constitucionaldiad. Pero fue una sentencia con otra integración de la SCJ y además este tipo de fallos sólo se aplican al caso concreto por lo que habrá que esperar el estudio de los ministros.
Raúl Oxandabarat, vocero de la SCJ, explicó que a la jueza no le quedó más remedio que suspender las actuaciones con respecto a ambos indagados y elevar el caso a la SCJ, la única competente para fallar sobre inconstitucionalidades.
“Me voy caminando”
Al retirarse del juzgado con los ojos llorosos y voz temblorosa Lorenzo declaró: “Estoy tranquilo con las decisiones que tomé”. El exministro afirmó que no esperaba que se pidiera su procesamiento, ya que actuó “correctamente”.
Celebró que se iba como llegó: “Caminando como cualquier ciudadano a encontrarme con mi familia”, dijo el ministro.
También dijo estar “emocionado por las palabras del presidente” José Mujica por el apoyo que le dio y “con mucho agradecimiento” a todos los que lo apoyaron.
En una breve conferencia que dio al mediodía en la Torre Ejecutiva, el mandatario afirmó que no tiene dudas de “la integridad ética y el compromiso positivo” Lorenzo y Calloia.
En un tono distinto al de Lorenzo, Calloia dijo que salía “optimista” y se limitó a aclarar que no renunció a su cargo –aunque horas más tarde la senadora Lucía Topolansky dijo que también se iría–.
Sin embargo, consultado acerca de si investigará a esas autoridades que según él estuvieron omisas, el fiscal dijo que por el momento no están bajo indagatoria.
En su dictamen el fiscal explicó que Campiani y sus socios “adquirieron en la República de Panamá la sociedad denominada Leadgate Investment Corp que desde el principio inicia una serie de oscuridades, que se mantendrán hasta el final de su actuación”.
El fiscal centró el cuestionamiento a Campiani y sus socios en el uso de las empresas subsidiarias con importantes transferencias de fondos que permitían luego la facción de balances consolidados; o el manejo de Aerovip, creando una compleja ingeniería de empresas, les permitió girar fondos hacia ellas, por Pluna SA, incrementando los gastos de Pluna en beneficio de las empresas subsidiarias.
En el último punto de su dictamen, el fiscal Gómez pidió a la jueza formar un presumario para indagar la responsabilidades de otros participantes de los hechos investigados. En esa petición, el fiscal se refiere a que quiere indagar a otros representantes de la empresa Leadgate.
Además, el dictamen señala que “desde la celebración del convenio respectivo a la provisión de combustible de noviembre de 2008, ANCAP cumplió con la obligación de proveerlos pactada, en tanto Pluna SA también lo hizo según lo acordado hasta diciembre de 2010”, pero a partir de esa fecha “Pluna SA empezó a entregar cheques de pago diferido que no se ajustaban a lo estipulado, en aplicación de una decisión empresarial que implicaba la búsqueda de aliviar la presión sobre el capital de giro mediante la extensión del plazo de los acreedores conforme a las declaraciones del contador José Cabrera, gerente financiero del Área Financiera de Pluna”.
Cuando ANCAP le cortó el suministro de combustible a Pluna, el Ministerio de Economía realizó gestiones para que se reanudara el servicio.
Una sentencia del 2010 ,de la SCJ, dejaria mal parados a Lorenzo y Calloia (El Observador 23/12)
A la Suprema Corte de Justicia (SCJ) habitualmente le lleva entre seis y ocho meses resolver si una norma es inconstitucional. Sin embargo, es probable que la suerte del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y la del presidente del Banco República, Fernando Calloia, por el caso Pluna, se dilucide antes porque hay varios antecedentes. Si bien la jurisprudencia no es preceptiva, es probable que la Corte atienda estos casos para fallar.
De hecho, en 2010, tres de los cinco ministros que hoy integran la Suprema Corte de Justicia analizaron un caso similar y opinaron que el artículo 162 del Código Penal no es inconstitucional, como pretende demostrar la defensa de Lorenzo y Calloia. En el fallo hacen referencia a una sentencia de 2005 “por su exacta adecuación” al caso. Además, citan el Código General del Proceso para justificar la posibilidad de mantener el criterio cuando existe jurisprudencia.
Los ministros que en 2010 entendieron que el delito de abuso de funciones no es inconstitucional son Jorge Chediak, Jorge Ruibal Pino y Jorge Larrieux. Hoy también integran la SCJ Ricardo Pérez Manrique y Julio César Chalar.
A su vez, actualmente la Suprema Corte tiene en carpeta el caso del intendente de Colonia, Walter Zimmer, que hace seis meses también fue acusado por el artículo 162 del Código Penal y apeló a la inconstitucionalidad del mismo. Aunque todavía no hubo sentencia respecto a Zimmer, los ministros ya estudiaron el tema, lo cual seguramente adelante el fallo del recurso interpuesto por los abogados de Lorenzo y Calloia.
Según juristas consultados por El Observador, los artículos de la Constitución que generalmente se han utilizado para plantear la inconstitucionalidad del delito de abuso de funciones son el 7, el 10 y el 72.
Los dos primeros refieren a la libertad de hacer aquello que no está prohibido. Los abogados han pretendido demostrar que esto colide con el 162 porque este último es muy amplio y no tipifica un delito concreto. El 72, en tanto, menciona que hay más derechos “inherentes a la forma republicana de gobierno” de los que enumera la Constitución.
LA SOLIRADIDAD CON LOS CORRUPTOS (El Observador 23/12)
Una caravana por Lorenzo
"No se va a ir por la puerta chica", dijo el director de Casinos del Estado y organizó caravana hacia su casa en Araminda
A fines de octubre de 2012, cuando las desprolijidades de la subasta de los aviones Bombardier salpicaban a la cúpula astorista, a un grupo de dirigentes se les ocurrió que la mejor manera de dar su apoyo a los ministros Fernando Lorenzo (Economía) y Enrique Pintado (Transporte) era con un acto de desagravio en las instalaciones del Hipódromo de Maroñas. “Será un brindis de agasajo, apoyo y camaradería que busca demostrar el respaldo a los ministros”, dijo en ese momento el director de Casinos del Estado, Javier Cha. Pero a ninguno de los dos homenajeados les gustó la idea, y mandaron parar. Ahora que renunció Lorenzo por las derivaciones judiciales sobre el caso, Cha retoma la idea y prepara junto a dirigentes, militantes y amigos del exministro de Economía una caravana hacia Araminda (Canelones), adonde Lorenzo disfruta de sus vacaciones desde el sábado cuando salió del juzgado del Crimen Organizado.
“No vamos a permitir que se vaya por la puerta chica. Fernando fue un gran ministro. Como dijo el presidente (José Mujica) fue un ministro brillante, así que los amigos lo vamos a ir a apoyar. No se puede ir como si nada”, dijo el director de Casinos a El Observador.
Lorenzo recibió la llamada de Cha y aceptó esta vez la movida política. El jueves a la tardecita recibirá al grupo de dirigentes del Frente Líber Seregni que se sumen a la caravana. La casa de veraneo del jerarca acusado de abusar de sus funciones tiene grandes ventanales al frente y ocupa una esquina de cara al mar en el balneario canario.
Al igual que el ministro de Economía renunciante, Cha es dirigente del Nuevo Espacio. El sábado, cuando al mediodía Mujica junto al vicepresidente Danilo Astori leyó una declaración sobre las inminentes consecuencias judiciales del caso Pluna, el director de Casinos estaba en primera fila para escuchar los elogios del mandatario hacia Lorenzo. Junto a él estuvieron otros jerarcas notorios del grupo astorista, como el ministro Pintado, la ministra Liliam Kechichián (Turismo y Deporte) y el director de la Dirección General Impositiva (DGI), Pablo Ferreri.
El sábado a la noche, el FLS se reunió de urgencia en su sede de la avenida 18 de julio. Con Astori y sus principales referentes en torno a una mesa, evaluaron que con el revés de la justicia tanto a Lorenzo como a Fernando Calloia (Brou) se vienen tiempos duros para el sector. Entienden, de todos modos, que la gestión del equipo económico no debería verse manchada con este caso, dijeron a El Observador fuentes del sector. “La prédica del Partido Nacional para destruir la imagen del Uruguay que crece económicamente dio sus frutos”, dice un pasaje de la declaración que aprobó esa misma noche el FLS.
"ABSO DE PODER"
Lorenzo y Calloia cometieron "abuso de poder funcional", según el fiscal
Los socios de Leadgate fueron a prisión. Aunque lograron aplazar el fallo, al exministro de Economía y el presidente del BROU el fiscal los acusó de delinquir al gestionar un aval irregular
El rumor de que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo y el presidente Fernando Calloia serian procesados llegó a la Torre Ejecutiva en la noche del jueves y ayer se confirmó. El fiscal de crimen especializado Juan Gómez pidió los procesamientos de ambos jerarcas del gobierno de José Mujica por cometer “verdaderos actos arbitrarios” para lograr el aval que el BROU otorgó a la empresa Cosmo para que se presentara como oferente en el remate de los siete aviones Bombardier de Pluna. Sin embargo, Lorenzo y Calloia finalmente no fueron procesados por un recurso de sus defensores que lograron que el pronunciamiento se aplace por unos meses.
El fiscal también pidió el procesamiento, y fueron procesados con prisión por la jueza Adriana de los Santos, el exgerente de Pluna, Matías Campiani y sus exsocios, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez, por un delito continuado de estafa especialmente agravado.
Los tres fueron trasladados ayer a la ex Cárcel Central donde permanecerán una semana. Allí funciona el centro de diagnóstico que los evaluará para definir en qué cárcel serán recluidos.
El fiscal los acusó de falsear balances y crear una operativa por medio de empresas asociadas para beneficiarse económicamente y perjudicar al Estado, mientras dirigieron el 75% del capital de Pluna entre 2007 y 2012. Aunque admitió que hubo omisiones en los controles por ahora no indagará a repsresentantes del Estado de esa época (ver nota de página 3).
El cuarto procesado, aunque sin prisión, fue el escribano que redactó el acta del remate de los aviones, Pablo Seitún, por falsificar el nombre del oferente, ya que lo inscribió como Antonio Sánchez, cuando su nombre era Hernán Calvo.
“Verdaderos actos arbitrarios”
El fiscal señaló que Lorenzo “excedió los límites de su competencia funcional” para lograr que en dos o tras horas el BROU otorgara el aval a una sola empresa de cuatro interesadas: Grupo Molinari, Mont Fortelco, y la Embajada de Venezuela. Además afirmó que no le exigieron contragarantía.
El BROU “no contaba con información necesaria –ni siquiera mínima-“ acerca de Cosmo.
Lorenzo intentó explicar que su llamada a Calloia fue para pedir “flexiblidad en el manejo de riesgos inherentes” y descartó que el aval se haya dado por su pedido.
Sobre Calloia, el fiscal dijo que “aceptando esta situación irregular”, le ordenó a un funcionario tramitar el aval poruqe era “un tema de interés nacional”.
El gerente ejecutivo del BROU declaró que los avales telefónicos no son comunes y que se hizo en este caso por “el respaldo del MEF”.
“Estas actuaciones exceden la mera irregularidad administrativa. Se trata de verdaderos actos arbitrarios cometido con abuso de poder funcional”, afirmaron.
Unos meses de alivio
La defensa de Fernando Lorenzo y de Calloia, integrada por los abogados Amadeo Otatti y Mario Spangberg, logró aplazar el pronunciamiento de la Justicia sobre ambos. El abogado presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones comprendido en el artículo 162 del Código Penal, que el fiscal pidió tipificarles.
El expediente deberá ir a ahora a la Suprema Corte de Justicia, por lo que el fallo con respecto a Lorenzo y Calloia demorará varios meses.
Otatti presentó un recurso en el que planteó que esa norma viola entre otros, el artículo 7 de la Constitución que consagra el derecho al honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad”.
La Suprema Corte de Justicia ya se pronunció en otros casos sobre recursos similares contra ese delito y falló que era constitucionaldiad. Pero fue una sentencia con otra integración de la SCJ y además este tipo de fallos sólo se aplican al caso concreto por lo que habrá que esperar el estudio de los ministros.
Raúl Oxandabarat, vocero de la SCJ, explicó que a la jueza no le quedó más remedio que suspender las actuaciones con respecto a ambos indagados y elevar el caso a la SCJ, la única competente para fallar sobre inconstitucionalidades.
“Me voy caminando”
Al retirarse del juzgado con los ojos llorosos y voz temblorosa Lorenzo declaró: “Estoy tranquilo con las decisiones que tomé”. El exministro afirmó que no esperaba que se pidiera su procesamiento, ya que actuó “correctamente”.
Celebró que se iba como llegó: “Caminando como cualquier ciudadano a encontrarme con mi familia”, dijo el ministro.
También dijo estar “emocionado por las palabras del presidente” José Mujica por el apoyo que le dio y “con mucho agradecimiento” a todos los que lo apoyaron.
En una breve conferencia que dio al mediodía en la Torre Ejecutiva, el mandatario afirmó que no tiene dudas de “la integridad ética y el compromiso positivo” Lorenzo y Calloia.
En un tono distinto al de Lorenzo, Calloia dijo que salía “optimista” y se limitó a aclarar que no renunció a su cargo –aunque horas más tarde la senadora Lucía Topolansky dijo que también se iría–.
Fallaron los controles del Estado
“Los controles realizados tanto por los directores de Pluna Ente Autónomo, como los de los ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas, al menos hasta el año 2010, no fueron suficientes, lo que impidió una exacta consideración respecto a la forma en que se desarrollaba la operativa de Pluna SA”, afirmó el fiscal Juan Gómez en el escrito en el que pidió los procesamientos por el caso Pluna.Sin embargo, consultado acerca de si investigará a esas autoridades que según él estuvieron omisas, el fiscal dijo que por el momento no están bajo indagatoria.
En su dictamen el fiscal explicó que Campiani y sus socios “adquirieron en la República de Panamá la sociedad denominada Leadgate Investment Corp que desde el principio inicia una serie de oscuridades, que se mantendrán hasta el final de su actuación”.
El fiscal centró el cuestionamiento a Campiani y sus socios en el uso de las empresas subsidiarias con importantes transferencias de fondos que permitían luego la facción de balances consolidados; o el manejo de Aerovip, creando una compleja ingeniería de empresas, les permitió girar fondos hacia ellas, por Pluna SA, incrementando los gastos de Pluna en beneficio de las empresas subsidiarias.
En el último punto de su dictamen, el fiscal Gómez pidió a la jueza formar un presumario para indagar la responsabilidades de otros participantes de los hechos investigados. En esa petición, el fiscal se refiere a que quiere indagar a otros representantes de la empresa Leadgate.
Además, el dictamen señala que “desde la celebración del convenio respectivo a la provisión de combustible de noviembre de 2008, ANCAP cumplió con la obligación de proveerlos pactada, en tanto Pluna SA también lo hizo según lo acordado hasta diciembre de 2010”, pero a partir de esa fecha “Pluna SA empezó a entregar cheques de pago diferido que no se ajustaban a lo estipulado, en aplicación de una decisión empresarial que implicaba la búsqueda de aliviar la presión sobre el capital de giro mediante la extensión del plazo de los acreedores conforme a las declaraciones del contador José Cabrera, gerente financiero del Área Financiera de Pluna”.
Cuando ANCAP le cortó el suministro de combustible a Pluna, el Ministerio de Economía realizó gestiones para que se reanudara el servicio.
Una historia en Cerro Chato
Los productores de Cerro Chato y Valentines, sus historias de vida y la resistencia a Aratirí
Algunos ya vendieron. Pero aún quedan en la zona muchos productores que desean preservar su modo de vida. Brecha estuvo con algunos de ellos. Ninguno podría ser definido como latifundista. Ninguno tampoco como ambientalista, al menos hasta que ciertos métodos de la minera los pusieron a pensar en la materia.
Hay un sol que raja las piedras. Es diciembre, martes 17 y uno de los días más calurosos del año. En el trayecto entre Valentines y Cerro Chato, la ruta 7 divide el territorio. Subiendo por la ruta, a la izquierda está Florida, a la derecha Treinta y Tres. En una plaza de la ciudad de Cerro Chato confluyen tres departamentos; hay también territorio duraznense. “Es gente con un sentimiento de lugar muy fuerte, hay tres departamentos pero la gente pertenece a Cerro Chato”, dicen los oriundos. Ahora una parte de sus tierras es considerada distrito minero, y todas las conversaciones del pueblo están contaminadas por Aratirí. No hay votos en blanco, ni anulados ni indecisos: hay gente a favor y hay gente en contra. El grado de convicción de que el proyecto es lo mejor que le pasó a Cerro Chato y a Valentines, o de que es lo peor que le pasó a esos pueblos y al país, llevó a que muchos se quitaran el saludo, incluso dentro de una misma familia.
De un lado y del otro de la ruta 7 hay productores que desde hace cuatro años resisten a “la mina”. Reciben a los visitantes tras una, dos o tres porteras; están rodeados de vacas, ovejas, caballos, perros, gatos. La mayoría habita casas humildes, la mayoría muy antiguas. Hay de los que tienen menos de 50 hectáreas y de los que llegan a 2 mil. En un tiempo hubo unas pocas familias que concentraban grandes cantidades de tierra. Había terratenientes, había esclavos. Pero el paso de los años, los matrimonios y sus descendencias, generaron un natural reparto de la tierra. El único latifundista de la zona, se dice, es Aratirí, que por ahora posee unas 12 mil hectáreas. Su actual arremetida, al iniciar el envío de cedulones, esta vez para explotación y servidumbre de paso, abarca a 420 productores y 15 mil hectáreas. En su recorrida, Brecha visitó algunos de esos predios y habló con algunos de sus propietarios.HASTA EL SANTO. Este señor, que nadie dudaría ni por un segundo es un hombre de campo, habla casi sin respiro. Tiene menos de 60 años, bigote negro y ondulado, un escarbadientes en la boca. Se llama Quicón Ibarra. Mientras cuenta su historia, lo escuchan atentas su esposa e hija, aunque ya la conocen de memoria, aunque también son protagonistas de ella. Dos por tres hacen acotaciones que se superponen a su relato. Él continúa sin descanso; ha agarrado ritmo y tiene mucho para contar. “Desde que era chico, no sé cuántas empresas vinieron con eso del hierro. Estaban unos meses y después se iban.” Pero la última hace años que anda en la vuelta, tiene todas las intenciones de quedarse y el apoyo del gobierno.
Su primer contacto con Aratirí fue cuando “pidieron para dejar las máquinas en la entrada de mi casa, porque la empresa no les permitía dejarlas en la calle durante la noche. Yo, inocente, les dije que sí. Nos quedamos conversando, iban para el Cerro de Uría. Macanudazo el muchacho, me dice: ‘Si necesita una camioneta para ir al pueblo, úsela nomás’. A mí recién me conocía y me estaba ofertando una camioneta... Y cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Le dije que no, que muchas gracias. Todavía no habíamos tenido ninguna noticia de Aratirí”.
La minera ya había pedido el predio de Ibarra (de más de 500 hectáreas) y el resto de los de la zona en 2007. Pero la noticia se esparció en el pueblo entre fines de 2009 y principios de 2010, cuando la empresa comenzó a hacer ofertas para explorar los campos. Igual, fue recién cuando empezaron a llegar los primeros cedulones que la gente asimiló las dimensiones del proyecto. “Me llamaron para preguntarme si a mí también me había llegado un cedulón. A nosotros no nos habían dicho nada, y yo pensé que iban sólo para Cerro de Uría. Fui a Valentines, a la casa de la veterinaria, y le pedí que se fijara en la computadora si mi padrón estaba pedido. Y estaba pedido. Mi madre tiene un campo a 27 quilómetros de acá rumbo a Sarandí, pero no quise llevar el número de ese padrón porque pensé que tan lejos no iba a estar pedido. También estaba pedido. Ahí fue que uno empezó a ver lo grande que era esto.”
Ibarra volvió al campo luego de años de navegar por el mundo, y no lo cambia por nada. “Yo nací y viví en esa otra tapera con mis padres. Cuando terminé la escuela industrial, a los 16 años, me fui a vivir a Montevideo; estuve trabajando en unas tornerías, en unas cerrajerías y al final enganché en los barcos a los 18. Cada vez que venía compraba unos bichitos, unas ovejas, unas vacas, y me volvía a ir. En 1981 regresé a la campaña.” Como marino mercante, Ibarra fue a Europa, a América del Norte, a África. “Y pensar que allá vale más un litro de agua que un litro de whisky. Cuando llegábamos a África, había que ver a esos morochos desesperados por un vaso de agua. Es escasísima allá; acá abunda y no la quieren cuidar.”
El campo de Ibarra está a poco de la ruta 7, ingresando a Florida por el Camino del Monzón, unos 200 metros después de la escuela rural. En la entrada descansan dos carteles. Uno dice: “Obra por convenio Intendencia de Florida y Minera Aratirí sa. Mantenimiento de caminería”. El otro: “Usted ha llegado al protectorado hindú en Valentines”. El último anuncio, instalado por los vecinos, significa que se ingresa al distrito minero. Y el primero, el que informa sobre el mantenimiento de la caminería, se ha ido quedando viejo. “El camino está molido”, dice Ibarra, y comenta que fue de su propio campo de donde salió el balasto. “El Puntigliano vino y puso unas fotos: cómo estaba el campo, cómo lo explotaban y cómo iba a quedar después, con pradera. Eso es todito mentira. Yo tengo una cantera que hace 30 y pico de años que la hicieron pa’ sacar balastro y nunca más creció pasto. Al final les di el balastro para arreglar el camino, pero les dije que no quería ver ni una camioneta de Aratirí acá adentro. Un día me volvía y había dos camionetas en el campo. Estaba la geóloga mirando.” Pero esa no fue la única vez que los funcionarios de Aratirí se metieron sin permiso a su campo. “Logré frenarlos con los recursos que presenté a la justicia y atajándolos de persona a persona. Si usted les aflojaba, igual se mandaban pa’ adentro. Los primeros tiempos vivía caliente y tenía que estarlos cuidando.” De esas tiene varias anécdotas, y cuando las cuenta resurge la bronca y se le entrecorta la voz por la impotencia. También cuenta de las veces que intentaron convencerlo, incluso apelando a sus conocidos. “Con la escuelita ésa que está ahí todos colaboramos. A mí me habían puesto de presidente. Había una maestra que estaba a favor de Aratirí y me venía a hablar. Yo, para no discutir, no le daba ni la hora. Le pusieron una camioneta. Todos los días la camioneta la traía y la llevaba. Compraron una cocina y no sé qué más para la escuela. Estaban haciendo beneficencia sabiendo que si sale esto, a la escuela la tiran al suelo. Al final les dije que si la escuela necesitaba algo, yo sacaba de mi bolsillo, pero que a Aratirí no lo quería ver.”
La posición hacia la empresa no fue siempre de rechazo, eso vino al experimentar sus prácticas. Antes “había venido uno gordito y me había pedido para hacer un par de pozos acá en mi campo. Y de boca le dije que sí, pero cuando me empecé a enterar cómo iba a ser la cosa, cuando vi lo que habían hecho con el campo de Perugorría... Uno vive cuidando el pasto para que coman los bichos y éstos en un rato te rompen todo. ¡Qué los voy a dejar entrar! Hasta que un día se aparecieron acá decididos a entrar. ‘Pero cómo, ¿no habíamos hablado?’, me dijeron. ‘No, yo estaba equivocado –les contesté–, acá no me entran ni un metro’”LA VASCA. Perugorría se llama Claudia, y de esa firma se sigue arrepintiendo. La promesa era que le arrendaban la tierra, la cuidaban, ella podía seguir normalmente su actividad. Iban a hacer cuatro pozos, de esos bien angostos pero de hasta 300 metros de profundidad a los que forran con un tubo blanco para explorar si hay hierro y que, uno al lado del otro, pintan de blanco el Cerro Mulero, que se ve desde la ruta 7, apenas pasando la entrada a Valentines.
Perugorría es vecina de otro cerro, denominado Morochos. El nombre le queda de aquellos tiempos de la liberación de los esclavos, que una vez libres se instalaron en esa zona. Es uno de los cinco cerros que la minera tiene en su mira.
“Por culpa de esa firma… Les dije: ‘Bueno, si no queda otra’. Y firmé. Primero me pagaban 300 pesos por mes para pasar hacia el cerro. Les dije que por 300 pesos, que no me pagaran nada, si sólo iban a pasar. Pasaban 20 camionetas y empezaron a romper todo. Pasaban de noche, a cualquier hora, y después aparecían los animales rengos. Cuando hicimos el acuerdo era como una pista de autos, hacían trompos con las camionetas. Primero me querían comprar el campo, me daban 2.200 dólares por hectárea. Yo les dije que no lo vendía, pero ellos se sentían los dueños. En el acuerdo pusimos que iban a hacer cuatro pozos pero hicieron 14. Me pagaban 3 mil pesos por mes, y tuve que hacer el juicio para sacarlos.”
Perugorría fue la única que se animó a iniciarle un juicio a la minera. Y lo ganó. Ella asegura que fue uno de los geólogos de la empresa, que había renunciado pero que de todas formas fue llamado a declarar como testigo por Aratirí, el que le dio las de ganar. Declaró que era verdad que la empresa había destrozado el campo, y al salir le comentó a Perugorría: “Usted va a ver, ellos le van a hacer tanto la guerra, que usted va a terminar aflojando”. Pero es vasca y porfiada, y afirma que va a resistir. Después de todo, a Perugorría ni siquiera le interesaba la plata. Podría haber seguido cobrando los 3 mil pesos por el arrendamiento del campo, ya que el acuerdo era a dos años, pero dejó de ir a cobrar. “Yo quería que la gente supiera lo que me hicieron a mí, porque es lo que le van a hacer a todos.”
Su marido tapó con piedras los pozos. Pero es imposible disimular el boquete que hicieron para nivelar el terreno e instalar la perforadora. No le pidieron permiso para hacerlo; de hecho, lo descubrió el día que llegó el perito, a quien hubo que pagarle 12 mil pesos para que confirmara lo que estaba denunciando.
“Cuando vinieron los ambientalistas, dijeron: ‘Los primeros que se venden a las empresas son los comerciantes’. Y yo no dije nada, porque, claro, ellos no sabían que yo tenía un almacén. Pero es cierto, la plata era tan dulce que todo el mundo la quería. Yo prefiero tener menos dinero y no que se muera mi pueblo, que se enferme, que se destruya todo. Yo sé la realidad, sé que la gente necesita trabajar, sé todo. Yo doy mi tierra para poner una fábrica donde la gente trabaje, pero no a los extranjeros para que se lleven y destruyan todo. En la manera en que están haciendo las cosas, no. Tratan de corrernos. Y los trabajos que dan no van a ser para siempre. Ellos no hicieron concurso, no hicieron nada. Si te animabas a entrar a la casa de la gente, te tomaban. Los muchachos dejaban el liceo para entrar a trabajar a la mina, les hacían un lavado de cerebro, que iban a ganar no sé cuánta plata, y entraban a las casas rompiendo las porteras.”
Perugorría compró su campo de 47 hectáreas hace diez años. El dinero salió de su trabajo en el almacén, que heredó cuando murió su padre. Ella nació en el campo, pero cuando sus abuelos murieron su padre vendió la parte que le correspondía: 37 hectáreas. Criaba animales en donde podía, con la ilusión de volver a tener un pedacito de tierra. Por eso y por lo otro, no vende. Compró, y luego arrendaba también los dos campos vecinos, ambos de alrededor de 50 hectáreas, ambos de familiares de su marido. Uno de ellos, pegadito al cerro, era ambicionado por Aratirí. Y luego del juicio las herederas del predio lo vendieron. El desalojo de Perugorría se concretó rápidamente.
“Me desilusioné. Antes de esto había empezado a hacer la casa, compré los muebles, traje a mis animales que criaba en el pueblo. Ahora, de todos los guachos que tenía sólo me queda una vaca. Mi marido, que es el que trabaja acá, me paga una plata por usar el campo, los animales son todos de él. Iba a poner el agua, tengo todo para instalarla, pero qué voy a poner el agua, qué voy a seguir haciendo arreglos.”
LA LEY PRIMERA. “Cuando te están llegando cedulones constantemente, todos los días, se te genera una incertidumbre. Mucha gente hace tres años que no fertiliza, que no ha hecho arreglos en sus campos, porque es invertir en algo que después te pueden terminar sacando. Nosotros hemos querido mantener lo que hacemos. Por nuestra salud, queremos pensar que todo va a seguir como está ahora”, explica Andrés Noblía, que junto a su esposa maneja la estancia turística Los Plátanos.
Recorriendo el casco de la estancia es difícil imaginar que estuviera venido a menos, que fuera prácticamente una tapera. Lo heredaron Marina Cantera y su hermano Federico cuando sus abuelos fallecieron. Eran 500 hectáreas en total que se repartieron entre los hermanos.
Marina había estudiado hotelería y turismo. Los dos, ella y su marido, se habían criado en Cerro Chato, pero estaban en Montevideo trabajando. Cuando Marina quedó embarazada se volvieron. Los dos cuentan su experiencia a la par, coinciden y complementan el relato.
“Desde 1850 que mi familia está acá. Hay gente que está más para su negocio, vende y compra en otro lado. En nuestro caso, que es el caso de la mayoría de la gente de la zona, hay mucho arraigo porque es tierra que ha pasado de generación en generación.” A esta joven pareja también querían comprarle el campo. Les ofrecieron 2.300 dólares por hectárea, un monto que rondaba el precio del mercado, pero la venta no cuadraba con sus planes, con su proyecto de vida, con su filosofía. “El tema es que nosotros no somos vendedores de campo. Vos no vendés la tierra que estás trabajando, no la considerás una mercadería”, explica Andrés, y agrega que “siempre tuvimos la idea de venir a criar a nuestras niñas con las mismas cosas que nos criamos nosotros: la bicicleta, el vínculo con los vecinos. Cuando Marina quedó embarazada (de la primera de sus tres hijas), cargamos todo y empezamos de cero. Sin luz, sin agua potable, sin teléfono, con los pisos rotos, con los paneles de las puertas que se caían. Queríamos volver a la forma más original de la casa y la mayoría de las cosas las hicimos nosotros. Un año después arrancamos con el turismo”.
Consiguieron un préstamo para hacer la primera reforma de la casa. Después otro para cambiar el techo. “Se sacó y se lavó cada tejita, porque las tejas son de 1850, no se podían tirar a la basura. Hoy, 15 años después, si miramos en retrospectiva, vemos que logramos muchas cosas.”
Pero la minera no sólo entró en conflicto con esos planes, sino que también modificó al pueblo, lo dividió. “Si algo logró la empresa es generar enemistad entre gente vecina, y eso es algo irreconciliable. Así como nos duele a nosotros que te invadan el campo y te dejen sin tu trabajo, lo mismo le pasará al comerciante que pierde las nuevas ventas y sus proyecciones”, analiza Andrés. Fue una situación regalada, que vino de arriba, que nadie pidió, dice Marina, y “dentro de una misma familia hay gente que no se habla o se habla a regañadientes. Es una pena que la gente no se dé cuenta de que, cuando viene alguien de afuera, ‘la ley primera’ es ‘los hermanos sean unidos’. Los de afuera siempre quieren abrir brechas y distanciar a la gente, y eso fue algo hecho totalmente ex profeso”.
Ellos analizan que Aratirí apeló básicamente a dos grupos: los jóvenes y los comerciantes. “A una persona joven que no tenía un sueldo y se compró la moto en cuotas, se compró la casa en cuotas, tiene la cuenta en el almacén que tiene que pagar a fin de mes, a esa gente que estuvo viviendo de prestado todo este tiempo, con qué la consolás. Eso fue algo muy planificado para enfrentarlos a los que estaban en contra de la minería. Era algo irreal, porque todo el mundo se daba cuenta de que no podían tener a 200 personas contratadas si lo único que hacían era ir y venir en camioneta.”
Estos productores apuntan a desmitificar aquello de que el rechazo a Aratirí proviene de estancieros adinerados defendiendo sus intereses: “Los estancieros que ponen en los titulares somos nosotros. Gente con 300, 400 hectáreas que trabajamos todo el día. Lo otro que se dice, que nuestra actividad es ineficiente porque tenemos cuatro vacas arriba de un cerro, es un disparate. En la entrada a la estancia, el índice Coneat es 53, es bajísimo. Hay que ver lo bueno que es ese pasto, el 80 por ciento de preñez que tenemos. El período más ineficiente de la ganadería, porque es el más largo, se hace acá, en los terrenos más jodidos. Somos un eslabón del proceso”, plantea Andrés, y Marina remata: “Si lo mirás con una perspectiva de todo el país, no es una de las zonas más desarrolladas. Pero a mí me gustaría saber qué se entiende por desarrollo… Terminás, como siempre, en una cuestión filosófica”.
Como el resto de los productores con los que habló Brecha, los que aparecen y los que no aparecen en esta nota, ellos también mencionan al presidente José Mujica. Hablan de la contradicción que entienden que existe entre la promoción de la radicación en el campo y este proyecto. Critican que haya amagado varias veces a darles una audiencia y nunca lo haya hecho. Recuerdan una reunión a la que los ministros de Industria y Ganadería, Roberto Kreimerman y Tabaré Aguerre, llegaron en la camioneta de Fernando Puntigliano, el referente de la empresa y ex miembro del gobierno frenteamplista. Recuerdan también el operativo policial que dispusieron, “como si fuéramos a dar un golpe de Estado”, con todos los policías de Durazno, Treinta y Tres y Florida. “Son señales que hacen que la gente esté enojada y siga resistiendo."
BRECHA
Algunos ya vendieron. Pero aún quedan en la zona muchos productores que desean preservar su modo de vida. Brecha estuvo con algunos de ellos. Ninguno podría ser definido como latifundista. Ninguno tampoco como ambientalista, al menos hasta que ciertos métodos de la minera los pusieron a pensar en la materia.
Hay un sol que raja las piedras. Es diciembre, martes 17 y uno de los días más calurosos del año. En el trayecto entre Valentines y Cerro Chato, la ruta 7 divide el territorio. Subiendo por la ruta, a la izquierda está Florida, a la derecha Treinta y Tres. En una plaza de la ciudad de Cerro Chato confluyen tres departamentos; hay también territorio duraznense. “Es gente con un sentimiento de lugar muy fuerte, hay tres departamentos pero la gente pertenece a Cerro Chato”, dicen los oriundos. Ahora una parte de sus tierras es considerada distrito minero, y todas las conversaciones del pueblo están contaminadas por Aratirí. No hay votos en blanco, ni anulados ni indecisos: hay gente a favor y hay gente en contra. El grado de convicción de que el proyecto es lo mejor que le pasó a Cerro Chato y a Valentines, o de que es lo peor que le pasó a esos pueblos y al país, llevó a que muchos se quitaran el saludo, incluso dentro de una misma familia.
De un lado y del otro de la ruta 7 hay productores que desde hace cuatro años resisten a “la mina”. Reciben a los visitantes tras una, dos o tres porteras; están rodeados de vacas, ovejas, caballos, perros, gatos. La mayoría habita casas humildes, la mayoría muy antiguas. Hay de los que tienen menos de 50 hectáreas y de los que llegan a 2 mil. En un tiempo hubo unas pocas familias que concentraban grandes cantidades de tierra. Había terratenientes, había esclavos. Pero el paso de los años, los matrimonios y sus descendencias, generaron un natural reparto de la tierra. El único latifundista de la zona, se dice, es Aratirí, que por ahora posee unas 12 mil hectáreas. Su actual arremetida, al iniciar el envío de cedulones, esta vez para explotación y servidumbre de paso, abarca a 420 productores y 15 mil hectáreas. En su recorrida, Brecha visitó algunos de esos predios y habló con algunos de sus propietarios.HASTA EL SANTO. Este señor, que nadie dudaría ni por un segundo es un hombre de campo, habla casi sin respiro. Tiene menos de 60 años, bigote negro y ondulado, un escarbadientes en la boca. Se llama Quicón Ibarra. Mientras cuenta su historia, lo escuchan atentas su esposa e hija, aunque ya la conocen de memoria, aunque también son protagonistas de ella. Dos por tres hacen acotaciones que se superponen a su relato. Él continúa sin descanso; ha agarrado ritmo y tiene mucho para contar. “Desde que era chico, no sé cuántas empresas vinieron con eso del hierro. Estaban unos meses y después se iban.” Pero la última hace años que anda en la vuelta, tiene todas las intenciones de quedarse y el apoyo del gobierno.
Su primer contacto con Aratirí fue cuando “pidieron para dejar las máquinas en la entrada de mi casa, porque la empresa no les permitía dejarlas en la calle durante la noche. Yo, inocente, les dije que sí. Nos quedamos conversando, iban para el Cerro de Uría. Macanudazo el muchacho, me dice: ‘Si necesita una camioneta para ir al pueblo, úsela nomás’. A mí recién me conocía y me estaba ofertando una camioneta... Y cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Le dije que no, que muchas gracias. Todavía no habíamos tenido ninguna noticia de Aratirí”.
La minera ya había pedido el predio de Ibarra (de más de 500 hectáreas) y el resto de los de la zona en 2007. Pero la noticia se esparció en el pueblo entre fines de 2009 y principios de 2010, cuando la empresa comenzó a hacer ofertas para explorar los campos. Igual, fue recién cuando empezaron a llegar los primeros cedulones que la gente asimiló las dimensiones del proyecto. “Me llamaron para preguntarme si a mí también me había llegado un cedulón. A nosotros no nos habían dicho nada, y yo pensé que iban sólo para Cerro de Uría. Fui a Valentines, a la casa de la veterinaria, y le pedí que se fijara en la computadora si mi padrón estaba pedido. Y estaba pedido. Mi madre tiene un campo a 27 quilómetros de acá rumbo a Sarandí, pero no quise llevar el número de ese padrón porque pensé que tan lejos no iba a estar pedido. También estaba pedido. Ahí fue que uno empezó a ver lo grande que era esto.”
Ibarra volvió al campo luego de años de navegar por el mundo, y no lo cambia por nada. “Yo nací y viví en esa otra tapera con mis padres. Cuando terminé la escuela industrial, a los 16 años, me fui a vivir a Montevideo; estuve trabajando en unas tornerías, en unas cerrajerías y al final enganché en los barcos a los 18. Cada vez que venía compraba unos bichitos, unas ovejas, unas vacas, y me volvía a ir. En 1981 regresé a la campaña.” Como marino mercante, Ibarra fue a Europa, a América del Norte, a África. “Y pensar que allá vale más un litro de agua que un litro de whisky. Cuando llegábamos a África, había que ver a esos morochos desesperados por un vaso de agua. Es escasísima allá; acá abunda y no la quieren cuidar.”
El campo de Ibarra está a poco de la ruta 7, ingresando a Florida por el Camino del Monzón, unos 200 metros después de la escuela rural. En la entrada descansan dos carteles. Uno dice: “Obra por convenio Intendencia de Florida y Minera Aratirí sa. Mantenimiento de caminería”. El otro: “Usted ha llegado al protectorado hindú en Valentines”. El último anuncio, instalado por los vecinos, significa que se ingresa al distrito minero. Y el primero, el que informa sobre el mantenimiento de la caminería, se ha ido quedando viejo. “El camino está molido”, dice Ibarra, y comenta que fue de su propio campo de donde salió el balasto. “El Puntigliano vino y puso unas fotos: cómo estaba el campo, cómo lo explotaban y cómo iba a quedar después, con pradera. Eso es todito mentira. Yo tengo una cantera que hace 30 y pico de años que la hicieron pa’ sacar balastro y nunca más creció pasto. Al final les di el balastro para arreglar el camino, pero les dije que no quería ver ni una camioneta de Aratirí acá adentro. Un día me volvía y había dos camionetas en el campo. Estaba la geóloga mirando.” Pero esa no fue la única vez que los funcionarios de Aratirí se metieron sin permiso a su campo. “Logré frenarlos con los recursos que presenté a la justicia y atajándolos de persona a persona. Si usted les aflojaba, igual se mandaban pa’ adentro. Los primeros tiempos vivía caliente y tenía que estarlos cuidando.” De esas tiene varias anécdotas, y cuando las cuenta resurge la bronca y se le entrecorta la voz por la impotencia. También cuenta de las veces que intentaron convencerlo, incluso apelando a sus conocidos. “Con la escuelita ésa que está ahí todos colaboramos. A mí me habían puesto de presidente. Había una maestra que estaba a favor de Aratirí y me venía a hablar. Yo, para no discutir, no le daba ni la hora. Le pusieron una camioneta. Todos los días la camioneta la traía y la llevaba. Compraron una cocina y no sé qué más para la escuela. Estaban haciendo beneficencia sabiendo que si sale esto, a la escuela la tiran al suelo. Al final les dije que si la escuela necesitaba algo, yo sacaba de mi bolsillo, pero que a Aratirí no lo quería ver.”
La posición hacia la empresa no fue siempre de rechazo, eso vino al experimentar sus prácticas. Antes “había venido uno gordito y me había pedido para hacer un par de pozos acá en mi campo. Y de boca le dije que sí, pero cuando me empecé a enterar cómo iba a ser la cosa, cuando vi lo que habían hecho con el campo de Perugorría... Uno vive cuidando el pasto para que coman los bichos y éstos en un rato te rompen todo. ¡Qué los voy a dejar entrar! Hasta que un día se aparecieron acá decididos a entrar. ‘Pero cómo, ¿no habíamos hablado?’, me dijeron. ‘No, yo estaba equivocado –les contesté–, acá no me entran ni un metro’”LA VASCA. Perugorría se llama Claudia, y de esa firma se sigue arrepintiendo. La promesa era que le arrendaban la tierra, la cuidaban, ella podía seguir normalmente su actividad. Iban a hacer cuatro pozos, de esos bien angostos pero de hasta 300 metros de profundidad a los que forran con un tubo blanco para explorar si hay hierro y que, uno al lado del otro, pintan de blanco el Cerro Mulero, que se ve desde la ruta 7, apenas pasando la entrada a Valentines.
Perugorría es vecina de otro cerro, denominado Morochos. El nombre le queda de aquellos tiempos de la liberación de los esclavos, que una vez libres se instalaron en esa zona. Es uno de los cinco cerros que la minera tiene en su mira.
“Por culpa de esa firma… Les dije: ‘Bueno, si no queda otra’. Y firmé. Primero me pagaban 300 pesos por mes para pasar hacia el cerro. Les dije que por 300 pesos, que no me pagaran nada, si sólo iban a pasar. Pasaban 20 camionetas y empezaron a romper todo. Pasaban de noche, a cualquier hora, y después aparecían los animales rengos. Cuando hicimos el acuerdo era como una pista de autos, hacían trompos con las camionetas. Primero me querían comprar el campo, me daban 2.200 dólares por hectárea. Yo les dije que no lo vendía, pero ellos se sentían los dueños. En el acuerdo pusimos que iban a hacer cuatro pozos pero hicieron 14. Me pagaban 3 mil pesos por mes, y tuve que hacer el juicio para sacarlos.”
Perugorría fue la única que se animó a iniciarle un juicio a la minera. Y lo ganó. Ella asegura que fue uno de los geólogos de la empresa, que había renunciado pero que de todas formas fue llamado a declarar como testigo por Aratirí, el que le dio las de ganar. Declaró que era verdad que la empresa había destrozado el campo, y al salir le comentó a Perugorría: “Usted va a ver, ellos le van a hacer tanto la guerra, que usted va a terminar aflojando”. Pero es vasca y porfiada, y afirma que va a resistir. Después de todo, a Perugorría ni siquiera le interesaba la plata. Podría haber seguido cobrando los 3 mil pesos por el arrendamiento del campo, ya que el acuerdo era a dos años, pero dejó de ir a cobrar. “Yo quería que la gente supiera lo que me hicieron a mí, porque es lo que le van a hacer a todos.”
Su marido tapó con piedras los pozos. Pero es imposible disimular el boquete que hicieron para nivelar el terreno e instalar la perforadora. No le pidieron permiso para hacerlo; de hecho, lo descubrió el día que llegó el perito, a quien hubo que pagarle 12 mil pesos para que confirmara lo que estaba denunciando.
“Cuando vinieron los ambientalistas, dijeron: ‘Los primeros que se venden a las empresas son los comerciantes’. Y yo no dije nada, porque, claro, ellos no sabían que yo tenía un almacén. Pero es cierto, la plata era tan dulce que todo el mundo la quería. Yo prefiero tener menos dinero y no que se muera mi pueblo, que se enferme, que se destruya todo. Yo sé la realidad, sé que la gente necesita trabajar, sé todo. Yo doy mi tierra para poner una fábrica donde la gente trabaje, pero no a los extranjeros para que se lleven y destruyan todo. En la manera en que están haciendo las cosas, no. Tratan de corrernos. Y los trabajos que dan no van a ser para siempre. Ellos no hicieron concurso, no hicieron nada. Si te animabas a entrar a la casa de la gente, te tomaban. Los muchachos dejaban el liceo para entrar a trabajar a la mina, les hacían un lavado de cerebro, que iban a ganar no sé cuánta plata, y entraban a las casas rompiendo las porteras.”
Perugorría compró su campo de 47 hectáreas hace diez años. El dinero salió de su trabajo en el almacén, que heredó cuando murió su padre. Ella nació en el campo, pero cuando sus abuelos murieron su padre vendió la parte que le correspondía: 37 hectáreas. Criaba animales en donde podía, con la ilusión de volver a tener un pedacito de tierra. Por eso y por lo otro, no vende. Compró, y luego arrendaba también los dos campos vecinos, ambos de alrededor de 50 hectáreas, ambos de familiares de su marido. Uno de ellos, pegadito al cerro, era ambicionado por Aratirí. Y luego del juicio las herederas del predio lo vendieron. El desalojo de Perugorría se concretó rápidamente.
“Me desilusioné. Antes de esto había empezado a hacer la casa, compré los muebles, traje a mis animales que criaba en el pueblo. Ahora, de todos los guachos que tenía sólo me queda una vaca. Mi marido, que es el que trabaja acá, me paga una plata por usar el campo, los animales son todos de él. Iba a poner el agua, tengo todo para instalarla, pero qué voy a poner el agua, qué voy a seguir haciendo arreglos.”
LA LEY PRIMERA. “Cuando te están llegando cedulones constantemente, todos los días, se te genera una incertidumbre. Mucha gente hace tres años que no fertiliza, que no ha hecho arreglos en sus campos, porque es invertir en algo que después te pueden terminar sacando. Nosotros hemos querido mantener lo que hacemos. Por nuestra salud, queremos pensar que todo va a seguir como está ahora”, explica Andrés Noblía, que junto a su esposa maneja la estancia turística Los Plátanos.
Recorriendo el casco de la estancia es difícil imaginar que estuviera venido a menos, que fuera prácticamente una tapera. Lo heredaron Marina Cantera y su hermano Federico cuando sus abuelos fallecieron. Eran 500 hectáreas en total que se repartieron entre los hermanos.
Marina había estudiado hotelería y turismo. Los dos, ella y su marido, se habían criado en Cerro Chato, pero estaban en Montevideo trabajando. Cuando Marina quedó embarazada se volvieron. Los dos cuentan su experiencia a la par, coinciden y complementan el relato.
“Desde 1850 que mi familia está acá. Hay gente que está más para su negocio, vende y compra en otro lado. En nuestro caso, que es el caso de la mayoría de la gente de la zona, hay mucho arraigo porque es tierra que ha pasado de generación en generación.” A esta joven pareja también querían comprarle el campo. Les ofrecieron 2.300 dólares por hectárea, un monto que rondaba el precio del mercado, pero la venta no cuadraba con sus planes, con su proyecto de vida, con su filosofía. “El tema es que nosotros no somos vendedores de campo. Vos no vendés la tierra que estás trabajando, no la considerás una mercadería”, explica Andrés, y agrega que “siempre tuvimos la idea de venir a criar a nuestras niñas con las mismas cosas que nos criamos nosotros: la bicicleta, el vínculo con los vecinos. Cuando Marina quedó embarazada (de la primera de sus tres hijas), cargamos todo y empezamos de cero. Sin luz, sin agua potable, sin teléfono, con los pisos rotos, con los paneles de las puertas que se caían. Queríamos volver a la forma más original de la casa y la mayoría de las cosas las hicimos nosotros. Un año después arrancamos con el turismo”.
Consiguieron un préstamo para hacer la primera reforma de la casa. Después otro para cambiar el techo. “Se sacó y se lavó cada tejita, porque las tejas son de 1850, no se podían tirar a la basura. Hoy, 15 años después, si miramos en retrospectiva, vemos que logramos muchas cosas.”
Pero la minera no sólo entró en conflicto con esos planes, sino que también modificó al pueblo, lo dividió. “Si algo logró la empresa es generar enemistad entre gente vecina, y eso es algo irreconciliable. Así como nos duele a nosotros que te invadan el campo y te dejen sin tu trabajo, lo mismo le pasará al comerciante que pierde las nuevas ventas y sus proyecciones”, analiza Andrés. Fue una situación regalada, que vino de arriba, que nadie pidió, dice Marina, y “dentro de una misma familia hay gente que no se habla o se habla a regañadientes. Es una pena que la gente no se dé cuenta de que, cuando viene alguien de afuera, ‘la ley primera’ es ‘los hermanos sean unidos’. Los de afuera siempre quieren abrir brechas y distanciar a la gente, y eso fue algo hecho totalmente ex profeso”.
Ellos analizan que Aratirí apeló básicamente a dos grupos: los jóvenes y los comerciantes. “A una persona joven que no tenía un sueldo y se compró la moto en cuotas, se compró la casa en cuotas, tiene la cuenta en el almacén que tiene que pagar a fin de mes, a esa gente que estuvo viviendo de prestado todo este tiempo, con qué la consolás. Eso fue algo muy planificado para enfrentarlos a los que estaban en contra de la minería. Era algo irreal, porque todo el mundo se daba cuenta de que no podían tener a 200 personas contratadas si lo único que hacían era ir y venir en camioneta.”
Estos productores apuntan a desmitificar aquello de que el rechazo a Aratirí proviene de estancieros adinerados defendiendo sus intereses: “Los estancieros que ponen en los titulares somos nosotros. Gente con 300, 400 hectáreas que trabajamos todo el día. Lo otro que se dice, que nuestra actividad es ineficiente porque tenemos cuatro vacas arriba de un cerro, es un disparate. En la entrada a la estancia, el índice Coneat es 53, es bajísimo. Hay que ver lo bueno que es ese pasto, el 80 por ciento de preñez que tenemos. El período más ineficiente de la ganadería, porque es el más largo, se hace acá, en los terrenos más jodidos. Somos un eslabón del proceso”, plantea Andrés, y Marina remata: “Si lo mirás con una perspectiva de todo el país, no es una de las zonas más desarrolladas. Pero a mí me gustaría saber qué se entiende por desarrollo… Terminás, como siempre, en una cuestión filosófica”.
Como el resto de los productores con los que habló Brecha, los que aparecen y los que no aparecen en esta nota, ellos también mencionan al presidente José Mujica. Hablan de la contradicción que entienden que existe entre la promoción de la radicación en el campo y este proyecto. Critican que haya amagado varias veces a darles una audiencia y nunca lo haya hecho. Recuerdan una reunión a la que los ministros de Industria y Ganadería, Roberto Kreimerman y Tabaré Aguerre, llegaron en la camioneta de Fernando Puntigliano, el referente de la empresa y ex miembro del gobierno frenteamplista. Recuerdan también el operativo policial que dispusieron, “como si fuéramos a dar un golpe de Estado”, con todos los policías de Durazno, Treinta y Tres y Florida. “Son señales que hacen que la gente esté enojada y siga resistiendo."
BRECHA
domingo, 22 de diciembre de 2013
Parte del Parque Roosevelt se transformará en parque privado de diversiones
Parte del Parque Roosevelt se transformará en parque privado de diversiones
Vecinos del Parque Roosevelt inician otra etapa de protestas
Después de la campaña contra el estadio de Peñarol, ahora se movilización por el talado, la privatización y la entrega en comodato a una empresa privada
Los
vecinos de Parque Roosevelt asistieron en los últimos días a un
llamativo talado. Unos 114 árboles fueron erradicados en un predio de
3.5 hectáreas.
La primera señal de lo que se venía fue un cartel en un predio vecino al Hipermercado Geant que anunciaba el desarme del parque infantil.
Así fue que la comunidad se enteró que la Intendencia de Canelones se adelantó a una resolución de la Junta Departamental y cedió el terreno en comodato precario a una empresa privada: Blue Park, conocida también como Grupo del Oeste.
La compañía colocará dos explanadas de hormigón. Más tarde se instalarán estructuras de hierro y prefabricadas para el levantamiento de las dos plateas, dijo Juan Toscani, director interino del Parque Roosevelt.
La decisión está establecida en la resolución 13/06768, según da cuenta hoy El Observador.
En el documento se establece que la obra no genera obligación alguna a la intendencia ni derechos a la empresa en caso que la adjudicación definitiva sea concedida a otra persona.
El predio será entregado en comodato por 29 años para la construcción de un parque de diversiones, que contará con 16 juegos, entre ellos un tren fantasma y un elevador de 17 metros de altura. La inversión estimada será de 4.5 millones de dólares.
El proyecto aún no fue aprobado por la Junta. Miembros de la comisión de seguimiento del Parque Roosevelt -como el edil blanco Alfonso Lereté- se vieron sorprendidos por la noticia de la concesión precaria a Blupark. “No hay ninguna notificación a la Junta por la tala ni por el comodato”, dijo Lereté.
Se esperaba que la licitación abreviada fuera tratada el viernes último en el legislativo comunal canario.
Según la Intendencia, en 15 días estará aprobada. A mediados o fines de enero, se comenzará a operar.
“La empresa comenzará a trabajar sin compromiso, pero por la magnitud de las obras debe asegurarse que no tendrá competencia”, dijo Toscani.
El concejal nacionalista por la Ciudad de la Costa, Fabio Bon dijo que es fundamental “establecer la legalidad” del acto administrativo.
A Bon le llama la atención que una empresa haga una inversión por solo tres meses en un negocio de adjudicación directa, y recordó que el Plan Maestro para el Parque Roosevelt llevó intensos debates en la Junta que demoraron más de 20 meses la aprobación definitiva.
Para Cecilia Brito, integrante de la Comisión Roosevelt para todos, que ya se movilizó exitosamente contra el estadio de Peñarol, estos proyectos van contra la Ley Forestal. Un parque nacional no puede ser sometido a explotación, recordó Brito.
Según la dirigente vecinal, en la audiencia pública por el Parque Roosevelt, las autoridades municipales omitieron dar información sobre los proyectos que se instalarían en la zona.
“En cinco años esta intendencia arruinó un parque de cien años”, criticó Brito. “Hay prostitución y esto es una mugre”, agregó.
Los vecinos denuncian tala de árboles indiscriminada y la construcción de dos casas precarias cuyo dsalojo aún sigue en trámite.
FOTO: Movilización de vecinos del año 2011. (Archivo de la comisión Roosevelt para todos")
La primera señal de lo que se venía fue un cartel en un predio vecino al Hipermercado Geant que anunciaba el desarme del parque infantil.
Así fue que la comunidad se enteró que la Intendencia de Canelones se adelantó a una resolución de la Junta Departamental y cedió el terreno en comodato precario a una empresa privada: Blue Park, conocida también como Grupo del Oeste.
La compañía colocará dos explanadas de hormigón. Más tarde se instalarán estructuras de hierro y prefabricadas para el levantamiento de las dos plateas, dijo Juan Toscani, director interino del Parque Roosevelt.
La decisión está establecida en la resolución 13/06768, según da cuenta hoy El Observador.
En el documento se establece que la obra no genera obligación alguna a la intendencia ni derechos a la empresa en caso que la adjudicación definitiva sea concedida a otra persona.
El predio será entregado en comodato por 29 años para la construcción de un parque de diversiones, que contará con 16 juegos, entre ellos un tren fantasma y un elevador de 17 metros de altura. La inversión estimada será de 4.5 millones de dólares.
El proyecto aún no fue aprobado por la Junta. Miembros de la comisión de seguimiento del Parque Roosevelt -como el edil blanco Alfonso Lereté- se vieron sorprendidos por la noticia de la concesión precaria a Blupark. “No hay ninguna notificación a la Junta por la tala ni por el comodato”, dijo Lereté.
Se esperaba que la licitación abreviada fuera tratada el viernes último en el legislativo comunal canario.
Según la Intendencia, en 15 días estará aprobada. A mediados o fines de enero, se comenzará a operar.
“La empresa comenzará a trabajar sin compromiso, pero por la magnitud de las obras debe asegurarse que no tendrá competencia”, dijo Toscani.
El concejal nacionalista por la Ciudad de la Costa, Fabio Bon dijo que es fundamental “establecer la legalidad” del acto administrativo.
A Bon le llama la atención que una empresa haga una inversión por solo tres meses en un negocio de adjudicación directa, y recordó que el Plan Maestro para el Parque Roosevelt llevó intensos debates en la Junta que demoraron más de 20 meses la aprobación definitiva.
Para Cecilia Brito, integrante de la Comisión Roosevelt para todos, que ya se movilizó exitosamente contra el estadio de Peñarol, estos proyectos van contra la Ley Forestal. Un parque nacional no puede ser sometido a explotación, recordó Brito.
Según la dirigente vecinal, en la audiencia pública por el Parque Roosevelt, las autoridades municipales omitieron dar información sobre los proyectos que se instalarían en la zona.
“En cinco años esta intendencia arruinó un parque de cien años”, criticó Brito. “Hay prostitución y esto es una mugre”, agregó.
Los vecinos denuncian tala de árboles indiscriminada y la construcción de dos casas precarias cuyo dsalojo aún sigue en trámite.
FOTO: Movilización de vecinos del año 2011. (Archivo de la comisión Roosevelt para todos")
sábado, 21 de diciembre de 2013
IDA VITALE
ida vitale / escritora
“Soy poeta por pereza e irresponsabilidad”
La autora uruguaya, eterna candidata al Cervantes y superviviente de la generación del 45, la de Mario Benedetti o Idea Vilariño, repasa a sus 90 años una vida y una obra consagradas a la pureza del lenguaje y marcadas por el exilio
Ida Vitale, retratada recientemente en Madrid.
El exilio ha marcado la obra de Ida Vitale (Montevideo, 1923). Aunque
no en sentido negativo. Dejó Uruguay en 1974 rumbo a México y, 10 años
después, se instaló en Austin (Texas), donde vive desde entonces.
Profesora de literatura, ensayista y, sobre todo, poeta, vive embarcada
en la búsqueda infinita de la precisión, esa lucha de gigantes que dota
de absoluto misterio su frágil obra. Ella dice que su poesía despegó
gracias a su aterrizaje en México y que luego encontró la tranquilidad
necesaria para seguir madurando en su hogar actual: “Me basta un buen
aeropuerto y una maravillosa biblioteca para estar bien”. Enmarcada en
la llamada generación del 45 —la de Benedetti, Idea Vilariño o Carlos
Maggi, la que miró con fascinación y distancia al pater
Onetti—, Vitale, de nombre familiar para los amantes de las quinielas
del Cervantes, pasó por Madrid hace unas semanas para ofrecer un recital
en el festival Poemad.
Desplegó su milagrosa energía, su exquisita educación y su ejemplar
fortaleza y sencillez, siempre riéndose y sin darse importancia.
“Soy poeta por pereza y por irresponsabilidad”, asegura con elegante coquetería. “La novela exige una concentración distinta. ¡Yo llevo años con una novela que nunca acabo! La poesía nace de otra manera, me gusta su inmediatez. Yo no hago poemas largos y cuando los hago me siento insegura, como si la prolongación fuese algo indebido. Juan Ramón [Jiménez] me dijo algo que no olvido: lo mejor que se puede hacer es escribir y guardar. Guardar en un cajón y sacarlo con el tiempo. Me hablaba de no olvidar nunca la objetividad, la autocrítica. Y yo lo hago. Lo guardo todo hasta olvidarlo”. Para ella escribir esconde siempre un gran fracaso, quizá por eso le cuesta hablar de un acto que en el fondo considera profundamente íntimo. “En el primer plano de la poesía debe estar el lenguaje, ese es el tema. Lo que me mueve a escribir es él, la búsqueda de lo que ya no se va a dar”.
Cuando salió de Uruguay, empujada por la dictadura, ya era una poeta reconocida y una mujer “crecida”. “Pero el exilio me puso más en actividad y me ayudó a despegar. Me amplió el campo”, explica. “El exilio puede ser una experiencia dramática y terrible o una cosa maravillosa. En mi caso me dolió mucho alejarme de mi gente, lo pasé muy mal, pero al poco tiempo me sentí mucho más enriquecida. México me dio no solo la comodidad de un mundo agradable, sino la oportunidad de sentirme útil con traducciones, con clases… y eso es algo que jamás dejaré de agradecerle a ese país, su enorme apertura hacia el que venía de fuera”.
Vitale se había criado en una familia culta y cosmopolita que forjó, en su pequeño cuerpo, a una mujer con seguridad y determinación. “Yo me formé en un núcleo de mujeres que trabajaban y leían, jamás sentí a ningún hombre por encima. Mi marido, que es uruguayo, dice que yo nunca me he dado cuenta de lo machista que es Uruguay porque en mi casa no lo eran, muy al contrario. En mi familia los libros eran importantes y nosotras siempre estuvimos rodeadas de ellos. Adoro a Virginia Woolf, pero yo tenía un cuarto propio y enorme libertad de lectura. Mi tarea los sábados era limpiar una biblioteca”.
Cuarta generación de emigrantes italianos, guarda recuerdos vivos de la casa familiar, del altillo donde estaban sus libros favoritos, “leía Guerra y paz, libros de historia, de Napoleón, me gustaban esas cosas”. Dos poetas uruguayas del siglo XIX, María Eugenia Vaz Ferreira y de Delmira Angustini, determinan su tradición (“me siento más cerca de María Eugenia, era diferente, despojada. Era la escéptica, la feminista, la que sintió la necesidad de imponerse”), pero sus dos grandes referentes fueron españoles: su profesor José Bergamín y Juan Ramón Jiménez. “Juan Ramón llegó a Montevideo en una gira que hizo por América para recuperar el español. Aquel viaje suyo fue su resurrección, una gira triunfal. Recuerdo un recital en el teatro Solís donde la gente se colgaba de los palcos para escucharlo, no cabía un alfiler. Era una conferencia sobre el Cancionero y el Romancero, una maravilla… Pero Bergamín fue otra cosa, no puedo explicar su importancia en mi vida. Nos contagiaba cada día su entusiasmo, siempre con sus libros, los prestaba, los regalaba para que leyéramos a los románticos alemanes, a Juan de la Cabada, a Juan Ramón, a ¡todos! Podías estar de acuerdo o no, pero no te podías resistir a su personalidad”.
“Soy poeta por pereza y por irresponsabilidad”, asegura con elegante coquetería. “La novela exige una concentración distinta. ¡Yo llevo años con una novela que nunca acabo! La poesía nace de otra manera, me gusta su inmediatez. Yo no hago poemas largos y cuando los hago me siento insegura, como si la prolongación fuese algo indebido. Juan Ramón [Jiménez] me dijo algo que no olvido: lo mejor que se puede hacer es escribir y guardar. Guardar en un cajón y sacarlo con el tiempo. Me hablaba de no olvidar nunca la objetividad, la autocrítica. Y yo lo hago. Lo guardo todo hasta olvidarlo”. Para ella escribir esconde siempre un gran fracaso, quizá por eso le cuesta hablar de un acto que en el fondo considera profundamente íntimo. “En el primer plano de la poesía debe estar el lenguaje, ese es el tema. Lo que me mueve a escribir es él, la búsqueda de lo que ya no se va a dar”.
Cuando salió de Uruguay, empujada por la dictadura, ya era una poeta reconocida y una mujer “crecida”. “Pero el exilio me puso más en actividad y me ayudó a despegar. Me amplió el campo”, explica. “El exilio puede ser una experiencia dramática y terrible o una cosa maravillosa. En mi caso me dolió mucho alejarme de mi gente, lo pasé muy mal, pero al poco tiempo me sentí mucho más enriquecida. México me dio no solo la comodidad de un mundo agradable, sino la oportunidad de sentirme útil con traducciones, con clases… y eso es algo que jamás dejaré de agradecerle a ese país, su enorme apertura hacia el que venía de fuera”.
Vitale se había criado en una familia culta y cosmopolita que forjó, en su pequeño cuerpo, a una mujer con seguridad y determinación. “Yo me formé en un núcleo de mujeres que trabajaban y leían, jamás sentí a ningún hombre por encima. Mi marido, que es uruguayo, dice que yo nunca me he dado cuenta de lo machista que es Uruguay porque en mi casa no lo eran, muy al contrario. En mi familia los libros eran importantes y nosotras siempre estuvimos rodeadas de ellos. Adoro a Virginia Woolf, pero yo tenía un cuarto propio y enorme libertad de lectura. Mi tarea los sábados era limpiar una biblioteca”.
Cuarta generación de emigrantes italianos, guarda recuerdos vivos de la casa familiar, del altillo donde estaban sus libros favoritos, “leía Guerra y paz, libros de historia, de Napoleón, me gustaban esas cosas”. Dos poetas uruguayas del siglo XIX, María Eugenia Vaz Ferreira y de Delmira Angustini, determinan su tradición (“me siento más cerca de María Eugenia, era diferente, despojada. Era la escéptica, la feminista, la que sintió la necesidad de imponerse”), pero sus dos grandes referentes fueron españoles: su profesor José Bergamín y Juan Ramón Jiménez. “Juan Ramón llegó a Montevideo en una gira que hizo por América para recuperar el español. Aquel viaje suyo fue su resurrección, una gira triunfal. Recuerdo un recital en el teatro Solís donde la gente se colgaba de los palcos para escucharlo, no cabía un alfiler. Era una conferencia sobre el Cancionero y el Romancero, una maravilla… Pero Bergamín fue otra cosa, no puedo explicar su importancia en mi vida. Nos contagiaba cada día su entusiasmo, siempre con sus libros, los prestaba, los regalaba para que leyéramos a los románticos alemanes, a Juan de la Cabada, a Juan Ramón, a ¡todos! Podías estar de acuerdo o no, pero no te podías resistir a su personalidad”.
jueves, 19 de diciembre de 2013
Parque Roosevelt
La Comisión de vecinos del Parque Roosevelt continua denunciando los
actos ilícitos llevados adelante por la Dirección del Parque Roosevelt y la
IMC.
El pasado sábado 30 de noviembre, una
empresa contratada por Ciro Sayagués, animador del grupo scout Vantraló, ´´en
su calidad de Encargado de Imagen y Relaciones Públicas a realizar por su
propia cuenta y responsabilidad´´ comenzó con´´ la extracción de 91 ejemplares
de pinos pinaster y 23 ejemplares de eucaliptus colorados emplazados en la
tercera fracción del Parque Roosevelt en Sector 3.12, debiendo retirar las
cepas resultantes y coordinar la extracción de las raíces, dejando el lugar
limpio de ramas, hojas y descartes quedando el entorno en condiciones.´´
Condiciones que le permitan
a la IMC instalar el parque de diversiones ya presentado en la comuna canaria,
Blu Park, que no ha sido llevado a licitación aún.
Dicho emprendimiento
privado requiere de un área de 5 hectáreas, las cuales según el Plan Maestro
aprobado recientemente por los ediles de la junta departamental, nunca
especifico para este sector 3.12, hecho que fue denunciado en la audiencia
pública por carecer de la información necesaria.
Denunciamos que la Dirección
del Parque no ha cumplido con sus obligaciones para con el Parque y que además sus
acciones violan leyes y convenios tanto con la donación modal como con el MGAP,
quien sigue siendo el titular de este Parque nacional y que hasta el momento no
ha hecho acto de presencia en ninguna de estas instancias de depredación y privatización
del mismo.
Según ´´ El artículo 47 de la Constitución de la República preceptúa: que la protección del medio ambiente es de
interés general, que las personas deberán abstenerse de cualquier acto que
cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente.´´
Exigimos el cumplimiento de
la Ley de Protección del Medio Ambiente,
17.283, de 28/XI/2000, la Ley de Áreas
Protegidas, 17.234, de 22/II/2000, la Ley de Impactos Ambientales, 16.466, de 19/I/1994, la Ley de Ordenamiento Territorial, 18.308, de
18/VI/2008 y la Ley Forestal
15.939.
En esta
oportunidad la extracción de arboles se autorizo por el Intendente luego de un
relevamiento del Tecnico Toscani, quien hoy esta como suplente de la Directora
del Parque Dra Silvia Camejo, que ordenaba tirar estos árboles, porque, según él,
algunos corrían peligro de caer.
Posteriormente
a nuestras denuncias la IMC presento otra resolución en la cual se adjudicaría una
concesión precaria de 4 meses a Blu Park, empresa privada que pretende invertir
4.5 millones de dólares en este emprendimiento, en este mismo predio.
Además
de todo esto toda la gestión estuvo a cargo de Ciro Sayagues, quien ni siquiera
vive en la zona, y no hace mucho tiempo, casualmente desde el 2010 (año en el
que se comenzó con este Plan), formo un grupo scout en shangrila, que no forma
parte del movimiento scout, sino que están en forma independiente.
No
comprendemos los motivos que llevaron a la IMC a donarle a esta persona una
cantidad indeterminada de arboles de un parque público, para venderlos como
madera en un monto que jamás sabremos cual fue, ya que no hubo ningún tipo de
control de esta extracción y venta.
Constatamos
estos días que ya están construyendo en el predio mencionado y a la fecha no
hubo ningún tipo de licitación para este emprendimiento.
Hoy jueves
19 de diciembre, presentamos un recurso de amparo para intentar frenar estas
acciones y solicitar que se hagan las investigaciones pertinentes.
Cabe
destacar que el Plan Maestro ya aprobado como decreto por la junta
departamental, para el ordenamiento territorial de todo el parque, plantea algo
que los vecinos desconocíamos denominado el FAR (factor de área restringida) de
esta zona, que es bastante amplio.
Por otro
lado este Plan habilitaría a la extracción de un área enorme de arboles, que
ocupan toda la franja de Av. Racine y toda la franja de Av. La Playa, todos los
arboles del entorno del lago donde se encuentra la dirección del parque y los del
área de la liga universitaria, así como la vegetación en la zona de la Rambla.
Según el
convenio firmado por la IMC con el MGAP, que entre otras cosas se comprometió a
plantar 2 especies por cada árbol que se saque, ANTES de la extracción estos árboles
deben estar enraizados, cosa que no sucedió en este caso y que no creemos que
suceda en el futuro.
Los vecinos del Parque
Roosevelt denunciamos que la administración del Parque Roosevelt por parte de
la IMC, ha sido la peor de la historia de este Parque Público que tiene ya casi
100 años.
Todas las autoridades responsables
de proteger los espacios públicos, en particular este nuestro Parque Roosevelt; MGAP, MVOTMA, IMC y la Dirección del Parque
Roosevelt a cargo de la Dra. Silvia Camejo, principal responsable por el cargo
que ocupa, asi como el Ing. Juan Toscani que hoy la suplanta, están actuando en contra de nuestros
intereses, llevando adelante y avalando esta depredación y perdida de un
bien que es público.
Es necesario un
pronunciamiento por parte de la población que está en su derecho pero también
en su deber de proteger los espacios públicos, el medio ambiente y el paisaje,
para impedir que se continúe con este Plan del Dr. Marcos Carámbula de saquear,
explotar y vender el Parque Roosevelt.
Nuestro contacto es rooseveltparatodos2013@gmail.com
contra la megamineria
¿PORQUÉ FIRMAR EN CONTRA DE LA MEGAMINERÍA?
10 RESPUESTAS A 10 MENTIRAS
Coincidiendo con la aprobación parlamentaria de la Ley de Minería de Gran Porte, el gobierno uruguayo lanzó una campaña de falsedades y agravios contra los opositores a esa iniciativa para justificar los supuestos beneficios de dicha ley. A continuación, reproducimos un documento elaborado por el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) dando respuesta a esa campaña.
Introducción
La reforma del Código de Minería de 2011, la Ley del Puerto de Aguas Profundas de 2012 y la Ley de Minería de Gran Porte recién votada integran un conjunto orquestado de decisiones políticas y normas legales con la finalidad de abrirle las puertas a una actividad económica -la minería metalífera a cielo abierto- cuya escala y magnitud de los impactos sociales y ambientales no tiene precedentes en el país.
Cuando la sociedad precisaría disponer de la información y el tiempo adecuados para definir cambios de tal importancia, la presencia simultánea de empresas interesadas en esa actividad hace que los debates se realicen en medio de disputas y conflictos concretos. En este proceso se ponen en evidencia no solo simples carencias en el suministro sino también la deformación de la información a la población.
Este material pretende ser un aporte al esclarecimiento de una serie de argumentos falsos relacionados con este tema que han sido usados de manera sistemática para confundir a la población sobre la naturaleza de las decisiones en juego.
1. El Uruguay se quedará con el 50% de las ganancias de las grandes mineras.
Existen dos opciones para calcular el impuesto a la renta: 1) sobre la “renta efectiva”, que es la ganancia declarada por la empresa; y 2) sobre la “renta presunta”, que se deduce de las ventas. La primera opción fue probada en Chile y se vio que las mineras se las arreglan para declarar que tienen pérdidas y no pagar el impuesto. La segunda opción, en cambio, hace muy difícil la evasión. El IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas) de la ley uruguaya sigue la primera opción y no incluye medidas para impedir que las empresas inflen costos y escondan las ganancias. Por esta razón, la recaudación por el IRAE será muy pequeña o reducida a cero.
Al impuesto “adicional del IRAE” se lo presenta como dirigido a recaudar más cuando las mineras ganen mucho por los precios muy altos. Pero si el IRAE es ínfimo, el adicional del IRAE, al ser un porcentaje del primero, será ínfimo también.
Como si esto fuera poco, la ley aprobada permite descontar, para el cálculo del IRAE, todas las inversiones hechas por la minera antes de obtener la concesión (estudios de prospección, exploración y el informe de impacto ambiental presentado a la DINAMA). Esta ley permite también descontar el canon del adicional del IRAE. El canon no es un impuesto, es el 5% del valor del mineral que cobra Uruguay por llevarse esa riqueza. Al permitir a la minera que descuente el canon de un impuesto, está reduciendo el canon a cero. Es decir, le están regalando el 100% del valor del mineral.
Por estas razones, la recaudación por IRAE y adicional del IRAE, supuestamente el 50% de las ganancias o el mentado “fifty-fifty”, será insignificante.
2. La ley de MGP impone a las grandes explotaciones mineras mayores impuestos.
Además de ser irrisorios los ingresos por IRAE y adicional del IRAE, esta ley habilita otros beneficios fiscales para las mineras. Cuando el Poder Ejecutivo concurrió a la discusión en el Senado, el ministro Kreimerman explicó que la minera será eximida del pago del Impuesto al Patrimonio, del Impuesto al Valor Agregado y de los aranceles de importación y exportación. Solo por la exención del IVA se calculó que Aratirí será beneficiada con el no pago de 700 a 1.000 millones de dólares.
Este fue uno de los motivos por los cuales los partidos Nacional y Colorado no votaron esta ley. Con tales exenciones se violó un acuerdo de la Comisión Multipartidaria sobre Minería de Gran Porte que decía: “No serán aplicables beneficios tributarios de la Ley de Promoción de inversiones a las actividades extractivas y conexas (…). No serán aplicables subsidios a exportación…”. (Capítulo V. Eje económico, 5.d.)
La empresa minera será subsidiada además por el consumo de agua gratis y energía eléctrica a un tercio de la tarifa residencial, por obras de infraestructura y portuarias a cargo del gobierno por lo que, si se recauda algo, no se recaudará gran cosa.
3. Los asalariados rurales tienen poco trabajo y mal pagado, la minería creará nuevas fuentes de trabajo y con sueldos superiores.
Uruguay tiene hoy unos 70.000 asalariados rurales. En 2006 se aprobaron las leyes de libertad sindical y de regularización laboral en el BPS y, en 2008, la ley de ocho horas en el campo. El trabajador debe cobrar su salario en dinero, junto con la prestación de alimentación y vivienda (o un monto equivalente) fijado en el Consejo de Salarios. El trabajador rural está hoy legalmente protegido. Si se intenta eludirlo, el gobierno tiene la responsabilidad de inspeccionar, sancionar y hacer que se cumpla la ley.
Aratirí (el único proyecto posible en el país de minería de gran porte), promete 1.300 empleos directos para una explotación de 12 años. No es una cifra significativa frente al total de asalariados rurales pero, además, la zona de Valentines está habitada por productores familiares y por asalariados que trabajan en una actividad permanente. ¿A dónde irán ahora los actuales pobladores y adónde irán los trabajadores de Aratirí después de esos 12 años, cuando esa zona rural haya quedado destruida?
El obrero minero, una ínfima minoría incluso en los países ricos en minerales, cobra altos sueldos por la altísima rentabilidad de la minería y porque están pagando los riesgos de salud y de corta vida a los que se ve expuesto ese obrero.
4. El desarrollo de nuevas tecnologías alivia los impactos al medio ambiente.
En realidad, los nuevos equipamientos destruyen mucho más porque la minería a cielo abierto en gran escala está dirigida a explotar yacimientos pobres en metales, de bajo porcentaje de hierro y oro como los existentes justamente en Uruguay.
Para que la actividad minera sea rentable en estos lugares, las máquinas excavadoras y de transporte deben remover volúmenes mucho mayores de roca del subsuelo, usan más explosivos y productos químicos que producen más polvo, ruido y contaminación, y consumen más combustible y energía. Por lo tanto, si se lo compara con otras tecnologías conocidas, el ataque al ambiente es mucho mayor.
La megaminería metalífera a cielo abierto es intrínsecamente destructiva. No es algo excepcional, sus impactos son reconocidos y abundan en el mundo entero.
5. La extracción del hierro contribuye a crear una industria siderúrgica nacional.
Ni Aratirí ni el gobierno están promoviendo con este proyecto una industria siderúrgica nacional. El ritmo de extracción del hierro -18 millones de toneladas por año-, es para exportarlo aprovechando los precios altos del mercado. Por esta razón el proyecto Aratirí tiene tres partes indisociables: mina, mineroducto y puerto oceánico.
Para crear una industria siderúrgica con nuestro hierro, el mineral debe quedar en el país y, en vez de entregarlo a una empresa extranjera, el estado debe organizar la explotación llamando a una licitación. A su vez, el ritmo de extracción debe ser menor, para reducir el impacto ambiental y que la producción se mantenga varias décadas. Solo el montaje de la industria siderúrgica lleva unos cinco años.
La última reforma del Código de Minería definió que el 15% del mineral que extraiga una empresa debe ofrecerlo en el país. Si la oferta dura solo 12 años, como quiere Aratirí, no alcanza para armar una industria siderúrgica.
Durante la discusión parlamentaria, se propuso que la ley de MGP fijara una tasa de extracción anual del hierro para que la explotación durara unos 60 años, pero la mayoría oficialista se opuso a fijar un límite de extracción.
6. Los daños de la minería no son significativos porque el área afectada es pequeña.
En las presentaciones de su proyecto, Aratirí fue aumentando la superficie de impacto de las minas, aceptando que la propuesta había sido insuficiente. En el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el distrito minero ocupaba 4.300 hectáreas. En el segundo EIA subió a 6.210 hectáreas la zona de impacto directo y la franja de amortiguación pasó de 11.500 a 14.505 hectáreas. Aún así, esta franja toma la mitad de la mínima distancia de impacto que, según informes del propio EIA, sería de 3 kilómetros. Si se toma esta distancia, el área afectada llega a unas 30.000 hectáreas.
El daño es mayor aún porque Aratirí posee títulos de prospección en esa zona sobre 120.000 hectáreas y, por la reforma del Código de Minería de 2011, que extendió los plazos, esto significa que los productores rurales son rehenes de las decisiones de la minera por 12 años. ¿Por qué el estado otorgó a esta empresa títulos de tal magnitud? Y, si Aratirí no piensa explotarlos, ¿por qué no devuelve esos títulos?
Se pretende minimizar el daño alegando que es un área pequeña, pero se reconoce la importancia del daño. Además de los impactos durante la explotación, se destruirá un suelo que posibilita la vida y una actividad productiva permanente.
7. La ley exige a las mineras la reconstrucción del ambiente original.
Autoridades del gobierno, incluido el Presidente de la República, José Mujica, afirman que los inmensos cráteres de la mina se vuelven a rellenar y se restaura la actividad productiva anterior. Esto es sencillamente falso, en ninguna parte del mundo esos pozos se rellenan, menos van a hacerlo en Uruguay. No se rellenan porque tiene un alto costo y hacerlo reduce la rentabilidad de las empresas. Incluso se los deja abiertos por si más adelante surge el interés de continuar la extracción.
La ley de minería de gran porte contiene frases genéricas sobre la preservación del medio ambiente y una sección dedicada al plan de cierra de la mina, que incluye la imposición de garantías económicas para el cumplimiento del plan. Pero no define exigencias concretas de restauración del ecosistema precedente y éstas quedan libradas a los resultados de una negociación entre el gobierno y la minera.
Por otra parte, la propuesta de Aratirí ha sido muy clara, tanto en la comunicación a la DINAMA como en la discusión parlamentaria de la ley. Aratirí propone rellenar con agua de lluvia esos pozos, en un proceso que puede demorar hasta 80 años, al final de los cuales no sabe si esa agua estará apta para otros usos en la zona.
8. Se utilizará poca agua porque el proceso trabajará en ciclo cerrado.
Según Aratirí, el agua se gestionará en “circuito cerrado”: uno, formado por la represa de relaves, la represa de agua bruta y la planta de beneficiamiento; y otro, formado por el mineroducto hacia el puerto y un acueducto de retorno. Con este sistema, tendría que reponer por pérdidas 1,1 millón de metros cúbicos anuales (el consumo de 90 hectáreas de arroz). Pero Aratirí prevé un emisario submarino de 2,5 kilómetros de largo, al costado de la terminal portuaria, para descargar en el océano las aguas usadas y contaminadas del distrito minero.
¿Se puede llamar a esto “circuito cerrado”? Evidentemente, no. Es peor,
Además, para extraer el mineral del subsuelo desviarán varios arroyos y el río Yí, contaminarán aguas superficiales, napas freáticas y aguas subterráneas, tanto por el escurrimiento de los cráteres y de los depósitos de estériles, como por la infiltración hacia el suelo de los depósitos de relaves y de agua bruta. Los impactos de estas contaminaciones y las alteraciones del sistema hídrico de la región se extenderán, según el propio informe de Aratirí, entre 3 y 6 kilómetros desde el borde de las instalaciones mineras.
9. La minería se hará en tierras donde no hay posibilidades de desarrollo.
Se ha presentado a la zona potencialmente afectada por el proyecto Aratirí como un rincón abandonado del país. Al decir que pertenece “al Uruguay profundo”, se alude a una zona de pobreza y carente de desarrollo. Se la asocia entonces con el latifundio tradicional para decir que los que se oponen a la minera son “terratenientes”. Es un discurso mentiroso dirigido a las personas que desconocen esa realidad.
Según las estadísticas oficiales, en las tres áreas del proyecto minero, hay 3.573 personas dedicadas a la actividad agropecuaria que se verán directamente afectadas y 4.156 trabajadores con un grado de afectación indirecto. El propio EIA de Aratirí expone que los establecimientos del distrito minero son de los que el Ministerio de Ganadería (MGAP) define como “productores familiares” en la medida en que “el promedio de los establecimientos de la zona” es menor de 500 hectáreas.
Un informe reciente del MGAP calcula una rentabilidad bruta de 160 y neta promedio de 49 dólares por hectárea en la zona y estima que son necesarias 361 hectáreas en propiedad o 550 ha, si el 33.4% fuera arrendada, para que un productor tenga el ingreso medio de los hogares de una localidad pequeña del interior. El mismo informe agrega que, para el productor familiar, la tierra tiene otros valores, además del económico, como son la vivienda, la alimentación, la cultura y el estilo de vida, y que habrá dificultades para el realojamiento de esa población.
10. La minería de gran porte permitirá diversificar la matriz productiva del país.
Justificando la nueva ley de minería de gran porte, el senador Daniel Martínez dijo: “O diversificamos la matriz productiva, avanzamos en sectores de mucha más tecnología y valor agregado o vamos a ser un país pobre toda la vida”. Este argumento va dirigido a sectores preocupados por el desarrollo tecnológico del país, pero es tan vacío de contenido como el que asocia estos proyectos mineros con la industrialización.
No se diversifica la matriz productiva porque es una actividad meramente extractiva. Es decir, extrae el mineral y lo exporta en bruto. En segundo lugar, no es duradera porque, a lo sumo dará para 15 a 20 años y luego se acabó el recurso. Si se pretende diversificar la matriz productiva, debería poder realizarse una actividad permanente. En tercer lugar, es incompatible con otras actividades productivas y destruye el ecosistema, con lo cual, al cabo de un corto lapso, simplemente habremos perdido para siempre una zona productiva.
La minería de gran porte que se pretende instalar solo aumenta la condición primario exportadora de la economía. Sin diversificación productiva ni industrialización, el país será más dependiente aún de los vaivenes del mercado internacional, tanto por las materias primas que debemos vender, como por los productos manufacturados que, sin un cambio sustancial del modelo de desarrollo, seguiremos comprando.
10 RESPUESTAS A 10 MENTIRAS
Coincidiendo con la aprobación parlamentaria de la Ley de Minería de Gran Porte, el gobierno uruguayo lanzó una campaña de falsedades y agravios contra los opositores a esa iniciativa para justificar los supuestos beneficios de dicha ley. A continuación, reproducimos un documento elaborado por el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) dando respuesta a esa campaña.
Introducción
La reforma del Código de Minería de 2011, la Ley del Puerto de Aguas Profundas de 2012 y la Ley de Minería de Gran Porte recién votada integran un conjunto orquestado de decisiones políticas y normas legales con la finalidad de abrirle las puertas a una actividad económica -la minería metalífera a cielo abierto- cuya escala y magnitud de los impactos sociales y ambientales no tiene precedentes en el país.
Cuando la sociedad precisaría disponer de la información y el tiempo adecuados para definir cambios de tal importancia, la presencia simultánea de empresas interesadas en esa actividad hace que los debates se realicen en medio de disputas y conflictos concretos. En este proceso se ponen en evidencia no solo simples carencias en el suministro sino también la deformación de la información a la población.
Este material pretende ser un aporte al esclarecimiento de una serie de argumentos falsos relacionados con este tema que han sido usados de manera sistemática para confundir a la población sobre la naturaleza de las decisiones en juego.
1. El Uruguay se quedará con el 50% de las ganancias de las grandes mineras.
Existen dos opciones para calcular el impuesto a la renta: 1) sobre la “renta efectiva”, que es la ganancia declarada por la empresa; y 2) sobre la “renta presunta”, que se deduce de las ventas. La primera opción fue probada en Chile y se vio que las mineras se las arreglan para declarar que tienen pérdidas y no pagar el impuesto. La segunda opción, en cambio, hace muy difícil la evasión. El IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas) de la ley uruguaya sigue la primera opción y no incluye medidas para impedir que las empresas inflen costos y escondan las ganancias. Por esta razón, la recaudación por el IRAE será muy pequeña o reducida a cero.
Al impuesto “adicional del IRAE” se lo presenta como dirigido a recaudar más cuando las mineras ganen mucho por los precios muy altos. Pero si el IRAE es ínfimo, el adicional del IRAE, al ser un porcentaje del primero, será ínfimo también.
Como si esto fuera poco, la ley aprobada permite descontar, para el cálculo del IRAE, todas las inversiones hechas por la minera antes de obtener la concesión (estudios de prospección, exploración y el informe de impacto ambiental presentado a la DINAMA). Esta ley permite también descontar el canon del adicional del IRAE. El canon no es un impuesto, es el 5% del valor del mineral que cobra Uruguay por llevarse esa riqueza. Al permitir a la minera que descuente el canon de un impuesto, está reduciendo el canon a cero. Es decir, le están regalando el 100% del valor del mineral.
Por estas razones, la recaudación por IRAE y adicional del IRAE, supuestamente el 50% de las ganancias o el mentado “fifty-fifty”, será insignificante.
2. La ley de MGP impone a las grandes explotaciones mineras mayores impuestos.
Además de ser irrisorios los ingresos por IRAE y adicional del IRAE, esta ley habilita otros beneficios fiscales para las mineras. Cuando el Poder Ejecutivo concurrió a la discusión en el Senado, el ministro Kreimerman explicó que la minera será eximida del pago del Impuesto al Patrimonio, del Impuesto al Valor Agregado y de los aranceles de importación y exportación. Solo por la exención del IVA se calculó que Aratirí será beneficiada con el no pago de 700 a 1.000 millones de dólares.
Este fue uno de los motivos por los cuales los partidos Nacional y Colorado no votaron esta ley. Con tales exenciones se violó un acuerdo de la Comisión Multipartidaria sobre Minería de Gran Porte que decía: “No serán aplicables beneficios tributarios de la Ley de Promoción de inversiones a las actividades extractivas y conexas (…). No serán aplicables subsidios a exportación…”. (Capítulo V. Eje económico, 5.d.)
La empresa minera será subsidiada además por el consumo de agua gratis y energía eléctrica a un tercio de la tarifa residencial, por obras de infraestructura y portuarias a cargo del gobierno por lo que, si se recauda algo, no se recaudará gran cosa.
3. Los asalariados rurales tienen poco trabajo y mal pagado, la minería creará nuevas fuentes de trabajo y con sueldos superiores.
Uruguay tiene hoy unos 70.000 asalariados rurales. En 2006 se aprobaron las leyes de libertad sindical y de regularización laboral en el BPS y, en 2008, la ley de ocho horas en el campo. El trabajador debe cobrar su salario en dinero, junto con la prestación de alimentación y vivienda (o un monto equivalente) fijado en el Consejo de Salarios. El trabajador rural está hoy legalmente protegido. Si se intenta eludirlo, el gobierno tiene la responsabilidad de inspeccionar, sancionar y hacer que se cumpla la ley.
Aratirí (el único proyecto posible en el país de minería de gran porte), promete 1.300 empleos directos para una explotación de 12 años. No es una cifra significativa frente al total de asalariados rurales pero, además, la zona de Valentines está habitada por productores familiares y por asalariados que trabajan en una actividad permanente. ¿A dónde irán ahora los actuales pobladores y adónde irán los trabajadores de Aratirí después de esos 12 años, cuando esa zona rural haya quedado destruida?
El obrero minero, una ínfima minoría incluso en los países ricos en minerales, cobra altos sueldos por la altísima rentabilidad de la minería y porque están pagando los riesgos de salud y de corta vida a los que se ve expuesto ese obrero.
4. El desarrollo de nuevas tecnologías alivia los impactos al medio ambiente.
En realidad, los nuevos equipamientos destruyen mucho más porque la minería a cielo abierto en gran escala está dirigida a explotar yacimientos pobres en metales, de bajo porcentaje de hierro y oro como los existentes justamente en Uruguay.
Para que la actividad minera sea rentable en estos lugares, las máquinas excavadoras y de transporte deben remover volúmenes mucho mayores de roca del subsuelo, usan más explosivos y productos químicos que producen más polvo, ruido y contaminación, y consumen más combustible y energía. Por lo tanto, si se lo compara con otras tecnologías conocidas, el ataque al ambiente es mucho mayor.
La megaminería metalífera a cielo abierto es intrínsecamente destructiva. No es algo excepcional, sus impactos son reconocidos y abundan en el mundo entero.
5. La extracción del hierro contribuye a crear una industria siderúrgica nacional.
Ni Aratirí ni el gobierno están promoviendo con este proyecto una industria siderúrgica nacional. El ritmo de extracción del hierro -18 millones de toneladas por año-, es para exportarlo aprovechando los precios altos del mercado. Por esta razón el proyecto Aratirí tiene tres partes indisociables: mina, mineroducto y puerto oceánico.
Para crear una industria siderúrgica con nuestro hierro, el mineral debe quedar en el país y, en vez de entregarlo a una empresa extranjera, el estado debe organizar la explotación llamando a una licitación. A su vez, el ritmo de extracción debe ser menor, para reducir el impacto ambiental y que la producción se mantenga varias décadas. Solo el montaje de la industria siderúrgica lleva unos cinco años.
La última reforma del Código de Minería definió que el 15% del mineral que extraiga una empresa debe ofrecerlo en el país. Si la oferta dura solo 12 años, como quiere Aratirí, no alcanza para armar una industria siderúrgica.
Durante la discusión parlamentaria, se propuso que la ley de MGP fijara una tasa de extracción anual del hierro para que la explotación durara unos 60 años, pero la mayoría oficialista se opuso a fijar un límite de extracción.
6. Los daños de la minería no son significativos porque el área afectada es pequeña.
En las presentaciones de su proyecto, Aratirí fue aumentando la superficie de impacto de las minas, aceptando que la propuesta había sido insuficiente. En el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el distrito minero ocupaba 4.300 hectáreas. En el segundo EIA subió a 6.210 hectáreas la zona de impacto directo y la franja de amortiguación pasó de 11.500 a 14.505 hectáreas. Aún así, esta franja toma la mitad de la mínima distancia de impacto que, según informes del propio EIA, sería de 3 kilómetros. Si se toma esta distancia, el área afectada llega a unas 30.000 hectáreas.
El daño es mayor aún porque Aratirí posee títulos de prospección en esa zona sobre 120.000 hectáreas y, por la reforma del Código de Minería de 2011, que extendió los plazos, esto significa que los productores rurales son rehenes de las decisiones de la minera por 12 años. ¿Por qué el estado otorgó a esta empresa títulos de tal magnitud? Y, si Aratirí no piensa explotarlos, ¿por qué no devuelve esos títulos?
Se pretende minimizar el daño alegando que es un área pequeña, pero se reconoce la importancia del daño. Además de los impactos durante la explotación, se destruirá un suelo que posibilita la vida y una actividad productiva permanente.
7. La ley exige a las mineras la reconstrucción del ambiente original.
Autoridades del gobierno, incluido el Presidente de la República, José Mujica, afirman que los inmensos cráteres de la mina se vuelven a rellenar y se restaura la actividad productiva anterior. Esto es sencillamente falso, en ninguna parte del mundo esos pozos se rellenan, menos van a hacerlo en Uruguay. No se rellenan porque tiene un alto costo y hacerlo reduce la rentabilidad de las empresas. Incluso se los deja abiertos por si más adelante surge el interés de continuar la extracción.
La ley de minería de gran porte contiene frases genéricas sobre la preservación del medio ambiente y una sección dedicada al plan de cierra de la mina, que incluye la imposición de garantías económicas para el cumplimiento del plan. Pero no define exigencias concretas de restauración del ecosistema precedente y éstas quedan libradas a los resultados de una negociación entre el gobierno y la minera.
Por otra parte, la propuesta de Aratirí ha sido muy clara, tanto en la comunicación a la DINAMA como en la discusión parlamentaria de la ley. Aratirí propone rellenar con agua de lluvia esos pozos, en un proceso que puede demorar hasta 80 años, al final de los cuales no sabe si esa agua estará apta para otros usos en la zona.
8. Se utilizará poca agua porque el proceso trabajará en ciclo cerrado.
Según Aratirí, el agua se gestionará en “circuito cerrado”: uno, formado por la represa de relaves, la represa de agua bruta y la planta de beneficiamiento; y otro, formado por el mineroducto hacia el puerto y un acueducto de retorno. Con este sistema, tendría que reponer por pérdidas 1,1 millón de metros cúbicos anuales (el consumo de 90 hectáreas de arroz). Pero Aratirí prevé un emisario submarino de 2,5 kilómetros de largo, al costado de la terminal portuaria, para descargar en el océano las aguas usadas y contaminadas del distrito minero.
¿Se puede llamar a esto “circuito cerrado”? Evidentemente, no. Es peor,
Además, para extraer el mineral del subsuelo desviarán varios arroyos y el río Yí, contaminarán aguas superficiales, napas freáticas y aguas subterráneas, tanto por el escurrimiento de los cráteres y de los depósitos de estériles, como por la infiltración hacia el suelo de los depósitos de relaves y de agua bruta. Los impactos de estas contaminaciones y las alteraciones del sistema hídrico de la región se extenderán, según el propio informe de Aratirí, entre 3 y 6 kilómetros desde el borde de las instalaciones mineras.
9. La minería se hará en tierras donde no hay posibilidades de desarrollo.
Se ha presentado a la zona potencialmente afectada por el proyecto Aratirí como un rincón abandonado del país. Al decir que pertenece “al Uruguay profundo”, se alude a una zona de pobreza y carente de desarrollo. Se la asocia entonces con el latifundio tradicional para decir que los que se oponen a la minera son “terratenientes”. Es un discurso mentiroso dirigido a las personas que desconocen esa realidad.
Según las estadísticas oficiales, en las tres áreas del proyecto minero, hay 3.573 personas dedicadas a la actividad agropecuaria que se verán directamente afectadas y 4.156 trabajadores con un grado de afectación indirecto. El propio EIA de Aratirí expone que los establecimientos del distrito minero son de los que el Ministerio de Ganadería (MGAP) define como “productores familiares” en la medida en que “el promedio de los establecimientos de la zona” es menor de 500 hectáreas.
Un informe reciente del MGAP calcula una rentabilidad bruta de 160 y neta promedio de 49 dólares por hectárea en la zona y estima que son necesarias 361 hectáreas en propiedad o 550 ha, si el 33.4% fuera arrendada, para que un productor tenga el ingreso medio de los hogares de una localidad pequeña del interior. El mismo informe agrega que, para el productor familiar, la tierra tiene otros valores, además del económico, como son la vivienda, la alimentación, la cultura y el estilo de vida, y que habrá dificultades para el realojamiento de esa población.
10. La minería de gran porte permitirá diversificar la matriz productiva del país.
Justificando la nueva ley de minería de gran porte, el senador Daniel Martínez dijo: “O diversificamos la matriz productiva, avanzamos en sectores de mucha más tecnología y valor agregado o vamos a ser un país pobre toda la vida”. Este argumento va dirigido a sectores preocupados por el desarrollo tecnológico del país, pero es tan vacío de contenido como el que asocia estos proyectos mineros con la industrialización.
No se diversifica la matriz productiva porque es una actividad meramente extractiva. Es decir, extrae el mineral y lo exporta en bruto. En segundo lugar, no es duradera porque, a lo sumo dará para 15 a 20 años y luego se acabó el recurso. Si se pretende diversificar la matriz productiva, debería poder realizarse una actividad permanente. En tercer lugar, es incompatible con otras actividades productivas y destruye el ecosistema, con lo cual, al cabo de un corto lapso, simplemente habremos perdido para siempre una zona productiva.
La minería de gran porte que se pretende instalar solo aumenta la condición primario exportadora de la economía. Sin diversificación productiva ni industrialización, el país será más dependiente aún de los vaivenes del mercado internacional, tanto por las materias primas que debemos vender, como por los productos manufacturados que, sin un cambio sustancial del modelo de desarrollo, seguiremos comprando.
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